Farit Toledo Rojas
Expediente 1954/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 6 actuaciones registradas, la última del 1 de marzo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1954/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 01/03/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Pedro Cruz Padilla y Otros.
- Farit Toledo Rojas
- Farit Toledo Rojas y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Mesa VI-B * "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, uno de marzo de dos mil dieciséis. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente, para que el quejoso Pedro Cruz Padilla, interpusiera recurso de revisión contra el auto de ocho de febrero de dos mil dieciséis, por el que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo en que se actúa, transcurrió del dieciséis al veintinueve de febrero del año en curso, sin que interpusiera dicho recurso. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Con fundamento en el artículo décimo primero, párrafo segundo del acuerdo general conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, y de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como concluido. En cumplimiento a lo señalado en los puntos cuarto, décimo primero y vigésimo primero, fracción II, del citado acuerdo, toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia y que tal determinación no fue recurrida se estima que este expediente es susceptible de destrucción. Se considera también que carece de relevancia documental, en virtud que por el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se indica que, conforme a la certificación de cuenta, en este expediente no existen documentos considerados originales en términos del punto segundo fracción XVIII, del mencionado acuerdo. Hágase del conocimiento de las partes que, conforme al punto décimo, fracción I, del referido acuerdo, el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que después de transcurrido el plazo de cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su destrucción. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese...
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Oaxaca de Juárez, Oaxaca, ocho de febrero de dos mil dieciséis. Visto el estado de autos, se desprende que este juicio de amparo fue promovido por Pedro Cruz Padilla, contra actos del comisario calificador del tercer turno de la Policía Estatal, residente en esta ciudad, quien en su escrito de demanda, señaló como acto reclamado: ACTOS RECLAMADOS: AUTORIDAD RESPONSABLE: La detención e incomunicación al quejoso. Comisario en turno de la Policía Estatal. Ahora bien, de las constancias que obran en el sumario, en específico las remitidas por el comisario calificador del tercer turno de la Policía Estatal, residente en esta ciudad, a las que se les otorga valor probatorio pleno al tenor de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del numeral 2º, se desprende que dicho quejoso promovió diverso juicio de amparo en este juzgado, radicado bajo el número 1951/2015, por los mismos actos a los aquí reclamados derivados del similar expediente PE/DSR/CPVE/CJ/1068/2015, con el nombre de Blas Pedro Cruz Padilla. Controversia de amparo en la que atendiendo a la naturaleza de los actos de disenso, esto es, de carácter autónomos, reclamados por diversos agraviados, se ordenó la separación material de los autos; quedando la acción constitucional intentada por Blas Pedro Cruz Padilla, radicada con el número 13/2016, del registro de este juzgado, en la que reclamó lo siguiente: ACTOS RECLAMADOS: AUTORIDAD RESPONSABLE: La detención arbitraria y arresto inconmutable por alcoholímetro. Director jurídico de la Policía Estatal, con residencia en esta ciudad. Comisario calificador del tercer turno de la Policía Estatal, residente en esta ciudad. Subdirector jurídico de Tránsito del Estado, con residencia en esta ciudad, en representación del titular de la dependencia. Asimismo, se advierte que mediante sentencia dictada en dicho expediente, el veintiocho de enero de dos mil dieciséis, por una parte se sobreseyó en el juicio y por otra se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Blas Pedro Cruz Padilla. Circunstancia que constituye un hecho notorio para este órgano jurisdiccional en términos de la jurisprudencia XXII J/12, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, tomo V, enero de mil novecientos noventa y siete, Novena Época, página doscientos noventa y cinco, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN". Por tanto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a examinar si en el caso existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En la especie, se actualiza la causa de improcedente prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo; que dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior;". La lectura del artículo transcrito revela que el juicio de amparo es improcedente contra actos que hayan sido materia de diverso juicio de amparo, promovido por el mismo quejoso; no obstante que aquel juicio lo haya promovido bajo el nombre de Blas Pedro Cruz Padilla, pues deriva del mismo expediente administrativo, y contra la misma autoridad y actos reclamados. Por lo que al existir identidad del