Fabian Solis Vega

Expediente 610/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 6 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
610/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
20/10/2021

Partes del expediente

  • Fabian Solis Vega
  • Coordinador de Centros Federales del Órgano Administrativo Desconcetrado Prevención Y Readaptación Social, Con Sede En la Ciudad de México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Determinación causa estado. Con fundamento en el artículo 98 de la Ley de Amparo en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, concluyó el término de impugnación del proveído de treinta de septiembre del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo, por lo que dicha determinación ha causado estado en sus términos. Con fundamento en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia, depuración, destrucción y archivo, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina destruir la presente pieza de actuaciones, archívese y remítase al lugar de guarda.

  2. Principal

    León, Guanajuato, a treinta de septiembre de dos mil veintiuno. I. Se levanta reserva. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que en proveído de diez de agosto del año actual, se reservó proveer lo conducente respecto de las manifestaciones formuladas por el impetrante en la constancia de notificación de seis de agosto del año en curso, hasta en tanto la delegada del Instituto Federal de Defensoría Pública en Guanajuato, con sede en la capital, designara defensor público que lo representara y se impusiera del contenido del auto de tres de agosto pasado, lo que a la fecha ya aconteció, en consecuencia, se levanta la reserva decretada y se provee: II. Precisión de los actos reclamados. De la lectura de la demanda de amparo, asì como de lo manifestado por el quejoso en la constancia de notificación de seis de agosto de dos mil veintiuno, se desprende que el quejoso reclama en la presente sede constitucional: ".la falta de atención médica de especialistas porque tiene una bala en el pulmón que ya se está moviendo y otra bala en el pene por lo que le sale un líquido blanco.". Acto que atribuyó al Coordinador de Centros Federales del órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, con sede en la Ciudad de México, Director General, Director Técnico y encargado de la Coordinación de Servicios Médicos, estos últimos del Centro Federal de Readaptación Social número 12 "CPS-Guanajuato", con sede en Ocampo. III. Se desecha demanda de amparo. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo transcrito, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ello obedece a que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, la Ley de Amparo o la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, se estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, debido a que el quejoso no agotó el procedimiento previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, mediante el que se puede revocar, nulificar o modificar el acto reclamado, antes de acudir al juicio de amparo -principio de definitividad-. Esto, conforme a la jurisprudencia por contradicción 79/2018 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de aplicación obligatoria de acuerdo al primer párrafo del artículo 217 de la Ley de Amparo. Criterio que establece lo siguiente: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad." Previo a desarrollar el estudio correspondiente, se informa que los razonamientos que se expondrán a continuación derivan de la ejecutoria de la contradicción de tesis 57/2018, que dio origen a la jurisprudencia en cita. En su ejecutoria, la Primera Sala explica que con la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, así como al citado artículo 18 y 1º Constitucional, publicada el diez de junio de dos mil once, se introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y la judicialización del régimen de penas. Tales modificaciones introdujeron un verdadero control judicial en el sistema penitenciario, pues se delimitó al Poder Ejecutivo la facultad de administrar las prisiones, mientras que al Poder Judicial se le confirió la potestad de ejecutar lo juzgado a través de los "jueces de ejecución de sentencias". De esta forma, con el nuevo sistema penitenciario, corresponde a las autoridades judiciales en materia penal y en especial a los jueces de ejecución -tanto en el ámbito federal como local- supervisar, conocer y resolver todas las cuestiones de trascendencia jurídica que surjan durante la ejecución de la pena, las controversias que se produzcan en los centros de reinserción social, así como controlar las decisiones que adopte la administración penitenciaria sobre la ejecución. Lo anterior, para velar que en todo momento se garanticen y efectivicen los derechos humanos. Precisamente, dichas atribuciones contribuyen para lograr los objetivos de las reformas constitucionales de referencia, consistentes en: terminar con la discrecionalidad de las autoridades administrativas en la ejecución de las sanciones, que el Poder Judicial vigile el cumplimiento estricto de la pena, evitar el rompimiento de la secuencia derivada de la propia sentencia, así como la consolidación de las bases sobre las que se organiza el sistema penitenciario nacional -el respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación, la educación, la salud y el