Fabiola Noemí Alejandra López Valdes
Expediente 555/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 555/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 29/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Fabiola Noemí Alejandra López Valdes
- Agente del Ministerio Público Federal Adscrito
Actuaciones
- Principal
I. Autoridad acepta competencia. Agréguese a los presentes autos el oficio enviado por el actuario adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimosexto Circuito, con sede en la ciudad, capital, mediante el cual informa que el tribunal de su adscripción se avocó al conocimiento de la demanda de amparo la cual admitió a trámite. II. Valoración de destino y archivo. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que la presente pieza de actuaciones es destruible, en virtud de que en auto de veintidós de mayo de dos mil veintitrés, este juzgado se declaró incompetente; competencia que fue aceptada como se desprende del párrafo que antecede. Hágase las anotaciones correspondientes en el libro de control y archívese el presente expediente como asunto concluido.
- Principal
Tribunal Colegiado informa. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, agréguese a los autos el oficio que remite el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato capital, mediante el cual acusa recibo de los autos originales del juicio de amparo en que se actúa, e informa que previo a realizar pronunciamiento relativo a la competencia declinada por este órgano jurisdiccional realizó requerimiento a la autoridad responsable en los términos que ahí indica. En atención a lo anterior, se tiene por recibida la información proporcionada por la superioridad de la que se toma el debido conocimiento para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
Incompetencia. Ahora, resulta necesario analizar la competencia de este Juzgado de Distrito para conocer del asunto planteado, en virtud de que el estudio de las cuestiones competenciales son de orden público y preferentes. En ese sentido, al tratarse el acto reclamado de autos que por su especial naturaleza y los efectos que producen constituyen una resolución que pone fin al juicio de origen, se llega a la convicción que en contra de éstos procede el juicio de amparo directo, en términos de lo establecido por el artículo 107, fracción V, inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, numerales 34, 47, 48 y 170, fracción I de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 38, fracción I, inciso d), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Ello, pues el artículo 107, fracción V, inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone: "Artículo 107.- Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: (.) V. El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes: a) En materia penal, contra resoluciones definitivas dictadas por tribunales judiciales, sean estos federales, del orden común o militares; b) En materia administrativa, cuando se reclamen por particulares sentencias definitivas y resoluciones que ponen fin al juicio dictadas por tribunales administrativos o judiciales, no reparables por algún recurso, juicio o medio ordinario de defensa legal; c). En materia civil, cuando se reclamen sentencias definitivas dictadas en juicios del orden federal o en juicios mercantiles, sea federal o local la autoridad que dicte el fallo, o en juicios del orden común. En los juicios civiles del orden federal las sentencias podrán ser reclamadas en amparo por cualquiera de las partes, incluso por la Federación, en defensa de sus intereses patrimoniales, y d). En materia laboral, cuando se reclamen resoluciones o sentencias definitivas que pongan fin al juicio dictadas por los tribunales laborales locales o federales o laudos del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y sus homólogos en las entidades federativas;" Asimismo, los numerales 34, 47, 48 y 170, fracción I de la Ley de Amparo, en su orden, disponen (subrayado es propio): "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. (.) Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. (.) Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. (.) Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. (.)" Por su parte, el diverso 38, fracción I, inciso d), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dispone: CAPÍTULO III DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO Artículo 38. Con las salvedades a que se refieren los artículos 10 y 21 de esta Ley, son competentes los tribunales colegiados de circuito para conocer: I. De los juicios de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o contra resoluciones que pongan fin al juicio por violaciones cometidas en ellas o durante la secuela del procedimiento, cuando se trate: a) En materia penal, de sentencias o resoluciones dictadas por autoridades judiciales del orden común o federal, y de las dictadas en incidente de reparación de daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil pronunciadas por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión del delito de que se trate y de las sentencias o resoluciones dictadas por tribunales militares cualesquiera que sean las penas impuestas; b) En materia administrativa, de sentencias o resoluciones dictadas por tribunales administrativos o judiciales, sean locales o federales; c) En materia civil o mercantil, de sentencias o resoluciones respecto de las que no proceda el recurso de apelación, de acuerdo a las leyes que las rigen, o de sentencias o resoluciones dictadas en apelación en juicios del orden común o federal, y d) En materia laboral, de laudos o resoluciones dictadas por juntas o tribunales federales o locales; (.)" De los preceptos transcritos, se obtiene que cuando se reclaman actos de tribunales judiciales, administrativos y de trabajo, el juicio de amparo directo