quejoso, actos reclamados y autoridad responsable, entre este juicio y el diverso 13/2016, del índice del este juzgado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, que establece la improcedencia del juicio de amparo cuando exista cosa juzgada por tratarse de un acto que ya fue materia de una ejecutoria de amparo. En consecuencia, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio de amparo de conformidad con la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia; sobreseimiento que impide analizar los conceptos de violación vertidos por la parte quejosa. Sin que el hecho de que en este caso se sobresea fuera de audiencia constitucional, cause agravio al quejoso o lo prive de defensa, pues, ni aún celebrándose ésta, el impetrante podría desvirtuar con prueba alguna la causa de improcedencia de mérito, que se torna notoria, manifiesta e indudable, por lo que el resultado del fallo sería en el mismo sentido; por tanto, atendiendo al principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 constitucional, lo procedente es resolver fuera de audiencia al haber cesado los efectos del acto reclamado. En virtud de lo anterior, se dejan sin efecto la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional (diez horas con veinte minutos del dieciocho de febrero de dos mil dieciséis). Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el licenciado José Luis Evaristo Villegas, juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, asistido de la licenciada Lizeth Ortiz Segura, secretaria que autoriza y da fe. MESA AMPARO VI-B SE NOTIFICO EN TERMINOS DEL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO
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Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintiséis de enero de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede se advierte que el plazo de tres días concedido a la parte quejosa, en proveído de trece de enero de este año, para que manifestara si ampliaba o no su demanda de amparo respecto al informe justificado rendido por el comisario calificador del tercer turno de la Policía Estatal, residente en esta ciudad, y anexos, transcurrió del veintiuno al veinticinco de enero del año en curso, sin que realizara manifestación alguna; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto, y se tiene por no ampliada la demanda de amparo; por tanto, se sigue el juicio en sus trámites en relación únicamente a la autoridad y actos reclamados inicialmente. Ahora bien, visto el estado de autos y las constancias anexas al informe justificado rendido por el comisario calificador del tercer turno de la Policía Estatal, residente en esta ciudad (fojas 26 a 38), se desprende que en esta contienda constitucional se reclaman actos desvinculados entre sí, a saber: La orden de detención, incomunicación y arresto inconmutable por alcoholímetro contra los quejosos, en los expedientes que enseguida se enuncian: Pedro Cruz Padilla o Blas Pedro Cruz Padilla (EXP. PE/DSR/CPVE/CJ/1068/2015). Rutilo Francisco Cruz Rendón (EXP. PE/DSR/CPVE/CJ/1063/2015). Rubén Edgar Silva Bastida (EXP. PE/DSR/CPVE/CJ/1071/2015). Así es, se advierte que los actos reclamados no se encuentran vinculados entre sí, ya que se trata de actos que tienen su origen en diversos hechos que generaron la detención, incomunicación y arresto inconmutable por alcoholímetro contra cada uno de los citados justiciable, los cuales incluso se generan en diversos expedientes; en consecuencia, acorde a las reglas que rigen el juicio de amparo, al tratarse de actos autónomos, no pueden examinarse en un único juicio de amparo. Ahora, si bien en la Ley de Amparo no existe disposición expresa que regule la separación de juicios, resulta jurídicamente posible aplicar el numeral 66 de ese ordenamiento legal, que dice: "Artículo 66. En los juicios de amparo se substanciarán en la vía incidental, a petición de parte o ameriten ese tratamiento y surjan durante el procedimiento. El órgano jurisdiccional determinará, atendiendo a las circunstancias de cada caso, si se resuelve de plano, amerita un especial pronunciamiento o si se reserva para resolverlo en la sentencia". Del texto legal transcrito, se aprecia que en los juicios de amparo se substanciarán en la vía incidental cuando ameriten ese tratamiento y surjan durante el procedimiento constitucional, salvo cuando a juicio del órgano jurisdiccional, atendiendo a las circunstancias de cada caso, sea menester resolverlo de plano, a efecto de hacer realidad el principio de justicia pronta consagrado en el numeral 17 Constitucional. En torno al tema de separación de juicios, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 6/96, se pronunció en términos que a continuación se indican: "(.) así como la Ley de Amparo regula la acumulación de juicios en las disposiciones legales transcritas, se hace necesario el que se haga una separación de juicios, ya que si bien esta figura no se encuentra regulada de manera específica en dicha ley, el caso es que debe ser incorporada a través de la jurisprudencia. La anterior conclusión induce a los siguientes cuestionamientos: Cómo, cuándo y en qué casos procede la separación de juicios. Esto, sin duda, será posible en todos aquellos casos que no estén contenidos