deporte-. En ese orden de ideas, la Primera Sala consideró que, para lograr la consolidación del nuevo sistema, se hizo patente la necesidad de crear una ley única y de aplicación en toda la República, que unificara los procedimientos y criterios correspondientes. Esto, para dotar de certeza y seguridad jurídica en condiciones de igualdad a los justiciables, así como para garantizar un procedimiento de ejecución de sanciones expedito, eficaz y eficiente. En adición a que la ley debía contribuir: i) al cumplimiento de las medidas dictadas por un juez calificado; ii) a que los centros de reclusión contaran con medios de prevención, seguridad y de adecuado funcionamiento; y iii) a la necesidad de que el Estado respetara y cumpliera los medios de reinserción social en beneficio de las personas privadas de su libertad, evitando que vuelvan a delinquir. Metas que solo se lograrían con una normativa que auxiliara a concretar la figura del juez de ejecución al señalar expresamente las cuestiones que serían competencia exclusiva de la autoridad judicial -como la imposición de las penas, su modificación, su duración, entre otras-, y que de igual forma delimitara las funciones de las autoridades que intervienen en la ejecución de las sanciones y el internamiento preventivo. Entonces, se propuso la creación de una ley que reglamentara los derechos establecidos en los preceptos constitucionales 18 y 21, en la parte relativa a la judicialización de la ejecución penal y al régimen de reinserción social, siendo una de sus bases la protección de los derechos humanos de los internos. Así, el dieciséis de junio de dos mil dieciséis se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley Nacional de Ejecución Penal, la cual entró en vigor al día siguiente. Por lo que a partir de su vigencia y de acuerdo a su artículo 2, la norma aludida es de observancia general en todo el territorio nacional -en el fuero federal o local-, respecto de los actos relativos a cuestiones de internamiento o de ejecución de sentencias privativas de la libertad, con las excepciones y reglas previstas en su segundo transitorio. Aunado a que el transitorio tercero de la Ley Nacional de Ejecución Penal, estableció que, con su entrada en vigor, quedarían abrogadas las normas que regularan la ejecución de las sanciones penales en las entidades federativas y la Ley que establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de Sentenciados. Sumado a que los procedimientos que aún se encontraran en trámite, debían sustanciarse conforme a la legislación aplicable a su inicio, pero con la aplicación de los mecanismos de control jurisdiccional previstos en la nueva ley, de acuerdo con el principio pro persona. En ese contexto, según el artículo 1 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, su objeto es establecer las normas e implementar los mecanismos para resolver las controversias que se susciten, en relación con el internamiento por prisión preventiva, ejecución de la pena y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial, en un marco irrestricto de derechos humanos. De modo que la Primera Sala de nuestro máximo tribunal, determinó que: "97. En efecto, la Ley Nacional de Ejecución Penal recoge el sistema procesal acusatorio y tiene como propósito el lograr un sistema jurídico uniforme, sobre la base de una política criminal coherente y congruente con las nuevas bases constitucionales, que evite espacios de impunidad y el consecuente descrédito del sistema de ejecución de sanciones y de reinserción social. 98. En suma, la finalidad de la citada ley es la transformación del sistema penitenciario, entre otros, a través de mecanismos eficientes que logren la reinserción social del sentenciado y la protección de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad.". Posteriormente, en la ejecutoria se desarrolló el tema sobre el mecanismo previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, cuando se reclaman las condiciones de internamiento de las personas privadas de la libertad. En un primer momento, la Primera Sala estableció que de acuerdo a la norma antes citada, deben entenderse como condiciones de internamiento: "(.) cualquier medio u acto que garantice una vida digna y segura a la persona privada de su libertad dentro del centro de reinserción social, siendo, entre otros, el suministro de agua corriente y potable, alimentos, prestación de servicio médico o asistencia médica, ropa, colchones y ropa de cama, artículos de aseo personal y de limpieza, libros y útiles escolares, así como los instrumentos de trabajo y artículos para el deporte y la recreación (.)". Y señaló que del análisis del marco constitucional y normativo anterior, se advertía que "(.) cuando los actos reclamados constituyen omisiones inherentes a las condiciones de internamiento y la persona privada de su libertad aún no ha formulado la petición administrativa correspondiente, éste constituye un acto omisivo cuyo cumplimiento de hacer recae en las autoridades penitenciarias, al estar dentro de sus atribuciones la administración de los centros penitenciarios, así como el ejecutar la restricción de la libertad impuesta (.)". Entonces, debido a que corresponde a las autoridades penitenciarias la administración, operación, supervisión de seguridad y funcionamiento de los centros de reclusión; nos encontramos ante un acto u omisión que deriva de una