Fausto Salgado Merino
Expediente 1805/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 7 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1805/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 28/11/2023
Partes del expediente
- Fausto Salgado Merino
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Incidental
.... Por lo antes expuesto y con fundamento en el artículo 146 de la Ley de Amparo se, VII. RESUELVE. Primero. Se niega la suspensión definitiva solicitada por ********************o********************, por propio derecho, respecto del acto reclamado al Gobernador Constitucional del Estado de Puebla, consistente en la aprobación y publicación del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberado de Puebla, y al Director de Asuntos Fiscales Litigiosos adscrito a la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla, consistente en la ejecución del auto de veinte de septiembre de dos mil veintitrés, dictado dentro del expediente ******************** del índice del Juzgado Primero Familiar del distrito judicial de Puebla, de conformidad con las consideraciones del capítulo IV de la presente resolución. Segundo. Se concede la suspensión definitiva solicitada por ********************o********************, por propio derecho, respecto de los actos reclamados a la Juez Primero Familiar del distrito judicial de Puebla, al Diligenciario Par adscrito, al Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, y al Gobernador Constitucional del Estado de Puebla, conforme a los motivos y fundamentos expuestos en el considerando VI, de esta resolución. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. El quejoso ratifica escrito de prevención. Visto el estado procesal de los autos, se desprende que el diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés, se tuvo a la parte quejosa dando cumplimiento al requerimiento de catorce de noviembre actual, ratificando para tal efecto el contenido y firma que calza en el escrito recibido el trece de noviembre dos mil veintitrés, mediante el cual pretendió desahogar la prevención efectuada en diverso proveído de dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Prevención. Luego, de autos se advierte que el dieciséis de octubre del año en curso, se previno a la parte quejosa a efecto de que aclarara si era su deseo señalar como autoridad responsable al Director del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Puebla y como acto reclamado la publicación de los artículos 91 fracción I, 92 y 93 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla. Asimismo, bajo protesta de decir verdad, precisara el contenido del auto de ocho de agosto de dos mil veintitrés, emitido dentro del expediente ********************, relativo al Juicio de Alimentos del índice del Juzgado Primero Especializado en Materia Familiar del distrito judicial de Puebla, Puebla, así como la fecha en el que proveído antes referido le fue notificado o tuvo conocimiento del mismo. Parcial Cumplimiento. Por otra parte, el catorce de noviembre actual, se tuvo a la parte quejosa dando parcial cumplimiento a la prevención señalada, toda vez que a través de su oficio registrado con el folio 23966, manifestó bajo protesta de decir verdad el contenido del proveído de ocho de agosto de dos mil veintitrés, dictado dentro de los autos del expediente ******************** del Juicio de Alimentos del índice del Juzgado Primero Especializado en Materia Familiar del distrito judicial de Puebla, así como la fecha en la que fue notificado del mismo. Lo anterior, sin hacer mayor pronunciamiento por cuanto hace al Director del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Puebla, como autoridad responsable, ni como acto reclamado la publicación de los artículos 91 fracción I, 92 y 93 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla. En consecuencia, por este último punto de prevención se hace efectivo el apercibimiento efectuado el dieciséis de octubre del año en curso, es decir, se deja de tener como autoridad responsable dentro del presente juicio de amparo al Director del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Puebla y, por tanto se procede a acordar lo relativo a la demanda y escrito aclaratorio, en los términos siguientes: En principio se advierten los datos siguientes: Parte quejosa. ********************. Tercera interesado. ******************** Autoridades responsables: Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla y otras. Actos reclamados. Del Congreso y del Gobernador, ambos del Estado Libre y Soberano de Puebla, en el ámbito de su competencia, la emisión y promulgación de los artículos 91 fracción I, 92 y 93 Del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano del Estado de Puebla. Del Juez Primero Especializado en Materia Familiar del distrito judicial de Puebla, Puebla, reclama los autos de ocho de agosto y veinte de septiembre de dos mil veintitrés, dictados dentro del expediente ******************** de su índice, relativo al Juicio de Alimentos, en los que se le impuso una multa. Del Secretario de Finanzas del Gobierno en el Estado de Puebla y del Diligenciario encargado de los expedientes impares del Juzgado Primero de lo Civil del distrito judicial de Cholula Puebla, la ejecución de los referidos autos de ocho de agosto y veinte de septiembre de dos mil veintitrés. Se desecha parcialmente la demanda. Establecido lo anterior, se procede desechar parcialmente la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones. El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza a la Jueza de Distrito a desechar una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquel que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 448, tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO." Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. Lo anterior se confirma con el criterio del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 898, Tomo VII, Enero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA SU IMPROCEDENCIA DEBE SER MANIFIESTA E INDUDABLE." También es aplicable la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 803, Tomo XIV, octubre de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA." Sentado lo anterior, respecto al acto reclamado consistente en el auto de ocho de agosto de dos mil veintitrés, dictado dentro del expediente ******************** del índice del Juzgado Primero Especializado en Materia Familiar del distrito judicial de Puebla, Puebla, por el cual se le impuso una multa, la improcedencia notoria y manifiesta de la demanda de amparo deriva del hecho que su presentación es extemporánea. Para corroborar tal aserto, se tiene en cuenta el contenido de los artículos 61, fracción XIV, en relación con los diversos numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, que dicen: *** Del segundo numeral transcrito se aprecia claramente que el plazo para la promoción de la demanda de amparo será de quince días, en el entendido que existen casos de excepción a esa regla general. Asimismo, la lectura de los preceptos legales trascritos revela la existencia de tres hipótesis para el cómputo de los quince días relativos, excluyentes entres sí, a saber: A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; A partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; A partir del día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Así, de conformidad con el artículo 18 de la ley de la materia, el juicio de amparo debe promoverse desde el día hábil siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, pero también permite a la parte quejosa promoverlo desde el día hábil siguiente al en que haya tenido conocimiento de él o de sus actos de ejecución, e incluso, en que se haya ostentado sabedor del mismo; hipótesis que son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno, por lo que es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de amparo fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. Corrobora lo anterior, la jurisprudencia 115/2010 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 57/2008-PL, entre las sustentadas por la Primera y Segundas Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 5, tomo XXXIII, enero de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: **** Conviene precisar que aun cuando el criterio transcrito analizó el artículo 21 de la Ley de Amparo abrogada, resulta ilustrativo para establecer las hipótesis de procedencia del juicio constitucional tratándose de actos consentidos por no promoverse el juicio de amparo dentro del plazo de quince días previsto en los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo vigente, dada la similitud en la redacción de ambos preceptos, tal como se pone de manifiesto en el cuadro comparativo siguiente: Artículo 21 de la Ley de Amparo abrogada. Artículos 17, párrafo primero, y 18 de la Ley de Amparo vigente. "Artículo 21. El término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días. Dicho término se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo:" Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Por lo anterior, los criterios jurisprudenciales invocados continúan vigentes ya que no se contraponen con lo dispuesto en la Ley de Amparo vigente, tal como lo prevé su artículo Sexto