Faustino Francisco Pineda

Expediente 395/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 13 actuaciones registradas, la última del 29 de mayo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
395/2016
Año
2016
Actuaciones
13
Última actuación
29/05/2017

Partes del expediente

  • Faustino Francisco Pineda

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial que inmediatamente antecede y toda vez que la parte quejosa no se inconformó contra el proveído de dos de mayo de dos mil diecisiete (fojas 171 a 179), en el que se tuvo por cumplida la sentencia ejecutoria dictada en este juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por el artículo 201, fracción I, en el plazo que establece el diverso 202, ambos de la Ley de Amparo, se tiene por consentido el mismo. En consecuencia, como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, con fundamento en los artículos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Por otra parte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General citado; asimismo, se destaca que en el presente expediente no existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el punto Segundo, fracción XVIII, del referido Acuerdo General Conjunto 1/2009, esto es, que contengan un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro; como consecuencia de lo anterior, transcurridos más de cinco años a partir de la fecha de que se dicta este acuerdo, es susceptible de depuración, debiéndose hacer la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. En el entendido, que deberá conservarse la demanda y la sentencia respectiva, por ubicarse el presente asunto, en el supuesto de la fracción IV del punto vigésimo primero, del Acuerdo General en comento. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

  2. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante proveído de siete de abril de dos mil diecisiete (foja 161), se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada para que dentro del plazo de tres días, manifestaran lo que a su derecho importara respecto al cumplimiento de la sentencia ejecutoria, por parte del Juez de Control, con residencia en Juchitán, Oaxaca; por consiguiente, este órgano jurisdiccional procede con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido, sin exceso, ni defecto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, materia común, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, consultable en la página doscientos cuarenta y tres, del Tomo XI, marzo de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: En el caso, por sentencia engrosada el veintitrés de enero de dos mil diecisiete (fojas 69 a 85), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso FAUSTINO FRANCISCO PINEDA, en los siguientes términos: "1. Deje insubsistente la resolución de diecinueve de agosto de dos mil dieciséis, dictada en la causa penal 266/2016, de su índice, mediante la cual se dictó auto de vinculación a proceso al aquí quejoso FAUSTINO FRANCISCO PINEDA, por los hechos que la ley señala como el delito de violencia intrafamiliar, en agravio de SlIvia Peralta José. 2. En su lugar, dicte una nueva resolución, donde únicamente se limitará a subsanar las violaciones formales señaladas en el considerando sexto de esta sentencia". Así, el veinte de febrero de dos mil diecisiete (fojas 104 y 105), se declaró ejecutoriada la sentencia dictada en este expediente, y se requirió a la autoridad responsable Juez de Control en Materia Penal (antes Juez de Control de Matías Romero, Oaxaca), con residencia en Juchitán, Oaxaca, para que diera cumplimiento a la sentencia ejecutoria dictada en este juicio. Por oficio CJ/SPJA/JZ/631/2017-J, el aludido juez, remitió un disco en formato DVD, que contiene en archivo digital PDF la resolución de tres de marzo de dos mil diecisiete, pronunciada en la causa penal 266/2016, de su índice, en cumplimiento al fallo protector, cuya impresión se ordenó glosar a los autos, y con la cual, se dio vista a las partes el seis de los citados mes y año (fojas 110 a 121 y 124). El veinticuatro de marzo del año en curso, al analizar la resolución de tres de los citados mes y año, pronunciada en la causa penal 266/2016, se requirió al juez responsable para que cumpliera con la sentencia ejecutoria dictada en este expediente, en los términos siguientes: .. Por ello, por diverso oficio CJ/SJPA/JZ/937/2017-J, el juez responsable, remitió un disco en formato PDF, que contiene la resolución de cinco de abril de dos mil diecisiete, dictada en la causa penal 266/2016, de su índice, cuya impresión se glosó a este juicio de amparo (fojas 145 a 158), y con lo cual, se dio vista a las partes el siete de los citados mes y año (foja 161). Una vez cumplido dicho plazo, se procede a analizar la resolución de cinco de abril de dos mil diecisiete, atendiendo a lo establecido en la sentencia ejecutoria de veintitrés de enero de este propio año, en los términos siguientes: En el caso, por sentencia engrosada el veintitrés de enero de dos mil diecisiete (fojas 69 a 85), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso FAUSTINO FRANCISCO PINEDA, en los siguientes términos: "1. Deje insubsistente la resolución de diecinueve de agosto de dos mil dieciséis, dictada en la causa penal 266/2016, de su índice, mediante la cual se dictó auto de vinculación a proceso al aquí quejoso FAUSTINO FRANCISCO PINEDA, por los hechos que la ley señala como el delito de violencia intrafamiliar, en agravio de Silvia Peralta José. 2. En su lugar, dicte una nueva resolución, donde únicamente se limitará a subsanar las violaciones formales señaladas en el considerando sexto de esta sentencia". En relación al punto dos, las cuestiones para subsanar en relación a la indebida fundamentación y motivación, son los siguientes: a) Dentro de los datos de prueba aportados por la representación social, para justificar su petición de vinculación a proceso, se encuentra la querella de Silvia Peralta José, de la cual, no dio las razones suficientes del porqué le concedió valor probatorio, con independencia de que haya mencionado los numerales 22 y 336 del Código Procesal Penal para el Estado de Oaxaca, lo cual, no es suficiente, puesto que los