autoridad distinta a un tribunal judicial, administrativo o del trabajo. En ese sentido, la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción, XX de la Ley de Amparo, prevé que previo a promover el juicio de amparo, el quejoso está obligado a agotar todos los recursos o medios de defensa ordinarios que permitan modificar, revocar, nulificar o confirmar el acto reclamado; debido a que el juicio constitucional es un medio de control de carácter extraordinario. Asimismo, para que opere el principio de definitividad, el recurso ordinario debe encontrarse previsto en la ley aplicable y la norma no debe exigir mayores requisitos a los previstos en la Ley de Amparo ni en un plazo mayor, para el otorgamiento de la suspensión del acto. Además, no existe obligación de agotar el principio en cita, si el acto carece de fundamentación o en caso de que sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución. Sin embargo, la Primera Sala consideró que en caso de que un recluso desee inconformarse por las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, éste debe dirigir su reclamo a través del mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal y agotar los recursos en él establecidos, antes de acudir al juicio de amparo indirecto. En la inteligencia de que el procedimiento previsto por la ley en cita, permite que los internos y otras personas legitimadas, formulen peticiones administrativas que cumplen con todas las características de un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz, a través del cual se pueden reclamar sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento. En la ejecutoria se explica que el título cuarto de la Ley Nacional de Ejecución Penal, denominado "Del Procedimiento de Ejecución", capítulo III relativo al "Procedimiento Administrativo", regula un mecanismo de control que tiene como objetivo, que la autoridad penitenciaria declare si ha existido o no una afectación en las condiciones de vida digna y segura del interno, o si se afectaron los derechos de terceras personas; pues en caso de existir, se habrá de subsanar tal afectación. El procedimiento inicia con la presentación de una petición administrativa ante la autoridad penitenciaria -no urgente- o ante el juez respectivo -urgente-, la cual puede ser formulada por la persona privada de su libertad, sus familiares, su defensor, entre otras personas. Asimismo, las peticiones administrativas se tramitan, según la modalidad que elija el promovente y del carácter apremiante de la solicitud, ya que pueden ser no urgentes o urgentes. Las peticiones administrativas no urgentes se formulan por escrito, sin formalidad alguna, ante el director del centro en donde se encuentre recluida la persona, con la posibilidad de que el solicitante se desista de su petición en cualquier momento. En la petición se puede aportar la información pertinente para atender las condiciones de vida y seguridad en reclusión; además, en caso de que el interno lo solicite, la autoridad administrativa lo debe auxiliar para formular su escrito. La substanciación de las peticiones no urgentes se encuentra prevista en los artículos 111 a 114 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, procedimiento que fue sintetizado por la Primera Sala de la siguiente manera: Recibida la petición, la autoridad penitenciaria dentro de las veinticuatro horas siguientes, la admitirá por escrito e iniciará el trámite del procedimiento, o bien, prevendrá en caso de ser confusa. Tal determinación debe notificarse de forma personal al promovente. En caso de prevención, el peticionario tendrá un plazo de setenta y dos horas a partir de su notificación para subsanarla. De no hacerlo, la autoridad citará al promovente para que de manera personal y verbal aclare su petición. Hecho esto, se emitirá la resolución sobre el fondo de la cuestión planteada. En caso de no acudir a la citación, se desechará la petición formulada. Si la petición se admite, el Director del Centro tendrá la obligación de allegarse, para mejor proveer, por cualquier medio de la información necesaria, dentro del plazo de cinco días. A fin de atender de manera óptima la petición, la autoridad deberá considerar la información aportada por el peticionario, siempre que ésta sea procedente. La obligación del director de allegarse de información deberá acompañarse de acciones tendentes a no retrasar la respuesta a la petición. Si existe más de una petición con un mismo objeto, sea parcial o total, éstas serán acumulables y se resolverán en un solo acto conjunto. La parte de la petición que no fue objeto de acumulación, continuará substanciándose por separado. Si la petición no se resuelve en el plazo previsto en la ley, los peticionarios podrán acudir ante el juez correspondiente a demandar la omisión. El juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. En caso de ser procedente la acción, requerirá a la autoridad para que responda la petición. También dará cuenta al superior jerárquico inmediato de ésta. Si la persona que formuló la petición fue el interno, la autoridad penitenciara le hará saber que tiene derecho a la interposición del recurso ante el juez de control o ejecución según corresponda. La autoridad penitenciaria debe dejar constancia por escrito que le hizo saber al interno de ese derecho. La impugnación ante el juez se realizará dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la