Felipe Diaz Chavez
Expediente 1263/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 5 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1263/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 17/11/2023
Partes del expediente
- Felipe Diaz Chavez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Tijuana, Baja California, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos y advirtiéndose del contenido de la certificación secretarial de cuenta que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 2° de la ley invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. En ese tenor, al advertirse que el asunto que nos ocupa se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el precepto 214, de la Ley de Amparo archívese el citado expediente. En otro orden, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 15, del Acuerdo General emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transparencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo de referencia. Asimismo, se establece que el expediente principal por haberse sobreseído, es susceptible de destrucción en virtud de que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 20, fracción II), del referido acuerdo. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo 34 del Acuerdo General mencionado. Por otra parte, en términos del artículo 20, fracción III, de dicho Acuerdo General, se indica que al haberse negado la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa, el cuaderno incidental es destruible. Por tanto, se ordena estampar en la carátula del incidente de suspensión, el sello con la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo 34 del Acuerdo General mencionado. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, diecisiete de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales el informe justificado rendido por la autoridad responsable Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, en funciones de Juez de Control, del cual se advierte que la responsable refiere que hizo disponible las constancias que integran la causa penal ******************** de su índice, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE"; por tanto, se ordena vincularlo al expediente en que se actúa. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 del citado ordenamiento legal, se le tiene anunciando como pruebas de su intención las documentales, así como audio y video de las audiencias celebradas dentro de la citada causa penal, por lo que se procede a realizar una consulta al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y se observan diversas actuaciones que integran la causa penal antes referidas, lo que constituye un hecho notorio para esta juzgadora, de conformidad con lo establecido en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Resulta aplicable a lo anterior, el criterio contenido en la Tesis: I.1o.A.14 K (10a.), emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible a página 1946, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo II, Materia Común, Décima Época, Número de Registro 2006082 cuyo rubro dice: "SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES. LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN PUEDEN INVOCAR EN SUS RESOLUCIONES LA INFORMACIÓN OBTENIDA DE ÉSTE COMO HECHO NOTORIO Y CONCEDERLE VALOR PROBATORIO PLENO. El Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en términos de los artículos primero y segundo del Acuerdo General 28/2001 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de mayo del dos mil uno en el Diario Oficial de la Federación, fue instaurado obligatoriamente en todos los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral, a fin de mantener un registro permanentemente actualizado y veraz de los movimientos relativos a los asuntos de su conocimiento, razón por la que tales órganos pueden invocar en sus resoluciones la información obtenida de éste como hecho notorio y concederle valor probatorio pleno, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 79, párrafo segundo, 80 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del numeral 2o., párrafo segundo, de la Ley de Amparo". Luego, de la revisión de las aludidas constancias que integran la causa penal ******************** del índice de la autoridad responsable Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, en funciones de Juez de Control, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, misma que establece: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. [.]" Del dispositivo antes transcrito se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial, cuando por virtud de un cambio de situación jurídica en el mismo deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento, por no poder decidirse en éste sin afectar la nueva situación jurídica del quejoso, lo que se considera acontece en el presente asunto. En el caso concreto, del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa señala como acto reclamado, en esencia, la resolución dictada por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, en funciones de Juez de Control, en la audiencia celebrada el doce de septiembre de dos mil veintitrés, en la causa penal ********************, de su índice, en la que impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa al aquí quejoso. Sin embargo, de la revisión de las documentales que hizo disponibles la autoridad responsable, relativas a la causa penal de origen ********************, de su índice, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se advierte que señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de revisión de medidas cautelares, misma que fue celebrada el trece de octubre de dos mil veintitrés, en la que resolvió, dejar sin efectos la medida de prisión preventiva oficiosa que le había impuesto al aquí quejoso, y en su lugar le impuso las