Fabiola Lizeth Ponce Guzmán

Expediente 88/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
88/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
12/03/2019

Partes del expediente

  • Fabiola Lizeth Ponce Guzmán

Actuaciones

  1. Principal

    DE CERTIFICACIÓN SE DESPRENDE QUE TRANSCURRIÓ PLAZO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 98 LEY DE AMPARO Y NO SE RECURRIÓ EL PROVEÍDO DE VEINTICINCO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE, SE TUVO POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 356, FRACCIÓN II, CÓDIGO FEDERAL PROCEDIMIENTOS CIVILES, SE DECLARA HA CAUSADO ESTADO DETERMINACIÓN. SE DETERMINA NO OBRAN DOCUMENTOS ORIGINALES. SE ORDENA DESTRUIR PIEZA DE ACTUACIONES. ARCHÍVESE Y REMÍTASE AL LUGAR DE SU GUARDA.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN ELA RTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C, DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR ESTE MEDIO A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE VEINTICINCO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE. I. Se tiene por no presentada la demanda de amparo. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que el término de cinco días que se concedió a la parte quejosa para que diera cumplimiento a la prevención realizada en auto de ocho de febrero de dos mil diecinueve, transcurrió sin que se hubiese realizado. Por ende, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114, de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado auto y por consiguiente se tiene por no presentada la demanda de amparo; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno.

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN ELA RTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C, DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR ESTE MEDIO A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE OCHO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Parte quejosa. Carlos Alberto Eulalio Romo Díaz, quien se ostenta como mandatario judicial de Fabiola Lizeth Ponce Guzmán. Registro en el libro de gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y regístrese la demanda con el número 88/2019-III. Prevención. Vista la demanda de amparo presentada por Carlos Alberto Eulalio Romo Díaz, quien se ostenta como mandatario judicial de Fabiola Lizeth Ponce Guzmán, a efecto de estar en aptitud de acordar lo procedente, esto es, la admisión o desechamiento de la misma, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 112 y 114, fracciones I y II, en íntima vinculación, a su vez, con el artículo 108, fracción I, todos de la Ley de Amparo; requiérase a la parte promovente para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del día siguiente a aquél en que surta sus efectos la notificación de este proveído, cumpla con lo siguiente: Exhiba documento fehaciente con el cual acredite la personalidad con la que se ostenta. En razón de que no anexa documento con el que acredite la personalidad con la cual acude a esta instancia constitucional a efecto de solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en favor de Fabiola Lizeth Ponce Guzmán, de quien aduce ser su mandatario judicial. Lo anterior, en aras de una adecuada integración y seguimiento de este juicio de amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 43/96, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 30/90, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Único en Materia Administrativa del Primero y Tercer Circuitos, respectivamente, y Segundo del Décimo Sexto Circuito, visible en la página 48, del Tomo IV, Julio de 1996, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con rubro y texto siguiente: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARA LA REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO". Se hace saber a la parte promovente del amparo de los delitos en que incurren los quejosos cuando afirman hechos falsos u omiten aquellos que les constan en relación con el acto reclamado, de conformidad con el artículo 261 de la Ley de Amparo, que textualmente dispone: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y [.]". Apercibido que de no cumplir con el anterior requerimiento, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, en términos del penúltimo párrafo del artículo 114 de la ley de la materia. IV. Domicilio, notificaciones vía electrónica y autorizados. Por otra parte, como lo solicita la parte quejosa, se le autoriza el acceso al expediente electrónico del presente juicio de amparo, toda vez que su nombre de usuario (lic.orozcopacheco) se encuentra registrado en el FIREL (Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación), con lo que satisface los requisitos exigidos en el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. De la misma forma, con fundamento en los artículos 26, fracción IV, 30, fracciones II y III, y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, se autoriza que se lleve a cabo la notificación electrónica de las resoluciones que se dicten en el presente juicio y solo para el caso de que no fuera posible realizarlas mediante ese medio tecnológico, en el domicilio que refiere en la demanda de amparo, es decir, el ubicado en calle Rocío, número 114, interior 302, colonia Jardines del Moral de esta ciudad. Asimismo, se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Ricardo Orozco Pacheco, Christian Josué Jacobo Guerrero y José de Jesús Cabrera García, por contar con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y en términos restringidos de dicho numeral, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, a Ana Yolotzin Rodríguez Dueñas, Valeria Guadalupe Quezada Muñoz y Luis Alberto Castro Torres, por así haberse solicitado. V. Transparencia de las resoluciones judiciales. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2º párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a su disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. VI. Acuerdos generales. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo de la Ley de Amparo vigente, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones personales tanto en el presente juicio principal como en el cuaderno incidental, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo.

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