resolución respectiva, pero si los actos son continuos o permanentes, la controversia ante el juez podrá plantearse en cualquier momento. Ésta se sustanciará conforme a un sistema adversarial y oral. Se regirá por los principios de contradicción, concentración, continuidad, inmediación y publicidad. En la misma el interno siempre deberá contar con un defensor que lo represente y asista en las audiencias correspondientes. La autoridad administrativa -como parte- podrá intervenir por conducto del titular de la dirección del centro o la persona que designe. El promovente podrá cuando lo estime, desistirse de la acción, siempre que dicho desistimiento no implique la renuncia a un derecho fundamental. Del mismo modo, dicha controversia establece la posibilidad de que el interno interponga recurso de revocación contra las determinaciones de mero trámite que emita el juez, a fin de que éste examine de nueva cuenta su determinación y dicte la resolución que corresponda. Asimismo, contra la resolución final emitida por el juez de control o de ejecución en dicha controversia, procederá el recurso de apelación, el cual se interpondrá dentro de los tres días siguientes a la notificación de la resolución o auto que se impugne. De este recurso conocerá la alzada y su objetivo será que se revise la legalidad de la determinación impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla. Por su parte, las peticiones administrativas urgentes, son aquellas de carácter apremiante y deben ser atendidas de inmediato, pues de lo contrario quedarían sin materia. En la ejecutoria, se resumió el trámite de estas solicitudes de la siguiente forma: El promovente de la petición acudirá directamente ante el juez para plantearle su petición. Hasta en tanto se resuelva la petición en definitiva, el juez de oficio y de inmediato si se trata de un acto positivo suspenderá el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere. Tratándose de actos omisivos, el juez determinará las acciones a realizar por la autoridad penitenciaria en aras de lograr que dicha omisión cese. De ser procedente la petición presentada el juez reparará la afectación. Del mismo modo, tal petición establece la posibilidad de que el interno interponga recurso de revocación contra las determinaciones de mero trámite que emita el juez, a fin de que éste examine de nueva cuenta su determinación y dicte la resolución que corresponda. Contra la resolución emitida por el juez, procederá el recurso de apelación, el cual se interpondrá dentro de los tres días siguientes a la notificación de la resolución o auto que se impugne. De este recurso conocerá la alzada y su objetivo será que se revise la legalidad de la determinación impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla. Si el juez determina que por la naturaleza de la promoción, ésta no constituye un caso urgente, redirigirá la petición al centro de reinserción correspondiente para su tramitación y la petición se seguirá conforme a lo establecido en párrafos que anteceden. El juez deberá recabar registro de la entrega al centro de reinserción. En consecuencia, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, concluyó que es necesario agotar el mecanismo de control que inicia con la denominada petición administrativa ante la autoridad correspondiente -según su carácter de no urgente o urgente-. En el entendido de que el referido mecanismo de control ofrece una asistencia continua al interno, permite que la omisión reclamada sea reparada, prevé que se impugne la omisión de atender las solicitudes, le otorga al promovente la facultad de optar por la petición administrativa no urgente o la urgente, así como la posibilidad real y efectiva de que el acto sea suspendido o cese de inmediato. Pero además porque: "(.) constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, a través de las cuales los internos, pueden ofrecer pruebas y la autoridad recabarlas de oficio; que el acto de ser urgente sea suspendido de oficio y de inmediato por un juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que el mismo cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, establece la posibilidad de que la respuesta a la petición sea impugnada a través de los recursos correspondientes, en caso de que considere que vulnera sus derechos, de ahí que se estime que el mismo debe ser agotado previamente a acudir al juicio de amparo indirecto". Razones por las que la Primera Sala sostuvo que el mecanismo de control previsto por la Ley Nacional de Ejecución Penal "(.) ofrece una oportunidad real, ágil y eficaz para que las peticiones de la persona privada de su libertad sean atendidas de inmediato, sin mayor trámite ni dilación alguna, incluso de manera personalizada frente a la autoridad correspondiente (.)". Máxime que la suspensión ahí establecida no exige mayores requisitos ni un plazo mayor al contenido en la Ley de Amparo. Por lo que agotar dicho procedimiento y los medios de impugnación ahí previstos -cumplir el principio de definitividad-, le da funcionalidad, ejecución y coherencia a las reformas constitucionales que implementaron el nuevo modelo penitenciario de reinserción social, su judicialización y la protección de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, a través de los jueces penales correspondientes. En esa tesitura, debido a que en el caso se reclama una omisión en la