Fátima Lucía Sánchez Díaz

Expediente 860/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 7 actuaciones registradas, la última del 2 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
860/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
02/01/2023

Partes del expediente

  • Fátima Lucía Sánchez Díaz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de enero de dos mil veintitrés. Intégrense a los autos los dos escritos de cuenta de la quejosa Fátima Lucía Sánchez Díaz, mediante los cuales solicita la devolución de las constancias que anexó a su escrito de demanda, así como la copia certificada de todas las actuaciones que obran en el presente asunto, y señala correo electrónico y número telefónico para recibir notificaciones. Como lo solicita la quejosa, previa copia simple que se deje autos como constancia, con fundamento en los artículos 278, 279 y 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se le autoriza la devolución de las constancias que adjuntó a su escrito de demanda y se le expide copia certificada de los autos que integran el presente asunto. Se toma conocimiento del correo electrónico y número telefónico proporcionados por la parte quejosa, a través de los cuales podrán realizarse comunicaciones no procesales, en términos del artículo 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Notifíquese por lista de acuerdos a las partes.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de octubre de dos mil veintidós. Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia que sobreseyó este juicio ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en razón que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que el presente sumario constitucional en sentencia se sobreseyó, quien esto provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 860/2022, promovido por Fátima Lucía Sánchez Díaz, contra la omisión atribuida a las autoridades que más adelante se precisará. El problema jurídico que corresponde abordar en el presente asunto, consiste en determinar si las autoridades responsables han dado contestación al escrito que la quejosa presentó, el cual se encuentra reconocido en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. R E S U L T A N D O: PRIMERO. DEMANDA DE AMPARO. Mediante escrito presentado el veinte de julio de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, Fátima Lucía Sánchez Díaz, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y por la omisión que más adelante se precisará. La peticionaria del amparo señaló como derechos fundamentales violados, los contenidos en los numerales 8, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. La demanda se turnó a este juzgado el veinte de julio del año en curso, donde quedó registrada con el número 860/2022 y fue admitida el veintiuno siguiente; en ese propio auto, se solicitó de las autoridades responsables su informe justificado; se otorgó la intervención conducente al Agente del Ministerio Público adscrito; se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo en los términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se reclama la falta de contestación ante un autoridad responsable que se encuentra dentro del ámbito territorial en que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito, aunado a que, a prevención, compete su conocimiento. SEGUNDO. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO: El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. En ese sentido, con independencia de la forma en que la parte quejosa fijó los actos, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que de lo que realmente se duele, es la falta de contestación por escrito por parte de la Oficialía Mayor y del titular, ambos de la de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, a su escrito de presentado el diecisiete de mayo de dos mil veintidós. Tal precisión se realiza acorde a lo establecido en la jurisprudencia 1347 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice 1917-Septiembre 2011 del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación) Décima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Materia Común, registro 1003226, página 1511, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." TERCERO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La autoridad señalada como responsable Fiscal General del Estado de Oaxaca, rindió su informe justificado, negando la existencia de los actos reclamados atribuidos, sin que la parte quejosa hubiese desvirtuado dicha negativa. Consecuentemente, lo que procede, en el caso, es sobresee por inexistencia del acto reclamado, con fundamento en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo. CUARTO. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Al rendir su informe justificado la autoridad responsable Oficial Mayor de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, convino en la existencia del acto reclamado. Hecho que se corrobora con las documentales que anexó, consistentes en un cuadernillo de copias cotejadas de diversos oficios y de la documental consistente en la captura de pantalla web de la notificación mediante correo electrónico a Fátima Lucía Sánchez Díaz, las que tienen valor probatorio pleno, al tenor de los normativos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2. QUINTO. ESTUDIO DE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Previamente al estudio de fondo del asunto planteado, procede analizar si en el caso con el acto cuya existencia quedó acreditada, se actualiza alguna causa de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público, que debe examinarse de oficio, según lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En la especie sobreviene la hipótesis prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la citada Ley de Amparo, que establece la improcedencia del juicio de derechos fundamentales, cuando han cesado los efectos del acto reclamado. Dicha causal de improcedencia se actualiza cuando la autoridad responsable emite un acto que destruye la inacción reclamada, de forma total e incondicional; de modo tal, que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación a los derechos fundamentales de la parte quejosa, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, puesto que, la razón que justifica la improcedencia de mérito es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de una omisión que ha dejado de existir por la acción de la autoridad, pues, el efecto del amparo tratándose de este tipo de actos omisivos, será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo derecho exija, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Como se precisó, Fátima Lucía Sánchez Díaz, reclamó de del Oficialía Mayor de la Fiscalía Mayor de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, la falta de contestación por escrito debidamente fundamentada y motivada a su petición presentada el diecisiete de mayo del año en curso, en dicha petición solicitó se reactive el pago de las prestaciones que su concubino percibía como trabajador de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, desde el mes de septiembre de dos mil veinte. Ahora bien, al rendir su informe con justificación, el Oficial Mayor de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, informó que el escrito de la quejosa se turnó a la Visitaduría General de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, para que acuerde y le notifique conforme a las atribuciones. Así también, consta el oficio VIS./GRAL./IV/106/2022, en el que la Agente del Ministerio Público de la mesa cuatro, adscrita a la Visitaduría de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, dio respuesta a la petición de la quejosa y al efecto le contesto lo siguiente: De igual forma, consta que Fátima Lucía Sánchez Díaz, quedó notificada el doce de agosto de dos mil veintidós. Por ende, se concluye que en la especie cesaron total e incondicionalmente los efectos del acto combatido, ya que lo pretendido en esencia por la agraviada al promover el juicio de amparo, es que se le dieran respuesta por escrito a su petición de diecisiete de mayor de dos mil veintidós; luego, es inconcuso que han cesado los efectos del acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 193758, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De modo que, al sobrevenir la causa de improcedencia invocada, procede decretar el sobreseimiento en este juicio de amparo de conformidad con la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo. Apoya este criterio la tesis 2a./J. 9/98, integrada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, Tomo VII, Febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que reza: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Cabe destacar que el sobreseimiento del asunto, impide el estudio de los conceptos de violación, conforme a lo dispuesto en las tesis 509 y 1028, consultables en las páginas 335 y 708, respectivamente, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75 y 124 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en este juicio de amparo, promovido por Fátima Lucía Sánchez Díaz, contra el acto reclamado a la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, que hizo consistir en la omisión de emitir el acuerdo que corresponda a la petición que hizo mediante ocurso de diecisiete de marzo de dos mil veinte, dentro del expediente 04/2017. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de septiembre de dos mil veintidós. Del estado procesal de los autos, se advierte que se encuentra señalada la audiencia constitucional para las diez horas con quince minutos del catorce de septiembre de dos mil veintidós, sin embargo, del contenido del artículo 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se advierte que se día inhábil. En consecuencia, desde este momento se difiere la audiencia constitucional y en su lugar se señalan las diez horas con quince minutos del veintitrés de septiembre para su verificativo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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