Facundo Huerta Gómez

Expediente 1840/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1840/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
14/11/2019

Partes del expediente

  • Facundo Huerta Gómez
  • FACUNDO HUERTA GÓMEZ y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, catorce de noviembre de dos mil diecinueve. ? Causa estado sobreseimiento fuera de audiencia. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término para interponer recurso de revisión previsto por los artículos 81, fracción I, inciso d) y 86 de la Ley de Amparo, contra el proveído del veintidós de octubre de dos mil diecinueve, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional el presente juicio de amparo; por tanto, al no haber sido impugnado en su oportunidad, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, HA QUEDADO FIRME, para todos los efectos legales a que haya lugar. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal sobre depuración y destrucción de expedientes, se acuerda lo siguiente: Destrúyase el presente expediente una vez transcurridos cinco años, toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I del citado Acuerdo General. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Una vez que transcurra el plazo que refiere el artículo décimo, fracción I, del Acuerdo General en cita, transfiérase al Centro de Documentación y Análisis. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al punto décimo séptimo, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que determinó sobreseer fuera de audiencia en el juicio de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Devolución de documento. No existe en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa que se ubiquen en el punto segundo, inciso XVIII , del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, en términos del punto vigésimo, último párrafo, del Acuerdo General citado. Notifíquese.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio y anexos de la Presidenta de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido su informe justificado. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tienen por presentadas las pruebas documentales que anexa la autoridad responsable a su oficio de cuenta. Cabe indicar que las constancias remitidas tienen valor probatorio pleno en términos del artículo 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de conformidad con el numeral 2 de la Ley de Amparo. Sobreseimiento fuera de audiencia constitucional .......... En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE; por lo tanto, una vez que cause estado el presente proveído, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva a cabo en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido.