artículos citados únicamente precisan las reglas a las que se debe apegar el Juez al momento de valorarlos. De igual forma, en relación a la motivación que plasmó respecto a la querella y la declaración de los testigos Omar Francisco Peralta, Benito Francisco Peralta, ésta fue insuficiente, además de que no cumplió con lo previsto en el artículo 22 del Código Procesal Penal para el Estado de Oaxaca, puesto que su argumento no atendió a las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia, para explicar su decisión. b). En ese mismo tenor, la responsable en relación al interrogatorio ofrecido por la defensa en la audiencia de ampliación de plazo constitucional, señaló que el mismo se incorporó violentando las reglas del numeral 376 del Código Procesal, puesto que dentro de su desahogo se realizaron preguntas sugestivas, sin que expresara las razones del porqué las calificó en ese sentido, aunado a ello, no expuso si llegó a tal conclusión, atendiendo a la lógica, a las máximas de la experiencia o al conocimiento científico, puesto que las razones que motivan su decisión son punto toral en un acto de autoridad, atendiendo que todo acto de autoridad debe de estar debidamente fundado y motivado. .. f) Tampoco vertió fundamento y motivación suficiente en relación a la declaración del testigo Vicente Andrés Francisco. g) Al referirse al dictamen psicológico emitido por la licenciada Viridiana Cazorla Pineda, omitió plasmar razonamientos propios que justificaran su valoración, así como su debida fundamentación. h) Al atender a la declaración del imputado Faustino Francisco Pineda, omitió el fundamento legal aplicable para darle la valoración parcial a que hizo referencia, así como exponer los razonamientos suficientes, manifestando haberla relacionada con otros datos de prueba, sin precisar a qué datos se refería. En cuanto al primer punto, la responsable en auto de cinco de abril de dos mil diecisiete, expuso: . Como se advierte de la transcripción anterior, el juez conocedor de la causa penal 266/2016, del índice del juzgado de Control de Matías Romero, con residencia en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, tal como se resolvió en la sentencia dictada en este juicio, dejó sin efecto las resoluciones de diecinueve de agosto de dos mil dieciséis y tres de marzo del año en curso, y se avocó a realizar un nuevo pronunciamiento, por lo cual se tiene por cumplido dicho punto. En cuanto al punto dos e incisos relativos a la valoración de los datos de prueba, el Juez de Garantía de Matías Romero (ahora integrado al Juzgado de Control de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca), señaló que se pronunciaría al respecto, atendiendo a la sana crítica, las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia, tal como se establece en los numerales 22 y 336 del Código Procesal Penal, vigente en la región del Istmo, al momento de ocurridos los hechos. Así, respecto a la querella de Silvia Peralta José, de doce de noviembre de dos mil quince, señaló que fue recabada con las formalidades previstas en el Código Procesal aplicable, sin indicio de afectación de la credibilidad subjetiva, de igual forma, en relación a credibilidad objetiva, le causó convicción porque el hecho fue resentido por la víctima, ya que lo percibió de manera directa a través de sus sentidos, al ser esposa del imputado con quien contrajo matrimonio el siete de mayo de mil novecientos ochenta y cinco, y con tal motivo fincaron su domicilio conyugal en San Juan Guichicovi, callejón sin nombre, sin número, donde el dieciocho de agosto de dos mil quince, cuando se encontraba acompañada de su hijo Omar Francisco Peralta y otra persona, el imputado se presentó en estado de ebriedad, la regañó por estar platicando, por lo cual la jaló del cabello, le dio unas cachetadas y la obligó a entrar a la casa, al tiempo que la agredía verbalmente, razón por la que abandonó el hogar conyugal, dichas manifestaciones de la víctima el juez las consideró idóneas porque la ofendida las percibió a través de los sentidos del oído, la vista y el tacto, por lo cual le otorgó valor probatorio. Declaración que corroboró con lo manifestado por Omar Francisco Peralta, Benito Francisco Peralta y Roxana Carrasco Antonino, quienes fueron coincidentes con lo declarado por Silvia Peralta José, ya que cada uno declaró lo que percibió en relación a las circunstancias del caso, lo cual es coincidente con lo manifestado por la querellante, aunado a ello, también tomó en consideración lo manifestado por la agraviada en relación a que el cinco de septiembre de dos mil quince, su cónyuge le vendió a Roldán Mijangos Francisco, una hectárea de terreno, de igual forma el quince de septiembre de ese propio año le vendió a Maribel Felipe de Fabián, una máquina de costura, marca Marabel, color negro, el veintitrés de septiembre de dos mil quince, le vendió a Marino Pedro Mijangos, seis becerros, declaración que concatenó con lo manifestado por Maribel Felipe de Fabián, de catorce de junio de dos mil dieciséis, quien convino en el hecho de que el imputado le vendió una máquina Singer, de igual forma lo hizo con la declaración de Marino Pedro Mijangos, de esa propia fecha, con lo cual se confirma lo manifestado por la querellante en relación a lo que declaró, además, al momento del interrogatorio, confirmó lo que había manifestado en relación a los hechos que le imputa al aquí quejoso. En cuanto a la documental, consistente en el certificado médico expedido por un médico adscrito a la Unidad Médica Familiar, quien describió los padecimientos del imputado, que asegura que su paciente sufre una incapacidad a partir del siete de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, pero al no advertir de dicho documentos que estuviera imposibilitado para montar a caballo, por lo que consideró que si existía incapacidad con las secuelas que hizo referencia en el certificado médico, pero no en relación a que está impedido para montar a caballo, por lo que no desvirtúo lo declarado por la víctima, respecto a que llegó a su domicilio en día de los hechos, además consideró el hecho de que el certificado de que se trata fue expedido en dos mil dieciséis, sin