Fausto Salgado Merino

Expediente 692/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 16 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
692/2022
Año
2022
Actuaciones
16
Última actuación
03/10/2022

Partes del expediente

  • Fausto Salgado Merino

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, tres de octubre de dos mil veintidós. Causa estado cumplimiento. Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes promovieran recurso de inconformidad en contra del auto de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, que declaró cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio constitucional; por tanto, con apoyo en dicho precepto legal, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO el mencionado proveído para todos los efectos legales consiguientes. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Depúrese el expediente principal, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con una sentencia en la que se determinó conceder la protección federal, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en la fracción I, inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: (.) I. En los Juzgados de Distrito: (.) b) Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional...". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia Una vez que transcurra el plazo que refiere el artículo dieciocho, primer tercero del Acuerdo General en cita, transfiérase al Centro de Documentación y Análisis. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Devolución de documentos. Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Devolución de constancias. Finalmente, tomando en consideración que durante la tramitación del presente juicio de amparo se formó el anexo I con las constancias remitidas por el Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, se ordena devolver los mismos. Lo anterior, en la inteligencia de que el acuse de recibo lo constituirá la constancia de notificación de este auto. Notifíquese.

  2. Principal

    EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL AVISO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA(S) RESOLUCIÓN(ES) QUE EN LO CONDUCENTE DICE(N): San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de agosto de dos mil veintidós. Manifestaciones del quejoso. Agréguese los autos el escrito de cuenta signado por ***, autorizado en términos amplios de la parte quejosa, por el cual realiza diversas manifestaciones en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo en el sentido de que la resolución de cinco de agosto de dos mil veintidós lo sigue condenando a una cantidad superior a la que adeuda, manifestaciones que serán tomadas en consideración al momento de calificar el cumplimiento. Se declara cumplida la sentencia: Ahora bien, visto el estado procesal de los presentes autos, y tomando en consideración que únicamente el quejoso realizó manifestaciones en relación al cumplimiento dado por la responsable al fallo protector, en tanto las demás partes no desahogaron la vista que les fue otorgada mediante auto de doce de agosto de dos mil veintidós, en el plazo otorgado para ello, se hace efectivo el apercibimiento decretado, por lo que este juzgado se pronuncia sobre el cumplimiento del fallo protector dictado en el presente juicio. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2ª./J. 26/2000, visible en la página doscientos cuarenta y tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Sentencia. Al respecto, se precisa que mediante sentencia de veintinueve de junio de dos mil veintidós, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes. ""42. Con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se concede la protección constitucional a la parte quejosa para los siguientes efectos: Se deje insubsistente la resolución dictada el veintiocho de junio de dos mil veintiuno en el incidente de liquidación de pensiones alimenticias promovido en el juicio de alimentos 1590/2021. Enseguida, con libertad de jurisdicción, la jueza responsable emita una nueva determinación en la que reitere los aspectos que no fueron materia de la concesión de la protección constitucional y enseguida subsane el siguiente vicio de legalidad: i) Funde y motive adecuadamente el valor probatorio que decida asignarle al medio de prueba exhibido mediante escrito presentado el veintiuno de junio de dos mil veintiuno, a través del cual el deudor alimentario ofreció una ficha de depósito bancario por la cantidad de $45,000.00, a fin de dar cumplimiento a la resolución de liquidación de sentencia del veintidós de agosto de dos mil diecinueve. ii) Hecho lo anterior, la jueza responsable determine a cuánto asciende actualmente el monto adeudado por el periodo comprendido del mes de marzo de dos mil diecisiete a agosto de dos mil diecinueve y, enseguida, reitere que por el periodo comprendido del mes de septiembre de dos mil diecinueve a septiembre de dos mil veinte se adeuda la cantidad de $28,749.00." Requerimiento de cumplimiento: Por acuerdo de veinte de julio de dos mil veintidós, se declaró que la sentencia dictada en el presente juicio de amparo había causado ejecutoria, por lo cual, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requirió al Juzgado Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, su cumplimiento. Cumplimiento: Ahora, por acuerdo de cuatro de agosto de dos mil veintidós, se tuvo al Juzgado Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, informando lo siguiente: 1. Por acuerdo de uno de agosto de dos mil veintidós, dejó insubsistente la resolución dictada el veintiocho de junio de dos mil veintiuno en el incidente de liquidación de pensiones alimenticias promovido en el juicio de alimentos 1590/2021. 