sólo procederá contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, según lo dispuesto el artículo 107, fracción V, inciso d), de la Constitución Federal. Asimismo, el segundo párrafo del numerario 170, fracción I de la Ley de Amparo, define que por sentencias definitivas o laudos se entenderán aquéllas que decidan el juicio en lo principal y por resoluciones que ponen fin al juicio, aquéllas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido, y en su párrafo tercero dispone que para la procedencia del juicio deben agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias, definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificadas o revocadas, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Por su parte, el numeral 34, primer párrafo, de la ley de la materia, establece que los Tribunales Colegiados de circuito son los competentes para conocer del juicio de amparo directo. Como se ve, la competencia atribuida a los Tribunales Colegiados de Circuito, en juicios de amparo directo, exige que se reclamen sentencias definitivas, lo que se entiende las que deciden el juicio en lo principal y en cuanto a la resolución que pone fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. Así, en contra del acto reclamado destacadamente por la parte quejosa en este asunto consistente en el auto de veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, dictado en el expediente ********************, por el que el Juez responsable ordenó remitir la demanda intentada al Centro de Conciliación Laboral del Estado de Guanajuato, dando por concluido el juicio laboral y ordenando su archivo; por lo que el diverso proveído de tres de mayo pasado, al decidir que se deberá estar a lo acordado en aquél auto de veinticuatro de abril del mismo año, solo es consecuencia de ello, de ahí que no se pueda desvincular uno de otro; así, de conformidad con los artículos 34, 47 y 170, fracción I de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 38, fracción I, inciso d), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, procede el juicio de amparo directo, y no el indirecto, pues técnicamente constituye una resolución que pone fin a un juicio, para efectos de la procedencia del amparo directo; debido a que se da por terminado el juicio laboral sin decir el fondo de la instancia, con independencia de los motivos que sostuvo la autoridad responsable al emitir dicha resolución. Apoya la presente determinación la tesis X.1o.T.5 L (11a.) emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, visible en la página 3854, libro 6, octubre de dos mil veintiuno, tomo IV, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro digital 2023712, que dice: "RESOLUCIÓN PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. LO ES AQUELLA POR LA QUE EL TRIBUNAL LABORAL REMITE LA DEMANDA AL CENTRO DE CONCILIACIÓN, FEDERAL O ESTATAL, PARA QUE SE AGOTE LA ETAPA CONCILIATORIA PREJUDICIAL Y NO EL ACUERDO DE ARCHIVO DEFINITIVO QUE EMITE UNA VEZ QUE EL CENTRO RESPECTIVO ACUSA RECIBO DEL EXPEDIENTE. Hechos: Diversos trabajadores promovieron juicio laboral sin exhibir las constancias de no conciliación, por lo cual el Tribunal Laboral, previa prevención, ordenó remitir el asunto al Centro de Conciliación respectivo, para agotar el procedimiento prejudicial. Una vez que el Centro acusó recibo, el tribunal dictó un acuerdo de archivó del asunto como concluido. Contra esa determinación los trabajadores promovieron juicio de amparo indirecto; sin embargo, el Juez Federal consideró que su conocimiento correspondía a un Tribunal Colegiado de Circuito. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la resolución que pone fin al juicio sin decidirlo en lo principal, para efectos de la procedencia del juicio de amparo directo, es aquella por la que el Tribunal Laboral remite la demanda al Centro de Conciliación, Federal o Estatal, ante la falta de exhibición de la constancia de no conciliación, para que se agote la etapa conciliatoria prejudicial y no el acuerdo de archivo definitivo una vez que el Centro respectivo acusa recibo del expediente, al ser un acto emitido después de concluido el juicio. Justificación: Lo anterior es así, pues el juicio de amparo directo procede contra la resolución que sin decidir el juicio en lo principal, lo da por concluido, impidiendo su continuación, y respecto de la cual las leyes comunes no conceden ningún recurso ordinario por virtud del cual pueda ser modificada o revocada, por lo que las resoluciones que impiden en forma total la continuación de un juicio por la falta de algún presupuesto procesal, como pueden ser los requisitos de la demanda, constituyen una manera en que puede concluir un juicio sin resolverse en lo principal. En ese sentido, la reforma constitucional al sistema de justicia laboral, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de febrero de 2017, originó el principio de conciliación prejudicial obligatoria, el cual posee dos dimensiones: a) como directriz para guiar los actos de interpretación vinculados con ese tema; y, b) como presupuesto procesal para el acceso a los tribunales, al crear una instancia previa, administrativa y obligatoria que busca solucionar los conflictos de naturaleza laboral de forma breve, cercana y especializada a través de métodos alternos. Bajo esta dimensión, la constancia de no conciliación, en tanto requisito que debe exhibirse en la demanda, es un presupuesto procesal -salvo las excepciones legales- para el acceso a la etapa jurisdiccional, pues de no presentarse impide la continuación del juicio. Por tanto, la resolución por la cual el tribunal remite el asunto al Centro de Conciliación ante el incumplimiento de ese requisito, pone fin al juicio laboral, para efectos de la procedencia del juicio de amparo directo, ya que: i) no está previsto recurso ordinario alguno que pueda modificar o