transitorio, que establece: "SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley." Una vez establecidos los tres supuestos normativos previstos para el cómputo del plazo de quince días para promover el juicio de amparo, se colige que el acto reclamado consistente en el auto de ocho de agosto de dos mil veintitrés, dictado en el juicio familiar ******************** se ubica en la primera de las hipótesis, esto es, que el plazo se deberá computarse a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame. Al respecto, en su escrito aclaratorio de demanda, la quejosa narró: ".Haciendo la aclaración que dicho auto se notificó con fecha diez de agosto del dos mil veintitrés, empero el oficio se giró con fecha doce septiembre del dos mil veintitrés, para que se hiciera EFECTIVA LA MULTA consistente en CIEN UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN a que refieren los artículos segundo y quinto transitorios del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexacion del salario mínimo vigente, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, así como efectué el pago de la misma a la cuenta bancaria número ******************** clabe 0126500********************6 de la Institución bancaria ******************** Bancomer a nombre del Poder Judicial del Estado de Puebla, esto en cumplimiento al auto de fecha Ocho de Agosto fecha de Dos Mil Veintitrés, esto en cumplimiento a la prevención que se me hiciera mediante el auto de fecha doce de mayo de dos mil veintitrés, de, lo cual tuve conocimiento al imponerme de los autos en fecha veinticinco de septiembre del dos mil veintitrés." De la anterior transcripción se desprende que respecto del conocimiento del auto de ocho de agosto de dos mil veintitrés, la parte quejosa manifiesta que se le notificó el diez de agosto del dos mil veintitrés, por lo que el plazo para promover su demanda de amparo debe computarse a partir de ese supuesto. Así, debe destacarse que las manifestaciones vertidas en el escrito de demanda, bajo protesta de decir verdad, son equiparables a una confesión judicial, misma que hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto en los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, respecto de la fecha en que se tuvo conocimiento del acto reclamado; por tanto, resulta un elemento de convicción eficaz para determinar el momento en que debe comenzar a computarse el plazo para la presentación de la demanda de amparo. Cobra aplicación al caso, los criterios emitidos por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se transcriben a continuación: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías será de quince días que se computará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan "que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día", como esa confesión hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; de ello se sigue que si el Juez de Distrito con base en dicha manifestación, realiza el cómputo del término de la presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal determinación es correcta, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del acto reclamado para efectuar el cómputo del término respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa respecto a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado." (Publicada en la página 71, 193-198, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época) "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESIÓN EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo." (Publicada en la página 57, Tomo III, junio de 2006, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época) En esas condiciones, si la demanda de amparo se presentó hasta el trece de octubre de dos mil veintitrés, en el Buzón Judicial de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado, es evidente que su presentación resulta extemporánea y, por ese motivo, el acto reclamado fue consentido tácitamente. Para mayor claridad, se procede a computar el plazo, para la promoción del juicio de amparo, conforme al siguiente calendario: **** Consecuentemente, si el plazo para la interposición de la demanda de amparo transcurrió del quince de agosto al cuatro de septiembre del presente año, es evidente que su presentación resulta extemporánea. Sin que resulte obstáculo que para la ejecución de dicha multa se hubiera girado el oficio correspondiente hasta el doce septiembre del año en curso, ni que la parte quejosa aduzca que se impuso de las constancias hasta el veinticinco de septiembre posterior, ya que como quedó precisado, el supuesto que se actualizó para computar el plazo para promover la demanda consiste en la notificación del acto reclamado, que ocurrió el diez de agosto del presente año, la cual excluye a los restantes supuestos normativos. Lo anterior no implica que se vulnere el contenido del artículo primero, párrafo segundo, de la Constitución Federal que, esencialmente, exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de tal suerte que se favorezca la protección más amplia a las personas; porque como ya se mencionó, el análisis emprendido por este órgano de control constitucional se realizó a fin de determinar la procedencia del juicio de amparo. Sirven de apoyo a lo anterior las tesis aisladas CCLXXVI/2012 (10a) y CCLXXV/2012 (10ª), ambas de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es el siguiente: **** **** En las relatadas condiciones, es claro que se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia contemplada en la fracción XIV, del artículo 61, de la Ley de Amparo, con relación a los diversos 17 y 18; por lo que con fundamento en el artículo 113 de la ley en la materia, se desecha la demanda de amparo únicamente respecto del auto de ocho de agosto de dos mil veintitrés, dictado dentro del juicio familiar ******************** del índice del Juzgado Primero Especializado en Materia Familiar del distrito judicial de Puebla. Admisión parcial de la demanda de amparo. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 1, 35, 37, 107 y 108 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo, únicamente respecto de los restantes actos reclamados, esto es, contra los los artículos 91 fracción I, 92 y 93 Del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano del Estado de Puebla, así como contra el auto de veinte de septiembre de dos mil veintitrés, dictado dentro del juicio familiar ******************** del Juzgado Primero Especializado en Materia Familiar del distrito judicial de Puebla, así como su ejecución. Informe justificado. Pídase informe justificado a las autoridades responsables, quienes deberán rendirlo dentro del plazo de quince días, siguientes a la notificación del presente acuerdo, ante este Juzgado Federal; en el que deberán exponer las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio de amparo o, en su caso, la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado. En el mismo sentido, se precisa que en el plazo señalado deberán acompañar la totalidad de las constancias que justifiquen el acto reclamado, anexando copias certificadas legibles, completas y ordenadas del expediente respectivo. En el entendido de que deberán rendir su informe justificado, haciendo referencia al número de oficio que contesta, así como el nombre correcto de la parte quejosa y número del presente juicio de amparo, precisando sobre la certeza o no respecto del acto reclamado. De contar con las constancias digitalizadas, se requiere a las autoridades responsables la rendición del informe justificado y las constancias que justifiquen el acto reclamado, en formato digitalizado, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a través del sistema de interconexión, o en su defecto, al correo electrónico 7jdo6ctoacaljf@correo.cjf.gob.mx, siempre que el archivo que se envíe cuente con firma electrónica. Lo anterior, acorde con el principio de impulso tecnológico que se prevé en el artículo 251 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, y el diverso Acuerdo General 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico. De contar con expediente físico, las autoridades responsables deberán remitirlo a efecto de que este Juzgado Federal realice el cotejo con las constancias digitalizadas y, una vez realizado, les sea devuelto a la brevedad. Apercibimiento. Se apercibe a las autoridades responsables, que en caso de no cumplir con los mandatos establecidos en los párrafos anteriores, además de presumirse cierto el acto que de ella se reclame, cuando así corresponda, se les impondrá una multa de 100 a 1000 veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Información sobre causas de improcedencia. Se solicita a las autoridades responsables a fin de que en caso de tener conocimiento de alguna causa de improcedencia la informen, apercibidas que en caso de no hacerlo se les impondrá una multa de 30 a 300 veces la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en el artículo 251 de la Ley de Amparo. Información sobre otros juicios de amparo. Por otro lado, se requiere a las autoridades responsables para que al rendir su informe con justificación indique si existen otros juicios de amparo relacionados con el presente, y acompañe las constancias respectivas. Audiencia constitucional. Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VIENTITRÉS. Incidente de suspensión. En otro aspecto, con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, tramítese el incidente de suspensión relativo a este juicio de amparo. Intervención del Ministerio Público adscrito. Dese al Agente del Ministerio Público Federal adscrito la intervención legal que le corresponde. Autorización de consulta y notificación vía electrónica a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. En términos de lo acordado el nueve de octubre de dos mil veintitrés, en el cuaderno de varios 1/2023, de este Juzgado de Distrito, con fundamento en el artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo, se otorga al usuario ********************, que pertenece a ********************, la autorización a efecto de que pueda tener acceso a las actuaciones del presente juicio de amparo, en la vía electrónica, así como para que, a partir de esta fecha, se le notifiquen electrónicamente los acuerdos que ameriten ser personales a través del módulo dispuesto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Emplazamiento de la tercera interesada. El artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo establece que tiene el carácter de tercero interesado la contraparte del quejoso cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo; o tratándose de persona extraña al procedimiento, la que tenga interés contrario a él. En consecuencia, se tiene como tercera interesada a ********************, con domicilio en ******************** ******************** Por tanto, comisiona a cualquiera de las personas Actuarias Judiciales adscritas a este Juzgado para que se constituya en el domicilio de la tercera interesada, a efecto de que con copia de la demanda de amparo y del presente proveído la emplace a juicio, y le haga saber la fecha de la audiencia constitucional, así como el derecho que tiene para apersonarse en el procedimiento. Asimismo, le requiera para que en el plazo de tres días, de conformidad con el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la ley de la materia, señale domicilio en la residencia de este Juzgado de Distrito o en la zona conurbada, para recibir notificaciones; apercibida que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones se les harán por medio de lista, aun las de carácter personal, con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. Información reservada. Hágase del conocimiento de las partes que de existir información considerada como reservada o confidencial, este Juzgado determinará si puede ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio, en términos de la jurisprudencia P./J.26/2015 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, publicada el once de septiembre de dos mil quince, en el Semanario Judicial de Federación, Materia Común, Décima Época, de rubro "INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA". Exhorto para seguir en juicio en línea. Igualmente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley de Amparo, así como lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en el cual se establece el principio de impulso tecnológico, por el cual se debe privilegiar el desarrollo de las actividades jurisdiccionales a través de medios digitales, se exhorta a las partes para que, de ser posible, y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, manifiesten si es su deseo optar por la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea". Para lo cual deberán cumplir con lo siguiente: 1. Solicitar su continuación en su modalidad "en línea". 2. Proporcionar el usuario mediante el cual podrá acceder a la consulta del expediente electrónico. 3. Solicitar de manera expresa, la realización de las notificaciones por esa vía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Lo anterior, a fin de que se encuentren en aptitud de presentar promociones y recursos en forma electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, disponible en la página http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea., y en su caso, recibir las notificaciones que les correspondan. Documentación confidencial. Por otro lado, se informa a las autoridades responsables que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla debidamente resguardada en sobre cerrado con la leyenda correspondiente a "información reservada", o "información confidencial", como parte de las medidas necesarias que le corresponde tomar para asegurar su custodia y conservación, en términos de lo dispuesto en los artículos 110, 113, 118, 119 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; apercibidas que de no hacerlo, se entenderá que se trata de versiones públicas y, consecuentemente, se podrá ordenar que se glosen al expediente quedando a disposición de las partes para su consulta. Obligación de recibir oficios. Se informa a las autoridades responsables que conforme al artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo están obligadas a recibir los oficios que en relación con este juicio se les dirijan, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo excusa de alguna imprecisión en su denominación, siempre que no exista duda y resulte evidente la existencia de las autoridades, el actuario hará del conocimiento de dicha circunstancia al encargado de la oficina correspondiente y se tendrán por hechas las notificaciones, en el entendido de que si subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrán por hechas; además de que se les impondrá una multa de 100 a 1000 veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 245 de la Ley de Amparo. Finalmente, en términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 2, visible a página 1253, de rubro "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.", se hace del conocimiento de las autoridades responsables y a las autoridades que tengan el carácter de terceras interesadas, que en el presente juicio únicamente les serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales y las restantes se le notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, misma que podrá ser consultada directamente por dichas autoridades o por sus respectivos delegados o autorizados. Notifíquese de manera personal a la parte quejosa y vía electrónica a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita.
- Incidental
San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Se concede suspensión provisional. Como está ordenado en esta fecha en el juicio de amparo 1805/2023-IV, con copia de la demanda, fórmese y tramítese el incidente de suspensión promovido por********************, por propio derecho, contra actos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla y otras. Informe previo. Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 138, fracción III, y 140 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables su informe previo que deberán rendir dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, y en el que expresarán si son o no ciertos los actos que se les atribuyen; de igual forma, podrán expresar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión. Asimismo, se requiere a las autoridades responsables, a fin de que proporcionen los datos que tenga a su alcance y que permitan a este órgano jurisdiccional establecer el monto de las garantías correspondientes; para lo cual se les envía al efecto copia simple de la demanda y del escrito aclaratorio. De contar con las constancias digitalizadas, se requiere a las autoridades responsables la rendición del informe previo y las constancias que justifiquen el acto reclamado, en formato digitalizado, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a través del sistema de interconexión, o en su defecto, al correo electrónico 7jdo6ctoacaljf@correo.cjf.gob.mx, siempre que el archivo que se envíe cuente con firma electrónica. Lo anterior, acorde con el principio de impulso tecnológico que se prevé en el artículo 251 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, y el diverso Acuerdo General 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico. Lo anterior, en el entendido que, de contar con expediente físico, las autoridades responsables deberán remitirlo a efecto de que este Juzgado Federal realice el cotejo con las constancias digitalizadas y, una vez realizado, le sea devuelto a la brevedad. Se apercibe a las autoridades responsables, que en caso de no cumplir con los mandatos establecidos en los párrafos anteriores, además de presumirse cierto el acto que de ellas se reclame, cuando así corresponda, se les impondrá una multa de 100 a 1000 veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido en el artículo 260, fracción I, de la Ley de Amparo. También se informa a las autoridades responsables que de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo están obligadas a recibir los oficios que en relación con este juicio se le dirijan, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo excusa de alguna imprecisión en su denominación, siempre que no exista duda y resulte evidente la existencia de las autoridades, el Actuario hará del conocimiento de dicha circunstancia al encargado de la oficina correspondiente y se tendrá por hecha la notificación; en la inteligencia de que si subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; además