2. Por acuerdo de doce de agosto de dos mil veintidós, remitió copia certificada de la resolución de pensiones alimenticias de cinco de agosto de dos mil veintidós; resolución de la que se advierte, en lo que interesa, lo siguiente: Valoró la prueba documental ofrecida mediante escrito de veintiuno de junio de dos mil veintiuno, consistente en la ficha de depósito bancario depositada la cuenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado por la cantidad de $45,000.00 (cuarenta y cinco mil pesos 00/100), la cual puso a disposición de la promovente de la liquidación. Del análisis de la responsable se advierte que estableció que el deudor realizó el pago parcial de la liquidación por lo cual el monto actual del adeudo por el periodo comprendido del mes de marzo de dos mil diecisiete a agosto de dos mil diecinueve ascendía a la cantidad de $53,498.00 (cincuenta y tras mil cuatrocientos noventa y ocho pesos 00/100), esto, después de descontar $45,000.00 (cuarenta y cinco mil pesos 00/100), a la cantidad aprobada en la plantilla de veintidós de agosto de dos mil diecinueve, que correspondía a la cantidad de $98,498.40 (noventa y ocho mil cuatrocientos noventa y ocho pesos 40/100). Por lo que al sumar dicha cantidad a la obtenida $28,749.00 (veintiocho mil setecientos cuarenta y nieve pesos 00/100) con los números contabilizados en el mes de septiembre de dos mil diecinueve, al mes de septiembre de dos mil veinte, a la de la cantidad de $53,498.40 (cincuenta y tres mil cuatrocientos noventa y ocho 40/100) que corresponde al monto actual del adeudo por el periodo comprendido del mes de marzo de dos mil diecisiete al mes de agosto de dos mil diecinueve, da un total de $82,247.40 (ochenta y dos mil doscientos cuarenta y siete pesos 40/100) por lo que aprobó la plantilla de liquidación de pensiones alimenticias con números contabilizados al mes de septiembre de dos mil veinte. Cabe destacar que las constancias que remitió la responsable se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2. En consecuencia, se aprecia que la responsable dio cumplimiento al fallo protector, pues el uno de agosto de dos mil veintidós, dejó insubsistente la resolución dictada el veintiocho de junio de dos mil veintiuno en el incidente de liquidación de pensiones alimenticias promovido en el juicio de alimentos 1590/2021; y el cinco de agosto de dos mil veintidós dictó resolución de liquidación de pensiones alimenticias, en la que con libertad de jurisdicción analizó la prueba documental ofrecida mediante escrito de veintiuno de junio de dos mil veintiuno, consistente en la ficha de depósito bancario depositada la cuenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado por la cantidad de $45,000.00 (cuarenta y cinco mil pesos 00/100), Así, del análisis determinó a cuánto asciende actualmente el monto adeudado por el periodo comprendido del mes de marzo de dos mil diecisiete a agosto de dos mil diecinueve y, reiteró que por el periodo comprendido del mes de septiembre de dos mil diecinueve a septiembre de dos mil veinte se adeuda la cantidad de $28,749.00 (veintiocho mil setecientos cuarenta y nieve pesos 00/100). Cantidad que sumó a la diversa de $53,498.40 (cincuenta y tres mil cuatrocientos noventa y ocho 40/100) que corresponde al monto actual del adeudo por el periodo comprendido del mes de marzo de dos mil diecisiete al mes de agosto de dos mil diecinueve, misma que asciende a un total de $82,247.40 (ochenta y dos mil doscientos cuarenta y siete pesos 40/100) por lo que aprobó la plantilla de liquidación de pensiones alimenticias con números contabilizados al mes de septiembre de dos mil veinte. Manifestaciones del quejoso. En ese contexto, si bien la parte quejosa realiza diversas manifestaciones con las que pretende evidenciar que adeuda una cantidad diversa a la señalada por la autoridad responsable; lo cierto es que los efectos de la sentencia concesoria únicamente fueron para que el juez dejara insubsistente la resolución dictada el veintiocho de junio de dos mil veintiuno en el incidente de liquidación de pensiones alimenticias promovido en el juicio de alimentos 1590/2021, y, con libertad de jurisdicción, emitiera una nueva determinación en la que reiterara los aspectos que no fueron materia de la concesión de la protección constitucional y enseguida subsanara el vicio de legalidad consistente en fundar y motivar adecuadamente