revocar esa decisión; ii) el juicio no continúa ante la autoridad conciliadora, sino que ésta inicia un procedimiento nuevo, especial y ajeno al jurisdiccional; iii) no podrían seguirse las reglas que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido para los casos en que se declina la competencia, ya que se trata de un presupuesto procesal distinto (requisitos de la demanda y no competencia); y, iv) en todo caso, no se estaría ante dos órganos jurisdiccionales que puedan conocer -o plantear un conflicto competencial para no hacerlo- en relación con un mismo juicio, sino frente a un órgano jurisdiccional y otro administrativo que conocen de procedimientos de naturaleza distinta. En ese sentido, el acuerdo de archivo definitivo dictado con posterioridad, es una resolución emitida después de concluido el juicio, competencia de un Juzgado de Distrito". Por las razones jurídicas que la sostienen, también sirve de apoyo a las consideraciones, la jurisprudencia sustentada por la Tercera Sala de Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fuente Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Octava Época, Página 32, Tesis: 50, con número de registro 394006, que a la letra dice (énfasis agregado): "AMPARO DIRECTO. PROCEDE CONTRA RESOLUCIONES QUE PONEN FIN AL JUICIO EN MATERIA CIVIL. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107 fracción V, párrafo primero, de la Carta Magna, el amparo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, no sólo cuando se trate de materia administrativa, sino también procede en materia civil, pues aun cuando en el inciso c) de dicho precepto no se haya asentado expresamente, su procedencia respecto a resoluciones que ponen fin al juicio, como se hizo en el inciso b), asentándose únicamente que procede en contra de sentencias definitivas, ello no significa que la procedencia del juicio de amparo en materia civil no haya sufrido modificación alguna pues la reforma a dicho precepto constitucional, que consistió entre otras, en agregar como actos susceptibles de ser reclamados en la vía de amparo directo las resoluciones que ponen fin al juicio, alcanza también a la citada materia, dado que el párrafo primero de la fracción V se encuentra redactado en términos generales al expresar que el amparo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, en los casos siguientes: (y enumera los incisos a), b), c) y d) dentro de los que se encuentra la materia civil), debiendo tomarse en cuenta la definición que da el artículo 46, último párrafo de la Ley de Amparo, de lo que debe entenderse por resoluciones que ponen fin al juicio, a saber aquéllas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas." Por tanto, es dable concluir que, si los actos reclamados son el auto de veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, dictado en el expediente ********************, por el que el Juez responsable ordenó remitir la demanda intentada al Centro de Conciliación Laboral del Estado de Guanajuato, a fin de que se iniciara el procedimiento de conciliación respectivo, y en diverso de tres de mayo pasado se dijo a la actora que deberá de estarse a lo determinado en proveído arriba señalado, es materialmente la primera una resolución que, con independencia de su procedencia, sin decidir el juicio laboral, puso fin al mismo y el juicio no continúa ante la autoridad conciliadora, sino que ésta inicia un procedimiento nuevo, especial y ajeno al jurisdiccional; y por tanto no podrían seguirse las reglas para los casos en que se declina la competencia, ya que se trata de un presupuesto procesal distinto (requisitos de la demanda y no competencia), así, no se está ante dos órganos jurisdiccionales que puedan conocer -o plantear un conflicto competencial para no hacerlo- en relación con un mismo juicio, sino frente a un órgano jurisdiccional y otro administrativo que conocen de procedimientos de naturaleza distinta, en ese sentido es que se sostiene que, en su caso, procede el juicio de amparo directo, en términos de los artículos 34 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo; siguiendo así la misma suerte el auto de tres de mayo de dos mil veintidós, por ser consecuencia inmediata de aquél auto. En tal condición, se impone declarar la legal incompetencia para conocer del acto reclamado en esta instancia constitucional, remítase al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimosexto Circuito, en Turno, para que en términos de lo dispuesto por el artículo 47 de la Ley de Amparo, decida si confirma o revoca la presente determinación de incompetencia; fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. VI. Domicilio y autorizado. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala, y como autorizados en términos amplios del artículo 12 y su correlativo 24, ambos de la Ley de Amparo, a ********************y********************, por sí contar con cédulas registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y en términos restringidos al resto de las personas que menciona, limitación que subsistirá hasta en tanto acrediten contar con dicho registro. VII. Transparencia de las resoluciones judiciales. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2º párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a su disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. VIII. Se exhorta a las partes. Se exhorta a las partes para que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. IX. Acuerdos generales. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en observancia de lo dispuesto en el numeral 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones de carácter personal en el presente juicio principal, como en el cuaderno incidental, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 22 DE MAYO DE 2023, QUE REZA: INCOMPETENCIA.
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