de que se les impondrá una multa de 100 a 1000 veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido en el artículo 245 de la Ley de Amparo. Audiencia incidental. Se señalan las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia incidental. Precisión de actos reclamados. De la lectura integral de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa señala, como actos reclamados, los siguientes: Del Congreso y del Gobernador, ambos del Estado Libre y Soberano de Puebla, reclama los artículos 91 fracción I, 92 y 93 Del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano del Estado de Puebla. Del Juez Primero Especializado en Materia Familiar del distrito judicial de Puebla, Puebla, reclama el auto de veinte de septiembre de dos mil veintitrés, dictado dentro del juicio familiar ********************, por el que se impuso una multa al quejoso, así como su ejecución, que se atribuye al Secretario de Finanzas del Gobierno en el Estado de Puebla y al Diligenciario encargado de los expedientes impares del Juzgado Primero de lo Civil del distrito judicial de Cholula Puebla. Efectos. En ese sentido, el justiciable no precisó los efectos para los que solicita la concesión de la suspensión provisional. Al respecto, es oportuno precisar que este órgano jurisdiccional en atención al criterio contenido en la jurisprudencia 4/2019 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, puede conceder la medida cautelar para efectos y consecuencias distintas de las propuestas por la parte quejosa, siempre y cuando se trate de los actos reclamados en el juicio de amparo. Sentado lo anterior, debe destacarse que los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 128 y 138 de la Ley de Amparo, precisan los aspectos que el Juzgador debe tomar en cuenta, así como los requisitos que la parte quejosa debe reunir para otorgar la suspensión del acto reclamado, a saber: Que expresamente la solicite el quejoso; Que haya certidumbre sobre la existencia de los actos cuya suspensión se solicita; Los actos reclamados sean susceptibles de suspensión; No se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, según lo dispuesto en el artículo 129 de la citada Ley y; Deba llevarse a cabo un análisis ponderado del caso concreto bajo la apariencia del buen derecho. Lo anterior encuentra sustento, por identidad de razones, en la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece lo siguiente: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL JUICIO DE AMPARO. REQUISITOS PARA CONCEDERLA. De los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 128 y 138 de la Ley de Amparo, se advierte que para conceder la suspensión definitiva en el juicio de amparo se requiere que: i. Expresamente la solicite el quejoso; ii. Haya certidumbre sobre la existencia de los actos cuya suspensión se solicita; iii. Los actos reclamados sean susceptibles de suspensión; iv. No se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, según lo dispuesto en el artículo 129 de la citada Ley y; v. Deba llevarse a cabo un análisis ponderado del caso concreto bajo la apariencia del buen derecho. Así, sólo de cumplirse todos los requisitos que anteceden, el órgano jurisdiccional podrá conceder la suspensión definitiva sujetándola, en su caso, al otorgamiento de la garantía prevista en el artículo 132 de la propia Ley." I. Que expresamente la solicite el quejoso. El requisito relativo a que la suspensión sea solicitada por el agraviado supone la demostración de su interés en forma presuntiva, es decir, que cuenta con un derecho tutelado. En el caso, quejoso acredita su interés suspensional en virtud de que en el auto reclamado de veinte de septiembre de dos mil veintitrés se le impuso una multa; por tanto, el acto controvertido es susceptible de afectar su esfera jurídica. Es aplicable la siguiente tesis aislada de rubro y texto siguientes: "INTERES JURIDICO PARA LA SUSPENSION PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO. SE SURTE SI QUIEN LA SOLICITA ES PARTE DE UN PROCEDIMIENTO. Es verdad que a cargo del promovente del amparo pesa la obligación de probar en el incidente de suspensión su interés jurídico para obtener la medida cautelar de que se trata, empero en dicho incidente no se requiere la plena demostración del referido interés, bastando la prueba indiciaria, deducida de lo asentado por el quejoso en su demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad, que es parte demandada en el juicio del que emana el acto reclamado." II. Que haya certidumbre sobre la existencia de los actos cuya suspensión se solicita. Para resolver sobre la suspensión provisional, el Juez de Distrito debe partir del supuesto, comprobado o no, de que la totalidad de los actos reclamados son ciertos. Por ende, por regla general, para decidir sobre la procedencia o no de la suspensión provisional solicitada, este órgano jurisdiccional atiende a las manifestaciones de la parte quejosa formuladas en la demanda, bajo protesta de decir verdad, los cuales constituyen una confesión expresa, pues es el único dato con que se cuenta. Sirve de fundamento a lo anterior, la tesis de jurisprudencia: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. PARA DECIDIR SOBRE SU PROCEDENCIA, DEBE ATENDERSE A LAS MANIFESTACIONES DE LA QUEJOSA RESPECTO DE LA CERTIDUMBRE DEL ACTO RECLAMADO. Para decidir sobre la procedencia o no de la suspensión provisional, los Jueces de Distrito deben atender a las manifestaciones de la quejosa hechas en su demanda bajo protesta de decir verdad, cuando se duele de que existe peligro inminente de que se ejecute, en su perjuicio, el acto reclamado, ya que, por regla general, son los únicos elementos con que cuenta para resolver sobre la solicitud de concesión de la medida cautelar, sin que proceda hacer conjeturas sobre la improbable realización de los actos que la quejosa da por hecho se pretenden ejecutar en su contra, pues para resolver sobre la suspensión provisional, el juez debe partir del supuesto, comprobado o no, de que la totalidad de los actos reclamados son ciertos. Ello sin perjuicio de analizar si en el caso concreto se cumplen o no los requisitos previstos en el artículo 124 de la Ley de Amparo." III. Que los actos reclamados sean susceptibles de suspensión. El quejoso, reclama el auto de veinte de septiembre de dos mil veintitrés, por el cual se le impuso una multa, así como su ejecución. Por tanto, los efectos del acto reclamado son susceptibles de suspenderse, a fin de evitar que se cobre la multa. IV. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, según lo dispuesto en el artículo 129 de la citada Ley. De acuerdo con lo que establece la fracción II, del artículo 128, de la Ley de Amparo, la medida cautelar será procedente siempre que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. El orden público y el interés social son nociones íntimamente vinculadas en la medida que el primero tiende al arreglo o composición de la comunidad con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población, mientras que el segundo se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad, o bien, evitarle a aquélla algún mal, desventaja o trastorno. Así, por disposiciones de orden público deben entenderse las plasmadas en los ordenamientos legales que tengan como fin inmediato y directo tutelar derechos de la colectividad para evitarle algún trastorno o desventaja o para procurarle la satisfacción de necesidades o algún provecho o beneficio, y por interés social debe considerarse el hecho, acto o situación que reporte a la sociedad una ventaja o provecho, o la satisfacción de una necesidad colectiva, o bien, le evite un trastorno o un mal público. En vinculación con los razonamientos de mérito, se considera que el orden público y el interés social se afectan cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. En el caso, se estima que la concesión de la suspensión solicitada no sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público, ya que no se aprecia que exista una situación específica que pueda afectar a un conglomerado humano considerable, ni que se contraríen las normas de orden público así calificadas por el legislador y, por el contrario, se afectarían derechos patrimoniales de los promoventes. V. Deba llevarse a cabo un análisis ponderado del caso concreto bajo la apariencia del buen derecho. En relación con este requisito, el juzgador de amparo deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social; entendiendo lo primero, como el conocimiento superficial del asunto dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso, de modo tal que según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado; y el segundo, si bien es cierto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha definido lo que debe entenderse por interés social, cabe señalar que la apreciación de su existencia depende del caso concreto, el cual debe ser analizado por el juzgador al otorgar o no la suspensión de los actos reclamados. En el caso, con base en la apariencia del buen derecho, se debe tomar en consideración que resulta un derecho constitucional de la parte quejosa que en todo procedimiento sigan las formalidades esenciales del procedimiento para la emisión de sus actuaciones. VI. Concesión de la medida cautelar. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 125, 128 y 150 de la Ley de Amparo y tomando en cuenta que la medida cautelar la solicita la parte quejosa, que no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público y atendiendo a la naturaleza de la violación alegada, esto es, la multa económica, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran, esto es, que la autoridad correspondiente se abstenga de ejecutar únicamente la multa impuesta al quejoso en el auto de veinte de septiembre de dos mil veintitrés, dictado dentro del expediente ******************** del Juzgado Primero Especializado en Materia Familiar del distrito judicial de Puebla, Puebla. La suspensión otorgada contra el cobro de la sanción pecuniaria, no comprende infracciones diversas ni otros actos diferentes a los asentados en la demanda, por no ser materia de la litis. En el entendido que el otorgamiento de la medida cautelar no tiene por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquéllos que no haya tenido la parte quejosa antes de la presentación de la demanda de amparo, en términos del segundo párrafo del artículo 131 de la ley de la materia. Asimismo, si ya se cobró la multa impuesta a la quejosa, ningún efecto tendrá la presente medida tomando en cuenta que la suspensión decretada no tiene efectos restitutorios por ser propios de la sentencia que se dicte en el juicio principal. Al caso, tiene aplicación la tesis emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Tercer Circuito visible a página 15 del Semanario Judicial de la Federación, volumen 151-156, sexta parte de la séptima época de rubro y texto siguientes: "ACTOS CONSUMADOS, SUSPENSIÓN EN CASO DE. Ningún agravio puede resentir la recurrente con motivo de que se haya otorgado al quejoso la suspensión definitiva de la orden de desposesión que reclama, aun en el supuesto de que ésta ya se hubiese ejecutado, toda vez, que en dicha hipótesis el propio quejoso no podrá obtener ningún beneficio, dado que al carecer la suspensión de efectos restitutorios no le podrá ser devuelta entonces la posesión de la parcela de que fue privada." Medida de efectividad. Al respecto, resulta relevante precisar que al resolver la contradicción de tesis 115/2008, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que en términos del artículo 135 de la Ley de Amparo, cuando se solicite la protección de la Justicia Federal respecto del cobro de contribuciones y aprovechamientos se puede conceder, discrecionalmente, la suspensión del acto reclamado. En dicho precedente, la Segunda Sala de la Suprema Corte determinó que no obstante que las multas administrativas constituyen aprovechamientos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Código Fiscal de la Federación, lo cierto es que adquieren la naturaleza de créditos fiscales, los cuales pueden exigirse mediante el procedimiento administrativo de ejecución, por lo cual, en los casos en que se solicite la suspensión en un juicio de amparo contra su cobro, el interés fiscal debe garantizarse en términos del artículo 135 de la Ley de Amparo. Del asunto referido derivó la jurisprudencia 2ª/J 138/2008, de contenido siguiente. "MULTAS ADMINISTRATIVAS, SON APROVECHAMIENTOS Y LA SUSPENSIÓN CONTRA SU COBRO DEBE GARANTIZARSE CONFORME AL ARTÍCULO 135 DE LA LEY DE AMPARO. El precepto en cita dispone que cuando se pida amparo contra el cobro de contribuciones y aprovechamientos, podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado, la cual surtirá sus efectos previo depósito del total en efectivo de la cantidad a nombre de la Tesorería de la Federación o de la Entidad Federativa o Municipio correspondiente, debiendo cubrir el monto de las contribuciones, aprovechamientos, multas y accesorios que se lleguen a causar, a fin de asegurar el interés fiscal. Ahora bien, no obstante que las multas administrativas constituyen aprovechamientos, en términos de lo dispuesto en el artículo 3o. del Código Fiscal de la Federación, lo cierto es que adquieren la naturaleza de créditos fiscales, exigibles por ende mediante el procedimiento administrativo de ejecución, conforme a los artículos 4o. y 145 del indicado Código, a modo tal que al solicitarse la suspensión al promoverse el juicio de amparo contra su cobro, el interés fiscal debe garantizarse como lo señala el artículo 135 de la Ley de Amparo, con excepción de los recargos que, en términos del artículo 21, párrafo noveno del Código Fiscal de la Federación, no se generan. Esta regla es la aplicable en estos casos, con independencia de lo dispuesto por otros preceptos de la Ley de Amparo que regulan formas distintas de garantía.". En ese contexto, si en el caso se impuso al quejoso, la medida de apremio consistente en una multa por el importe de cien unidades de medida y actualización, se trata de un aprovechamiento, y por ende, debe garantizarse en términos del 135 de la Ley de Amparo. Así, toda vez que en la especie se otorgó la suspensión contra el cobro de una multa, cuya naturaleza jurídica es la de un aprovechamiento, la parte quejosa deberá realizar en el plazo de cinco días, ante la Tesorería de la Federación o la de la Entidad Federativa o municipio que corresponda, el depósito por el importe de cien unidades de medida y actualización, pues aun cuando la medida cautelar concedida surte sus efectos desde luego, dejará de hacerlo si no se lleva a cabo tal depósito. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2ª/J 148/2005, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se transcribe a continuación. "MULTAS ADMINISTRATIVAS NO FISCALES. PARA QUE SURTA EFECTOS LA SUSPENSIÓN CONTRA SU COBRO, EL QUEJOSO DEBE GARANTIZAR EL INTERÉS FISCAL ANTE LA AUTORIDAD EXACTORA O ACREDITAR HABERLO HECHO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 8/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, marzo de 1997, página 395, con el rubro: "MULTAS ADMINISTRATIVAS O NO FISCALES. PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO CONTRA LAS.", sostuvo que conforme a los artículos 124, 125 y 139 de la Ley de Amparo, para la suspensión que en su caso proceda contra el cobro de multas administrativas no fiscales debe exigirse garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con la suspensión se causaren a algún tercero. Sin embargo, este órgano colegiado considera pertinente abandonar parcialmente tal criterio, para determinar que cuando se impugne el cobro de una multa administrativa no fiscal a través del juicio de amparo, deberá concederse la suspensión del acto reclamado siempre que se reúnan los requisitos señalados por el citado artículo 124, pero condicionada su efectividad a que el quejoso garantice el interés fiscal ante la autoridad exactora o en todo caso acredite que ya lo hizo, pues en términos de los artículos 125 y 130 de la Ley indicada, el Juez de Distrito deberá resguardar los derechos de terceros y de las propias partes, hasta donde sea posible, por lo que la garantía del interés fiscal tendrá precisamente ese efecto, tanto en la suspensión provisional como en la definitiva.". También, tiene aplicación a lo anterior la tesis de jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente. "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. SURTE SUS EFECTOS DESDE QUE SE DICTA EL ACUERDO RELATIVO CUANDO SE IMPUGNA EL COBRO DE CONTRIBUCIONES, SIN QUE PARA SU EFECTIVIDAD SE REQUIERA LA EXHIBICIÓN DE LA GARANTÍA RESPECTIVA. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 135 y 136 de la Ley de Amparo, que regulan tanto la suspensión provisional como la definitiva de los actos reclamados, cuando en el juicio de amparo se impugnen actos relativos a la determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de orden fiscal, podrá concederse aquélla, suspendiendo sus efectos y las consecuencias desde el momento en que se dicta el acuerdo relativo, esto es, de inmediato, y por un término de 5 días; plazo prudente para que el quejoso exhiba la garantía del interés fiscal fijada por el órgano jurisdiccional, pues de lo contrario, es decir, de condicionar la efectividad de la medida hasta en tanto se garantice el interés fiscal, se incumpliría la finalidad que esta figura jurídica persigue, que es la de evitar el detrimento a los derechos del promovente del amparo; de ahí que si al vencimiento de dicho término el quejoso no exhibe la garantía correspondiente, la suspensión dejará de surtir efectos, y las responsables podrán ejecutar los actos reclamados." Para o cual, se precisa que de acuerdo con la información publicada en la página de interés del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Información, el valor de la Unidad de Medida de Actualización para dos mil veintitrés, asciende a ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos ($103.74), que multiplicado por cien, que corresponde a la sanción impuesta, arroja la cantidad de diez mil trescientos cuarenta pesos ($10,3740). Tercera interesada. Se ordena notificar la presente determinación a la tercera interesada ********************, con domicilio ubicado en "******************** ********************". Lo anterior, de conformidad con lo establecido por la tesis de jurisprudencia número 413/2000, pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 11/96, publicada bajo el siguiente rubro: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. DEBE NOTIFICARSE AL TERCERO PERJUDICADO EL PROVEÍDO QUE LA CONCEDE". Domicilio. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa. Autorizados. Se tiene como autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, ********************, toda vez que en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales, se encontró registro de su cédula profesional y al restante de los mencionados en los términos señalados. Exhorto para seguir en juicio en línea. Igualmente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley de Amparo, así como lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en el cual se establece el principio de impulso tecnológico, por el cual se debe privilegiar el desarrollo de las actividades jurisdiccionales a través de medios digitales, se exhorta a las partes para que, de ser posible, y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, manifiesten si es su deseo optar por la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea". Para lo cual deberán cumplir con lo siguiente: 1. Solicitar su continuación en su modalidad "en línea". 2. Proporcionar el usuario mediante el cual podrá acceder a la consulta del expediente electrónico. 3. Solicitar de manera expresa, la realización de las notificaciones por esa vía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Lo anterior, a fin de que se encuentren en aptitud de presentar promociones y recursos en forma electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, disponible en la página http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea, y en su caso, recibir las notificaciones que les correspondan. Integración y consulta del expediente electrónico. Hágase del conocimiento a las partes que, con motivo del Acuerdo General del pleno del consejo de la judicatura federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se reformó y adicionó el diverso Acuerdo General 12/2020 que regula el expediente electrónico, para establecer, en esencia, que a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, únicamente existe obligación de integrar al expediente físico, los documentos recibidos de esa forma -previa digitalización-, por lo que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para su consulta, de ahí que las partes deberán solicitar dicha autorización; en la inteligencia que este juzgado dispondrá de un equipo de cómputo para que las partes que acudan presencialmente, puedan consultarlo en su versión electrónica. Uso de medios electrónicos. Se autoriza el uso de medios electrónicos y digitales, tal como lo prevé el artículo 253, párrafo tercero, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales; en el entendido de que la información que se obtenga con la reproducción de las constancias, estará sujeta a lo dispuesto en los artículos 3, 11, fracción VI, 110, fracción XI y 113, fracciones I y III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 6, y 8, fracción VI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 9 de mayo de 2016 y 4 de mayo de 2015, respectivamente. Se habilitan días y horas inhábiles. Se faculta a los Actuarios Judiciales, a fin de que puedan practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aún en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio de amparo. Digitalización. Procédase, en su momento, a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de contar con una copia digital para conservar y difundir su contenido. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla debidamente resguardada en sobre cerrado con la leyenda correspondiente a "información reservada", o "información confidencial", como parte de las medidas necesarias que les corresponde tomar para asegurar su custodia y conservación, en términos de lo dispuesto en los artículos 110, 113, 118, 119 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, apercibidas que de no cumplir con lo anterior se entenderá que se trata de versiones públicas y, consecuentemente, se podrá ordenar que se glosen al expediente quedando a disposición de las partes para su consulta. Notifíquese; personalmente a la parte tercera interesada.
- Principal
EN VIRTUD DE QUE LA PARTE TERCERA INTERESADA ... NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL CITATORIO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO B Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE LE NOTIFICA Y EMPLAZA POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO DE 21 DE NOVIEMBRE DE 2023, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. El quejoso ratifica escrito de prevención. Visto el estado procesal de los autos, se desprende que el diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés, se tuvo a la parte quejosa dando cumplimiento al requerimiento de catorce de noviembre actual, ratificando para tal efecto el contenido y firma que calza en el escrito recibido el trece de noviembre dos mil veintitrés, mediante el cual pretendió desahogar la prevención efectuada en diverso proveído de dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Prevención. Luego, de autos se advierte que el dieciséis de octubre del año en curso, se previno a la parte quejosa a efecto de que aclarara si era su deseo señalar como autoridad responsable al Director del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Puebla y como acto reclamado la publicación de los artículos 91 fracción I, 92 y 93 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla. Asimismo, bajo protesta de decir verdad, precisara el contenido del auto de ocho de agosto de dos mil veintitrés, emitido dentro del expediente ********************, relativo al Juicio de Alimentos del índice del Juzgado Primero Especializado en Materia Familiar del distrito judicial de Puebla, Puebla, así como la fecha en el que proveído antes referido le fue notificado o tuvo conocimiento del mismo. Parcial Cumplimiento. Por otra parte, el catorce de noviembre actual, se tuvo a la parte quejosa dando parcial cumplimiento a la prevención señalada, toda vez que a través de su oficio registrado con el folio 23966, manifestó bajo protesta de decir verdad el contenido del proveído de ocho de agosto de dos mil veintitrés, dictado dentro de los autos del expediente ******************** del Juicio de Alimentos del índice del Juzgado Primero Especializado en Materia Familiar del distrito judicial de Puebla, así como la fecha en la que fue notificado del mismo. Lo anterior, sin hacer mayor pronunciamiento por cuanto hace al Director del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Puebla, como autoridad responsable, ni como acto reclamado la publicación de los artículos 91 fracción I, 92 y 93 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla. En consecuencia, por este último punto de prevención se hace efectivo el apercibimiento efectuado el dieciséis de octubre del año en curso, es decir, se deja de tener como autoridad responsable dentro del presente juicio de amparo al Director del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Puebla y, por tanto se procede a acordar lo relativo a la demanda y escrito aclaratorio, en los términos siguientes: En principio se advierten los datos siguientes: Parte quejosa. ********************. Tercera interesado. ******************** Autoridades responsables: Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla y otras. Actos reclamados. Del Congreso y del Gobernador, ambos del Estado Libre y Soberano de Puebla, en el ámbito de su competencia, la emisión y promulgación de los artículos 91 fracción I, 92 y 93 Del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano del Estado de Puebla. Del Juez Primero Especializado en Materia Familiar del distrito judicial de Puebla, Puebla, reclama los autos de ocho de agosto y veinte de septiembre de dos mil veintitrés, dictados dentro del expediente ******************** de su índice, relativo al Juicio de Alimentos, en los que se le impuso una multa. Del Secretario de Finanzas del Gobierno en el Estado de Puebla y del Diligenciario encargado de los expedientes impares del Juzgado Primero de lo Civil del distrito judicial de Cholula Puebla, la ejecución de los referidos autos de ocho de agosto y veinte de septiembre de dos mil veintitrés. Se desecha parcialmente la demanda. Establecido lo anterior, se procede desechar parcialmente la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones. El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza a la Jueza de Distrito a desechar una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquel que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 448, tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO." Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. Lo anterior se confirma con el criterio del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 898, Tomo VII, Enero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA SU IMPROCEDENCIA DEBE SER MANIFIESTA E INDUDABLE." También es aplicable la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 803, Tomo XIV, octubre de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA." Sentado lo anterior, respecto al acto reclamado consistente en el auto de ocho de agosto de dos mil veintitrés, dictado dentro del expediente ******************** del índice del Juzgado Primero Especializado en Materia Familiar del distrito judicial de Puebla, Puebla, por el cual se le impuso una multa, la improcedencia notoria y manifiesta de la demanda de amparo deriva del hecho que su presentación es extemporánea. Para corroborar tal aserto, se tiene en cuenta el contenido de los artículos 61, fracción XIV, en relación con los diversos numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, que dicen: *** Del segundo numeral transcrito se aprecia claramente que el plazo para la promoción de la demanda de amparo será de quince días, en el entendido que existen casos de excepción a esa regla general. Asimismo, la lectura de los preceptos legales trascritos revela la existencia de tres hipótesis para el cómputo de los quince días relativos, excluyentes entres sí, a saber: A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; A partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; A partir del día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Así, de conformidad con el artículo 18 de la ley de la materia, el juicio de amparo debe promoverse desde el día hábil siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, pero también permite a la parte quejosa promoverlo desde el día hábil siguiente al en que haya tenido conocimiento de él o de sus actos de ejecución, e incluso, en que se haya ostentado sabedor del mismo; hipótesis que son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno, por lo que es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de amparo fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. Corrobora lo anterior, la jurisprudencia 115/2010 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 57/2008-PL, entre las sustentadas por la Primera y Segundas Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 5, tomo XXXIII, enero de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: **** Conviene precisar que aun cuando el criterio transcrito analizó el artículo 21 de la Ley de Amparo abrogada, resulta ilustrativo para establecer las hipótesis de procedencia del juicio constitucional tratándose de actos consentidos por no promoverse el juicio de amparo dentro del plazo de quince días previsto en los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo vigente, dada la similitud en la redacción de ambos preceptos, tal como se pone de manifiesto en el cuadro comparativo siguiente: Artículo 21 de la Ley de Amparo abrogada. Artículos 17, párrafo primero, y 18 de la Ley de Amparo vigente. "Artículo 21. El término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días. Dicho término se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo:" Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Por lo anterior, los criterios jurisprudenciales invocados continúan vigentes ya que no se contraponen con lo dispuesto en la Ley de Amparo vigente, tal como lo prevé su artículo Sexto transitorio, que establece: "SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley." Una vez establecidos los tres supuestos normativos previstos para el cómputo del plazo de quince días para promover el juicio de amparo, se colige que el acto reclamado consistente en el auto de ocho de agosto de dos mil veintitrés, dictado en el juicio familiar ******************** se ubica en la primera de las hipótesis, esto es, que el plazo se deberá computarse a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame. Al respecto, en su escrito aclaratorio de demanda, la quejosa narró: ".Haciendo la aclaración que dicho auto se notificó con fecha diez de agosto del dos mil veintitrés, empero el oficio se giró con fecha doce septiembre del dos mil veintitrés, para que se hiciera EFECTIVA LA MULTA consistente en CIEN UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN a que refieren los artículos segundo y quinto transitorios del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexacion del salario mínimo vigente, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, así como efectué el pago de la misma a la cuenta bancaria número ******************** clabe 0126500********************6 de la Institución bancaria ******************** Bancomer a nombre del Poder Judicial del Estado de Puebla, esto en cumplimiento al auto de fecha Ocho de Agosto fecha de Dos Mil Veintitrés, esto en cumplimiento a la prevención que se me hiciera mediante el auto de fecha doce de mayo de dos mil veintitrés, de, lo cual tuve conocimiento al imponerme de los autos en fecha veinticinco de septiembre del dos mil veintitrés." De la anterior transcripción se desprende que respecto del conocimiento del auto de ocho de agosto de dos mil veintitrés, la parte quejosa manifiesta que se le notificó el diez de agosto del dos mil veintitrés, por lo que el plazo para promover su demanda de amparo debe computarse a partir de ese supuesto. Así, debe destacarse que las manifestaciones vertidas en el escrito de demanda, bajo protesta de decir verdad, son equiparables a una confesión judicial, misma que hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto en los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, respecto de la fecha en que se tuvo conocimiento del acto reclamado; por tanto, resulta un elemento de convicción eficaz para determinar el momento en que debe comenzar a computarse el plazo para la presentación de la demanda de amparo. Cobra aplicación al caso, los criterios emitidos por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se transcriben a continuación: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías será de quince días que se computará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan "que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día", como esa confesión hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; de ello se sigue que si el Juez de Distrito con base en dicha manifestación, realiza el cómputo del término de la presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal determinación es correcta, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del acto reclamado para efectuar el cómputo del término respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa respecto a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado." (Publicada en la página 71, 193-198, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época) "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESIÓN EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo." (Publicada en la página 57, Tomo III, junio de 2006, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época) En esas condiciones, si la demanda de amparo se presentó hasta el trece de octubre de dos mil veintitrés, en el Buzón Judicial de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado, es evidente que su presentación resulta extemporánea y, por ese motivo, el acto reclamado fue consentido tácitamente. Para mayor claridad, se procede a computar el plazo, para la promoción del juicio de amparo, conforme al siguiente calendario: **** Consecuentemente, si el plazo para la interposición de la demanda de amparo transcurrió del quince de agosto al cuatro de septiembre del presente año, es evidente que su presentación resulta extemporánea. Sin que resulte obstáculo que para la ejecución de dicha multa se hubiera girado el oficio correspondiente hasta el doce septiembre del año en curso, ni que la parte quejosa aduzca que se impuso de las constancias hasta el veinticinco de septiembre posterior, ya que como quedó precisado, el supuesto que se actualizó para computar el plazo para promover la demanda consiste en la notificación del acto reclamado, que ocurrió el diez de agosto del presente año, la cual excluye a los restantes supuestos normativos. Lo anterior no implica que se vulnere el contenido del artículo primero, párrafo segundo, de la Constitución Federal que, esencialmente, exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de tal suerte que se favorezca la protección más amplia a las personas; porque como ya se mencionó, el análisis emprendido por este órgano de control constitucional se realizó a fin de determinar la procedencia del juicio de amparo. Sirven de apoyo a lo anterior las tesis aisladas CCLXXVI/2012 (10a) y CCLXXV/2012 (10ª), ambas de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es el siguiente: **** **** En las relatadas condiciones, es claro que se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia contemplada en la fracción XIV, del artículo 61, de la Ley de Amparo, con relación a los diversos 17 y 18; por lo que con fundamento en el artículo 113 de la ley en la materia, se desecha la demanda de amparo únicamente respecto del auto de ocho de agosto de dos mil veintitrés, dictado dentro del juicio familiar ******************** del índice del Juzgado Primero Especializado en Materia Familiar del distrito judicial de Puebla. Admisión parcial de la demanda de amparo. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 1, 35, 37, 107 y 108 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo, únicamente respecto de los restantes actos reclamados, esto es, contra los los artículos 91 fracción I, 92 y 93 Del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano del Estado de Puebla, así como contra el auto de veinte de septiembre de dos mil veintitrés, dictado dentro del juicio familiar ******************** del Juzgado Primero Especializado en Materia Familiar del distrito judicial de Puebla, así como su ejecución. Informe justificado. Pídase informe justificado a las autoridades responsables, quienes deberán rendirlo dentro del plazo de quince días, siguientes a la notificación del presente acuerdo, ante este Juzgado Federal; en el que deberán exponer las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio de amparo o, en su caso, la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado. En el mismo sentido, se precisa que en el plazo señalado deberán acompañar la totalidad de las constancias que justifiquen el acto reclamado, anexando copias certificadas legibles, completas y ordenadas del expediente respectivo. En el entendido de que deberán rendir su informe justificado, haciendo referencia al número de oficio que contesta, así como el nombre correcto de la parte quejosa y número del presente juicio de amparo, precisando sobre la certeza o no respecto del acto reclamado. De contar con las constancias digitalizadas, se requiere a las autoridades responsables la rendición del informe justificado y las constancias que justifiquen el acto reclamado, en formato digitalizado, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a través del sistema de interconexión, o en su defecto, al correo electrónico 7jdo6ctoacaljf@correo.cjf.gob.mx, siempre que el archivo que se envíe cuente con firma electrónica. Lo anterior, acorde con el principio de impulso tecnológico que se prevé en el artículo 251 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, y el diverso Acuerdo General 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico. De contar con expediente físico, las autoridades responsables deberán remitirlo a efecto de que este Juzgado Federal realice el cotejo con las constancias digitalizadas y, una vez realizado, les sea devuelto a la brevedad. Apercibimiento. Se apercibe a las autoridades responsables, que en caso de no cumplir con los mandatos establecidos en los párrafos anteriores, además de presumirse cierto el acto que de ella se reclame, cuando así corresponda, se les impondrá una multa de 100 a 1000 veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Información sobre causas de improcedencia. Se solicita a las autoridades responsables a fin de que en caso de tener conocimiento de alguna causa de improcedencia la informen, apercibidas que en caso de no hacerlo se les impondrá una multa de 30 a 300 veces la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en el artículo 251 de la Ley de Amparo. Información sobre otros juicios de amparo. Por otro lado, se requiere a las autoridades responsables para que al rendir su informe con justificación indique si existen otros juicios de amparo relacionados con el presente, y acompañe las constancias respectivas. Audiencia constitucional. Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VIENTITRÉS. Incidente de suspensión. En otro aspecto, con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, tramítese el incidente de suspensión relativo a este juicio de amparo. Intervención del Ministerio Público adscrito. Dese al Agente del Ministerio Público Federal adscrito la intervención legal que le corresponde. Autorización de consulta y notificación vía electrónica a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. En términos de lo acordado el nueve de octubre de dos mil veintitrés, en el cuaderno de varios 1/2023, de este Juzgado de Distrito, con fundamento en el artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo, se otorga al usuario ********************, que pertenece a ********************, la autorización a efecto de que pueda tener acceso a las actuaciones del presente juicio de amparo, en la vía electrónica, así como para que, a partir de esta fecha, se le notifiquen electrónicamente los acuerdos que ameriten ser personales a través del módulo dispuesto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Emplazamiento de la tercera interesada. El artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo establece que tiene el carácter de tercero interesado la contraparte del quejoso cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo; o tratándose de persona extraña al procedimiento, la que tenga interés contrario a él. En consecuencia, se tiene como tercera interesada a ********************, con domicilio en ******************** ******************** Por tanto, comisiona a cualquiera de las personas Actuarias Judiciales adscritas a este Juzgado para que se constituya en el domicilio de la tercera interesada, a efecto de que con copia de la demanda de amparo y del presente proveído la emplace a juicio, y le haga saber la fecha de la audiencia constitucional, así como el derecho que tiene para apersonarse en el procedimiento. Asimismo, le requiera para que en el plazo de tres días, de conformidad con el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la ley de la materia, señale domicilio en la residencia de este Juzgado de Distrito o en la zona conurbada, para recibir notificaciones; apercibida que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones se les harán por medio de lista, aun las de carácter personal, con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. Información reservada. Hágase del conocimiento de las partes que de existir información considerada como reservada o confidencial, este Juzgado determinará si puede ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio, en términos de la jurisprudencia P./J.26/2015 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, publicada el once de septiembre de dos mil quince, en el Semanario Judicial de Federación, Materia Común, Décima Época, de rubro "INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA". Exhorto para seguir en juicio en línea. Igualmente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley de Amparo, así como lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en el cual se establece el principio de impulso tecnológico, por el cual se debe privilegiar el desarrollo de las actividades jurisdiccionales a través de medios digitales, se exhorta a las partes para que, de ser posible, y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, manifiesten si es su deseo optar por la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea". Para lo cual deberán cumplir con lo siguiente: 1. Solicitar su continuación en su modalidad "en línea". 2. Proporcionar el usuario mediante el cual podrá acceder a la consulta del expediente electrónico. 3. Solicitar de manera expresa, la realización de las notificaciones por esa vía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Lo anterior, a fin de que se encuentren en aptitud de presentar promociones y recursos en forma electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, disponible en la página http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea., y en su caso, recibir las notificaciones que les correspondan. Documentación confidencial. Por otro lado, se informa a las autoridades responsables que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla debidamente resguardada en sobre cerrado con la leyenda correspondiente a "información reservada", o "información confidencial", como parte de las medidas necesarias que le corresponde tomar para asegurar su custodia y conservación, en términos de lo dispuesto en los artículos 110, 113, 118, 119 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; apercibidas que de no hacerlo, se entenderá que se trata de versiones públicas y, consecuentemente, se podrá ordenar que se glosen al expediente quedando a disposición de las partes para su consulta. Obligación de recibir oficios. Se informa a las autoridades responsables que conforme al artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo están obligadas a recibir los oficios que en relación con este juicio se les dirijan, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo excusa de alguna imprecisión en su denominación, siempre que no exista duda y resulte evidente la existencia de las autoridades, el actuario hará del conocimiento de dicha circunstancia al encargado de la oficina correspondiente y se tendrán por hechas las notificaciones, en el entendido de que si subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrán por hechas; además de que se les impondrá una multa de 100 a 1000 veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 245 de la Ley de Amparo. Finalmente, en términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 2, visible a página 1253, de rubro "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.", se hace del conocimiento de las autoridades responsables y a las autoridades que tengan el carácter de terceras interesadas, que en el presente juicio únicamente les serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales y las restantes se le notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, misma que podrá ser consultada directamente por dichas autoridades o por sus respectivos delegados o autorizados. Notifíquese de manera personal a la parte quejosa y vía electrónica a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita.
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