  3. Principal

    EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL CITATORIO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO B Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA(S) RESOLUCIÓN(ES) DE 22 DE OCTUBRE DE 2019, QUE EN LO CONDUCENTE DICE(N): Agréguese a los autos el oficio y anexos de la Presidenta de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido su informe justificado. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tienen por presentadas las pruebas documentales que anexa la autoridad responsable a su oficio de cuenta. Cabe indicar que las constancias remitidas tienen valor probatorio pleno en términos del artículo 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de conformidad con el numeral 2 de la Ley de Amparo. ? Sobreseimiento fuera de audiencia constitucional. Ante todo, debe tenerse presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. En el caso concreto, la parte quejosa reclamó de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, la omisión de dictar el acuerdo respecto a la resolución de declaración de beneficiarios dentro del expediente laboral *** de su índice, reservado el seis de marzo de dos mil diecinueve. Al respecto, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causa de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Del citado precepto legal se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos sean destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie al quejoso; esto es, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo caso en el que el juicio de amparo carecería de litis sobre la cual hacer un pronunciamiento de fondo. Al respecto, resultan ilustrativos los siguientes criterios sustentados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ÉSTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad. ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Ahora, cabe precisar que si bien el seis de marzo del año en curso, la Junta responsable reservó proveer respecto de la declaración de beneficiarios promovida por *** -quejosos-, sobre los derechos laborales de ***, en el juicio laboral *** de su índice; sin embargo, en esa misma fecha -seis de marzo de dos mil diecinueve- emitió la resolución correspondiente, tal y como enseguida se evidencia: ... Asimismo, señaló las once horas del diecisiete de junio de dos mil diecinueve, para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución; misma que se difirió y se señaló una nueva fecha para su desahogo -trece horas del veintidós de octubre de dos mil diecinueve-. Seguidos los trámites, el dieciocho de junio de dos mil diecinueve, la junta responsable ordenó notificar a las partes la resolución relativa a la declaración de beneficiarios emitida en el juicio laboral *** de su índice. Finalmente, dicha resolución fue notificada el diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, a *** -parte actora-, por conducto de su apoderada legal, como a continuación se evidencia: ... Bajo esa óptica, se advierte que el seis de marzo de dos mil diecinueve, la Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, declaró fundada la declaración de beneficiarios promovida por *** -parte quejosa-, sobre los derechos laborales de **, en el juicio laboral *** de su índice, asimismo, el dieciocho de junio del año en curso, ordenó notificar dicha resolución la parte actora, lo cual hizo el diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, por conducto de su apoderada legal, y finalmente, señaló fecha para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución -trece horas del veintidós de octubre de dos mil diecinueve-. Circunstancias anteriores que ponen de manifiesto que han cesado los efectos de la omisión reclamada, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido la cesación no hubiera dejado huella alguna de dicha afectación, toda vez que en la actualidad, ya se emitió la resolución de declaración de beneficiarios dentro del juicio laboral *** del índice de la junta responsable, y de igual forma se le notificó a la parte quejosa; acciones que denotan que han cesado los efectos del acto reclamado. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 605, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta correspondiente a enero de 2009, que establece: CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto. En consecuencia, se concluye que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse en el juicio fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la norma citada. Sirve de fundamento, la jurisprudencia 2ª/J 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes. SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE; por lo tanto, una vez que cause estado el presente proveído, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva a cabo en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL AVISO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO DE VEINTICUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Agréguense a los presentes autos el oficio suscrito por la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado -autoridad responsable-, por los que remite copia certificada de diversas constancias, entre ellas el acuerdo veinte de septiembre de dos mil diecinueve, dictado en el expediente laboral ..., de su índice, advirtiéndose así las gestiones realizadas para dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos. Ahora bien, de autos se tiene que mediante proveído de cuatro de junio de dos mil diecinueve, causo ejecutoria la sentencia de amparo, en la cual se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En ese tenor, mediante acuerdo de cinco de julio de dos mil diecinueve, la Junta responsable, informó que requirió a la parte quejosa para dar cumplimiento al auto de veinte de junio de dos mil diecinueve, esto es, proporcionara el domicilio correcto y completo de la parte demandada en el juicio de origen, toda vez que fue imposible emplazarlo. Atento a lo anterior, la autoridad responsable, mediante oficio 8035/2019 de su índice, remitió a este juzgado copia certificada del auto de nueve de julio del año en curso dictado dentro del juicio laboral ... de su índice, del cual se desprende que la parte quejosa solicitó que se giraran oficios a diversas dependencias para que informaran si tenían registrados el domicilio de la moral demandada en su base de datos. Por otro lado, se requirió a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, para que una vez que las diversas dependencias informaran el domicilio de la parte demandada, lo hiciera saber a este órgano jurisdiccional, para acreditar las gestiones realizadas para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Cabe precisar que en la sentencia concesoria de amparo, se estableció en lo que interesa que para lograr el emplazamiento de la parte demandada, se tiene la posibilidad de dar la oportunidad a la parte actora de aclarar el domicilio de la parte demandada o señalar uno nuevo para llamarla a juicio, incluso, bajo el apercibimiento de tener por no presentada la demanda, y en su caso, continuar con el trámite respecto de la parte demandada que sí haya sido emplazada, sin que esté obligada a emplear oficiosamente los medios a su alcance para investigar un nuevo domicilio. Como puede apreciarse, por disposición expresa del legislador (artículo 686), el juicio laboral debe sustanciarse conforme a lo establecido en el propio ordenamiento; por lo que, derivado de las normas aquí reproducidas, para la etapa de emplazamiento debe considerarse lo siguiente:  Las Juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso.  