Fausto Hernández Acosta
Expediente 923/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de febrero de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 923/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 11/02/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Fausto Hernández Acosta
Actuaciones
- Principal
Mesa V-B * "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, once de febrero de dos mil dieciséis. Por recibido el oficio de cuenta, firmado por la secretaria de acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, así como testimonio de la ejecutoria dictada en la queja número 142/2016, interpuesta por el quejoso Faustó Hernández Acosta; acúsese recibo; hágase del conocimiento del promovente que la superioridad declaró infundado el recurso de queja interpuesto. Con fundamento en el artículo décimo primero, párrafo segundo del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente, como asunto concluido. En cumplimiento a lo señalado en los puntos cuarto, y vigésimo primero fracción I, del citado Acuerdo General Conjunto número 1/2009, toda vez que se desechó la demanda de amparo, se estima que este expediente es susceptible de destrucción y que carece de relevancia documental, que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo vigésimo primero, párrafo último del acuerdo citado, esto es, no se encuentran comprendidos entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni se trata de resolución que haya sido impugnada ante algún organismo público internacional, ni relativo a conflicto laboral colectivo trascendente, o que por el sentido de la resolución adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se indica que, conforme a la certificación de cuenta, en este expediente no existen documentos considerados originales en términos del punto segundo fracción XVIII, del referido acuerdo. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al punto décimo, fracción I, del referido acuerdo, este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que después de transcurrido cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su destrucción. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese...
- Principal
MESA V-B * "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, cinco de agosto de dos mil quince. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales consiguientes el oficio 5466, firmado por la secretaria de acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, residente en esta ciudad, por el que acusa recibo del diverso oficio número 30435/2015 del índice de este juzgado, con el que se le remitió copia certificada del expediente de amparo 923/2014, así como del original y copia del escrito de expresión de agravios mediante el cual el quejoso Fausto Hernández Acosta, interpuso recurso de queja contra el auto de treinta de junio del año en curso; asimismo, informa que el citado medio de impugnación fue admitido quedando registrado con el número 142/2015. Notifíquese...
- Principal
MESA V-B * "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, catorce de julio de dos mil quince. Visto el escrito de cuenta, por medio del cual, Sahira Belén Avendaño Patiño, apoderada legal de Fausto Hernández Acosta, interpone recurso de queja contra el proveído dictado el treinta de junio de dos mil quince, por el cual, se desechó la demanda de amparo origen de este expediente; en su atención, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), en relación con los diversos 98, 99, 100 y 101, de la Ley de Amparo, se ordena remitir el referido escrito y sus anexos al Tribunal Colegiado en materias Laboral y Administrativa, con residencia en esta ciudad, enviándole además copia certificada de las constancias relacionadas con el acto reclamado, a fin de que resuelva lo que en derecho corresponda. Notifíquese...
- Principal
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, treinta de junio de dos mil quince. Vista la demanda de amparo promovida por Fausto Hernández Acosta, por conducto de su apoderada legal Sahira Belén Avendaño Patiño, personalidad que acredita con la copia original de la resolución del catorce de mayo del dos mil trece, en el expediente D-650/2012 de su índice, dictada por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, contra actos de la Junta Especial número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, consistente en la interlocutoria de veintiséis de mayo de dos mil quince, dictada en el incidente de insumisión al arbitraje del juicio laboral 650/2012 del índice de la junta responsable, la cual le fue notificada el ocho de junio del presente año. Contra dicho acto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo vigente, que hace inejercitable la acción constitucional, porque, el justiciable consintió tácitamente el acto que reclama, ya que, promovió el presente juicio de amparo fuera del plazo que para tal efecto establece el precepto 17 del ordenamiento legal en cita. El primero de los preceptos en cita establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.; (.)