medidas cautelares previstas en las fracciones I y V del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistentes en: Presentación periódica semanal ante ese Centro de Justicia Penal Federal, por lo que dicho imputado deberá presentarse el primer día hábil de cada semana; asimismo, dentro del plazo de cinco días hábiles, deberá exhibir un comprobante de domicilio. V. No salir del Estado ni del país sin autorización del Juez. Asimismo, ordenó la inmediata libertad del quejoso por lo que hace a la causa penal de origen, como consecuencia de haber levantado la medida restrictiva de la libertad -acto que en esta vía constitucional se reclama-. Por tanto, si con posterioridad a la fecha de presentación de demanda de amparo que dio origen al presente asunto, la autoridad responsable determinó levantar la prisión preventiva de carácter oficioso y en su lugar impuso al quejoso diversas medidas cautelares, en la especie se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XVII, párrafo primero, de la Ley de Amparo, toda vez que resulta inconcuso que existe una imposibilidad jurídica para realizar el examen constitucional de los actos reclamados en el escrito de demanda, sin afectar la nueva situación derivada de quea la fecha el quejoso cuenta con diversas medidas cautelares, de tal modo que las violaciones reclamadas cometidas deben considerarse consumadas de modo irreparable, surtiéndose de esta manera la causa de improcedencia aludida. Sirve de apoyo a lo anterior por analogía la Jurisprudencia 1a./J. 95/2007 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 171841 de rubro: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTIÓ EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y CON POSTERIORIDAD SE ACREDITA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DICTÓ AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS O MÉRITOS PARA PROCESAR." Así como la tesis I.11o.C.61 K (10a.) emitida por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con número de registro digital 2025083 de rubro: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA CUANDO EN EL JUICIO DE AMPARO SE RECLAME UN ACTO PROCESAL VINCULADO EXPRESAMENTE CON ALGUNA DE LAS ETAPAS PROCESALES QUE CONFORMAN EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO EN EL QUE SE EMITE RESOLUCIÓN CON LA QUE CONCLUYE O DILUCIDA LA CONTROVERSIA PRINCIPAL O INCIDENTAL PLANTEADA." Y la tesis X.2o.1 P (10a.) emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, con número de registro digital 2022025 de rubro y texto siguiente: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA CUALQUIER CUESTIÓN INHERENTE A LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA, SE ACTUALIZA CON EL DICTADO DE LA SENTENCIA ABSOLUTORIA EN EL PROCESO PENAL NATURAL, SIN NECESIDAD DE ESPERAR A QUE ÉSTA CAUSE ESTADO." En esa tesitura, se advierte que se actualiza una manifiesta causal de improcedencia, porque aunque se continuara con la substanciación del procedimiento, llegado el caso de dictar sentencia no resultaría factible formarse una convicción diversa, por más elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, así que a nada práctico conduciría seguir con juicio en el que, conforme a la técnica jurídica, las pretensiones aducidas, ya no podrían ser objeto de análisis, por haber sobrevenido durante la tramitación la causal de improcedencia analizada, lo que, además, sería contrario al espíritu de lo establecido en el artículo 17 de la Constitución, en tanto que la ociosa tramitación del referido juicio repercutiría en menoscabo de los diversos asuntos que se tramitan en este órgano jurisdiccional. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Resulta aplicable por los motivos que la integran la Jurisprudencia 2a./J.10/2003 aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, en la página 386, Novena Época, marzo de dos mil tres, de texto y rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Robustece lo anterior, la tesis I.16o.T.7 K (10a.), emitida por el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en el Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 62, Enero de 2019, Tomo IV, página 2646, con registro digital 2019142, de texto y rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO CUANDO EL MOTIVO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, ES NOTORIO, MANIFIESTO E INDUDABLE. Del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se advierte que procede el sobreseimiento en el juicio cuando: 1) de las constancias de autos se advierta que no existe el acto reclamado; o, 2) cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; por lo que, si bien, por regla general, debe esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que la quejosa pueda probar la existencia del acto reclamado, o la omisión de la autoridad que dio origen al juicio de amparo indirecto, lo cierto es que al actualizarse, excepcionalmente, la primera de las hipótesis, podrá decretarse el sobreseimiento en el juicio antes de celebrarse la audiencia, si resulta patente que la falta de materia de la acción de amparo por inexistencia del acto reclamado se actualizó fehacientemente y que, aun cuando las partes ofrecieran pruebas, no podría ser desvirtuada; es decir, cuando su materialización sea tal que ninguna prueba pueda servir para concluir lo contrario. Conforme a lo anterior, cuando ese motivo de sobreseimiento sea notorio, manifiesto e indudable, de manera que con ninguna prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio sin necesidad de esperar a la celebración de la audiencia constitucional." Atento a lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas del trece de noviembre de dos mil veintitrés; comuníquese lo anterior a las autoridades señaladas como responsables y háganse las anotaciones correspondientes. Notifíquese personalmente.
