Faustino de Jesús López López y Otros.

Expediente 387/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
387/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
23/10/2018

Partes del expediente

  • Faustino de Jesús López López y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Por recibido el oficio 37429/2018, signado por la Secretaria del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec; mediante el cual acusa recibo del oficio con el que este órgano jurisdiccional declina la competencia para conocer de la demanda de amparo promovida por FAUSTINO DE JESÚS LÓPEZ LÓPEZ, LUIS ÁNGEL GUTIÉRREZ ACEVEDO, ALFREDO MONTES ACEVEDO, LUIS ALBERTO GUZMÁN DELFÍN y JAVIER ACEVEDO ACOSTA, contra actos del Delegado Regional de la Policía Vial en la Región Cuenca (Tuxtepec, Oaxaca), y de otra autoridad; asimismo, informa que aceptó la competencia declinada. Ahora, como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, con fundamento en los artículos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero, fracción I, y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno. Por otra parte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General citado; asimismo, se destaca que en el presente expediente no se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados, ni existen documentos ofrecidos por la parte quejosa, considerados como originales por el punto Segundo, fracción XVIII, del referido Acuerdo General Conjuntos 1/2009, esto es, que contengan un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro; como consecuencia de lo anterior, transcurridos más de cinco años a partir de la fecha de que se dicta este acuerdo, es susceptible de destrucción. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por FAUSTINO DE JESÚS LÓPEZ LÓPEZ, LUIS ÁNGEL GUTIÉRREZ ACEVEDO, ALFREDO MONTES ACEVEDO, LUIS ALBERTO GUZMÁN DELFÍN y JAVIER ACEVEDO ACOSTA, contra actos del Delegado Regional de la Policía Vial en la Región Cuenca (Tuxtepec, Oaxaca), y de otra autoridad; en consecuencia, fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno. Ahora bien, el artículo 37 de la Ley de Amparo, señala las reglas básicas para fijar la competencia por razón de territorio, que a saber, son las siguientes:.. Del análisis de este precepto legal se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, los cuales son los siguientes:.. De lo expuesto se colige que todas las reglas competenciales tratadas por el artículo 37 de la Ley de Amparo, tienen su origen en el lugar de residencia de la autoridad responsable, sea esta ejecutora (párrafos primero y segundo) u ordenadoras (párrafo tercero). En ese orden de ideas, la naturaleza del acto reclamado es la que determina la competencia jurisdiccional en el juicio de amparo. Esto es así, pues si se trata de un acto que en sí mismo perjudique y ocasione agravios al gobernado, sin necesitar de otro acto posterior de ejecución, se atenderá a la tercera de las reglas indicadas, dándose competencia al Juez de Distrito del lugar donde resida la autoridad responsable (que obviamente será ordenadora). Empero, si el acto reclamado requiere indefectiblemente de un acto posterior para ocasionar el agravio personal y directo exigido por la ley de la materia para la procedencia del juicio de amparo, entonces se tomará en consideración cualquiera de la primeras hipótesis previstas por el artículo 37 de la Ley de Amparo. Por su parte, el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en vigor desde el día veintitrés de enero de dos mil trece, establece que los Juzgados de Distrito con residencia en Salina Cruz, Oaxaca, ejercen jurisdicción territorial, en los municipios que expresamente refiere, a saber: .. Bajo esa consideración, se tiene que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, cuyo análisis es previo a la admisión de una demanda, como así lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Tesis 1a. II/92, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, Mayo de 1992, visible en la foja 94, correspondiente a la Octava Época, cuyo rubro y texto es de la expresión siguiente: Criterio jurisprudencial citado aplicable al caso, conforme a lo estipulado en el artículo SEXTO Transitorio de la Ley de Amparo vigente. Ahora bien, conforme a las prescripciones que señala el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional para conocer de la demanda de amparo lo será el Juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. De una recta intelección del artículo acabado de mencionar, se desprende que la competencia por razón de territorio cuando el acto reclamado tiene ejecución material, se fija en atención a cuatro supuestos que giran en torno al espacio o lugar territorial donde: a) deba tener ejecución, b) trate de ejecutarse, c) se esté ejecutando o d) se haya ejecutado el acto reclamado. En tales condiciones, cabe destacar que cualquier Juez de Distrito se deberá declarar incompetente de plano, cuando se presente una demanda de amparo en contra de un acto reclamado que tenga una ejecución material y que ésta se trate de ejecutar, se ejecute o se haya ejecutado en otra jurisdicción que no le corresponda, pues en estos casos mandará los autos al Juez que considere competente. En el caso, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto que por esta vía constitucional reclaman los promoventes del amparo, tiene efectos positivos, ya que la consecuencia directa de este, será que se realice la ejecución material de la orden reclamada, que se traduce en la detención material de sus unidades vehiculares, su arrastre y depósito en los encierros oficiales, para impedir su libre circulación y la prestación del servicio público de taxi dentro de la localidad de San Juan Bautista Valle Nacional, Oaxaca, cuyos permisos provisionales les fueron otorgados por medio del módulo de la ciudad de Tuxtepec, Oaxaca, con vencimiento hasta el año dos mil diecinueve; medida que les