Faustino Silva Sánchez o Faustino Silva y Otros.

Expediente 501/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 51 actuaciones registradas, la última del 19 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
501/2017
Año
2017
Actuaciones
51
Última actuación
19/03/2019

Partes del expediente

  • Faustino Silva Sánchez o Faustino Silva
  • Faustino Silva Sánchez o Faustino Silva y Otros.
  • Josefina Osorio Ramírez
  • Comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones adscrita a la Vicefiscalía Regional de la Costa, con residencia en Puerto Escondido, Oaxaca. y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 51.

  1. Incidental

    Como está ordenado con esta fecha en el juicio de amparo 501/2017, del que deriva este incidente de suspensión, y toda vez que de la certificación que antecede se advierte que no existe asunto pendiente por diligenciar, con fundamento en los puntos décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena el archivo de este incidente como definitivamente concluido. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General citado. Ahora, toda vez que por auto de veintiséis de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 3 a 6), se concedió la suspensión provisional a los quejosos, comuníquese a las partes que el original de este incidente de suspensión es susceptible de depuración conforme a los puntos vigésimo primero fracción III, párrafo segundo, del citado Acuerdo. Asimismo, se destaca que en el presente expediente no existen documentos ofrecidos por las partes considerados como originales por el punto segundo, fracción XVIII, del referido Acuerdo General, esto es, que contengan un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro. Como consecuencia de lo anterior, transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, es susceptible de depuración; conservándose en el archivo de este órgano jurisdiccional por tres años conforme al punto Décimo, fracción I, del referido Acuerdo General, fenecido dicho término se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en el entendido que se conservará el auto de veintiséis de diciembre de dos mil diecisiete, que concedió la suspensión provisional de los actos reclamados. En tanto que, con apoyo en los puntos décimo primero, vigésimo, fracción III, y vigésimo quinto, de ese Acuerdo General, transcurridos más de seis meses, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente de suspensión. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  2. Principal

    Visto el contenido de la primera certificación secretarial de cuenta, y toda vez que los quejosos Faustino Silva o Faustino Silva Sánchez y Josefina Osorio Ramírez, no interpusieron recurso de revisión en contra del auto que sobreseyó en este juicio, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y gírese oficio a las autoridades responsables, y con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo vigésimo primero, párrafo último del Acuerdo General 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; asimismo, se destaca que este asunto fue sobreseído, que no se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados, y que existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el punto Segundo, fracción XVIII, del referido Acuerdo General Conjunto 1/2009, esto es, que contengan un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro; como consecuencia de lo anterior, transcurrido más de cinco años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, es destruible. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por otra parte, como en el presente expediente la parte quejosa exhibió siete avisos recibos expedidos por la Comisión Federal de Electricidad (fojas 127 a 133); en consecuencia, se dejan a su disposición las documentales exhibidas, para que dentro del plazo de noventa días, comparezca ante la secretaría de este juzgado a recogerlas; bajo apercibimiento que de no hacerlo dentro del citado plazo, dicha documental que se encuentra glosada en autos, podrá ser destruida junto con el expediente sin mayor determinación; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo décimo primero, último párrafo, del multicitado Acuerdo General Conjunto 1/2009. Hágase la anotación en la carátula del expediente y díctese el acuerdo correspondiente en el incidente de suspensión relativo.