que se exhibiera otro expedido en la fecha en que se afirma inició en imputado con la incapacidad, así otorgó valor probatorio tanto al dicho de la víctima como de los demás declarantes con los que concatenó su dicho. De igual forma, le otorgó valor probatorio al acta de matrimonio de dos de octubre de dos mil quince, inscrita en el libro cuatro, donde aparecen los datos tanto de la víctima como del imputado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 354 del Código Procesal Penal para el Estado de Oaxaca, al tratarse de un documento auténtico, expedido por la Oficial del Registro Civil, en uso de las facultades que le confieren los artículos 35, 36 y 105 del Código Civil para el Estado de Oaxaca, de igual forma, le creo convicción la constancia del padrón ganadero, de veintidós de abril de dos mil catorce, y actualizada el veintisiete de abril de dos mil quince, por derivar de una institución pública SAGARPA. Respecto al acta de inspección de diecisiete de marzo de dos mil dieciséis, suscrita por el Agente Estatal de Investigación Ángel López Fuentes, en auxilio de la representación social, facultado para realizar dicha diligencia, de acuerdo a lo previsto en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los numerales 120 y 121, fracción VI, del Código Procesal Penal, quien por medio del sentido de la vista describió el lugar inspeccionado, incluyendo datos como el domicilio, la población (el chocolate), de San Juan Guichicovi, describiendo todas las características del inmueble, desde la casa, las puertas y diversas pertenencias propias de un domicilio que está habitado, lo cual se pudo verificar con las placas fotográficas exhibidas en la pantalla, por lo que al no necesitar conocimientos especiales, para hace la descripción que realizó el Agente Estatal de Investigación, por lo cual le concedió valor probatorio. Por lo que hace a las declaraciones del testigo Vicente Andrés Francisco de catorce de junio de dos mil dieciséis, le concedió valor probatorio, ya que de su contenido se advierte que el dos de noviembre del dos mil quince, señaló que en su calidad de Secretario del agente Municipal de la población del Chocolate, se presentó ante él Silvia Peralta José, víctima en la causa penal de la que deriva el acto reclamado, quien le solicitó le expidiera una constancia que ella y su marido estaban procreando ganado bovino, sin embargo, al no existir otro dato con el cual sustentarlo, lo consideró un hecho aislado, que no le aportó más datos, para corroborar ese dicho. En cuanto al dictamen psicológico de veintiséis de febrero de dos mil dieciséis, emitido por la perito licenciada Viridiana Cazorla Pineda, lo incorporó de acuerdo a lo establecido en los artículos 348 y 349 del Código Procesal Penal, toda vez que la perito cuenta con cédula profesional para el ejercicio de su profesión, lo que lo hizo establecer dicha profesionista contaba con los conocimientos suficientes en la materia en la que ejerce para realizar la valoración correspondiente en relación al estado emocional de la víctima, determinando que encontró afectaciones emocionales a consecuencia de la violencia constante sufrida a manos de su marido, manifestándose principalmente con un estado depresivo, llanto abundante, así como desesperanza, angustia, preocupación y temor anticipado ante el temor a una nueva agresión, además de sentimientos de impotencia, enojo, entre otros, aunado a ello, presentó sintomatología cognitiva y física, dentro de los cuales encontró distracción a consecuencia de los hechos vividos, secuelas de la mujer maltratada, ante tales aseveraciones, la responsable le otorgó valor probatorio al contenido del dictamen derivado de la entrevista que realizó en la persona de la ofendida, consideró que lo plasmado por la perito fue congruente con lo que concluyó, ya que coincide con lo manifestado por la víctima, ello, atendiendo al sentido común, puesto que dicha autoridad no contaba con conocimientos en la materia de psicología. A la declaración del imputado le otorgó valor probatorio, al relacionarla con diversos datos de prueba, apodados por la representación social, como es el acta de matrimonio y la declaración de la víctima, además que proporcionó datos como la fecha en que se casó con la víctima, los hijos que tuvieron, así como el lugar en donde habitan, afirmado que la agraviada se fue del domicilio conyugal por decisión propia, que nadie la corrió, lo que se corrobora con lo declarado por Silvia Peralta José, quien manifestó haberse salido de la casa en donde tienen el hogar conyugal porque ya no podía seguir viviendo con el temor de ser agredida; en cuanto a la lesión que dijo tener en la pierna, si bien se corrobora con la constancia médica que fue expedida a su favor, con esto no se prueba el hecho de que no pueda montar a caballo, aunado a que dicha constancia fue expedida en fecha posterior a que sucedieron los hechos y no se acreditó de forma alguna que dicha lesión lo imposibilite a montar a caballo, por lo que tal aseveración no desvirtúa lo declarado por la ofendida, considerando su dicho como argumentos defensivos. La valoración de los datos de prueba, efectuada por el Juez de Control de Matías Romero, Oaxaca, ahora con adscripción al Juzgado de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, es suficiente para este momento procesal, en el entendido que en este sistema oral, se ha dejado atrás la valoración tazada y se permite a la autoridad judicial que de manera libre, atendiendo a la sana crítica, observando las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia, se den las razones del porque se le otorga o no valor a un dato de prueba, lo que en el caso aconteció, pues la responsable expuso las razones suficientes para otorgar valor a los datos de prueba que analizó. En cuanto a los hechos que tuvo por probados tenemos que consideró lo siguiente: Que Silvia Peralta José y Faustino Francisco Pineda, se casaron civilmente, de cuyo matrimonio procrearon cuatro hijos y establecieron su domicilio conyugal en Callejón sin nombre, sin número, en la localidad del Chocolate, Municipio de San Juan Guichicovi, Oaxaca, asimismo que el dieciocho de agosto de dos mil