Las autoridades administrativas y las jurisdiccionales están obligadas, en el ámbito de su competencia, a prestar auxilio a las Juntas en el desarrollo de actuaciones vinculadas con el procedimiento.  Las personas que pudieran resultar afectadas por lo resuelto en un laudo, deberán ser llamadas a juicio por la Junta o, en su defecto, comparecer a él acreditando su interés jurídico.  La parte actora tiene la carga de precisar el nombre del demandado y el domicilio en el que pueda ser encontrado a efecto de practicar el emplazamiento; siendo que si desconoce su nombre, deberá, al menos, precisar el domicilio de la empresa, establecimiento, oficina o lugar en donde presta o prestó sus servicios y, más aún, la actividad que desarrolla.  El emplazamiento a juicio a la parte demandada debe realizarse mediante notificación personal, debiendo cerciorarse el actuario de actuar en el lugar donde efectivamente pueda ser encontrado el demandado; siendo que, en caso de que el actor no proporcione el nombre del patrón o de la empresa a la que demanda, el actuario debe cerciorarse de que, efectivamente, se trata del lugar en el que el trabajador presta o prestó sus servicios, pues sólo así podrá entenderse hecha la notificación al patrón, aunque se ignore su nombre.  Ante cualquier irregularidad u omisión del escrito de demanda, la Junta deberá requerir a la parte actora para que, en un plazo de tres días, la subsane. De lo hasta aquí expuesto, se advierten dos elementos relevantes en la etapa del emplazamiento -que constituye un presupuesto procesal indispensable para la continuación del procedimiento-; los cuales, por disposición expresa, quedan a cargo del actor incluso cuando éste se constituya por un trabajador, a saber: 1. La designación del nombre o nombres de los demandados (artículo 712). 2. La designación del domicilio donde pueda ser emplazado el o los demandados (artículo 739). Ahora, es de destacarse que esta Segunda Sala, al resolver la contradicción de tesis 481/2012, determinó que, conforme a diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo en su texto anterior al decreto de reforma publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de noviembre de dos mil doce -de contenido esencialmente coincidente con las normas en su texto actual reproducidas en párrafos precedentes-, en los juicios laborales en que, existiendo diversos demandados, se haya logrado emplazar sólo a algunos de ellos, es válido requerir al actor trabajador para que aclare o informe un nuevo domicilio respecto de los patrones cuyo emplazamiento falte, bajo el apercibimiento de que, de no proporcionarlo o de que no sea el correcto, se tenga por no presentada la demanda, bajo las consideraciones que se sintetizan a continuación: La Ley Federal del Trabajo sólo prevé la posibilidad de que la Junta admita a trámite la demanda laboral, pero no señala si es posible que ésta sea desechada, archivada o tenida por no presentada; o en qué casos podría suceder esto. Tampoco delimita qué sucede en el caso en que se logre emplazar a juicio a algunos demandados (en el domicilio proporcionado por el trabajador actor), pero a otros no; lo que diferencia a ese ordenamiento de otras legislaciones que prevén expresamente la obligación a cargo del tribunal de dictar medidas para investigar el domicilio de alguna de las partes, cuando éste se desconozca; o incluso, la posibilidad de que el emplazamiento se lleve a cabo por edictos. Ello en atención principalmente a la carga que el legislador impone al trabajador de señalar domicilio en el que deba hacerse la primera notificación a la persona o personas contra quienes promuevan, donde como ya se dijo, se requiere de impulso procesal y de instancia de parte para la prosecución, en el que la Junta responsable tiene la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso laboral, y dada la importancia del emplazamiento a juicio, si no es posible localizar a algunos demandados en la fuente de trabajo, (aunque otros si hayan sido emplazados), se requiera a la parte actora para que proporcione el domicilio del demandado que falta por emplazar, apercibiéndola que, de no dar cumplimiento o de que no proporcione el correcto, se tendrá por no presentada la demanda Ahora bien, del oficio de cuenta se desprende que la Junta responsable mediante auto de veinte de septiembre de dos mil diecinueve, requirió a la parte quejosa para el efecto de que se impusiera de los autos, con la información dada por las diversas dependencias, respecto del domicilio de la parte demandada, con el apercibimiento de no hacerlo empezaría a correr en su perjuicio el término de la caducidad, toda vez que la referida autoridad ya agotó los medios necesarios para localizar el domicilio de la moral demandada. Por lo anterior, y en virtud de evitar mayores dilaciones, requiérase a la parte quejosa para que en un plazo de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, informe a este órgano jurisdiccional las gestiones realizadas para lograr el emplazamiento, esto es, si ya acudió a la Junta responsable con la finalidad de desahogar la vista dada por ésta, y lograr el emplazamiento de la demandada, por lo que en caso de no informar lo requerido, se declarará la imposibilidad para dar cumplimiento a la sentencia de amparo. Asimismo, requiérase a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado para que una vez transcurrido el plazo de tres días otorgado a la parte actora mediante auto de veinte de septiembre del año en curso, informe si la citada actora desahogó la vista dada respecto del domicilio de la parte demandada, y en su caso el auto que recayó a ésta; o bien, una vez transcurrido el referido plazo sin que se hubiere desahogado la referida vista, informe lo conducente, en el que deberá remitir las constancias que acrediten lo respectivo. Se apercibe a la autoridad responsable que de no hacerlo así sin causa justificada, con fundamento el artículo 258 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa equivalente a cien a mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización , y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.

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