Fabiola Reyes Lira
Expediente 1076/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 11 actuaciones registradas, la última del 21 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1076/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 21/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Fabiola Reyes Lira
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Efectos de control. Agréguense a los presentes autos solo para que obren como legalmente corresponda el oficio de cuenta y anexos que remite la presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, en virtud de que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, aunado a que del oficio que se recibe y documentos que se acompañan, no se advierte que se tenga que realizar mayor pronunciamiento. Cúmplase.
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CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE 24 DE MARZO DE 2022, EL CUAL, EN LO CONDUCENTE DICE: "." veinticuatro de marzo de dos mil veintidós. En la ciudad de León, Guanajuato, a veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, la suscrita María Quiroz García, secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, CERTIFICA: que ya feneció el plazo de diez días hábiles previsto en el artículo 86, primer párrafo, de la Ley de Amparo, a efecto de que se recurriera el proveído de veinticinco de febrero de dos mil veintidós, sin que el mismo se haya impugnado; lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. Cuenta. En la misma data, la secretaria da cuenta a la jueza, con la certificación que antecede, así como con el estado procesal de autos, a fin de que se sirva acordar lo procedente. Conste. León, Guanajuato, veinticuatro de marzo de dos mil veintidós. I. Determinación causa estado. Visto el estado procesal de autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que en este asunto se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo, sin medio de impugnación interpuesto; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se determina que el proveído de veinticinco de febrero de dos mil veintidós, ha adquirido firmeza procesal. II. Depuración, destrucción y archivo. Con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia, depuración, destrucción y archivo, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina destruir la presente pieza de actuaciones, así como el original y duplicado del incidente de suspensión, en virtud de que: Se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo. Se dejó sin materia el incidente de suspensión. Hágase la anotación en carátulas y agréguese a los incidentes copia certificada del presente acuerdo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido. III. Requerimiento a la parte quejosa. Se previene a la parte quejosa para que en caso de haber exhibido documentos originales en el presente asunto, acuda ante este Tribunal Federal a recogerlos dentro del plazo de noventa días hábiles, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, apercibida que de no hacerlo en el término indicado, tendrán el mismo destino que este expediente. Conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 6 el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, indíquese a la parte quejosa que si requiere comparecer para recoger los documentos exhibidos en el presente juicio, deberá gestionar su cita en la hora y fecha disponible; ello, dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. IV. Versión pública. En cumplimiento al artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Púbica, realícense las acciones necesarias a fin de generar oportunamente la versión pública de la sentencia o resolución dictada en el presente asunto, a fin de que pueda ser consultable por el público en general. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gabriela Elizeth Almazán Hernández, jueza Tercera de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, quien actúa asistida de María Quiroz García, secretaria del juzgado que autoriza y da fe. Doy fe. CGRH 7631, 7632, 7633, 7634 y 7635 María Quiroz García,
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE 25 DE FEBRERO DE 2022, EL CUAL, EN LO CONDUCENTE DICE: "." veinticinco de febrero de dos mil veintidós. Cuenta. En la ciudad de León, Guanajuato, a veinticinco de febrero de dos mil veintidós, la secretaria da cuenta a la jueza, con el estado procesal de autos, así como con copia certificada del oficio número 106/2022 y anexo, que remitió el presidente y la secretaria general de acuerdos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, de esta ciudad, en representación de dicha junta, al incidente de suspensión que deriva del presente juicio de amparo, a fin de que se sirva acordar lo procedente. Conste. León, Guanajuato, veinticinco de febrero de dos mil veintidós. Sobreseimiento fuera de audiencia. Visto el estado procesal de autos, se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado ante la presente instancia constitucional, la omisión por parte de las autoridades responsables de designarle un perito en materia de grafoscopía, dentro del expediente laboral 2652/2018/E1/CB/IND, del índice de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, de esta ciudad. Por su parte, de la copia certificada del oficio número 106/2022 y anexo, que remitió el presidente y la secretaria general de acuerdos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, de esta ciudad, en representación de dicha junta, al incidente de suspensión que deriva del presente juicio de amparo, se advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, el cual a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...). XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)." El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que se sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que solamente puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable, lo cual da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo, de tal manera que con esa nueva situación se repone al quejoso en el goce de sus derechos fundamentales vulnerados. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no solo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino como la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia del juicio es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho individual violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que éste exija. Lo anterior, tiene apoyo en la jurisprudencia 59/99, del rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Para justificar la actualización de la causal de improcedencia examinada, es necesario señalar que de las constancias que integran el juicio de origen, destacan los siguientes antecedentes del acto reclamado: I. La aquí quejosa, Fabiola Reyes Lira, por propio derecho, demandó en la vía ordinaria laboral a Sonia Granados Esparza, el pago de la indemnización constitucional y otras prestaciones; asunto que por razón de turno correspondió conocer a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, de esta ciudad. II. Seguido el procedimiento laboral en sus diversas etapas, dentro de la audiencia de desahogo de pruebas celebrada el veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, la junta responsable admitió la prueba pericial ofrecida por las partes, derivado de lo cual ordenó girar atento oficio a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, a fin de que designe perito a la parte actora, aquí quejosa. III. Por comparecencia de esa misma data (veinticinco de noviembre del dos mil diecinueve), se hizo presente ante la junta responsable el perito designado por la demandada, a fin de aceptar y protestar el cargo de perito grafoscópico que le fue conferido. IV. Posteriormente, la junta responsable emitió el acuerdo de veinte de marzo de dos mil veinte, en el que ordenó girar de nuevo oficio a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, de esta ciudad, a fin de que asigne perito a la parte actora, aquí quejosa, sin que a la fecha de presentación de la demanda de amparo de la que derivó el presente asunto, se le haya designado a la impetrante un perito en materia de grafoscopía, dentro del expediente laboral 2652/2018/E1/CB/IND. Por tanto, dicha omisión que se traduce en un evidente retraso en la sustanciación del juicio laboral de origen y que atenta además contra el principio de justicia pronta y expedita que establece la Constitución Federal, constituye el acto reclamado en este juicio de amparo. Empero, de la copia certificada del oficio número 106/2022 y anexo, que remitió el presidente y la secretaria general de acuerdos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, de esta ciudad, en representación de dicha junta, al incidente de suspensión que deriva del presente juicio de amparo y que obra glosada en autos, se advierte que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo que dio origen al presente asunto, se levantó la comparecencia de trece de enero pasado, dentro del juicio laboral 2652/2018/E1/CB/IND, del índice de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, de esta localidad, en la que Jafet Aníbal García González aceptó y protestó el cargo de perito de la parte actora, aquí quejosa, a fin de desahogar la prueba pericial en materia de grafoscopía admitida en autos, en cumplimiento a la medida cautelar decretada en el incidente de suspensión derivado del presente asunto. En esas condiciones, si se tiene en cuenta que la peticionaria del amparo acude a reclamar ante la presente instancia constitucional la omisión por parte de las autoridades responsables de designarle un perito en materia de grafoscopía, dentro del expediente 2652/2018/E1/CB/IND, lo que de suyo impide la continuación del juicio laboral de origen, se determina que la comparecencia de trece de enero pasado, que remitió el presidente y la secretaria general de acuerdos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, de esta ciudad, en cumplimiento a la suspensión provisional concedida en autos, patentiza que el acto reclamado dejó de tener vida jurídica. Ello es así, porque si en fecha trece de enero de dos mil veintidós, se tuvo a Jafet Aníbal García González aceptando y protestando el cargo de perito en materia de grafoscopía de la parte actora, aquí quejosa, a fin de desahogar la prueba pericial en materia de grafoscopía admitida dentro del juicio laboral 2652/2018/E1/CB/IND, del índice de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, de esta localidad, es inconcuso que han cesado los efectos del acto reclamado en el presente juicio. Lo anterior tiene apoyo, por su contenido jurídico, en la jurisprudencia 59/99, cuyo rubro y texto son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En tales condiciones, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio constitucional, de conformidad con lo establecido en el numeral 63, fracción V, de la ley de la materia. No es óbice para lo anterior, el hecho de que a la fecha en que se decreta el sobreseimiento de este juicio de amparo, aún no haya tenido verificativo la audiencia constitucional, pues ello no irroga perjuicio alguno a la parte quejosa, debido a que no se le priva del derecho de defensa que le corresponde por derivar el sobreseimiento de una causal de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, como en el caso acontece, por haber cesado en sus efectos el acto reclamado, de tal suerte que ni aún con la celebración de la audiencia constitucional podría desvirtuarse tal hecho jurídico con prueba alguna; de ahí que resulte innecesario y en todo caso contrario al principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional, resolver el presente juicio de amparo hasta el momento que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. Apoya lo anterior, la tesis de jurisprudencia por contradicción 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos ochenta y seis, Tomo XVII, marzo de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Por tanto, se ordena dejar sin efectos la audiencia constitucional señalada para las trece horas con once minutos del veintiocho de febrero de dos mil veintidós; comuníquese lo anterior a las autoridades responsables y hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gabriela Elizeth Almazán Hernández, jueza Tercera de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, quien actúa asistida de María Quiroz García, secretaria del juzgado que autoriza y da fe. Doy fe. CGRH María Quiroz García,
- Incidental
Audiencia incidental.-Por lo expuesto y fundado en el artículo 138, fracción II, en relación con el diverso 144 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se declara sin materia el presente incidente de suspensión, relativo al juicio de amparo 1076/2021-I, promovido por Fabiola Reyes Lira, contra el acto que reclamó de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, de esta ciudad, y otras autoridades, por las razones expuestas en el último considerando de esta resolución incidental.
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