  3. Principal

    Vista la primera certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que la parte quejosa, no cumplió con el requerimiento que se le hizo por auto de veintitrés de octubre de dos mil dieciocho (fojas 509-510), esto es, no acreditó dentro de los veinte días siguientes a la recepción de los edictos, haber realizado la publicación de los mismos, para el emplazamiento del tercero interesado Agustín Manuel Rosiles Vásquez o Agustín Manuel Rosiles Vázquez , no obstante haber sido notificada para ello, como se desprende de la primera certificación de cuenta; por consiguiente, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, según su artículo 2° de este último ordenamiento, se hace efectivo el apercibiendo decretado en auto de veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, y se tiene por perdido su derecho para acreditar la publicación de los referidos edictos. Ahora, es necesario señalar que el estudio de las causales de improcedencia, por ser de orden público, son de estudio preferente, por lo que es obligación del juez de amparo, que tan pronto tenga conocimiento de la existencia de alguna causa que haga improcedente el juicio de amparo, entrar a su estudio, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, y en acatamiento a la jurisprudencia número II.1º. J/5, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 95, tomo VII, Mayo de 1991, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice:. En ese sentido, este Juzgado Federal considera que es procedente decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, de conformidad con la fracción II, del artículo 63, de la Ley de Amparo, por actualizarse la hipótesis a que se refiere la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los diversos 5, fracción III, inciso c, 6 y 27, fracción III, inciso b, del invocado ordenamiento legal. Lo anterior es así, en razón que de las constancias que integran el presente juicio, con pleno valor probatorio en su calidad de instrumental de actuaciones judiciales, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se aprecia lo siguiente: Que por auto de dieciséis de mayo de dos mil dieciocho (foja 355), se ordenó emplazar a juicio al tercero interesado Agustín Manuel Rosiles Vásquez o Agustín Manuel Rosiles Vázquez, librándose para tal efecto exhorto al juez de Distrito en turno en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, para que llevara a cabo el emplazamiento en el domicilio señalado por la parte quejosa ubicado en calle Liebre, número ciento sesenta y tres, Fraccionamiento Geovillas Los Pinos, Veracruz, Veracruz; por oficio 17567, de quince de junio de dos mil dieciocho (foja 385), el secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, devolvió sin diligenciar el referido exhorto (fojas 386-408). Mediante proveído de veintidós de junio de dos mil dieciocho, se ordenó librar un nuevo exhorto al juez de Distrito en turno en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, por las razones expuestas en dicho proveído; por oficio 2096/2018-III, de diecinueve de julio de dos mil dieciocho, el titular del juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, devolvió sin diligenciar el referido exhorto . En atención a lo anterior, por auto de veinticuatro de julio de dos mil dieciocho, se requirió a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días, siguiente a su legal notificación, proporcionara el domicilio actual y correcto del tercero interesado Agustín Manuel Rosiles Vásquez o Agustín Manuel Rosiles Vázquez, con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior dentro del plazo concedido, se ordenaría la investigación del domicilio del referido tercero interesado, y de resultar infructuosa la búsqueda, se ordenaría el emplazamiento por edictos a su costa. Por consiguiente, ante el incumplimiento de la parte quejosa de proporcionar el domicilio actual de dicho tercero interesado, mediante auto de diez de agosto del año próximo pasado, se ordenó librar despacho al juez Mixto de Primera Instancia en turno, con sede en Puerto Escondido, Oaxaca, toda vez que de autos se advirtió dos nuevos domicilios del mencionado tercero interesado, ubicado en carretera Costera del Pacífico, sin número, colonia Granja del Pescador, San Pedro Mixtepec, Juquila, Oaxaca, y Fraccionamiento