." De conformidad con el artículo transcrito, el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose como tales: aquéllos contra los que no se promueva la demanda dentro de los términos legalmente establecidos. En concordancia con lo anterior, el artículo 17 de la Ley de Amparo vigente, establece lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". Conforme a la transcripción anterior, tenemos que la impugnación mediante el juicio de amparo de un acto que se considere inconstitucional, puede hacerse dentro de diversos plazos, a saber: Primer párrafo: Quince días, por regla general; Fracción I. Treinta días, cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición: Fracción II. Ocho años, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión; Fracción III. Siete años, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. Fracción IV: En cualquier tiempo, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Así, podemos concluir válidamente que cuando no se actualice alguno de los supuestos especificados por el legislador federal en las diversas fracciones del artículo 17 de la Ley de Amparo vigente, el plazo para promover la demanda será de quince días. Plazo que se computará, acorde con lo dispuesto en el diverso numeral 18 de la Ley de Amparo vigente, a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo 17, en el que el plazo se computará a partir del día de su entrada en vigor. En el caso, como se expuso, el impetrante reclama de la Junta Especial número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, la interlocutoria de veintiséis de mayo de dos mil quince, dictada en el incidente de insumisión al arbitraje del juicio laboral 650/2012 del índice de la junta responsable. Asimismo, en su libelo de amparo refiere bajo formal protesta de decir verdad que tuvo conocimiento de dicho acto el ocho de junio de dos mil quince, cuando le notificaron la resolución que impugna en esta instancia. No obstante que el impetrante bajo protesta legal señaló que tuvo conocimiento de la mencionada resolución el ocho de junio de dos mil quince, lo cierto es que en el juicio de amparo 1273/2014 del índice de este propio juzgado, consta que por auto de veintinueve de mayo último, se dio vista al quejoso Fausto Hernández Acosta, por conducto de su apoderada legal Concepción Martínez Gómez, con la resolución de veintiséis de mayo de dos mil quince, dictada por los miembros integrantes de la Junta Especial número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, en cumplimiento a la sentencia dictada en el referido juicio de amparo, y a foja ciento setenta obra la notificación que se realizó a la aquí parte quejosa respecto de dicho proveído, en la que incluso se le entregó copia de tal resolución; lo cual en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, para este juzgador es un hecho notorio, por tanto, agréguese copia certificada del referido auto y notificación, para los efectos legales consiguientes; constancias de las que se desprende que el conocimiento cierto y completo del acto realmente lo tiene al menos desde el uno de junio de dos mil quince. Sin que obste para determinar lo anterior, que el impetrante señale una fecha diversa en que se ostentó sabedor del acto que reclama, pues el análisis de la causal de improcedencia que se estima actualizada en el juicio constitucional, es imperativo para este tribunal de amparo al tenor de las constancias que obran en el juicio. Así lo indica la jurisprudencia VI 2º C J/194, cuya aplicación es obligatoria para este juzgado, porque no se opone a lo establecido en la nueva Ley de Amparo; emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1148, del tomo XII, Diciembre de 2000, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto dicen: "ACTO RECLAMADO, FECHA DE CONOCIMIENTO POR EL QUEJOSO. DEBE DEDUCIRSE DE LAS CONSTANCIAS DEL JUICIO AUN CUANDO SE HAYA MANIFESTADO UNA DISTINTA EN LA DEMANDA DE AMPARO. El análisis de las causales de improcedencia en el juicio constitucional, imperativo para los tribunales de amparo de manera previa al examen de los conceptos de violación, debe llevarse a cabo al tenor de las constancias que obren en el juicio de garantías; por lo que, tratándose de la causal prevista en el artículo 73, fracción XII, de la ley de la materia, la fecha de conocimiento por el quejoso del acto reclamado debe establecerse con base en las constancias que obren en dicho juicio y sólo en el caso de que de las mismas no se advierta una fecha distinta a la manifestada por el peticionario de garantías debe tenerse por cierta la señalada en la demanda de amparo; por tanto, cuando de las constancias anexas al informe justificado rendido por una de las autoridades responsables se deduce que el quejoso solicitó copias de documentos que obran en el juicio generador del acto reclamado, es a partir de la fecha de recepción de tales constancias que debe tenérsele por sabedor del