Fausto Guzman Portillo

Expediente 1557/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1557/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
25/10/2022

Partes del expediente

  • Fausto Guzman Portillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veinticinco de octubre de dos mil veintidós. Causa estado sobreseimiento fuera de audiencia. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos y al advertirse que no se interpuso recurso de revisión en contra de la resolución mediante la cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con apoyo en el artículo 86 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con una resolución que determinó sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido.". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Una vez que transcurra el plazo que refiere el artículo dieciocho, párrafo primero del Acuerdo General en cita, transfiérase al Centro de Documentación y Análisis. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaria para que verifique la digitalización de la demanda, el auto de sobreseimiento fuera de audiencia y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos. Tomando en consideración que la parte quejosa exhibió documentos originales; con fundamento en el párrafo segundo, del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; requiérasele para que dentro del término de noventa días comparezca a recogerlos en las instalaciones de este juzgado federal, con el apercibimiento que de no hacerlo dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente. Se hace de su conocimiento que, en atención al Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura, publicado el treinta y uno de julio de dos mil veinte, en donde en su artículo 2° se determinó que, si bien subsistía la situación de emergencia sanitaria, se levanta la suspensión de plazos y términos en cuestión a partir del tres de agosto de dos mil veinte, deberá atender a los lineamientos referidos en el acuerdo de mérito para poder acudir a las instalaciones del juzgado federal por los documentos exhibidos. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, tres de octubre de dos mil veintidós. Autoridad responsable informa gestiones. El Secretario de Acuerdos del Tribunal Unitario Agrario Distrito Treinta y Siete, informa el contenido del acuerdo de veintiocho de septiembre del año en curso, del que se aprecia, en lo que interesa, lo siguiente: 1. Informa que en proveído de diecinueve de septiembre de la anualidad en curso, mediante exhorto 75/2022, se le requirió a la Directora General de Ordenamiento de la Propiedad Rural de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, que acreditara las actuaciones realizadas a fin de dar cumplimiento a la sentencia emitida en el juicio agrario ..., del índice de la autoridad oficiante. 2. Que mediante oficio II210.DGOPR.AJ.11058.22, la referida dirección le informó que cumplirá la sentencia emitida en el juicio de origen, hasta que se encuentre con la integración debida del expediente, para contar con los datos técnicos, ubicación, coordenadas UTM, reconstrucción del polígono del predio y demás requisitos y características que deben tener los actos administrativos y, en su caso, los títulos de propiedad; Asimismo, refirió que el cumplimiento de dicho fallo no depende totalmente de la Directora General de Ordenamiento de la Propiedad Rural de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, dado que el procedimiento administrativo exige llevar a cabo consultas e investigaciones ante otras autoridades e instancias que dan respuesta, conforme a su carga de trabajo, por lo que, para continuar, resulta necesario solicitar coadyuvancia de actuaciones técnicas y jurídicas de todas las áreas y dependencias. 3. Requirió a la Directora General de Ordenamiento de la Propiedad Rural de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, que expida correctamente el título de propiedad a nombre de la quejosa Laura Ivonne Zapata Martínez, respecto del predio denominado Oasis y realice las anotaciones pertinentes del nuevo titulo De lo que se toma conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar. Requerimiento. Ahora, en atención al contenido del oficio de cuenta, requiérase al Tribunal Unitario Agrario, Distrito Treinta y Siete, para que dentro del plazo legal de cinco días, realice lo siguiente: Gestione el exhorto 75/2022, enviado al Tribunal Unitario Agrario Distrito Ocho, a efecto de que le sea devuelto diligenciado. 2. Comunique las gestiones realizadas por la Directora General de Ordenamiento de la Propiedad Rural de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a fin de expedir el título de propiedad a nombre de la quejosa ,,,, respecto del predio denominado ... En el entendido de que subsisten los apercibimientos con los que se le conminó a cumplir con la ejecutoria de amparo. Notifíquese, electrónicamente a la parte quejosa.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de septiembre de dos mil veintidós. Se recibe informe justificado: Agréguese a los autos el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe justificado de la autoridad oficiante. Pruebas. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, téngase como prueba de la responsable, la documental que anexa a su oficio de cuenta consistente en copia certificada del laudo dictado en el juicio laboral *** la que se admite y desahoga dada su propia y especial naturaleza, debiendo darse cuenta con ésta en la audiencia constitucional. Sobreseimiento fuera de audiencia Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, es necesario precisar que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. Ahora bien, del estudio de la demanda de amparo se advierte los siguientes datos: *** En el caso concreto, este órgano jurisdiccional advierte de oficio, que respecto del acto reclamado consistente en la omisión de dictar laudo en el juicio laboral D-4/681/2019, se actualiza la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado (.)" Del precepto legal transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos sean destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, a la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie al quejoso; es decir, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido o se hubiere concedido el amparo, caso en el que el juicio de amparo carecería de litis sobre la cual hacer un pronunciamiento de fondo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del tomo IX, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a junio de 1999, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ÉSTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera resulta aplicable, el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 241, del tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a abril de 1998, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." Es útil también la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a febrero de 1998, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Igualmente, es aplicable el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, del tomo VI, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a noviembre de 1997, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Como antes se precisó, la parte quejosa reclamó la omisión de dictar laudo en el juicio laboral D-4/681/2019. Sin embargo, de las constancias que remitió la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado en apoyo a su informe justificado, se advierte, lo siguiente: El quince de septiembre de dos mil veintidós dictó laudo en el juicio laboral D-4/681/2019, en el que resolvió que el actor no probó su acción principal, por lo cual absolvió a la parte demandada. En ese sentido, resulta patente que la pretensión toral de la parte quejosa -que se dictara laudo en el juicio laboral D-4/681/2019, se obtuvo durante la tramitación del presente juicio de amparo. Por lo tanto, han cesado los efectos de la omisión reclamada como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto controvertido no hubiese invadido la esfera jurídica del quejoso. Por tanto, se concluye que en el caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la norma citada. En esas circunstancias, queda sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. En las relatadas condiciones al haberse actualizado la causa de improcedencia antes analizada, respecto de la omisión reclamada, dése de baja el presente asunto y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en su momento archívese el presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de septiembre de dos mil veintidós. Pedimento ministerial. Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por formulados los alegatos del Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este Juzgado, debiendo darse cuenta con ellos en la audiencia constitucional. Por lo que hace a su petición de copias, indíquesele que las mismas serán otorgadas una vez que se dicte sentencia en el presente juicio, previa solicitud. Notifíquese.

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