fue informada mediante memorándum que les hizo llegar un elemento vial, por conducto de uno de los taxistas, cuyas copias certificadas tanto de los permisos provisionales como del memorándum se acompañan con el escrito de demanda; lugar en el que ejercen jurisdicción los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, por comprender dentro de su territorio el lugar en el que se trata de ejecutar la orden dada por las autoridades ordenadoras. En efecto, la población o localidad de San Juan Bautista Valle Nacional, Oaxaca, de acuerdo a la división política y administrativa del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, se trata de una localidad que integra el municipio de su mismo nombre; esto es, San Juan Bautista Valle Nacional con clave INEGI 205590001. Por su parte, el municipio de San Juan Bautista Valle Nacional, Estado de Oaxaca, de conformidad con el punto cuarto, fracción XIII, párrafo segundo, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, no está comprendido dentro de la relación de municipios en los que los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, ejercen su jurisdicción de territorial. Por lo tanto, por exclusión corresponde conocer de la demanda de amparo a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, en términos del punto cuarto, fracción XIII, primer párrafo del Acuerdo General antes referido, toda vez que, el acto reclamado tendrá ejecución material dentro del ámbito territorial del municipio de San Juan Bautista Valle Nacional, Estado de Oaxaca. En tales condiciones, este Juzgador considera que la competencia se surte a favor del Juez de Distrito en el Estado de Oaxaca en turno, con residencia en San Bartolo Coyotepec, quien debe conocer de la presente demanda de amparo, toda vez que, se reitera, dentro de su jurisdicción tendrá ejecución el acto reclamado; en el caso, la localidad de San Juan Bautista Valle Nacional, perteneciente al municipio del mismo nombre; esto es, San Juan Bautista Valle Nacional, Estado de Oaxaca. En consecuencia, con apoyo en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, y Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este tribunal declara carecer de competencia legal por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo en cuestión, por lo que se declina competencia a favor de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec; por consiguiente, remítase el original y seis copias de la demanda de amparo de referencia, sus seis anexos; así como el original de la papeleta de turno respectiva, para que proceda conforme a sus facultades legales. Déjese en este expediente copia certificada de la demanda de amparo y de la papeleta de turno respectiva. Asimismo, con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se les tiene a los quejosos nombrando como representante común a Alfredo Montes Acevedo. Por otra parte, toda vez que la parte quejosa no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones, como se lo impone el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, las notificaciones personales que le correspondan en el presente asunto, hágansele mediante lista de acuerdos. Se autoriza a los quejosos y/o representante común de los quejosos, el uso de aparatos de tipo óptico, electrónico o de comunicación, como son, entre otros, cámaras, grabadoras, lectores ópticos y teléfonos celulares, que permitan la captura y reproducción de imágenes y documentos. En el entendido que tal herramienta deberá ser utilizada con lealtad procesal y que no se deberán reproducir documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener una reproducción, previa solicitud verbal en cada acto, y por seguridad jurídica se deberá dejar constancia en autos por la Actuaria Judicial. Criterio jurisprudencial aplicable al caso, conforme a lo estipulado en el artículo SEXTO Transitorio de la Ley de Amparo vigente. Finalmente, hágase saber a las partes que la sentencia ejecutoria y demás resoluciones públicas que se dicten en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, de acuerdo al procedimiento de acceso a la información y tomando en cuenta lo previsto en el artículo 8, primer párrafo, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Consejo de la Judicatura Federal, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, que dice: "Si las partes ejercen en cualquier instancia seguida ante la Suprema Corte, el Consejo o los órganos jurisdiccionales el derecho que les confiere el artículo 8 de la Ley para oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, tomando en cuenta, si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la Ley; de ser así, a la versión pública de la sentencia ejecutoria, de las demás resoluciones públicas y, en su caso, de los documentos contenidos en el expediente que no sean reservados o confidenciales, se suprimirán los datos personales de las partes, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el respectivo órgano jurisdiccional."; por tanto, las partes pueden ejercer en cualquier instancia seguida ante la Suprema Corte, el Consejo o los órganos jurisdiccionales, el derecho que les confiere el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para oponerse a que se publiquen sus datos personales, cuando se presente solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, para que sea tomado en consideración por la Unidad Administrativa que lo tenga bajo su resguardo, y en su caso, determine si tal oposición puede o no surtir efectos. En la inteligencia que, aun cuando las partes no ejerzan la oposición a que se refiere el artículo 8° para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para que se hagan públicas las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que éstas puedan contener, procurando que dicha supresión de datos no impida dar a conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional.

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