acto reclamado y por ende para declarar si se surte la causal de improcedencia a que se refiere la disposición legal mencionada". En efecto, consta que con fecha uno de junio de dos mil quince, a la parte aquí quejosa se le notificó la resolución de veintiséis de mayo de dos mil quince, dictada por los miembros integrantes de la Junta Especial número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, con la cual, la junta responsable dio cumplimiento a la sentencia concesoria del amparo solicitado; documental que se reitera, tiene valor probatorio pleno al tenor de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en su carácter de instrumental de actuaciones, puesto, que su formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a una servidora pública investida de fe pública, expedido en el ejercicio de sus funciones; y, esa publicidad se demuestra por las características que presentan tales documentales, como son, la existencia de los sellos, firmas y demás signos provenientes de las leyes; en tal virtud, al tener esa calidad de documentos públicos, se reitera, cuentan con valor probatorio pleno, atento a lo dispuesto por los artículos citados. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia doscientos veintiséis, publicada en el Tomo VI, página ciento cincuenta y tres, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". De lo hasta aquí expuesto, se advierte la certeza que la ahora parte quejosa tuvo conocimiento del acto que por esta vía combate, en una fecha anterior a la que señaló en este juicio de amparo, a saber, desde el uno de junio de dos mil quince, en que se le notificó la resolución de fecha veintiséis de mayo de dos mil quince, dictada por los miembros integrantes de la Junta Especial número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, en el juicio laboral D-650/2012, pues se ostentó sabedor de dicha resolución relativa al incidente de insumisión al arbitraje promovido por la parte demandada Procuraduría Agraria en el referido expediente laboral. En efecto, el momento en que el promovente de esta instancia, tuvo conocimiento del acto reclamado debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones; por tanto, en el momento en que la ahora parte quejosa se le notificó la resolución de fecha veintiséis de mayo de dos mil quince (uno de junio de dos mil quince), dictada por los miembros integrantes de la Junta Especial número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, en el juicio laboral D-650/2012, pues se ostentó sabedor de dicha resolución relativa al incidente de insumisión al arbitraje promovido por la parte demandada Procuraduría Agraria en el referido expediente laboral; acto que ahora estima violatorio de derechos humanos y por tanto, esa fecha es la que debe tomarse como base para el cómputo del término que establece el artículo 17 de la ley de la materia. Brinda sustento a la anterior consideración, la jurisprudencia P/J 115/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5 del tomo XXXIII, Enero de 2011, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar". Así como la diversa tesis visible en la página mil ciento setenta y dos, tomo XIV, septiembre de dos mil uno, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE INTERPONERSE DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, TOMANDO EN CUENTA LA NOTIFICACIÓN CON LA QUE EL TRIBUNAL DE AMPARO DA VISTA AL QUEJOSO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA EJECUTORIA DICTADA EN UN JUICIO DE AMPARO ANTERIOR. En tratándose de laudos dictados en cumplimiento de una sentencia de amparo anterior, para efectos de la presentación oportuna de una demanda de garantías contra violaciones de un nuevo laudo, debe tomarse en cuenta la notificación realizada por el actuario adscrito al tribunal de amparo, con la cual se da vista y corre traslado con copia del acto reclamado, para que el quejoso manifieste lo que a su derecho proceda, pues desde esa fecha para efectos del artículo 21 de la Ley de Amparo, tiene conocimiento del nuevo laudo y por tanto está en aptitud de combatirlo mediante el juicio de garantías, ya que de no hacerlo es innegable que consentiría el referido acto de autoridad. Sin que sea obstáculo a lo anterior, que del expediente laboral aparezca que la Junta del conocimiento notificó el laudo reclamado con posterioridad, pues se insiste, el quejoso conoció con anticipación la existencia del mismo. Y, la tesis publicada en la foja cuatrocientos treinta y seis, tomo XVI, noviembre de dos mil dos, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. EL TÉRMINO PARA SU PROMOCIÓN CONTRA UN LAUDO EMITIDO EN CUMPLIMIENTO A UNA SENTENCIA DE AMPARO ANTERIOR, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO HAYA TENIDO CONOCIMIENTO DE AQUÉL. El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que el término para la interposición del juicio de garantías es de quince días contados a partir del día siguiente: 1) al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; 