quince, aproximadamente a las dieciséis horas, cuando la pasivo se encontraba en su domicilio acompañada de su hijo Omar, y de una persona más, llegó en ,estado de ebriedad su marido, quien la regaño porque estaba platicando, jalándola del cabello y dándole de cachetadas la introdujo a su domicilio, al tiempo que también la agredía con palabras antisonantes. Lo que tuvo la responsable por acreditado, en primer término con el acta de matrimonio de la cual se desprende el estado civil de la víctima y el imputado, mismo que fue corroborado con la declaración de Silvia Peralta José, quien precisó la fecha en la que contrajo matrimonio con el imputado, además, refirió lo que sucedió el dieciocho de agosto de dos mil quince, es decir, que en ese día se encontraba en su domicilio acompañada de su hijo y de otra persona, lugar al que llegó su cónyuge en estado de ebriedad, y se enojó al encontrarla platicando por lo que la jaló del pelo, le dio de cachetadas y la introdujo al interior de la casa, al tiempo que la insultaba. Manifestación que se corroboró con las declaraciones de Omar Francisco Peral, Benito Francisco Peralta y Roxana Carrasco Antonio, quienes corroboraron lo manifestado por la ofendida; mientras que lo relativo al lugar de los hechos, lo corroboró con la inspección del lugar de los hechos que realizó el agente Estatal de Investigaciones, quien describió el lugar, y lo adminiculó con las placas fotográficas que se proyectaron en el juzgado, así también, se encuentra el dictamen psicológico que le fue realizado a la ofendida. En cuanto a los elementos del hecho que la ley señala como el delito de violencia intrafamiliar el juez de control señaló que de acuerdo a lo previsto en el artículo 404 del Código Penal para el Estado de Oaxaca, se tiene lo siguiente: 1 Una conducta que atente contra la integridad física, psíquica o ambas de la víctima, independientemente de que pueda o no producir otro delito. Al respecto, dicho elemento quedó acreditado al establecerse que el imputado Faustino Francisco Pineda ejerció violencia tanto física como moral en contra de la persona de Silvia Peralta José, ya que le jaló el cabello y darle cachetadas, en cuanto a la violencia moral, esta se actualizó al momento en el que la insultó diciéndole "puta madre, estás comadreando, pinche pendeja, no ves que la gente te mete ideas en la cabeza", palabras que menoscabaron su valor como persona, a tal grado que presentó secuelas del síndrome de la mujer maltratada, al sentirse indefensa, resultado de la conducta del activo Faustino Francisco Pineda. Conducta con la que se actualizó lo establecido en el artículo 6° de la Ley General de acceso a una vida libre de violencia contra las mujeres, al establecerse que el dieciocho de agosto de dos mil quince, cuando la pasivo se encontraba en su domicilio, acompañada de su hijo y de otra persona, lugar hasta el cual llegó su marido en estado de ebriedad, quien al verla se enojó por encontrarla platicando, por lo cual la regaño y le dio de cachetadas, metiéndola al interior de su domicilio, al tiempo que le decía que era una puta, y que no debía acercarse a nadie, lo cual se corroboró con las declaraciones de Omar Francisco Peralta, Benito Francisco Peralta y Roxana Carrasco Antonio, quienes describieron lo que percibieron y que afirma lo manifestado por la agraviada, y cuyas consecuencias se determinaron en el dictamen psicológico. El segundo elemento del hecho delictivo y que la autoridad responsable hizo consistir en que dicha conducta la haya realizado el cónyuge, concubina o concubinario, pariente consanguíneo en línea recta ascendente o descendente sin limitación de grado, pariente colateral consanguíneo o afín hasta el cuarto grado, adoptante o adoptado, así como aquéllas personas que habiten en el mismo domicilio de la víctima. Hecho que tuvo por acreditado con el parentesco por afinidad entre el imputado y o la víctima, lo que se actualiza al quedar establecido que ambos estaban casados civilmente, tal como quedó demostrado con el acta de matrimonio y que el día en que sucedieron los hechos vivían en el mismo domicilio ubicado en callejón sin nombre, sin número, localidad del Chocolate del Municipio de San Juan Guichicovi, Oaxaca. Aunado a lo anterior, se tienen los datos de prueba siguientes: la declaración de la víctima, las declaraciones de Omar Francisco Peralta, Benito Francisco Peralta y Roxana Carrasco Antonio; de la declaración de la víctima, quien precisó que estaba casada civilmente con el imputado, la forma en que sucedieron los hechos de violencia intrafamiliar, lo que se corroboró con lo manifestado por los demás declarantes, quienes hicieron referencia de los hechos que a cada uno de ellos les constaba, asimismo se tiene la inspección ocular realizada por el Agente Estatal de Investigaciones, quien describió el lugar donde fue agredida la querellante y del cual tomó las respectivas placas fotográficas. Refirió la responsable que la conducta del imputado fue dolosa, de acuerdo a lo establecido en el artículo 8°, fracción I, del Código Penal en el Estado, atendiendo a que el imputado ejerció violencia sobre la víctima y que consistió en jalarle el cabello y pegarle una cachetada, en cuanto a la violencia moral, ésta consistió en insultarla diciéndole "puta madre estás comadreando, pinche pendeja, no ves que la gente te mete ideas en la cabeza, ello se desprende de lo narrado por la víctima y lo corroborado por los atestes, de lo cual se desprende que Faustino Francisco Pineda, tuvo la intención de agredir a Silvia Peralta José, aun sabiendo que esa conducta atenta contra las buenas costumbres y la integridad física y psíquica de la víctima, sin que en algún momento se advirtiera que dicha conducta fuera realizada por quien la realizó sin que comprendiera los alcances de la misma, o que fuera una conducta culposa, todo lo contrario, se establece hasta ese momento procesal que quería realizarla, es decir, su intención era agredir a la ofendida, por lo que así lo hizo y con ello, aceptó su realización, porque voluntariamente ejerció la violencia física y moral en contra de la agraviada, pues es sabido que en una sociedad es un hecho notorio que todas las