- Incidental
R e s u l t a n d o Primero. Por escrito recibido el cinco de octubre de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, ********************, por conducto de su defensora pública federal Sandra Nery Pedraza Juárez, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos y autoridad que se cita en su denominación correcta y en relación con la cual se admitió este juicio: AUTORIDAD RESPONSABLE Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, en funciones de Juez. "IV. Señalo como acto reclamado: La resolución de fecha 12 de septiembre de 2023, dictada dentro de la causa penal ********************, por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, en funciones de Juez de Control, en la que resolvió lo siguiente: "no es factible prescindir de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo cual subsistente dicha medida cautelar impuesta a ********************." (sic) Segundo. El nueve de octubre de dos mil veintitrés, se ordenó abrir en original el presente cuaderno incidental, se solicitó el informe previo a la autoridad señalada como responsable, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia incidental, la que previo trámite correspondiente se desarrolló al tenor del acta que antecede. Considerando Primero. Este Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, en términos del artículo 37 de la Ley de Amparo, toda vez que deriva del juicio de amparo indirecto 1263/2023-C, del cual conoce este órgano de control constitucional, ya que conserva jurisdicción para conocer de las cuestiones relativas a las incidencias que deriven de tal procedimiento, atento al principio de unidad que rige al juicio de amparo, asimismo de conformidad con los Acuerdos Generales 3/2013 y 13/2019 emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Segundo. De conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 146 de la Ley de Amparo, y atendiendo al estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama esencialmente: La determinación emitida por el Juez responsable, en la audiencia celebrada el doce de agosto de dos mil veintitrés, en la causa penal ********************, de su índice, en la que al realizar la revisión de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta al quejoso, determinó mantenerla. Tercero. Presunción de certeza de los actos reclamados. Son presuntivamente ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable, en términos del primer párrafo del artículo 142 de la Ley de Amparo, toda vez que fue omisa en rendir como tal su informe previo, a pesar de estar debidamente notificada para ello; no obstante ello sí envió oficios informado el cumplimiento dado a la suspensión provisional solicitada y las gestiones realizadas en la causa penal de origen, adjuntando documentales de las actuaciones derivadas de la causa penal de origen para acreditar su aserto, documentales a las que se les otorga valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de, de ahí que se tienen por ciertos los actos reclamados. Cuarto. Suspensión definitiva sin materia. Ahora bien, atendiendo a que en esta misma fecha se tuvo a la autoridad responsable informando que en cumplimiento a la suspensión provisional concedida por este Juzgado, en la audiencia celebrada el trece de octubre de dos mil veintitrés, en la causa penal de origen ********************, determinó dejar sin efectos la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta a ******************** -acto que en esta vía constitucional se reclama-, y en su lugar le impuso las medidas cautelares previstas en las fracciones I y V del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que ordenó la libertad inmediata del citado amparista por cuanto a dicha causa pena se refiere. Por tanto, es evidente que al no haber materia sobre la cual decretar la suspensión de los actos a ésta atribuidos, debe negarse la medida cautelar solicitada. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 125, 128, 138, 144 y 146, todos de la Ley de Amparo, se; Resuelve Único. Se niega la suspensión definitiva solicitada por ********************, respecto de la autoridad precisada en el considerando tercero y por los motivos precisados en el mismo. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, nueve de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran del proveído dictado el quince de agosto de dos mil veintitrés por el que se tuvo por cumplida la sentencia dictada en el presente asunto; por tal motivo se tiene por consentido. En tal virtud, téngase este asunto como totalmente concluido y con fundamento en los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo, envíese al archivo. En otro orden, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 15, del Acuerdo General emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transparencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo de referencia. Asimismo, se establece que el expediente principal, es conservable en virtud de que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 17, fracción III, inciso a), del citado Acuerdo General. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "conservable", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo 34 del Acuerdo General mencionado. Por tanto, con fundamento en el artículo 8, fracción I, del multicitado Acuerdo General, el presente juicio de amparo, se considera expediente de trámite; por tanto, una vez que trascurran tres años, contados a partir de esta fecha, transfiérase el expediente original, al depósito documental del Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como lo establece el numeral 9, del citado Acuerdo. Por otra parte, en términos del artículo 17, fracción III, inciso b), de dicho Acuerdo General, se indica que al haberse negado y concedido la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa, el cuaderno incidental es conservable, motivo por el cual, debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá ser transferido. Asimismo, se ordena estampar en la carátula del incidente de suspensión, el sello con la leyenda "conservable", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo 34 del Acuerdo General mencionado. Destino duplicado. Ahora, por lo que hace al duplicado del incidente de suspensión, en términos del artículo 19, fracción II, inciso A) del Acuerdo General citado, se indica que dicho expediente es susceptible de destrucción, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional seis meses, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el citado artículo. Se ordena marcar en la carátula de dicho cuaderno duplicado, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo 34 del Acuerdo General mencionado. Notifíquese.
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