Fanny Flores Sierra

Expediente 322/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 7 actuaciones registradas, la última del 29 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
322/2018
Año
2018
Actuaciones
7
Última actuación
29/04/2019

Partes del expediente

  • Fanny Flores Sierra

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

     Se aclara destrucción de expediente. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que mediante proveído del once de enero de dos mil diecinueve se ordenó el archivo del presente cuaderno de antecedentes, por lo que se determinó su destrucción una vez transcurridos cinco años de su archivo, al considerar que encuadraba en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes. No obstante, de conformidad con lo dispuesto en el punto primero, fracción XX del referido acuerdo, se advierte que el presente cuaderno de antecedentes constituye un cuaderno auxiliar, por lo que encuadra en el supuesto previsto en el diverso punto vigésimo, fracción I del citado ordenamiento legal. Por ende, se aclara que el presente cuaderno de antecedentes debe destruirse una vez transcurridos seis meses de su archivo, lo anterior para los efectos legales correspondientes. Finalmente, toda vez que el veintiocho de enero de dos mil diecinueve materialmente se remitió el presente expediente al archivo de este Juzgado, hágase su devolución. Notifíquese.

  2. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL AVISO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA(S) RESOLUCIÓN(ES) DE 20 DE DICIEMBRE DE 2018, QUE EN LO CONDUCENTE DICE(N): Agréguese a los autos el escrito signado por ***, mediante el da cumplimiento al requerimiento formulado en proveído del once de diciembre de dos mil dieciocho, y al efecto señala que el acto que reclama es la resolución del treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, dictada en el juicio ejecutivo mercantil *** del índice del Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Chiautla, Estado de Puebla. Ahora bien, previamente a proveer sobre la admisión de la demanda de amparo, es dable precisar que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio constitucional y consolidaría una violación procesal, por lo que se procede a examinar si en la especie se satisface ese requisito. En el caso este órgano jurisdiccional es legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo que promueve ***, por razón de la vía. En primer término, resulta necesario relatar los antecedentes del acto reclamado, mismos que se desprenden de las constancias que integran el expediente *** del índice del Juez responsable, que remitió a fin de proveer lo relativo a la admisión de la demanda de amparo, las cuales tienen valor probatorio pleno, por ser documentos públicos, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia; de las que se aprecia lo siguiente: a) Mediante escrito del siete de enero de dos mil dieciocho, *** -quejosa-, ostentándose como endosataria en procuración de ***, apoderado legal de ***, promovió juicio ejecutivo mercantil en contra de ***(fojas 42 a 46). b) De la demanda correspondió conocer al Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Chiautla, quien el treinta y uno de enero siguiente la radicó con el número ***, y la admitió a trámite, por lo que ordenó realizar la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento a los demandados (foja 55). c) Hecho lo anterior, en virtud de que los demandados no formularon su contestación respectiva, el dieciséis de abril del presente año se tuvo por perdido su derecho para hacerlo, por lo que se ordenó realizarles las subsecuentes notificaciones por lista y se proveyó respecto a las pruebas ofrecidas (foja 63). d) Seguidas las etapas procesales correspondientes, el veintitrés de mayo de dos mil dieciocho se realizó la audiencia relativa a la formulación de alegatos y una vez concluida se ordenó turnar los autos para el dictado de la sentencia definitiva (foja 70 vuelta). e) El seis de agosto superior, el Juez de origen determinó que no era factible dictar la sentencia, ya que la promovente carecía de personalidad para actuar a nombre de empresa actora, pues ésta únicamente podía demandar por conducto de su apoderado legal, por lo que se dejó insubsistente todo lo actuado en el juicio y a salvo los derechos de la actora (foja 73). f) Inconforme con lo anterior la quejosa promovió recurso de revocación el cual se resolvió el treinta y uno de octubre de la presente anualidad, determinándose confirmar la resolución impugnada y dejándose a disposición de la parte promovente los documentos fundatorios de la acción en virtud del sobreseimiento en el juicio decretado (fojas 85 a 87), decisión que constituye el acto reclamado. De los antecedentes relatados se desprende que la quejosa