personas todas las personas se deben regir por las normas sociales, para no transgredir la ley, y en el caso, el imputado no vivía aislado de la sociedad, sino que se desenvolvía dentro de ella, y por lo cual tenía conocimiento de las consecuencias de su actuar, por lo que su conducta la ejerció con dolo directo, ya que sabía que atentar en contra de un miembro de su familia y alterar ya sea su salud o su estado mental es contrario a las normas sociales y legales, y aun así quiso y realizó el hecho que se le imputa, tampoco advirtió el juez de la causa que haya actuado bajo un error de tipo invencible que pudiera en un momento dado pudiera anular el dolo de la misma, es decir que no se aportaron datos que de prueba que indicaran que su actuar fue creyendo que su conducta la realizaba a un objeto y no a una persona, por lo que determinó que dicha conducta fue dolosa, de acuerdo a lo previsto en el artículo 8°, fracción I, del Código Penal del Estado de Oaxaca. Continúo señalando la responsable que el imputado al desplegar la conducta que se le imputa, no lo hizo bajo el amparo de una norma permisiva, como lo prevé el artículo 14 del Código Penal del Estado de Oaxaca, para actuar en la forma en que lo hizo, pues al hacerlo no lo hizo en legítima defensa, por un estado de necesidad, en ejercicio de un derecho o en cumplimiento de un deber, por lo que su conducta resultó antijurídica y contrapuesta a la norma prohibitiva, contenida en el numeral 404 del Código Penal vigente en el Estado, por lo cual concluyó que encontró debidamente acreditado el hecho que la ley señala como el delito de violencia intrafamiliar, cometido en agravio de Silvia Peralta José. Respecto a su probable participación el imputado Faustino Francisco Pineda, en la comisión del hecho que la ley señala como el delito violencia intrafamiliar, la tuvo por acreditada con la declaración de la querellante Silvia Peralta José, donde se estableció que el dieciocho de agosto de dos mil quince, cuando se encontraba en su domicilio acompañada de su hijo Omar y otra persona, llegó su marido en estado de ebriedad, que la regañó porque estaba platicando, le jaló el cabello y le dio una cachetada metiéndola al interior de la casa, diciéndole que no debía acercarse a nadie, lo que se corroboró con lo declarado por Omar Francisco Peralta, Benito Francisco Peralta y Roxana Carrasco Antonio, con lo que determinó de manera clara la participación en grado probable del imputado en la comisión del hecho, por lo que al existir el señalamiento directo en contra del imputado, el juzgador concluye que se puede sostener razonablemente que dicha probable participación pudo haber sido como autor material, ya que por sí mismo, sin la ayuda de nadie desplegó la conducta que se le atribuye y que consiste en agredir física y psicológicamente a la víctima, encuadrando tal conducta en lo previsto en el numeral 11, fracción II, del Código Penal vigente en el Estado. Determinó que el imputado cuanta con la mayoría de edad, ya que lo señaló en la audiencia y por lo cual resultó imputable, de acuerdo a lo que establece el artículo 2° del ordenamiento penal citado, lo cual implica que tuvo la capacidad de comprender el ilícito y conducirse de acuerdo a esa comprensión y, al no padecer transtorno mental o desarrollo intelectual retardado, le era racionalmente exigible una conducta diversa a la que realizó. De los argumentos dados por la autoridad responsable Juez de Control de Matías Romero, Oaxaca, ahora con sede en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, se establece que cumplió con la sentencia ejecutoria de amparo, toda vez que realizó la valoración correspondiente de los datos de prueba, asimismo, expuso de manera adecuada los elementos del hecho que la ley señala como el delito de violencia intrafamiliar, razonando con cuales de los datos de prueba expuestos por la representación social se acreditó cada uno de ellos, asimismo, expuso porqué a su criterio y atendido a todos los datos con los que contaba se acreditó la participación en grado probable del aquí quejoso Faustino Francisco Pineda, dando las razones del porqué lo consideró de esa forma, por lo cual, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplido el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, sin excesos ni defectos; por ende, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno que para tal efecto se lleva en este Juzgado Federal.

  3. Principal

    Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio CJ/SJPA/JZ/937/2017-J, del Juez de Control, con residencia en Juchitán, Oaxaca,mediante el cual remite un disco en formato DVD, que contiene, en archivo digital PDF la resolución de cinco de este propio mes de abril, pronunciada en la causa penal 266/2016, de su índice, que se sigue en contra del aquí quejoso FAUSTINO FRANCISCO PINEDA, por hechos que la ley señala como delito de violencia intrafamiliar, cometido en agravio de Silvia Peralta José, en cumplimiento al fallo protector. Se ordena la impresión de la resolución citada, para glosarse a este juicio de amparo. Ahora, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con lo anterior, dése vista a las partes para que dentro del término de tres días, siguiente a la legal notificación de este acuerdo expresen lo que a su derecho convenga, respecto del cumplimiento de la ejecutoria pronunciada en este juicio de garantías, en el entendido que de no hacer manifestación alguna, este juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la misma con base en las constancias de autos y los datos aportados por el referido funcionario. Finalmente, toda vez que el contenido del referido disco (DVD), se trata de una documental, en copia certificada, se estima innecesario entregar dicho disco al Secretario Judicial encargado del Libro Auxiliar relativo al Control de Objetos y Documentos rendidos como pruebas en los diversos procedimientos de juicios de amparo y civiles de este juzgado, para su resguardo en la caja de seguridad, dado se trata de copia certificada de su original que obra en el juzgado mencionado; por tanto, glósese a los autos el referido disco, dentro de un sobre que permita su manejo en el expediente.