2) al en que el quejoso haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución; o 3) al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Ahora bien, de una recta interpretación del precepto citado, se desprende que los supuestos antes precisados son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno y, por tanto, es claro que la intención del legislador fue la de establecer que el término para la promoción del juicio de amparo se compute a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de aquéllos. En congruencia con lo anterior, cuando se impugna en amparo un laudo emitido en cumplimiento a una ejecutoria de amparo anterior, el cómputo del plazo para la promoción de la demanda de garantías deberá iniciarse a partir del día siguiente al en que el tribunal de amparo notificó personalmente al quejoso el auto por virtud del cual le dio vista con ese laudo para que manifestara lo que a su interés legal conviniera respecto del cumplimiento, únicamente cuando conste fehacientemente que a aquél se le corrió traslado con la copia íntegra del referido laudo, pues de lo contrario, para establecer la oportunidad de la presentación de la demanda de garantías, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá tomar en cuenta la notificación realizada por la responsable, salvo que exista manifestación expresa del quejoso en el sentido de que por otros medios, en una fecha anterior a dicha notificación, tuvo conocimiento de las consideraciones que fundan el laudo impugnado, en cuyo caso el plazo correrá a partir de esta última fecha". Luego, conforme al artículo 17 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de amparo será de 15 días y acorde al diverso precepto 18, se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que si la parte quejosa ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Por tanto, como quedó determinado, existe en autos prueba fehaciente de que la parte quejosa tuvo acceso al contenido completo de la resolución de fecha veintiséis de mayo de dos mil quince, dictada por los miembros integrantes de la Junta Especial número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, en el juicio laboral D-650/2012, con anterioridad a la fecha en la que precisa en el escrito de demanda, esto es, desde el uno de junio de dos mil quince, fecha en que se le notificó en el diverso juicio de amparo 1273/2014 del índice de este propio juzgado. Entonces, si el impetrante presentó la demanda de amparo origen de este juicio, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en la ciudad de Oaxaca, hasta el veinticuatro de junio de dos mil quince, es obvio que trascurrió con exceso el término previsto por el artículo 17 de la Ley de Amparo, pues éste se computa del dos al veintitrés de junio de dos mil quince; de ahí que entre la fecha en que tuvo conocimiento de la resolución de fecha veintiséis de mayo de dos mil quince, dictada por los miembros integrantes de la Junta Especial número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, en el juicio laboral D-650/2012, relativa al incidente de insumisión al arbitraje promovido por la parte demandada Procuraduría Agraria en el referido expediente laboral y la fecha de presentación de la demanda sobrevinieron más de quince días, lo cual implica el consentimiento tácito de la resolución de que se trata, así como, todas y cada una de las actuaciones derivadas de dicho proceso laboral y que ahora pretende combatir en esta instancia, lo que actualiza la causal de improcedencia en estudio. Al caso, cobra vigencia la tesis aprobada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, visible en la página 658, Tomo XLI, del Semanario Judicial de la Federación, quinta época, que reza: "DEMANDA DE AMPARO EXTEMPORÁNEA. Si la demanda se presenta después de quince días de que la parte quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado, debe sobreseerse en el juicio." Por tanto, por notoriamente improcedente se desecha de plano la demanda de que se trata, en términos del artículo 113, en relación con la fracción XIV, del artículo 61, y demás preceptos mencionados de la propia ley. Es importante destacar que por el hecho de desechar la demanda, no se impide el acceso a la justicia a Fausto Hernández Acosta, pues el análisis de la causal de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura denegación de justicia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada III.2o.C.3 K (10a.), bajo el rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), consagra como un derecho humano de toda persona el de la protección judicial, al establecer el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los Jueces o tribunales competentes, que ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la convención; en tanto que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza la tutela judicial efectiva, que se traduce en el derecho subjetivo público a favor de todo gobernado para acudir ante tribunales independientes e