prestación del servicio médico (falta de atención médica) en un centro de reclusión y no se agotó el procedimiento previsto por la Ley Nacional de Ejecución Penal ni sus medios de impugnación; es inconcuso que no se satisfizo el principio de definitividad que regula el juicio de amparo y se actualiza la causal de improcedencia invocada, pues la propia norma en análisis prevé que inclusive, ante la falta de respuesta de la petición administrativa, el interno puede acudir directamente al juez de ejecución; procedimiento que en el caso, no se advierte que haya sido agotado. Resulta claro que la jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a.), derivada de la contradicción de tesis 57/2018, es aplicable incluso cuando en el juicio de amparo se reclaman cuestiones vinculadas con derechos sustantivos, como es el caso particular, donde se reclama una omisión relacionada con la falta de atención médica. Tan es así que en la ejecutoria que dio origen a la contradicción de tesis que se analiza, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación incluyó dentro de las condiciones de internamiento, la prestación del servicio médico o asistencia médica, como se advierte de la siguiente transcripción: "(.) en primer lugar, se explicará qué debe entenderse de acuerdo a la Ley Nacional de Ejecución Penal por condición de internamiento, en aras de generar certeza de cuáles son las "omisiones en sus condiciones de internamiento" que los quejosos privados de su libertad deben reclamar a las autoridades correspondientes a través del mecanismo de control establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal antes de acudir al juicio de amparo indirecto. Una condición de internamiento es cualquier medio u acto que garantice una vida digna y segura a la persona privada de su libertad dentro del centro de reinserción social, siendo, entre otros, el suministro de agua corriente y potable, alimentos, prestación de servicio médico o asistencia médica, ropa, colchones y ropa de cama, artículos de aseo personal y de limpieza, libros y útiles escolares, así como los instrumentos de trabajo y artículos para el deporte y la recreación (.)". Además se destaca como hecho notorio que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró sin materia la diversa contradicción de tesis 304/2018, que versaba precisamente sobre ese punto en particular -determinar si se actualizaba o no, una excepción al principio de definitividad al alegarse una posible violación al derecho a la salud y la reinserción social, consagrados en los artículos 4 y 18 Constitucionales-; de donde se advierte que el motivo por el que se declaró sin materia, fue que ya se había resuelto la contradicción de tesis 57/2018 sintetizada en la presente resolución. Así, se estima que la decisión de la Suprema Corte de obligar a las personas privadas de su libertad a que agoten el procedimiento señalado en la Ley Nacional de Ejecución Penal, cuando reclamen las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, resulta aplicable independientemente del derecho humano que se señale como vulnerado con tal omisión. Por otra parte, no se desatiende que el quejoso en la demanda de amparo refirió que envió a la Juez de Ejecución el ocho de junio del año en curso una controversia, con lo cual refiere agotó el principio de definitividad; sin embargo, se debe decirse que en contra de la determinación que resuelve la controversia judicial, procede el recurso de apelación, en términos de los artículos 131 y 132 fracción VIII, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que dicen: "Artículo 131. Apelación El recurso de apelación se interpondrá dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto o resolución que se impugna y tiene por objeto que el tribunal de alzada revise la legalidad de la resolución impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla." "Artículo 132. Procedencia del recurso de apelación El recurso de apelación procederá´ en contra de las resoluciones que se pronuncien sobre: I. Desechamiento de la solicitud; II. Modificación o extinción de penas; III. Sustitución de la pena; IV. Medidas de seguridad; V. Reparación del daño; VI. Ejecución de las sanciones disciplinarias; VII. Traslados; VIII. Afectación a los derechos de personas privadas de la libertad, visitantes, defensores y organizaciones observadoras, y IX. Las demás previstas en esta Ley." "Artículo 135. Tramitación y resolución de la apelación En el auto que se tengan por recibidas las actuaciones enviadas por el Juez de Ejecución, se determinará si el recurso fue interpuesto en tiempo, si la persona tiene derecho de recurrir y si el auto impugnado es apelable. Si fuese necesario el desahogo de una audiencia, el tribunal de alzada en el auto que tuvo por recibidas las actuaciones, señalará día y hora para la celebración de la misma dentro de los cinco días siguientes." En este caso, el tribunal de alzada resolverá el recurso de apelación dentro de los tres días siguientes a la celebración de la audiencia. En caso de no darse el supuesto a que se refiere el párrafo anterior el tribunal de alzada resolverá el recurso de apelación dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto que tuvo por recibidas las actuaciones." Como se puede apreciar, existe disposición expresa de la Ley Nacional de Ejecución Penal en el sentido de que procede el recurso de apelación, en