  4. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante proveído de seis de este propio mes de marzo foja 124, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada para que dentro del plazo de tres días, manifestaran lo que a su derecho importara respecto al cumplimiento de la sentencia ejecutoria, por parte del Juez de Control, con residencia en Juchitán, Oaxaca; por consiguiente, este órgano jurisdiccional procede con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido, sin exceso, ni defecto. ... En el caso, por sentencia engrosada el veintitrés de enero de dos mil diecisiete fojas 69 a 85, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso FAUSTINO FRANCISCO PINEDA, en los siguientes términos: "1. Deje insubsistente la resolución de diecinueve de agosto de dos mil dieciséis, dictada en la causa penal 266/2016, de su índice, mediante la cual se dictó auto de vinculación a proceso al aquí quejoso FAUSTINO FRANCISCO PINEDA, por los hechos que la ley señala como el delito de violencia intrafamiliar, en agravio de Silvia Peralta José. 2. En su lugar, dicte una nueva resolución, donde únicamente se limitará a subsanar las violaciones formales señaladas en el considerando sexto de esta sentencia", en relación a la indebida fundamentación y motivación, son los siguientes: a) Dentro de los datos de prueba aportados por la representación social, para justificar su petición de vinculación a proceso, se encuentra la querella de Silvia Peralta José, de la cual, no dio las razones suficientes del porqué le concedió valor probatorio, con independencia de que haya mencionado los numerales 22 y 336 del Código Procesal Penal para el Estado de Oaxaca, lo cual, no es suficiente, puesto que los artículos citados únicamente precisan las reglas a las que se debe apegar el Juez al momento de valorarlos. De igual forma, en relación a la motivación que plasmó respecto a la querella y la declaración de los testigos Omar Francisco Peralta, Benito Francisco Peralta, ésta fue insuficiente, además de que no cumplió con lo previsto en el artículo 22 del Código Procesal Penal para el Estado de Oaxaca, puesto que su argumento no atendió a las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia, para explicar su decisión. b). En ese mismo tenor, la responsable en relación al interrogatorio ofrecido por la defensa en la audiencia de ampliación de plazo constitucional, señaló que el mismo se incorporó violentando las reglas del numeral 376 del Código Procesal, puesto que dentro de su desahogo se realizaron preguntas sugestivas, sin que expresara las razones del porqué las calificó en ese sentido, aunado a ello, no expuso si llegó a tal conclusión, atendiendo a la lógica, a las máximas de la experiencia o al conocimiento científico, puesto que las razones que motivan su decisión son punto toral en un acto de autoridad, atendiendo que todo acto de autoridad debe de estar debidamente fundado y motivado. c). Misma circunstancia se dio en cuanto a la documental incorporada por la defensa, de la cual, el Juez de Control afirmó que no fue incluida con base en la técnica de litigación, por no haberse sentado las bases por parte del imputado, y si bien, señaló que no le causa convicción la manifestación del imputado, porque no acreditó que el día de los hechos sufría la lesión que le impedía montar a caballo, sin que señalara porqué era necesario que se acreditara tal circunstancia. d) en cuanto a las documentales consistentes en el acta de matrimonio expedida el dos de octubre de dos mil quince, por el Oficial del Registro Civil de Matías Romero Avendaño, Oaxaca, y la constancia del padrón ganadero, la autoridad judicial se limitó a decir en cuanto a la primera que le concedía valor probatorio en términos del artículo 354 del Código Procesal Penal, sin que señalara las razones suficientes del porqué merecía valor probatorio. e) De la misma forma, al referirse al acta de inspección de diecisiete de marzo de dos mil dieciséis, suscrita por el Agente Estatal de Investigación Ángel López Fuentes, en auxilio de la representación social y la declaración del testigo Vicente Andrés Francisco, de catorce de junio de dos mil dieciséis, no precisó si con dichos datos de prueba se acreditó el hecho señalado que la ley señala como delito. f) Tampoco vertió fundamento y motivación suficiente en relación a la declaración del testigo Vicente Andrés Francisco. g) Al referirse al dictamen psicológico emitido por la licenciada Viridiana Cazorla Pineda, omitió plasmar razonamientos propios que justificaran su valoración, así como su debida fundamentación. h) Al atender a la declaración del imputado Faustino Francisco Pineda, omitió el fundamento legal aplicable para darle la valoración parcial a que hizo referencia, así como exponer los razonamientos suficientes, puesto que manifestó haberla relacionada con otros datos de prueba, sin precisarlos. Respecto a los elementos que integran el hecho que la ley señala como el delito de violencia intrafamiliar, fue inexacta la hipótesis descrita por el juez conocedor de la causa, y como consecuencia, no dijo con cuales de los datos de prueba se acreditaba cada uno de los elementos que lo integran. En ese mismo tenor, se tiene que es deficiente la argumentación del juez llevador de la causa penal que se instruye en contra del aquí quejoso, respecto a la conducta dolosa que le atribuye al imputado, en atención a que no precisó a que medios de convicción se refirió cuando refirió que el dolo se desprendía de ellos, tampoco aclaró porqué de acuerdo a su criterio se trataba de dolo directo, y de donde se advierte que no actúo bajo un error de tipo invencible que anulara el dolo de la conducta. Asimismo, fueron insuficientes sus argumentos al señalar que la conducta imputada al quejoso, no la realizó al amparo de una norma permisiva como las expuestas en el artículo 14 del Código Penal vigente en el Estado de Oaxaca. Una vez expuestos los puntos que debería subsanar la autoridad responsable, se procede a analizar la resolución de tres de marzo de dos mil diecisiete, con la que dijo cumplir con la sentencia ejecutoria dictada en este juicio. En cuanto al punto uno, tenemos que la responsable Juez de Control de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, expuso: Primeramente se hace del conocimiento a la autoridad federal que se actúa en el Distrito de Juchitán de Zaragoza, y no en el de Matías Romero, donde fue dictada la resolución, esto en cumplimiento al acuerdo del Pleno número 85/2016, de fecha cinco de diciembre del mismo año, donde fue acordado el cierre de Matías Romero, para ser redistritado al de Juchitán de Zaragoza, en razón a ello, se actúa en este Juzgado de Control. Segundo, se ordena dejar insubsistente la resolución emitida por esta autoridad el diecinueve de agosto del año dos mil dieciséis, únicamente por lo que hace al auto de vinculación dictado en contra de FAUSTINO FRANCISCO PINEDA, por el hecho que la ley señala como VIOLENCIA