en las dos fracciones que, para la procedencia de la acumulación de juicios, establece el artículo 57 de la Ley de Amparo, cuando el Juez de Distrito se percate, ya durante el trámite del juicio y hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional, de la existencia de los supuestos para esa separación, lo que implicaría que en tal situación deberá iniciar su trámite, deduciéndolo a contrario sensu de lo que establece el precepto legal citado. Dicha separación de juicios podrá válidamente hacerse de oficio en cualquier estado del procedimiento, desde la etapa de la admisión de la demanda hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional; el trámite deberá ser incidental aplicando, en lo pertinente, los artículos referentes a la acumulación a contrario sensu, con suspensión del procedimiento principal, como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo, con audiencia de las partes y resolución que decrete la separación. El Juez, en esta etapa, podrá hacer los requerimientos necesarios a las partes y a las responsables, aplicándose, por analogía, lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley de Amparo, para conocimiento pleno de lo que resolverá el Juez. Al decretarse la separación, el Juez proveerá automáticamente la formación de los expedientes que en derecho resultan, registrándolos y engrosándolos con las copias certificadas que sean necesarias para su integración. Integrados los diferentes expedientes, el Juez ordenará el trato que a cada uno corresponda jurídicamente: Si todos son de su competencia, los fallará por cuerda separada, si uno de ellos es competencia de otro órgano, sea de la Suprema Corte, del Tribunal Colegiado o de otro Juez de Distrito, se dará el trámite correspondiente. Esta Suprema Corte de Justicia estima que con lo anterior, en gran medida, se logrará una tramitación más diáfana en los juicios de garantías, que en lo futuro evite el pronunciamiento de fallos complicados y tal vez confusos en su comprensión, no sólo para los efectos de las sentencias que, en su caso, se pronuncien, concediendo el amparo y su cumplimiento, sino en el trámite de las impugnaciones que al respecto lleguen a formularse. Todo lo antes mencionado responde, también, a que los tribunales de amparo, por los objetivos que se persiguen, traten de acatar las medidas propuestas, en aras de una adecuada administración de justicia, sirviendo de apoyo al respecto, en lo conducente, el artículo 57 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, pues si bien alude a la acumulación de juicios de amparo, la separación de éstos se impone, en la hipótesis que se analiza, precisamente porque si los actos reclamados en un solo asunto derivan de juicios o procesos diversos, desvinculados entre sí, nunca podrán darse los supuestos de acumulación que establece el último numeral citado, que requieren, como base fundamental, que se trate del mismo acto reclamado, lo que no acontece en la especie. (.)". De la ejecutoria anterior, derivaron diversas jurisprudencias, entre ellas, las identificadas con los números 76/97 y 77/97, visibles a páginas ciento dieciocho, tomo VI, septiembre de mil novecientos noventa y siete, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. SU PROCEDENCIA. Si en una demanda de amparo se reclaman actos emanados de juicios diversos, desvinculados entre sí, y dicha demanda ha sido admitida por el Juez de Distrito, o bien, tal circunstancia es advertida durante la tramitación del juicio (hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional), con motivo de los informes justificados que rindan la o las autoridades responsables, podría iniciarse de oficio la separación de juicios, figura ésta, que al no estar específicamente regulada en la Ley de Amparo, debe por ello quedar contenida en la jurisprudencia, tomando como base el artículo 57 de esa ley, que establece la acumulación, deduciéndolo en sentido contrario, por lo que puede concluirse que, fuera de los casos que ahí se prevén, en cualquier otro supuesto se requiere hacer la separación". "SEPARACIÓN DE JUICIOS. REGLAS PARA SU TRAMITACIÓN EN EL JUICIO DE GARANTÍAS. La separación de juicios podrá válidamente hacerse de oficio en cualquier estado del procedimiento, desde la etapa de la admisión de la demanda hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional. El trámite deberá ser incidental, aplicando, en lo pertinente, los preceptos legales de la Ley de Amparo relativos a la acumulación, en sentido contrario, con suspensión del procedimiento principal, como lo establece el artículo 62 de dicha ley, con audiencia de las partes y resolución que decrete la separación. El Juez, en esta etapa, podrá hacer los requerimientos necesarios a las partes, aplicando por analogía lo dispuesto en el artículo 78 de la ley de la materia, para conocimiento pleno de lo que resolverá". Corolario de lo anterior, con apoyo en el citado numeral 66 de la Ley de Amparo en vigor, lo procedente es decretar de manera oficiosa la separación material de los autos, por lo que, deberá instrumentarse lo necesario para que en este juicio 1954/2015, se tramite únicamente lo relativo a la detención, incomunicación y arresto inconmutable por alcoholímetro contra el quejoso Pedro Cruz Padilla o Blas Pedro Cruz Padilla, reclamada al comisario calificador del tercer turno de la Policía Estatal, residente en esta ciudad. Se ordena formar diversos juicios en los que se conocerá de los siguientes actos reclamados: La detención, incomunicación y arresto inconmutable por alcoholímetro contra el quejoso Rutilo Francisco Cruz Rendón, emitida en el expediente PE/DSR/CPVE/CJ/1063/2015, reclamada al comisario calificador del tercer turno de la Policía Estatal, residente en esta ciudad. La detención, incomunicación y arresto inconmutable por alcoholímetro contra el justiciable Rubén Edgar Silva Bastida, emitida en el expediente PE/DSR/CPVE/CJ/1071/2015, reclamada al comisario calificador del tercer turno de la Policía Estatal, residente en esta ciudad. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia P/J 78/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página ciento diecisiete, tomo VI, septiembre de mil novecientos noventa y siete, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. EL JUEZ DE DISTRITO, AL DECRETARLA, DEBERÁ TOMAR LAS MEDIDAS Y SEÑALAR EL TRATO QUE A CADA UNO CORRESPONDA. Al decretarse la separación el Juez proveerá automáticamente la formación de los expedientes que en derecho resulten, registrándolos y engrosándolos con las copias certificadas que sean necesarias para su integración. Integrados los diferentes expedientes, el Juez ordenará el trato que jurídicamente a cada uno le corresponda, si todos son de su competencia, los fallará por cuerda separada, si uno de ellos es competencia de otro órgano, sea de la Suprema Corte, de un Tribunal Colegiado o de otro Juez de Distrito, se dará el trámite correspondiente, todo ello en aras de una mejor administración de justicia". En razón de lo anterior, este órgano de control constitucional, a fin de evitar mayores dilaciones en la tramitación del juicio de amparo en que se actúa, determina realizar de manera oficiosa la separación de juicios con la formación de diversos juicios constitucionales, integrados con copia certificada de las constancias necesarias de este juicio, mismos que se ordenan enviar a la oficina de correspondencia común, para su registro correspondiente en términos del oficio STCCNO/324/2012, de quince de octubre de dos mil doce. Para los efectos legales a que haya lugar, mediante oficio que al efecto se gire, hágase lo anterior del conocimiento de la autoridad responsable. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el licenciado José Luis Evaristo Villegas, juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en la ciudad del mismo nombre, asistido del licenciado León Isaac Hernández Luna, secretario que autoriza y da fe. MESA AMPARO VI-B SE NOTIFICO EN TERMINOS DEL ARTICULO 27, FRACCION I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO
- Principal
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, trece de enero de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguense a los autos los informes justificados rendidos por el comisario calificador del tercer turno de la Policía Estatal, residente en esta ciudad. Sin que sea obstáculo, agregar el segundo de los informes de referencia, remitido vía fax, al estar certificada la hora y fecha de su recepción, y el nombre de la persona que lo remitió, de lo cual dio fe la secretaria judicial adscrita a este juzgado. Asimismo, en términos del numeral 119 de la Ley de Amparo, téngase a la citada autoridad responsable remitiendo como prueba de su parte, las documentales que anexa, mismas que desahogan en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de ser relacionadas en la audiencia constitucional. Con lo anterior, dése vista a las partes para los efectos legales consiguientes. Ahora bien, toda vez que del contenido integral de las constancias remitidas por la aludida autoridad responsable, se advierte que el arresto administrativo de doce de diciembre de dos mil quince, que por veinticuatro horas, se les impuso a los quejosos Pedro Cruz Padilla, Rubén Edgar Silva Bastida y Rutilo Francisco Cruz Rendón, fue impuesto por la dirección de Tránsito del Estado, residente en esta ciudad; en consecuencia, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase a los quejosos, para que dentro del plazo de tres días, manifiesten si amplían o no su demanda de amparo, respecto del informe justificado rendido por el comisario calificador del tercer turno de la Policía Estatal, residente en esta ciudad, así como de los anexos que acompañó, cuya omisión se reclamó como violación al derecho de petición en este juicio de amparo. En caso que pretendan ampliar la demanda, hágase del conocimiento de la parte quejosa que deberá cumplir con los requisitos previstos en el artículo 108 de la Ley de Amparo; en el entendido que de no hacer manifestación alguna al efecto, en el referido plazo, se entenderá que no es su deseo ampliar tal demanda. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el licenciado José Luis Evaristo Villegas, juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Oaxaca de Juárez; asistido de la secretaria licenciada Lizeth Ortiz Segura, que autoriza y da fe.EN TERMINOS DEL ART 27, FRAC I DE LA LEY DE AMPARO
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