contra de las determinaciones que se pronuncien sobre la afectación a los derechos de personas privadas de la libertad, visitantes, defensores y organizaciones observadoras, a fin de que un tribunal de alzada revise la legalidad de la resolución impugnada. Lo que lleva a concluir que si la Ley Nacional de Ejecución Penal, en el artículo 132, fracción VIII, prevé la procedencia del recurso de apelación en caso de inconformidad con la resolución que decida la controversia judicial, es inconcuso que, el afectado tiene la obligación de agotar el referidos medio de defensa previamente a acudir a la instancia constitucional. Corolario de lo anterior, se considera que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, lo que conlleva a desechar de plano la demanda de amparo. Es relevante establecer que se advierte que la falta de atención médica como lo desea el quejoso, no comprende su dignidad e integridad personal, ni mucho menos equipararse a un tormento, tan es así que dichas cuestiones no fueron asentadas ni referidas en el escrito de demanda, ni fueron manifestadas al momento de desahogar el requerimiento que le fue formulado. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma la licenciada Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Juez Tercero de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, quien actúa con el licenciado José Jesús Gutiérrez Luna, Secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el escrito signado por ********* y, en atención a su contenido, téngasele cumpliendo el requerimiento efectuado en proveído de siete de septiembre del año en curso, toda vez que acepta y protesta el cargo de defensor público y/o asesor jurídico del aquí quejoso privado de la libertad *********. Y como lo solicita, se le autoriza el acceso al expediente electrónico del presente juicio de amparo, toda vez que el nombre de usuario "HECTOR27NS" se encuentra registrado en el FIREL (Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación), con lo que se satisfacen los requisitos exigidos en el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Como solicita expresamente que las notificaciones se le practiquen de manera electrónica; en consecuencia, con fundamento en los artículos 26, fracción IV, 30, fracciones II y III, y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, se autoriza que se lleve a cabo la notificación electrónica de las resoluciones que se dicten en el presente juicio. En cuanto a las cuentas de correo electrónico y numero celular que proporciona para efecto de oír y recibir notificaciones, dígasele que no ha lugar a tenerlos como domicilio procesal, lo anterior, en razón a que éstos fueron solicitados con el único propósito de establecer contacto no procesal en caso de que se estime necesario; lo anterior, en razón a la contingencia derivada del virus SARS-CoV-2 (COVID-19); máxime que en el escrito que se provee, también solicitó que las notificaciones personales le sean practicadas de manera electrónica, lo que se proveyó de conformidad con antelación. A fin de garantizar el derecho del quejoso a una adecuada defensa y a su acceso efectivo a la justicia, sobre los actos que demandó; se comisiona a cualquiera de los actuarios adscritos a este juzgado, a efecto de que notifiquen el presente proveído al Defensor Público Federal ******, así como las diversas determinaciones de tres y diez de agosto de dos mil veintiuno, en que se previno la demanda de amparo y se reservó acordar su desahogo, respectivamente; asimismo, désele vista con las manifestaciones formuladas por el impetrante en la constancia de notificación de seis de agosto de dos mil veintiuno, para los efectos legales conducentes. Comunicación al quejoso sobre designación de defensor público y/o asesor jurídico. Notificaciones a la parte quejosa. Notificaciones personales. Instrucción en torno a la notificación personal del quejoso privado de su libertad.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el oficio que remite la Titular de la Delegación en Guanajuato del Instituto Federal de Defensoría Pública, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento que se le efectuó en proveído de tres de agosto de dos mil veintiuno, pues al efecto designa al licenciado ******************, como defensor público y/o asesor jurídico del quejoso privado de la libertad ***************. Sin que obste a lo anterior que el oficio de cuenta carezca de firma autógrafa, ya que al encontrarse firmado digitalmente y haberse remitido vía correo electrónico institucional, en razón a la contingencia derivada del virus COVID-19, se acuerda su contenido. Requiérase al Defensor Público Federal *********, en las instalaciones que ocupa el Instituto Federal de Defensoría Pública de esta ciudad, para que, dentro del término de tres días, acepte y proteste el cargo de defensor público y/o asesor jurídico del quejoso privado de la libertad ***************** por medio de escrito, mismo que deberá hacer llegar de manera electrónica, en el que constará su firma electrónica; lo anterior, en razón a la contingencia derivada del virus COVID-19. Se exhorta al defensor público y/o asesor jurídico del quejoso, para que se imponga de la totalidad de los autos y en su caso, promueva lo que a su asesoría técnica considere pertinente.

Quedan 2 actuaciones en este expediente

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