Fabiola Eva Romero Hernandez

Expediente 743/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
743/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
03/07/2023

Partes del expediente

  • Fabiola Eva Romero Hernandez
  • Tribunal Estatal de Conciliacion Y Arbitraje del Estado de Morelos

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, tres de julio de dos mil veintitrés. Glósese a los autos el oficio de cuenta por medio del cual la autoridad responsable Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, mediante el cual rinde su informe justificado. En atención a las manifestaciones, no ha lugar de acordar de conformidad, en virtud de que el veintiocho de junio pasado, se emitió la sentencia correspondiente. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jorge Manuel Díaz Carranza, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    Vistos los autos del juicio de amparo 743/2023-II-B promovido por ********************, por conducto de ******************** quien se ostenta como su apoderado legal; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el teinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada y recibida el día siguiente, ********************, por conducto de quien se ostenta como su apoderado legal ********************, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. SEGUNDO. Trámite. Por acuerdo de dos de junio del año en curso, se admitió a trámite la demanda; se fijó fecha para el verificativo de la audiencia constitucional, se solicitó el informe justificado, se ordenó dar vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; asimismo, se requirió a la autoridad responsable informara respecto de la personalidad con la que se ostenta el apoderado legal ******************** y se apercibió a este último que en caso de no contar con dicha personalidad, se decretaría el sobreseimiento de este asunto. Seguida la secuela procesal, se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; además, por reclamarse las conductas omisivas de autoridades que ejercen sus funciones dentro de la circunscripción territorial de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado consiste en: La omisión de acordar la promoción presentada por la parte actora el veinticinco de noviembre de dos mil veintidós en el juicio laboral ********************. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable negó el acto que se atribuye (folio 11219); sin embargo, de las constancias adjuntas al informe justificado, se advierte su conducta omisiva, ya que hasta el veinte de junio de dos mil veintitrés proveyó respecto de la promoción presentada por la parte actora el veinticinco de noviembre de dos mil veintidós en el juicio de origen; por tanto, se desvirtúa dicha negativa y se tiene por cierto el acto reclamado que se le combate. Tal certeza se corrobora con la copia certificada allegada por la responsable, del cual se advierte que el presidente del tribunal emitió el acuerdo de veinte de junio de dos mil veintitrés, por virtud del cual decretó auto de ejecución en el juicio natural. La constancia descrita amerita pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Causas de improcedencia. Al ser las causas de improcedencia de estudio preferente por disposición del artículo 62 de la Ley de Amparo se procede a estudiar de oficio. Ahora bien, esta juzgadora considera que en el presente juicio de amparo debe sobreseerse, con apoyo en los artículos 5, fracción I, 6, 11 y 63, fracción V, interpretado a contrario sensu de la Ley Amparo, 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por actualizarse en la especie la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley antes citada, los cuales establecen: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.) Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." Artículo 11. Cuando quien comparezca en el juicio de amparo indirecto en nombre del quejoso o del tercero interesado afirme tener reconocida su representación ante la autoridad responsable, le será admitida siempre que lo acredite con las constancias respectivas, salvo en materia penal en la que bastará la afirmación en ese sentido. En el amparo directo podrá justificarse con la acreditación que tenga en el juicio del que emane la resolución reclamada. La autoridad responsable que reciba la demanda expresará en el informe justificado si el promovente tiene el carácter con que se ostenta." Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley; [.]" Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada." De los dispositivos legales antes transcritos se desprende que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que implica que uno de los presupuestos que debe concurrir para que la persona solicite la protección de la justicia federal, es que esté legitimada para hacerlo, entendiéndose como tal la capacidad o potestad legal para ejercer o desplegar actos válidamente dentro del juicio; esto es, se traduce en la aptitud legal suficiente para ejercitar una acción dentro de un proceso determinado -al ser parte en este, ya sea como actor o demandado, o al ser representante legal de estos-; asimismo, que cuando el interesado tenga reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, tal personalidad será admitida en el juicio de amparo para todos los efectos legales. En ese contexto, debe decirse que existen dos tipos de legitimación, la ad causam y la ad procesum. La legitimación procesal deriva de las normas que establecen quienes pueden ser partes en un proceso, esto es, por legitimación procesal activa se entiende la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia. A esta legitimación se le conoce con el nombre de ad procesum y se produce cuando el derecho que se cuestionará en el juicio, es ejercitado por quien conforme a derecho está en aptitud para hacerlo valer, o bien, porque cuenta con la representación legal de dicho titular; por ende, los sujetos legitimados son aquéllos que en el proceso pueden asumir la figura de actores del derecho de contradicción. En tanto, que la legitimación ad causam se identifica con la vinculación de quien invoca un derecho sustantivo que la ley establece en su favor, y que hace valer mediante la intervención de los órganos jurisdiccionales cuando ese derecho es violado o desconocido; es decir, es la afirmación que hace el actor, el quejoso, el demandado o el tercerista, de la existencia de un derecho sustantivo, cuya aplicación y respeto pide al órgano de justicia, por encontrarse frente a un estado lesivo. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia con registro digital 237228, de rubro "LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA. CONCEPTO". De lo antes señalado, se advierte que la legitimatio ad procesum sí es un presupuesto procesal pues se refiere a la capacidad de las partes para ejecutar válidamente actos procesales y, por tanto, es condición para la validez formal del juicio. Resulta ilustrativa la tesis de rubro "LEGITIMACION PROCESAL PARA OCURRIR AL AMPARO". Ahora bien, de las presentes actuaciones se advierte que por auto de dos de junio del año actual se admitió la demanda de amparo promovida por ********************, quien se ostentó como apoderado legal de la parte quejosa ********************, por tanto, se requirió a la autoridad responsable informara el acuerdo por el cual se le reconoció tal personalidad; asimismo al promovente se le apercibió en el sentido que de no tener tal personalidad se sobreseería este asunto. Precisado lo anterior, cabe destacar que si bien ********************, al presentar la demanda de amparo, se ostentó como apoderado legal de la parte quejosa ********************, lo cierto es que el tribunal responsable al rendir su informe justificado indicó que ******************** no cuenta con la personalidad jurídica como apoderado legal de la directa quejosa. De lo que se desprende que ********************, a la presentación de la demanda de amparo, no contaba con la personalidad reconocida como apoderado legal de ******************** dentro del juicio laboral de origen. Circunstancia que hace improcedente el presente juicio de amparo, ya que de acuerdo a lo establecido por el artículo 6 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto que se reclama, pudiendo hacerlo por sí o por su representante y en términos del artículo 11 de la ley de la materia, que previene que cuando alguno de los interesados tengan reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, tal personalidad será admitida en el juicio de amparo para todos los efectos legales, lo que no sucede en la especie; pues, como se dijo, ******************** no cuenta con la personalidad de apoderado legal de ******************** como se ostentó en el presente asunto. En ese sentido, es importante recordar que toda persona puede instar el juicio constitucional por sí o a través de su representante, siempre y cuando cuente con la personalidad con que se ostenta; entendiéndose por ésta como legitimación procesal activa (potestad legal para acudir ante un órgano jurisdiccional a pedir la instauración de una controversia o comparecer en la misma, por sí o en representación de otro); lo cual, no acontece en el presente asunto. En efecto, uno de los principios fundamentales que rigen el juicio de amparo, es el de instancia de parte agraviada, previsto por la fracción I del dispositivo 107 de la Constitución General de la República, en relación con el 6 de la Ley de Amparo, el cual establece que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por el gobernado a quien perjudique el acto que se le reclama, sin que pueda hacerlo persona distinta que no se encuentre legalmente autorizada para ello. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 63, fracción V, así como el artículo 5, fracción I, interpretado a contrario sensu, 6, 10 y 11, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio. No se soslaya haber celebrado la audiencia constitucional sin que transcurriera el plazo de ocho días establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pues de las constancias remitidas por la autoridad responsable se evidencia, además de la causa de improcedencia, la destrucción total de los efectos de la omisión combatida. En suma, a ningún fin práctico conduciría diferir la audiencia constitucional para el único efecto de que transcurran los ocho días señalados en el precepto citado, en virtud de que no cambiaría el sentido de la presente determinación. Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, por las consideraciones expuestas en el presente fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, asistida de Sergio Arturo Godínez Vega, Secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, dos de junio de dos mil veintitrés. Admisión de demanda. Visto el escrito de demanda presentado por ********************, quien se ostenta como apoderado legal de Fabiola Eva Romero Hernández, contra actos del Presidente Ejecutor del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y otra; fórmese el expediente 743/2023-II-B, que por orden le corresponde; con fundamento en el artículo 17 Constitucional, en relación con los diversos 103, fracción I, 107, fracciones I y XV; 1, fracción I, 37, 107, 108, 116 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo. Integración del expediente. Se precisa que, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, el presente asunto se integrará de la siguiente forma: Se prescindirá de imprimir y glosar al expediente físico todas las promociones allegadas de manera electrónica. Se glosarán únicamente al expediente físico todas las promociones exhibidas de forma impresa así como las actuaciones necesarias para el impulso procesal del juicio constitucional. Determinación sobre el incidente de suspensión. En términos del artículo 125 de la Ley de Amparo, no se ordena el trámite del incidente de suspensión, pues no fue solicitado. Solicitud de informe y de constancias a la autoridad responsable. De conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, requiérase a la responsable su informe justificado, que deberá rendir dentro del término de quince días hábiles contados a partir de día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, en