el valor probatorio que decida asignarle al medio de prueba exhibido mediante escrito presentado el veintiuno de junio de dos mil veintiuno, a través del cual el deudor alimentario ofreció una ficha de depósito bancario por la cantidad de $45,000.00, a fin de dar cumplimiento a la resolución de liquidación de sentencia del veintidós de agosto de dos mil diecinueve. De lo anterior se evidencia que se le otorgó al Juez libertad de jurisdicción, para emitir una nueva determinación, en la que debía tomar en consideración la prueba documental ofrecida mediante escrito de veintiuno de junio de dos mil veintiuno, consistente en la ficha de depósito bancario depositada la cuenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado por la cantidad de $45,000.00 (cuarenta y cinco mil pesos 00/100); y, hecho esto, determinara a cuánto asciende actualmente el monto adeudado por el periodo comprendido del mes de marzo de dos mil diecisiete a agosto de dos mil diecinueve, reiterando que por el periodo comprendido del mes de septiembre de dos mil diecinueve a septiembre de dos mil veinte se adeuda la cantidad de $28,749.00 (veintiocho mil setecientos cuarenta y nueve 00/100); lo que en el caso aconteció como ha quedado de manifiesto. Por lo que las manifestaciones del quejoso en el sentido de que la autoridad no tomó en cuenta diversos pagos que realizó pues únicamente se limitó a restar los $45,000.00 (cuarenta y cinco mil pesos 00/100); que corresponden al abono realizado el diecisiete de junio de dos mil veintiuno, escapan del alcance del fallo protector, pues en el caso, como ha quedado de manifiesto, la autoridad responsable emitió su resolución con libertad de jurisdicción, determinación en la que debía tomar en consideración la citada prueba documental ofrecida mediante escrito de veintiuno de junio de dos mil veintiuno, consistente en la ficha de depósito bancario depositada la cuenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado por la cantidad de $45,000.00 (cuarenta y cinco mil pesos 00/100); lo que aconteció de esa manera. De ahí que las manifestaciones vertidas por el quejoso no revelen que el actuar de la responsable de forma alguna se hubiera apartado de los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo. Sirve de apoyo, en lo conducente, la siguiente tesis jurisprudencial: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento a las partes la anterior determinación y que de convenir a sus intereses, en el término de quince días siguientes a su legal notificación puedan interponer recurso de inconformidad. No obstante, quedan a salvo los derechos de la parte quejosa para hacerlos valer por la vía legal que estime conveniente. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de agosto de dos mil veintidós. Manifestaciones del quejoso. Agréguese los autos el escrito de cuenta signado por ***, autorizado en términos amplios de la parte quejosa, por el cual realiza diversas manifestaciones en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo en el sentido de que la resolución de cinco de agosto de dos mil veintidós lo sigue condenando a una cantidad superior a la que adeuda, manifestaciones que serán tomadas en consideración al momento de calificar el cumplimiento. Se declara cumplida la sentencia: Ahora bien, visto el estado procesal de los presentes autos, y tomando en consideración que únicamente el quejoso realizó manifestaciones en relación al cumplimiento dado por la responsable al fallo protector, en tanto las demás partes no desahogaron la vista que les fue otorgada mediante auto de doce de agosto de dos mil veintidós, en el plazo otorgado para ello, se hace efectivo el apercibimiento decretado, por lo que este juzgado se pronuncia sobre el cumplimiento del fallo protector dictado en el presente juicio. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2ª./J. 26/2000, visible en la página doscientos cuarenta y tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Sentencia. Al respecto, se precisa que mediante sentencia de veintinueve de junio de dos mil veintidós, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes. ""42. Con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se concede la protección constitucional a la parte quejosa para los siguientes efectos: Se deje insubsistente la resolución dictada el veintiocho de junio de dos mil veintiuno en el incidente de liquidación de pensiones alimenticias promovido en el juicio de alimentos 1590/2021. Enseguida, con libertad de jurisdicción, la jueza responsable emita una nueva determinación en la que reitere los aspectos que no fueron materia de la concesión de la protección constitucional y enseguida subsane el siguiente vicio de legalidad: i) Funde y motive adecuadamente el valor probatorio que decida asignarle al medio de prueba exhibido mediante escrito presentado el veintiuno de junio de dos mil veintiuno, a través del cual el deudor alimentario ofreció una ficha de depósito bancario por la cantidad de $45,000.00, a fin de dar cumplimiento a la resolución de liquidación de