Faustino Andrés Vásquez

Expediente 828/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 61 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
828/2020
Año
2020
Actuaciones
61
Última actuación
17/11/2022

Partes del expediente

  • Faustino Andrés Vásquez
  • Aurora Galán Sánchez. Directora del Área del Comité Interdisciplinario de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 61.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de quince días que la ley establece para que la parte a quien pudiera causarle perjuicio interpusiera recurso de inconformidad en contra de la determinación judicial de veinte de septiembre de dos mil veintidós, en la que se tuvo por cumplida la sentencia de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Por lo tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora, en cumplimiento al artículo 18, fracción I, inciso b) y penúltimo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, resulta procedente decretar que el expediente en que se actúa es susceptible de depuración, al haberse concedido el amparo; asimismo, una vez que se cumplan tres años al haberse dictado el acuerdo de archivo, y pasados treinta días de este plazo, se deberá depurar con posterioridad al DIECISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO. Además, el presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de mérito. Por último, se aprecia que por oficio 20524/2022 -con la transcripción del proveído de cinco de julio de dos mil veintidós-, se devolvieron a la autoridad responsable Comité Interdisciplinario Evaluador de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, con residencia en la Ciudad de México, los siete tomos en copia certificada relativos al procedimiento administrativo ********************de su estadística, así como dos discos versátiles digitales (DVDs). Notifíquese por oficio a la autoridad responsable y mediante lista de acuerdos a las demás partes.

  2. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de noviembre de dos mil veintidós. En atención a la cuenta que antecede, se advierte que se negó la suspensión provisional y la definitiva solicitadas; y que en el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido. Por tanto, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se negó la suspensión provisional y la definitiva, de acuerdo a los criterios de valoración a que alude el séptimo transitorio del referido acuerdo en relación con lo dispuesto por el capítulo 7.5. punto 2 relativo al tratamiento del incidente de suspensión original del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal" aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, el presente asunto es susceptible de destrucción. Por otro lado, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en comento, se ordena la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, transcurridos seis meses a partir de la notificación de este acuerdo. Asimismo, se estima que este incidente carece de relevancia documental, en razón que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Por tanto, transcurridos el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del cuaderno original. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese por oficio a la autoridad responsable y mediante lista de acuerdos a las partes.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de septiembre de dos mil veintidós. ... NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  4. Principal