Rancho Lindavista, colonia Lázaro Cárdenas, Santa María Colotepec, Pochutla, Oaxaca; por oficio 1255, de treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho (foja 448), el juez Segundo Mixto de Primera Instancia de Puerto Escondido, Oaxaca, devolvió sin diligenciar el referido despacho Por auto de diez de septiembre de dos mil dieciocho, a fin de lograr el emplazamiento a juicio del multicitado tercero interesado, se ordenó girar oficios a las autoridades Vocal Ejecutivo del Consejo Distrital Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, apoderado o representante legal de Teléfonos de México, jefe del departamento Jurídico de la Comisión Federal de Electricidad, y Secretaría de Vialidad y Transporte del Gobierno en el Estado, con residencia en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, para que dentro del plazo de tres días siguientes a su legal notificación, informaran a este juzgado, si en el padrón y/o archivos de esas instituciones tenían registrado el nombre de Agustín Manuel Rosiles Vásquez o Agustín Manuel Rosiles Vázquez, de ser así proporcionaran su domicilio; de igual forma, de existir en sus archivos alguna identificación a nombre de la citada persona, proporcionaran copia certificada de la misma; lo anterior, a fin de estar en aptitud de emplazarlo al presente juicio de amparo, obteniendo resultados infructuosos. En consecuencia, ante lo infructuoso de la búsqueda, una vez agotados los medios para localizar el domicilio actual y correcto del tercero interesado Agustín Manuel Rosiles Vásquez o Agustín Manuel Rosiles Vázquez, y ante la imposibilidad material y jurídica de realizar el emplazamiento en forma personal, por auto de veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, se hizo efectivo el apercibimiento decretado en auto de veinticuatro de julio de dos mil dieciocho, y se ordenó el emplazamiento del referido tercero interesado por edictos a costa de la parte quejosa. No obstante lo anterior, mediante proveído de veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, en atención a lo manifestado en escrito recibido en este juzgado el dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho (foja 518), respecto a la insolvencia económica de la parte quejosa, para publicar los edictos en el Diario Oficial de la Federación, se requirió a dicha parte para que dentro del plazo de tres días siguientes a su notificación, acreditara su insolvencia económica, con el apercibimiento que de no hacerlo, se tendría por perdido su derecho para hacerlo y se continuaría con lo ordenado en proveído de veintitrés de octubre de dos mil dieciocho . Mediante escrito de veintisiete de noviembre de dos mil diecioch), los quejosos exhibieron diversas documentales con las cuales pretendían acreditar su insolvencia económica para cubrir el costo de los edictos ordenados en proveído de veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho y a fin de que este juzgado contara con mayores elementos para determinar lo procedente respecto de la insolvencia económica de los quejosos, se requirió al administrador Desconcentrado de Servicios al Contribuyente, dependiente del Servicio de Administración Tributaria y Registro Público de la Propiedad y del Comercio, residentes en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, para que informaran si los quejosos contaban con algún registro de dichas instituciones, y en su caso remitieran copia certificada la información que lo acredite, de igual manera se requirió al presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Santa María Colotepec, Pochutla, Oaxaca, para que informara si los quejosos contaban con algún establecimiento comercial en dicha localidad, sin que las autoridades antes mencionadas encontraran registro de algún negocio o bienes inmuebles a nombre de los quejosos Josefina Osorio Ramírez y Faustino Silva o Faustino Silva Sánchez; por proveído de once de enero de dos mil, se le hizo efecto a los citados quejosos el apercibimiento decretado en auto de veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, y se le dijo que no ha lugar a decretar la insolvencia de la parte quejosa para efecto de ordenar que los edictos se publiquen a Costa del Consejo de la Judicatura Federal, subsistiendo el plazo concedido en proveído de veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, para que acreditaran la publicación de los edictos, cuyo plazo se reanudaría una vez que surtiera efectos la notificación de ese proveído. Así las cosas, y toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que los quejosos, no cumplieron con el requerimiento que se le hizo por auto de veintitrés de octubre de dos mil dieciocho (fojas 509-510), en el sentido de acreditar dentro de los veinte días siguientes a la recepción de los edictos que ordenó la publicación de los mismos, queda de manifiesto que incumplió con la carga procesal que le fue impuesta, de donde se evidencia su notoria falta de interés jurídico en la prosecución del presente juicio de amparo, máxime que el emplazamiento del tercero interesado ordenado por edictos, se agota en tres momentos distintos, a saber, recoger los edictos, pagar su publicación, y exhibir ésta, de tal forma que constriñe a la parte quejosa a satisfacer todos y cada uno de esos deberes. Al ser el emplazamiento un presupuesto procesal, que constituye una formalidad esencial del procedimiento, cuya falta produce como consecuencia, que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional, se actualiza como una causa de improcedencia el desinterés en la prosecución del juicio por inactividad procesal; paralizando a su arbitrio el juicio de amparo; por lo que, se contraviene lo dispuesto en el artículo 17, de la Constitución Federal, sin darle celeridad a la administración de justicia por retardar la solución del conflicto. Circunstancia ésta, no atribuible y desde luego ajena a este órgano jurisdiccional, sino propia de la parte quejosa, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes. En tal virtud, es claro que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los diversos 5 fracción III, inciso c 6 y 27 fracción III, inciso b, de la Ley de Amparo; por lo que, procede decretar el SOBRESEIMIENTO fuera de audiencia en el presente juicio, con apoyo en el artículo 63, fracción II, de la citada norma. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de Tesis número ., entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Cuarto Circuito y Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 211, del Tomo XVI, correspondiente al mes de Julio de 2002, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguientes. . Esta determinación, se sustenta además, en lo dispuesto por el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número ., visible en la página número 386, del Tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de 2003, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto y rubro, son del tenor literal siguientes: . En consecuencia de lo anterior, se deja sin efecto la fecha señalada para el desahogo de la audiencia constitucional en el presente asunto, que se fijó por acuerdo de once de enero de dos mil diecinueve. Finalmente, para los efectos de la publicidad de esta sentencia, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, se toma nota que las partes no manifestaron durante esta primera instancia su oposición a que se hagan públicos sus datos personales contenidos en esta sentencia; sin embargo, aun cuando las partes no hayan ejercido la oposición a que se refiere el artículo 8 de la citada Ley, se suprimirán los datos sensibles que éstas puedan contener, procurando que dicha supresión de datos no impida dar a conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Asimismo, se ordena a la Secretaria de este juzgado que elabore la correspondiente versión pública, siguiendo los lineamientos que al efecto establece el Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito a partir de la identificación y marcado de información reservada, confidencial o datos personales, aprobado por mayoría del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve y se envíe al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E); protocolo vigente, toda vez que en el mismo se establece que se aplicará a las resoluciones y sentencias a las que alude el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el uso obligatorio del Módulo de Captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, al no ser derogado por el diverso Acuerdo General del Pleno del citado Consejo, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, en vigor el día siguiente.