sentencia del veintidós de agosto de dos mil diecinueve. ii) Hecho lo anterior, la jueza responsable determine a cuánto asciende actualmente el monto adeudado por el periodo comprendido del mes de marzo de dos mil diecisiete a agosto de dos mil diecinueve y, enseguida, reitere que por el periodo comprendido del mes de septiembre de dos mil diecinueve a septiembre de dos mil veinte se adeuda la cantidad de $28,749.00." Requerimiento de cumplimiento: Por acuerdo de veinte de julio de dos mil veintidós, se declaró que la sentencia dictada en el presente juicio de amparo había causado ejecutoria, por lo cual, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requirió al Juzgado Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, su cumplimiento. Cumplimiento: Ahora, por acuerdo de cuatro de agosto de dos mil veintidós, se tuvo al Juzgado Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, informando lo siguiente: 1. Por acuerdo de uno de agosto de dos mil veintidós, dejó insubsistente la resolución dictada el veintiocho de junio de dos mil veintiuno en el incidente de liquidación de pensiones alimenticias promovido en el juicio de alimentos 1590/2021. 2. Por acuerdo de doce de agosto de dos mil veintidós, remitió copia certificada de la resolución de pensiones alimenticias de cinco de agosto de dos mil veintidós; resolución de la que se advierte, en lo que interesa, lo siguiente: Valoró la prueba documental ofrecida mediante escrito de veintiuno de junio de dos mil veintiuno, consistente en la ficha de depósito bancario depositada la cuenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado por la cantidad de $45,000.00 (cuarenta y cinco mil pesos 00/100), la cual puso a disposición de la promovente de la liquidación. Del análisis de la responsable se advierte que estableció que el deudor realizó el pago parcial de la liquidación por lo cual el monto actual del adeudo por el periodo comprendido del mes de marzo de dos mil diecisiete a agosto de dos mil diecinueve ascendía a la cantidad de $53,498.00 (cincuenta y tras mil cuatrocientos noventa y ocho pesos 00/100), esto, después de descontar $45,000.00 (cuarenta y cinco mil pesos 00/100), a la cantidad aprobada en la plantilla de veintidós de agosto de dos mil diecinueve, que correspondía a la cantidad de $98,498.40 (noventa y ocho mil cuatrocientos noventa y ocho pesos 40/100). Por lo que al sumar dicha cantidad a la obtenida $28,749.00 (veintiocho mil setecientos cuarenta y nieve pesos 00/100) con los números contabilizados en el mes de septiembre de dos mil diecinueve, al mes de septiembre de dos mil veinte, a la de la cantidad de $53,498.40 (cincuenta y tres mil cuatrocientos noventa y ocho 40/100) que corresponde al monto actual del adeudo por el periodo comprendido del mes de marzo de dos mil diecisiete al mes de agosto de dos mil diecinueve, da un total de $82,247.40 (ochenta y dos mil doscientos cuarenta y siete pesos 40/100) por lo que aprobó la plantilla de liquidación de pensiones alimenticias con números contabilizados al mes de septiembre de dos mil veinte. Cabe destacar que las constancias que remitió la responsable se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2. En consecuencia, se aprecia que la responsable dio cumplimiento al fallo protector, pues el uno de agosto de dos mil veintidós, dejó insubsistente la resolución dictada el veintiocho de junio de dos mil veintiuno en el incidente de liquidación de pensiones alimenticias promovido en el juicio de alimentos 1590/2021; y el cinco de agosto de dos mil veintidós dictó resolución de liquidación de pensiones alimenticias, en la que con libertad de jurisdicción analizó la prueba documental ofrecida mediante escrito de veintiuno de junio de dos mil veintiuno, consistente en la ficha de depósito bancario depositada la cuenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado por la cantidad de $45,000.00 (cuarenta y cinco mil pesos 00/100), Así, del análisis determinó a cuánto asciende actualmente el monto adeudado por el periodo comprendido del mes de marzo de dos mil diecisiete a agosto de dos mil diecinueve y, reiteró que por el periodo comprendido del mes de septiembre de dos mil diecinueve a septiembre de dos mil veinte se adeuda la cantidad de $28,749.00 (veintiocho mil setecientos cuarenta y nieve pesos 00/100). Cantidad que sumó a la diversa de $53,498.40 (cincuenta y tres mil cuatrocientos noventa y ocho 40/100) que corresponde al monto actual del adeudo por el periodo comprendido del mes de marzo de dos mil diecisiete al mes de agosto de dos mil diecinueve, misma que asciende a un total de $82,247.40 (ochenta y dos mil doscientos cuarenta y siete pesos 40/100) por lo que aprobó la plantilla de liquidación de pensiones alimenticias con números contabilizados al mes de septiembre de dos mil veinte. Manifestaciones del quejoso. En ese contexto, si bien la parte quejosa realiza diversas manifestaciones con las que pretende evidenciar que adeuda una cantidad diversa a la señalada por la autoridad responsable; lo cierto es que los efectos