    ".San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado procesal de los autos, se advierte que feneció el plazo de tres días concedido en auto de veinticinco de agosto de dos mil veintidós, previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se pronunciara respecto del informe de cumplimiento de sentencia que rindió la directora de área en suplencia de la Comisionada Ejecutiva de Atención a Víctimas; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento ahí contenido y se procede a analizar si se encuentra cumplido o no el fallo protector. Ahora bien, en acato a la ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en materias civil y administrativa del Décimo Tercer Circuito, en el toca 28/2021, en la que se determinó que no se cumplió debidamente con la ejecutoria dictada por este órgano de amparo, porque no se remitió copia del dictamen emitido por el comité interdisciplinario evaluador de la comisión ejecutiva de atención a víctimas en el expediente CEAV/CIE/270/2019 y porque la resolución de reparación integral del daño, no se emitió por quien debía hacerlo conforme a lo establecido en la Ley General de Víctimas, su reglamento y estatuto orgánico, en auto de cinco de julio de dos mil veintidós, se requirió de nueva cuenta el cumplimiento de la ejecutoria en los términos apuntados. No obstante, en auto de dieciocho de agosto de dos mil veintidós, se resolvió que no se había cumplido en su totalidad el fallo protector, pues si bien se emitió la resolución de veintiuno de julio de dos mil veintidós de reparación integral del daño dictada por la Comisionada Ejecutiva de Atención a Víctimas en el expediente CEAV/CIE/270/2019, no anexó copia del dictamen emitido por el comité interdisciplinario evaluador de la comisión ejecutiva de atención a víctimas en el citado expediente; por ello, se requirió a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, a través del Comité Interdisciplinario Evaluador, para que dentro del plazo de tres días, cumpliera con la ejecutoria en sus términos y se le apercibió que de no hacerlo, se le impondría multa de doscientas unidades de medida y actualización, conforme a lo establecido en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo; asimismo, se remitiría el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda para seguir el trámite de inejecución, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En acato a tal requerimiento, mediante oficio de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, la directora de Área en suplencia por ausencia de la persona titular de la dirección general de asuntos jurídicos y en representación de la directora de área del Comité Interdisciplinario Evaluador de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, remitió copia certificada del dictamen emitido por el titular del comité interdisciplinario evaluador de la comisión ejecutiva de atención a víctimas en el expediente CEAV/CIE/270/2019, con el cual se dio vista a la parte quejosa. La parte quejosa argumenta que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida por lo siguiente: Que el proyecto de dictamen que emite el Comité Interdisciplinario Evaluador, lo suscribe un servidor público que no tiene competencia para ello, aunado a que no reviste tal carácter ya que no cuenta con las formalidades que requieren los dictámenes. Copian y pegan la resolución y la quieren hacer pasar por un dictamen. Que la autoridad responsable Inobserva los plazos señalados en la Ley de la materia para emitir sus actuaciones, en específico lo señalado en los artículos 146 y 147 de la Ley General de Víctimas. Ahora bien, conviene recordar que la protección constitucional se otorgó para los efectos siguientes: Autoridad Acción de hacer La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, a través del Comité Interdisciplinario Evaluador. Integre inmediata y debidamente el expediente administrativo CEAV/CIE/0262/2019 de la víctima directa Faustino Andrés Vásquez, de conformidad con lo dispuesto por la Ley General de Víctimas y su reglamento; y formule un proyecto de dictamen debidamente fundado y motivado La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, mediante el Pleno Emita la resolución definitiva en el expediente de mérito En acato a lo anterior, la Comisionada Ejecutiva de Atención a Víctimas, remitió copia certificada de la resolución de veintiuno de julio de dos mil veintidós de reparación integral del daño dictada en el expediente CEAV/CIE/270/2019, y posteriormente, copia certificada del dictamen de veinte de julio de dos mil veintiuno. Del estudio realizado al referido dictamen, se evidencia que se suscribió en ausencia del titular del Comité Interdisciplinario Evaluador, por la directora de área, y fundó su competencia en el artículo 23 bis del Estatuto Orgánico de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que dispone: Artículo 23 Bis. El Comisionado Ejecutivo será suplido en sus ausencias, en los asuntos relativos al acceso de recursos al Fondo, por la persona titular de la Dirección General de la Asesoría Jurídica Federal; en los asuntos administrativos de la Comisión Ejecutiva, por la persona titular de la Dirección General de Administración y Finanzas, y en los asuntos en materia jurídica por la persona titular de la Dirección General de Asuntos Jurídicos. Los Directores Generales serán suplidos en sus ausencias por sus inferiores jerárquicos inmediatos, ya sean Directores Generales Adjuntos o Directores de Área, de conformidad con los asuntos que tengan a su cargo. El Coordinador General de los Centros de Atención Integral será suplido en sus ausencias por su inferior jerárquico inmediato. El Director General Adjunto de Finanzas será suplido en sus ausencias por el Director de Recursos Humanos. La ausencia de los Directores de Recursos Humanos; de Recursos Materiales y Servicios Generales, y de Tecnologías de la Información, será suplida por el Director General Adjunto de Finanzas. La ausencia de los Directores de la Unidad de Género, y de la Unidad de Transparencia será suplida por el servidor público que designe el Comisionado Ejecutivo. En ese sentido, si al director general del Comité Interdisciplinario Evaluador, corresponde realizar el proyecto de dictamen y si éste se suscribió por la directora de área, es inconcuso que se encuentra legalmente facultada para ello. Luego, conforme a lo establecido en el artículo 84 del Reglamento de la Ley General de Víctimas, para la emisión del proyecto de dictamen debe valorarse y analizarse la información y documentación presentada por la víctima, así como la información adicional que el propio Comité haya integrado al expediente; análisis que consta se hizo en el dictamen de mérito, en el que incluso se desglosaron cada una de las pruebas que obran en el expediente. Finalmente, consta que en éste se señalaron los motivos y circunstancias que tuvo en consideración la autoridad para emitir la propuesta de ayuda asistencial del hoy quejoso, así como, los fundamentos legales en que se basó para ello y que son los artículos 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 26, 27, 64, 65, 69 fracción III, 88 fracción XXIII, 131, 144, 145, 146, 148, 149, 150 y 152 de la Ley General de Víctimas, 78, 82 fracción II y 83 a 87 de su reglamento. Dictamen que fue aprobado por la Comisionada Ejecutiva de Atención a Víctimas mediante resolución de veintiuno de julio de dos mil veintidós, como se requirió en la sentencia de mérito. De ahí que la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida sin excesos ni defectos. Finalmente, en torno a lo que argumenta el quejoso en el sentido que la autoridad responsable inobserva los plazos señalados en la ley de la materia para emitir sus actuaciones, en específico lo señalado en los artículos 146 y 148 de la Ley General de Víctimas, que establecen que el Comité Interdisciplinario evaluador deberá integrar el expediente en un plazo no mayor de cuatro días, y el de veinte días para emitir resolución en la que se determine la procedencia de tales medidas; lo cual fue precisamente la materia de la concesión del amparo y por dichas circunstancias se concedió la protección constitucional solicitada. Dígasele que, se encuentra en aptitud de inconformarse legalmente contra dichas omisiones, pues al versar este juicio sobre una violación al derecho humano de acceso a la justicia, en su vertiente de justicia pronta, consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el acto reclamado es de carácter negativo (omisión de la autoridad de respetar los plazos legales); por ende, el cumplimiento exigido por este juzgador fue obligar a la responsable a cumplir la ejecutoria de amparo, respetar el derecho de que se habla y cumplir con lo que éste exija, de acuerdo con el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo. Lo que realizó como se analizó en párrafos precedentes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.(SE NOTIFICO POR LISTA AL QUEJOSO)

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