INTRAAFAMILIAR, cometido en perjuicio de SILVIA PERALTA JOSÉ, dejándose intocada dicha resolución en relación al AUTO DE NO VINCULACIÓN A PROCESO, dictado a favor de FAUSTINO FRANCISCO PINEDA, por el hecho que la ley señala como delito de FRAUDE, que se dio cometido en perjuicio de SILVIA PERALTA JOSÉ, al no ser materia del amparo". (foja 1 1 0). De la transcripción que antecede, se tiene que la responsable cumplió con el punto uno de la sentencia ejecutoria dictada en el presente juicio, porque tal como se estableció, dejó sin efecto el auto de vinculación a proceso de diecinueve de agosto de dos mil dieciséis, emitido en contra de Faustino Francisco Pineda, por el hecho que la ley señala como el delito de violencia intrafamiliar, cometido en agravio de Silvia Peralta José. Respecto al punto dos, incisos a), b), c), d), e), f), g) y h), la responsable expuso: Respecto a la querella de Silvia Peralta José, de doce de noviembre de dos mil quince, la cual señala se recabó con las formalidades que marca el Código Procesal Penal, sin que advirtiera dato alguno que afectara la credibilidad subjetiva y en cuanto a la credibilidad objetiva esta le creó convicción, por tratarse de un hecho propio que la querellante resintió de manera directa y lo percibió a través de sus sentidos, estableciendo que el cinco de mayo de mil novecientos noventa y cinco, contrajeron matrimonio civil, estableciendo su domicilio conyugal en San Juan Guichicovi, en callejón sin nombre y sin número. En relación a los hechos, dijo que era creíble el dicho de la ofendida, toda vez que describió la conducta del imputado, pero además dicha declaración la adminiculó con otros datos de prueba, dentro de los cuales se encuentran: Las declaraciones de Omar Francisco Peralta, Benito Francisco Peralta y Roxana Carrasco Antonio, quienes fueron coincidentes con los hechos expuestos por la querellante; aunado con la declaración de Marino Pedro Mijangos, de catorce de junio de dos mil dieciséis, así como la documental consistente en un certificado médico expedido por el doctor adscrito quien describe los padecimientos del imputado, haciendo constar la incapacidad del imputado desde el siete de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, sin embargo, en dicha documental no se estableció la imposibilidad que en su caso tuviera el quejoso para montar caballo. En cuanto al acta de matrimonio, emitida el dos de octubre de dos mil quince, inscrita en el libro cuatro de matrimonios del registro civil de Matías Romero, con fecha de registro de siete de mayo de mil novecientos ochenta y cuatro, en donde aparecen los datos, tanto de la víctima como del imputado, documental a la que le dio valor probatorio, de conformidad con lo previsto en el artículo 354 del Código Procesal Penal, por tratarse de un documento auténtico que fue emitido por un oficial del registro civil, en el uso de las facultades que le confirió la ley, tal como se establece en los numerales 35, 36 y 105, valor que también otorgó a la constancia de padrón ganadero, por derivar de una institución pública (SAGARPA), la cual fue expedida el veintidós de abril de dos mil catorce, y de actualización de veintidós de marzo de dos mil diecisiete, correspondiente a nombre de Faustino Francisco Pineda. En cuanto a la inspección de diecisiete de marzo de dos mil dieciséis, suscrito por el Agente del Ministerio Publico de Investigación, realizada por el Agente Estatal de Investigación, Ángel López Fuentes, en auxilio de la representación social, quienes considera se encuentran facultados para llevar a cabo la diligencia mencionada, de conformidad con lo previsto en los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 120 y 121, fracción IV, del Código Procesal Penal, quien haciendo uso del sentido de la vista, describió el lugar inspeccionado, asentando que se constituyeron en el domicilio de la víctima, ubicado en la población del Chocolate, San Juan Guichicovi, y al contar con el permiso de la víctima describió todos y cada uno de los espacios del inmueble, lo que corroboró con las placas fotográficas, por lo que al no requerirse de conocimientos especiales para realizar la actividad de describir lo que se observa, tal como lo realizó el agente estatal de investigaciones, le concedió valor probatorio. Por lo que respecta a la declaración del testigo Vicente Andrés Francisco, de catorce de junio de dos mil dieciséis, le concedió valor probatorio, porque señaló que el dos de noviembre de dos mil quince, se presentó ante él en su calidad de Secretario del Agente Municipal de la población de Chocolate, Silvia Peralta José, quien solicitó le extendiera un documento donde se hiciera constar que ella y Faustino, tenían ganado bovino, por lo que tomó diversas fotografías de ese ganado, sin embargo, ese hecho no se encontró sustentado con dato diverso, pues no advirtió otro dato que acreditara tal circunstancia, por lo cual lo consideró un hecho aislado, en razón que lo único que se demostró es la comparecencia de la ofendida ante el Secretario de la Agencia Municipal de la comunidad citada con antelación. En cuanto al dictamen psicológico de veintiséis de febrero de dos mil dieciséis, emitido por la licenciada Viridiana Cazorla Pineda, éste dato de prueba fue incorporado en términos de los artículos 348 y 349 del Código Procesal Penal, ya que el perito cuenta con cédula profesional para el ejercicio de su profesión y como consecuencia se advierte tiene conocimiento en la materia a dictaminar, quien desarrolló la pericial de acuerdo a los métodos que menciona, con la finalidad de valorar el estado emocional de la víctima, determinando que el estado emocional de la víctima, quien una vez realizado el análisis correspondiente, considerando el juez de control que es congruente la conclusión de dicha perito, pues existe correspondencia entre los padecimientos que manifestó la víctima con la conclusión a la que llegó el perito, atendiendo al sentido común, ya que la autoridad judicial dijo no contar con conocimientos especiales en materia de psicología, por lo que considero factible concederle valor probatorio. En cuanto a la declaración del imputado le concedió valor probatorio, ya que de la misma se advierte que dijo ser casado con la pasivo desde mil novecientos ochenta y cuatro, que procrearon hijos, que tiene su domicilio en la comunidad de el chocolate", y que la ofendida se fue sola puesto que nadie la corrió, lo anterior, lo concatenó con la documental consistente en el acta de matrimonio expedida por el Oficial del Registro Civil, así como la declaración de la víctima, quien declaró que efectivamente contrajo matrimonio con la víctima, y que sí se fue sola del domicilio, sin embargo, aclaró que lo hizo por el temor de ser agredida por el imputado; de la misma forma consideró creíble que el declarante sufra de una lesión en la pierna, lo que se acredita con la constancia que al efecto se exhibió, sin embargo, con ello no se acreditó que el