promovió un juicio ejecutivo mercantil ostentadose como endosataria en procuración del apoderado de una persona moral, demandado a ***; no obstante, previamente a que se dictara el fallo definitivo, el Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Chiautla emitió un proveído en el que determinó que la impetrante carecía de personalidad para promover el procedimiento en representación de la moral actora, pues ello sólo podía hacerlo su apoderado, por lo que dejó insubsistente todo lo actuado en el juicio; asimismo, la quejosa interpuso recurso de revocación en contra de tal proveído, en el que se confirmó tal determinación y se sobreseyó en el juicio ejecutivo mercantil. Ahora bien, los artículos 34 y 170 de la Ley de Amparo establecen: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. (.)" "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo." De los preceptos legales transcritos se desprende que el juicio de amparo directo procede, entre otras, contra aquellas resoluciones que pongan fin al juicio, entendiéndose como tales, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En ese contexto, es necesario establecer si la resolución dictada el treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, en la que se resolvió el recurso de revocación planteado por la quejosa y se confirmó el auto en el que se declaró que ésta carecía de personalidad para promover el juicio mercantil de origen y se ordenó dejar insubsistente todo lo actuado en el procedimiento, debe considerarse o no como una resolución que pone fin al juicio para los efectos del juicio de amparo. Al respecto, se considera que la referida resolución -dado los efectos que produce- es de aquellas que ponen fin al juicio, pues aun cuando no decide el fondo de la controversia planteada la da por terminada, sin que la leyes ordinarias establezcan algún recurso mediante el cual pueda ser modificada o revocada. Lo anterior se corrobora con lo dispuesto en los artículos 1126 y 1335 del Código de Comercio, que a la letra dicen: "Artículo 1126. En la excepción de falta de personalidad del actor, o en la objeción que se haga a la personalidad del que represente al demandado, cuando se declare fundada una u otra, si fuere subsanable, el tribunal concederá un plazo no mayor de diez días para que se subsane. De no hacerse así, cuando se trate de la legitimación al proceso por el demandado, se continuará el juicio en rebeldía de éste. Si no se subsanara la del actor, el juez de inmediato sobreseerá el juicio y devolverá los documentos. La falta de capacidad del actor obliga al juez a dar por sobreseído el juicio." "Artículo 1335. Tanto la revocación en primera instancia como la reposición deberán pedirse por escrito dentro de los tres días siguientes a que haya surtido efectos la notificación del proveído a impugnar, dando vista a la contraria por un término igual y el tribunal debe resolver y mandar notificar su determinación dentro de los tres días siguientes. De la resolución en que se decida si se concede o no la revocación o la reposición no habrá ningún recurso." De lo transcrito se desprende que la falta de capacidad o personalidad del actor conlleva al sobreseimiento del juicio mercantil; además, en contra de la resolución dictada en el recurso de revocación no procede recurso alguno. En ese contexto, si en la resolución de revocación reclamada se confirmó un auto que desconoció la personalidad del actor, es evidente que ello derivó en el sobreseimiento del juicio ejecutivo mercantil de origen, tan es así que así se dijo expresamente en esa determinación, lo que se traduce en que se haya dado por terminado el procedimiento sin decidir sobre el fondo de la controversia, pues incluso se ordenó dejar insubsistente lo actuado en él; asimismo, en contra de esa decisión al emitirse en un recurso de revocación no procede recurso alguno; por tanto, el acto reclamado debe ser controvertido a través del juicio de amparo directo. Lo anterior encuentra sustento en los siguientes criterios, aplicados por identidad de razones jurídicas: "AMPARO DIRECTO. PROCEDE CONTRA RESOLUCIONES QUE PONEN FIN AL JUICIO EN MATERIA CIVIL. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107 fracción V, párrafo primero de la Carta Magna, el amparo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, no sólo cuando se trate de materia administrativa, sino también procede en materia civil, pues aun cuando en el inciso c) de dicho precepto no se haya asentado expresamente, su procedencia respecto a resoluciones que ponen fin al juicio, como se hizo en el inciso b), asentándose únicamente que procede en contra de sentencias definitivas, ello no significa que la procedencia del juicio de amparo en materia civil no haya sufrido modificación alguna pues la reforma a dicho precepto constitucional, que consistió entre otras, en agregar como actos susceptibles de ser reclamados en la vía de amparo directo las resoluciones que ponen fin al juicio, alcanza también a la citada materia, dado que el párrafo primero de la fracción V se encuentra redactado en términos generales al expresar que el amparo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, en los casos siguientes: (y enumera los incisos a), b), c) y d) dentro de los que se encuentra la materia civil), debiendo tomarse en cuenta la definición que da el artículo 46, último párrafo de la Ley de Amparo, de lo que debe entenderse por resoluciones que ponen fin al juicio, a saber aquéllas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas". "AMPARO DIRECTO, PROCEDE EN CONTRA DE SENTENCIAS CIVILES QUE SIN DECIDIR EL JUICIO EN LO PRINCIPAL, LO DAN POR CONCLUIDO. AUNQUE EN ELLAS SE DEJEN A SALVO DERECHOS DEL ACTOR PARA EJERCITARLOS. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 46, último párrafo, de la Ley de Amparo, procede el amparo directo en contra de las resoluciones que sin decidir el fondo del juicio en lo principal lo dan por concluido y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso o medio de defensa ordinario, por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas. De lo anterior se sigue que la sentencia definitiva de segunda instancia en la que se confirma la de primer grado que declara improcedente la vía ejercitada, dejando a salvo los derechos del actor en el juicio natural, para que los haga valer en la vía que legalmente corresponda, goza de tal naturaleza y por lo mismo es a través del amparo directo ante el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda en que puede reclamarse, pues aun cuando no resuelvan el fondo de la cuestión principal ejercitada en el juicio, la sola circunstancia de que den por concluido o pongan fin al juicio, es suficiente para que proceda el amparo directo, de acuerdo con la interpretación de las reformas realizadas a los artículos 107, fracción V, de la Constitución General de la República y 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo, publicadas en el Diario Oficial de la Federación de fecha cinco de enero de mil novecientos ochenta y ocho, vigentes el quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho". "RESOLUCIÓN QUE DESECHA EL RECURSO DE RECLAMACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 59 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, INTERPUESTO PARA IMPUGNAR LA SENTENCIA QUE DECRETÓ EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE NULIDAD. EN SU CONTRA PROCEDE EL AMPARO DIRECTO. Del artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo se advierte que el amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Además, prevé que se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal y, por resoluciones que pongan fin al juicio las que, sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido. En ese sentido, la determinación que desecha el recurso de reclamación mencionado contra una sentencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que decretó el sobreseimiento en el juicio de nulidad, al haber sido dictada por los Magistrados integrantes de la Sala y no únicamente por el instructor, se asemeja a aquellas que ponen fin al juicio sin decidir el fondo del asunto, en virtud de que, para la parte que intente ese medio ordinario de impugnación, su juicio concluye con esa decisión, pues tiene como consecuencia la firmeza de la sentencia de sobreseimiento y, por tanto, en su contra procede el juicio de amparo directo". Por tanto, con fundamento en los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 47, 170 de la Ley de Amparo, y 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este Juzgado de Distrito se declara legalmente incompetente, por razón de la vía, para conocer de la demanda de amparo promovida por *** contra la resolución del treinta y uno de octubre de la presente anualidad que resolvió el recurso de revocación en contra del auto de seis de agosto de dos mil dieciocho, dictado en el juicio ejecutivo mercantil ***, del índice del Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Chiautla, Estado de Puebla; en consecuencia, se ordena remitir los autos al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, en turno, a quien se estima competente para conocerla por los motivos y fundamentos expuestos. En esa medida, se solicita al Tribunal que conozca del asunto, que acuse recibo, precisando si acepta o no la competencia, conforme al artículo 47 de la Ley de Amparo. Finalmente, fórmese cuaderno de antecedentes y háganse las anotaciones conducentes en el libro de gobierno de este juzgado de Distrito. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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