imparciales, a fin de plantear una pretensión o a defenderse de ella, para que dentro de los plazos legales, así como de manera expedita, mediante la previa instauración de un proceso en el que se respeten diversas formalidades esenciales, pueda resolverse aquélla mediante la emisión de una sentencia y su posterior ejecución, razón por la cual, los órganos jurisdiccionales deben abstenerse de caer en formas o rigorismos jurídicos que obstaculicen un real y efectivo acceso a la justicia. Sobre esa base, se tiene que al estimarse el juicio constitucional como un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe cumplir con los requisitos de su procedencia; lo cual, de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia". Así como la tesis aislada bajo el rubro y texto siguientes: "ACCESO A LA JUSTICIA. ES UN DERECHO LIMITADO, POR LO QUE PARA SU EJERCICIO ES NECESARIO CUMPLIR CON LOS PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA, ASÍ COMO DE OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Todos los Jueces mexicanos deben partir de los principios de constitucionalidad y convencionalidad y, por consiguiente, en un primer momento, realizar la interpretación conforme a la Constitución y a los parámetros convencionales, de acuerdo con el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incluso de oficio. En función de ello, y conforme al principio pro personae (previsto en el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos conocida como Pacto de San José de Costa Rica), que implica, inter alia, efectuar la interpretación más favorable para el efectivo goce y ejercicio de los derechos y libertades fundamentales, de conformidad con los artículos 17 constitucional; 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el derecho humano de acceso a la justicia no se encuentra mermado por la circunstancia de que las leyes ordinarias establezcan plazos para ejercerlo, porque tales disposiciones refieren que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un Juez o tribunal competente; sin embargo, ese derecho es limitado, puesto que para que pueda ser ejercido es necesario cumplir con los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia para ese tipo de acciones, lo cual, además, brinda certeza jurídica. De igual forma, no debe entenderse en el sentido de que puede ejercerse en cualquier tiempo, porque ello se traduciría en que los tribunales estarían imposibilitados para concluir determinado asunto por estar a la espera de saber si el interesado estará conforme o no con la determinación que pretendiera impugnarse, con la consecuencia de que la parte contraria a sus intereses pudiera ver menoscabado el derecho que obtuvo con el dictado de la resolución que fuera favorable, por ello la ley fija plazos para ejercer este derecho a fin de dotar de firmeza jurídica a sus determinaciones y lograr que éstas puedan ser acatadas. De ahí que si el gobernado no cumple con uno de los requisitos formales de admisibilidad establecidos en la propia Ley de Amparo, y la demanda no se presenta dentro del plazo establecido, ello no se traduce en violación a su derecho de acceso a la justicia, pues éste debe cumplir con el requisito de procedencia atinente a la temporalidad, por lo que resulta necesario que se haga dentro de los términos previstos para ello, ya que de no ser así, los actos de autoridad que se impugnen y respecto de los cuales no existió reclamo oportuno, se entienden consentidos con todos sus efectos jurídicos en aras de dotar de firmeza a dichas actuaciones y a fin de que los propios órganos de gobierno puedan desarrollarse plenamente en el ámbito de sus respectivas competencias, sin estar sujetos interminablemente a la promoción de juicios de amparo". Como lo solicita el promovente, previo cotejo de la resolución del catorce de mayo del dos mil trece, en el expediente D-650/2012 de su índice, dictada por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que exhibe con la copia que agrega del mismo, devuélvase la primera al referido promovente, previa identificación y toma de razón que se deje en autos. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo y señalando como autorizados únicamente para tal efecto a las personas que menciona. Con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con apoyo en el precepto 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, mismo que entró en vigor el cinco de abril de dos mil cuatro, hágaseles saber el derecho que tienen para oponerse a la publicación de sus datos personales; en el entendido que aun cuando no hayan ejercido la oposición a que se refiere el artículo 8 de la citada Ley, de la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el licenciado José Luis Evaristo Villegas, titular de Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en la ciudad del mismo nombre; asistido de la secretaria licenciada Alfa Orquídea Monterrubio Valencia, que autoriza y da fe.
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