día de los hechos no pudiera montar a caballo, máxime que la constancia médica que exhibió fue expedida en el dos mil dieciséis, posterior a la fecha en que ocurrieron los hechos, aunado a que en la misma no se especificó si la lesión que refiere es limitativa y como consecuencia le imposibilita totalmente cualquier actividad física, para así concluir que desde antes de ocurrido el hecho que se le imputa padecía dicha incapacidad, considerando entonces, que sólo se trata de argumentos defensivos. Atendiendo a lo antes expuesto, se tiene que la responsable cumplió con la debida fundamentación y motivación necesaria para el dictado de un auto de vinculación a proceso, en relación a la valoración de los datos de prueba señalados, ya que expuso las razones suficientes de porqué concedió valor o en su caso, desestimó dichos datos de prueba. Respecto a los elementos que integran el hecho que la ley señala corno el delito de violencia intrafamiliar, la responsable expuso: "En ese tenor tomando en consideración, los medios de convicción a los cuales se les ha hecho referencia, procedemos a verificar si se encuentra acreditada, la tipicidad del hecho particular establecido a los hechos generales establecidos en los tipos penales de violencia intra familiar y fraude específico, y para tal efecto el primero de los tipos penales establecidos en el artículo 404 del Código Penal, requiere de los siguientes elementos: Una conducta que atente contra su integridad física, psíquica o ambas, independientemente de que pueda o no producir otro delito. Que esa conducta la haya realizado el cónyuge, concubina o concubinario, pariente consanguíneo en línea recta, ascendiente o descendente sin limitación de grado, adoptante o adoptado, así como aquellas personas que habiten en el mismo domicilio de la víctima. foja 119. Con ello cumple con lo señalado en la sentencia ejecutoria, dictada en este expediente, puesto que es suficiente que diga cuales son esos elementos que integran el hecho que la ley señala como el delito de violencia intrafamiliar, y que estos sean coherentes con los datos de prueba que existen en autos. Sin embargo, al momento de motivar con que datos de prueba se acreditaban dichos elementos, la responsable se limitó a realizar una reseña de los hechos sin que manifestara de donde recabó tal información, es decir, cuáles de los datos de prueba con los cuales contaba, le llevaron a tener por acreditado el señalamiento en la persona de Faustino Francisco Pineda, que fue precisamente dicha persona quien ejerció violencia física y moral en contra de la víctima Silvia Peralta José, y como concluyó que la conducta ejercida por el aquí quejoso en contra de la tercera interesada alteró su salud psicológica, aunado a cómo es que llegó a la certeza de que dicha conducta se realizó en el domicilio ubicado en callejón sin nombre y sin número de San Juan Guichicovi. En ese tenor, se advierte que respecto al segundo de los elementos mencionados por la autoridad judicial, puesto que dijo que se acreditó la relación de parentesco por afinidad entre el imputado y la víctima, por estar casados civilmente, con el acta de matrimonio y con diversos datos de prueba, con lo cual señaló se acreditó que el imputado y la víctima son cónyuges y habitaban el mismo domicilio el día de los hechos, sin precisar que otros datos de prueba le ayudaron a precisar tales circunstancias. En cuanto a la conducta imputada al aquejoso, expuso que es dolosa, de acuerdo a lo que se establece en el artículo 8°, fracción I, del Código Penal vigente en el Estado, sin que expresara en que consistió dicha conducta para concluir que ésta fue realizada con dolo, y en qué consistió éste, como es que se acredita que el imputado conocía las consecuencias de los hechos y no quiso evitarla. Por lo que respecta a la probable participación del imputado en la comisión de los hecho delictivo, se establece que este punto se tiene por cumplido, puesto que señaló que se encuentra acreditado con las declaraciones de la víctima Silvia Peralta José, quien manifestó que el dieciocho de agosto de dos mil quince, cuando estaba acompañada de su hijo Omar y otras personas, llegó Faustino Francisco Pineda, en estado de ebriedad, quien la regaño y la comenzó a jalar del cabello y la dio de cachetadas, obligándola a entrar al interior de la casa, y como consecuencia de dicha conducta optó por salirse de su domicilio conyugal, lo que se corroboró con la declaración de Omar Francisco Peralta, así como la vertida por Roxana Carrasco Antonio. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, mediante oficio con auto inserto del presente proveído, requiérase a la autoridad responsable Juez de Control de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, para que dentro del plazo de tres días, siguiente a la legal notificación de este acuerdo, cumpla con la sentencia ejecutoria dictada en este expediente, en los términos siguientes: 1. Deje sin efecto, las resoluciones de diecinueve de agosto de dos mil dieciséis y tres de marzo de dos mil diecisiete. 2. Dicte una nueva, donde atendiendo a lo señalado en la sentencia ejecutoria, cumpla con la misma. Una vez hecho lo anterior, deberá remitir copia certificada de la resolución que al efecto dicte dentro de la causa penal 266/2016, que se instruye en contra del quejoso Faustino Francisco Pineda, por su responsabilidad penal, en grado probable, en la comisión del hecho que la ley señala como el delito de violencia intrafamiliar, en agravio de Silvia Peralta José, misma que deberá cumplir subsanando los elementos los puntos señalados en la sentencia dictada en este juicio de amparo. Apercibida que de no cumplir con lo anterior, dentro del plazo fijado, o de no manifestar la causa justificada que tuviese para ello, se le impondrá multa de cien Unidades de Medida y Actualización vigente, lo anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 192, 237, fracción I, y 258 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral segundo transitorio del Decreto por el que se declaran Reformadas y Adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente su artículo 26, en materia de desindexación del salario mínimo vigente a partir del veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en concordancia con lo determinado por et Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación de veintiocho de enero siguiente, en relación con la resolución de uno de diciembre de dos mil dieciséis, del Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos que fija los salarios mínimos general y profesionales vigentes a partir del uno de enero de dos mil diecisiete, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis: asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegido de Circuito que corresponda, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con con la separación de su puesto y su consignación a la autoridad competente.

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