Fanny Tomasa Aguilar Jiménez
Expediente 1056/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 3 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1056/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 03/03/2021
Partes del expediente
- Fanny Tomasa Aguilar Jiménez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, tres de marzo de dos mil veintiuno. Se reenvía oficio. Téngase por recibido el oficio del Titular de la Oficina de representación de la Coordinación Nacional de Prospera Programa de Inclusión Social en el Estado de Puebla, por el cual devuelve el oficio dirigido a la autoridad responsable Delegado Estatal de Programas Para el Desarrollo en el Estado de Puebla, pues refiere que fue recibo por error involuntario; por tanto, a fin de evitar dilaciones en el presente juicio, se ordena girar nuevamente el oficio a la última autoridad antes precisada, a fin de que tenga conocimiento del contenido del proveído del veintidós de febrero de dos mil veintiuno. Se devuelve expediente al archivo. Finalmente, toda vez que de autos se advierte que se ordenó el archivo del presente juicio como asunto concluido; en consecuencia, hágase su devolución. Cúmplase.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, seis de enero de dos mil veintiuno. No se amplió demanda de amparo. Visto el estado procesal que guardan los autos y específicamente la certificación que antecede, se advierte que mediante proveído del ocho de diciembre de dos mil veinte, se requirió a la parte quejosa para que dentro del plazo de quince días, manifestara si era su deseo ampliar su demanda de amparo respecto del oficio *** del ocho de octubre de dos mil veinte, emitido por el Delegado Estatal del Programa para el Desarrollo en el Estado de Puebla y su respectiva notificación del diecinueve de noviembre pasado. Y, tomando en consideración que el aludido acuerdo le fue notificado electrónicamente a la parte quejosa el diez de diciembre de dos mil veinte, surtió sus efectos ese mismo día, por lo que el plazo para desahogar el citado requerimiento, transcurrió del once de diciembre de dos mil veinte al cuatro de enero de dos mil veintiuno, sin que la parte quejosa haya hecho manifestación alguna. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento formulado en proveído del ocho de diciembre de dos mil veinte, por lo que no se tiene por ampliada su demanda de amparo y se tienen como actos reclamados y autoridades responsables, los señalados expresamente en el escrito inicial de la demanda de amparo, esto es, la omisión de dar contestación al escrito presentado el dos de octubre de dos mil veinte. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora bien, debe tenerse presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. En el caso, este órgano jurisdiccional advierte de oficio que, respecto del acto reclamado consistente en la omisión de dar contestación al escrito presentado el dos de octubre de dos mil veinte, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Del precepto legal transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos sean destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie al quejoso; es decir, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo caso en el que el juicio de amparo carecería de litis sobre la cual hacer un pronunciamiento de fondo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del tomo IX, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a junio de 1999, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ÉSTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera resulta aplicable, el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 241, del tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a abril de 1998, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." Es útil también la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a febrero de 1998, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Igualmente, es aplicable el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, del tomo VI, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a noviembre de 1997, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Bajo esa óptica jurídica, se precisa que en relación con el acto reclamado consistente en la omisión de dar contestación al escrito presentado el dos de octubre de dos mil veinte; se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, pues su petición ya fue contestada, tal como enseguida se evidencia: De la imagen inserta se aprecia que la autoridad responsable dio contestación al escrito presentado por la parte quejosa, el ocho de octubre de dos mil veinte y notificó dicha contestación. En consecuencia, dado que ha cesado la omisión reclamada, los efectos del acto reclamado desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna de dicha afectación. Por tanto, se concluye que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo y, por ende, procede sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la norma citada. Sirve de fundamento, la jurisprudencia 2ª/J 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes. "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Se deja sin efectos la audiencia constitucional. En esas circunstancias, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las QUINCE HORAS DEL SIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Finalmente, dese de alta el presente sobreseimiento en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva a cabo en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese; y personalmente vía electrónica a la parte quejosa.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, ocho de diciembre de dos mil veinte. Informe justificado. Visto el oficio del Delegado Estatal del Programa para el Desarrollo en el Estado de Puebla; atento a su contenido, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido su informe justificado; sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. Vista con informe. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con el contenido del informe justificado, por el plazo de ocho días, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Delegados. Téngase como delegada a la persona que señala, en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo. Domicilio. En términos de lo dispuesto por el artículo 28 de la Ley de Amparo, se tiene por señalado el domicilio para oír y recibir notificaciones que indica. Correos electrónicos. Se le tiene señalando correo electrónico para recibir comunicaciones no procesales, bajo el esquema de trabajo a distancia y en línea adoptado por el Consejo de la Judicatura Federal, ante la contingencia por la pandemia de Covid-19. Número telefónico. Asimismo, se toma conocimiento del número telefónico de la autoridad responsable, donde podrá ser contactada en caso de ser necesario. Vista para ampliar. ... Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, tres de diciembre de dos mil veinte. Diferimiento. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede se advierte que se señaló para el día de hoy la audiencia constitucional; sin embargo, se encuentra transcurriendo el plazo de quince días concedido a la autoridad responsable para que rinda su informe justificado. En tales condiciones, se difiere la audiencia constitucional. En esa medida, se señalan las QUINCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIECIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, para su celebración. . Notifíquese.
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