  4. Principal

    Vista la certificación de cuenta, y toda vez que la parte quejosa no acreditó su insolvencia económica, dentro del plazo de tres días que para tal efecto se le concedió; con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, conforme al segundo párrafo del artículo 2°, de este último ordenamiento legal, se tiene por perdido su derecho para hacerlo. Lo anterior, es así dado que si bien la parte quejosa para acreditar su dicho exhibió las constancias de veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, expedidas por el secretario municipal de Santa María Colotepec, Oaxaca, con relación a la actividad que realizan y su ingreso; lo cierto es que dicho Secretario Municipal, no es autoridad competente para emitir tal constancia de conformidad con el numeral 92 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca , por lo que con fundamento en el artículos 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°, se le niega valor probatorio. Por otra parte, si bien existe en autos los informes rendidos por el presidente municipal del Ayuntamiento Constitucional de Santa María Colotepec, Pochutla, Oaxaca; administrador desconcentrado de Servicios al Contribuyentes Oaxaca "1", y titular del Área Jurídica del Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca, con sede en Oaxaca de Juárez, a nombre del director general de dicha institución, de los que aparece que en los archivos de esa dependencia, no se encontró registro de algún negocio o bienes inmuebles a nombres de los quejosos Josefina Osorio Ramírez y Faustino Silva o Faustino Silva Sánchez; lo cierto, es que con dichas constancias no se acredita fehacientemente la insolvencia de los aquí quejosos, ni de sus manifestaciones en el sentido que el quejoso es jardinero y la aquí quejosa es ama de casa y que se encuentra enferma, y por ello, se encuentra imposibilitada para trabajar, circunstancias que se acreditan con la prueba testimonial, la cual no fue ofrecida por la parte quejosa. Aunado a ello, los aquí quejosos tienen nombrados para oír y recibir notificaciones en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia a abogados particulares, entonces se entiende que los involucrados tienen capacidad económica, al poder pagar los servicios de un profesional privado. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio siguiente: Época: Novena Época Registro: 161635 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXIV, Julio de 2011 Materia(s): Común Tesis: I.3o.C.973 C Página: 2009 EDICTOS. SU PAGO A CARGO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, POR FALTA DE CAPACIDAD ECONÓMICA DE LA PARTE QUEJOSA, SE ENCUENTRA SUJETO A PRUEBA. Si el quejoso manifiesta la imposibilidad de pagar la publicidad de los edictos, ordenada por la Sala responsable luego de agotarse el procedimiento de investigación del domicilio del tercero perjudicado y, por ende, solicita que tal gasto sea cubierto por el Consejo de la Judicatura, tal circunstancia se encuentra sujeta a prueba, esto es, deben satisfacerse las siguientes exigencias, a saber: a) La manifestación del quejoso de la imposibilidad de sufragar el gasto y, b) la existencia en autos, de indicios suficientes que permitan apreciar la falta de capacidad económica para solventar el gasto de la publicación de los edictos. En cuanto al segundo de los presupuestos, se afirman que se encuentra sujeta a prueba la petición del impetrante, ya que es indispensable que dentro de los autos del juicio natural se revele en forma contundente la imposibilidad del promovente del amparo de sufragar el gasto de la publicación de los edictos; esto es, no basta con que el impetrante de garantías realice la solicitud en ese sentido, sino que debe evidenciarse en autos la falta de capacidad económica para solventar el gasto que representa la publicación de los edictos, de tal manera que si no queda comprobado que el quejoso carece de los medios económicos para hacer frente a las cargas procesales surgidas por la instauración del juicio, es inconcuso que deberá negarse la petición, pues únicamente debe acordarse favorablemente cuando se advierta que no cuenta con los servicios de un profesional privado, esto es, que quien lo patrocina sean abogados pertenecientes a la Defensoría Pública o bien que en caso de defender un bien, éste sea resultado de una adquisición a título gratuito. Se afirma lo anterior, en virtud de que tratándose de juicios que involucren prestaciones en dinero, tal como acontece en los ordinarios civiles de pago de pesos o que involucren la defensa de algún bien inmueble y los ordinarios y ejecutivos mercantiles, en los que por su propia naturaleza se encuentran involucradas situaciones que presumen solvencia económica de las partes, al menos para hacer frente a las obligaciones y cargas derivadas de los propios litigios, entonces se entiende que los involucrados tienen capacidad económica, pues no sería creíble alegar la falta de ésta, cuando de los derechos litigiosos se desprende la existencia de algún bien que justifique el actuar en el proceso de la parte que se trate. Cabe precisar que lo anterior no cobra aplicación en tratándose de asuntos familiares en los que necesariamente tendrían que ponderarse las particularidades del caso, ya que por su propia naturaleza en la mayoría de los casos no se encuentran vinculadas cuestiones pecuniarias, sino de otra índole y, por ello, es que resulta necesario particularizar cada caso en concreto para determinar la idoneidad del pago de edictos, en juicios de esta naturaleza. En mérito de lo anterior, no ha lugar a decretar la insolvencia de la parte quejosa para el efecto de ordenar que los edictos se publiquen a costa del Consejo de la Judicatura Federal, en consecuencia, hágase del conocimiento de la parte quejosa, que subsiste el plazo concedido en proveído de veintitrés de octubre de dos mil dieciocho (fojas 509 a 510) para que acrediten la publicación de los edictos, cuyo plazo se reanudará una vez que surta efectos la notificación de este proveído. Por otra parte, en atención a su escrito de veinte de noviembre de dos mil dieciocho (foja 519), se deja a su disposición el archivo solicitado relativo al edicto, en los formatos de Word y PDF. Para dar margen a lo anterior, y a fin de dar oportunidad de que realicen las publicaciones de los edictos de referencia, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para esta fecha, y en su lugar, se fijan las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL TRECE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo.

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