de la sentencia concesoria únicamente fueron para que el juez dejara insubsistente la resolución dictada el veintiocho de junio de dos mil veintiuno en el incidente de liquidación de pensiones alimenticias promovido en el juicio de alimentos 1590/2021, y, con libertad de jurisdicción, emitiera una nueva determinación en la que reiterara los aspectos que no fueron materia de la concesión de la protección constitucional y enseguida subsanara el vicio de legalidad consistente en fundar y motivar adecuadamente el valor probatorio que decida asignarle al medio de prueba exhibido mediante escrito presentado el veintiuno de junio de dos mil veintiuno, a través del cual el deudor alimentario ofreció una ficha de depósito bancario por la cantidad de $45,000.00, a fin de dar cumplimiento a la resolución de liquidación de sentencia del veintidós de agosto de dos mil diecinueve. De lo anterior se evidencia que se le otorgó al Juez libertad de jurisdicción, para emitir una nueva determinación, en la que debía tomar en consideración la prueba documental ofrecida mediante escrito de veintiuno de junio de dos mil veintiuno, consistente en la ficha de depósito bancario depositada la cuenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado por la cantidad de $45,000.00 (cuarenta y cinco mil pesos 00/100); y, hecho esto, determinara a cuánto asciende actualmente el monto adeudado por el periodo comprendido del mes de marzo de dos mil diecisiete a agosto de dos mil diecinueve, reiterando que por el periodo comprendido del mes de septiembre de dos mil diecinueve a septiembre de dos mil veinte se adeuda la cantidad de $28,749.00 (veintiocho mil setecientos cuarenta y nueve 00/100); lo que en el caso aconteció como ha quedado de manifiesto. Por lo que las manifestaciones del quejoso en el sentido de que la autoridad no tomó en cuenta diversos pagos que realizó pues únicamente se limitó a restar los $45,000.00 (cuarenta y cinco mil pesos 00/100); que corresponden al abono realizado el diecisiete de junio de dos mil veintiuno, escapan del alcance del fallo protector, pues en el caso, como ha quedado de manifiesto, la autoridad responsable emitió su resolución con libertad de jurisdicción, determinación en la que debía tomar en consideración la citada prueba documental ofrecida mediante escrito de veintiuno de junio de dos mil veintiuno, consistente en la ficha de depósito bancario depositada la cuenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado por la cantidad de $45,000.00 (cuarenta y cinco mil pesos 00/100); lo que aconteció de esa manera. De ahí que las manifestaciones vertidas por el quejoso no revelen que el actuar de la responsable de forma alguna se hubiera apartado de los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo. Sirve de apoyo, en lo conducente, la siguiente tesis jurisprudencial: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento a las partes la anterior determinación y que de convenir a sus intereses, en el término de quince días siguientes a su legal notificación puedan interponer recurso de inconformidad. No obstante, quedan a salvo los derechos de la parte quejosa para hacerlos valer por la vía legal que estime conveniente. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, doce de agosto de dos mil veintidós. Vista cumplimiento. Agréguese a los autos el oficio del Secretario de Acuerdos Encargado del Despacho del Juzgado Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, por ministerio de Ley, mediante el remite la resolución de pensiones alimenticias, FECHA DE CUMPLIMIENTO POR LA AUTORIDAD RESPONSABLEFECHA DE RECEPCIÓN DEL OFICIO POR EL QUE DIO CUMPLIMIENTO LA AUTORIDAD RESPONSABLE5 DE AGOSTO DE 202210 DE AGOSTO DE 2022 Así, de las constancias que remitió la responsable se advierte que el Juez Décimo Auxiliar de lo Familiar, en auxilio del Juzgado Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, el cinco de agosto de dos mil veintidós dictó resolución de liquidación de pensiones alimenticias en el expediente 1590/2021. Por tanto, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, que establecen la obligación del Juez de Distrito de velar por el debido cumplimiento de las ejecutorias que otorguen el amparo y protección de la justicia federal, así como con fundamento en el artículo 196 del citado ordenamiento, dese vista a las partes con el oficio y anexo de cuenta, por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, para que manifiesten lo que a su derecho e interés legal convenga. Ello bajo el apercibimiento que de no desahogar la vista ordenada, se resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de mérito con los elementos que obren en autos. Ahora, para dar margen a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, inciso k), de la Ley de Amparo, notifíquese el contenido del presente acuerdo, así como el oficio y anexo remitidos en cumplimiento al fallo protector de manera personal a la parte quejosa. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

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