términos del numeral 31, fracción I, de la Ley de Amparo. En dicho informe tendrá que expresar si es cierto o no el acto reclamado y exponer las razones y fundamentos legales que estime pertinentes para sostener su constitucionalidad o la improcedencia del juicio, con la obligación de remitir copia certificada legible de la totalidad de las constancias en que lo apoyen, con el apercibimiento que de no hacerlo así, con fundamento en la fracción II del artículo 260 de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cien Unidades de Medida y Actualización. Asimismo, requiérase a la responsable para que a más tardar al rendir su informe justificado remita copia certificada del acuerdo mediante el cual se le reconoce la personalidad a ********************, quien se ostenta como apoderado legal de la parte quejosa, así como del documento con el cual lo acreditó dentro del juicio origen, apercibida que de no hacerlo, con fundamento en la fracción I del artículo 237 de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización. Si la documentación referida en los párrafos previos contiene información clasificada como confidencial o reservada, deberá hacerlo del conocimiento de este Juzgado, por corresponder al ámbito de su competencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 108, 113, 114 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Apercibimiento a la parte promovente en relación con la personalidad con la que se ostenta. Se apercibe a la parte promovente, que en caso de no tener acreditado, ni reconocido ante la responsable, el carácter con el cual se ostenta, se sobreseerá en el presente juicio en términos de lo dispuesto en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 5, fracción I, 6, 10 y 11 del ordenamiento invocado. Presentación de informes y promociones. Hágase saber a las partes que para otorgar plena eficacia legal a los informes y promociones presentados por los medios electrónicos autorizados por los Acuerdos Generales del Consejo de la Judicatura Federal, deberán contener firma electrónica (FIREL). Fijación de fecha de la audiencia constitucional. Se señalan las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia constitucional. Intervención del agente del ministerio público federal. Dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, la intervención que legalmente corresponde conforme al artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo. Publicación de datos personales. El artículo 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del día siguiente de su publicación, ordena hacer públicas las sentencias que causen estado o ejecutoria. Por tanto, con el fin de respetar el derecho a la intimidad de las partes, de conformidad con el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágaseles saber que con independencia que se opongan o no la publicación de sus datos personales, debe privilegiarse el derecho a su protección, por lo cual deberán suprimirse de las versiones públicas, de las resoluciones y sentencias que, en su caso, se llegasen a dictar, sus nombres, datos personales e información reservada, en términos del párrafo último del artículo 2º transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis. Consulta del expediente vía internet. Se hace saber que las partes que pueden consultar las actuaciones judiciales vía electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, sin tener que acudir al órgano jurisdiccional, únicamente necesitan un nombre de usuario y contraseña o contar con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación. Para obtener el nombre de usuario, deben registrarse en el sitio http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/ conforme a los lineamientos ahí precisados. Notificaciones. Se instruye al Actuario judicial para que en los casos no previstos en las fracciones I, II y IV del artículo 26 de la Ley de Amparo, practique las notificaciones a las partes por medio de lista, al actualizarle el supuesto previsto en la diversa fracción III. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada; por ende, los acuerdos de menor trascendencia incluyendo el diferimiento de la audiencia constitucional, deben notificarse por lista, y solo mediante oficio los acuerdos que se ajusten a los parámetros previstos en la fracción I del numeral 26 de la Ley de Amparo. Lo anterior con apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Domicilio procesal y personas autorizadas. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte quejosa y por autorizados en los términos precisados en la demanda de amparo a las personas propuestas. En la inteligencia de que en las hipótesis previstas en el párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo, los autorizados deberán acreditar encontrarse legalmente facultados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, para lo cual les corresponderá contar con cédula profesional registrada ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, de conformidad con el Acuerdo General 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ya que de no ser así, su autorización se reconocerá solo para los efectos de oír y recibir notificaciones. Medios no procesales. Acorde a lo dispuesto en el capítulo primero de los Principios Rectores, del expediente electrónico y otras soluciones digitales del Título Séptimo de la Utilización de medios tecnológicos y soluciones digitales en el Trabajo contemplado en el artículo tercero del Acuerdo General que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, se tienen por autorizados los medios no procesales de comunicación que las partes llegaren a proporcionar durante la tramitación del presente juicio. Medios electrónicos. Se hace del conocimiento a las partes del presente juicio de amparo que en términos de la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que desde este momento se autoriza la copia de actuaciones por medios electrónicos como escáner, cámaras digitales o cualquier otro dispositivo eléctrico o electrónico; herramientas que deberán ser utilizadas con lealtad procesal, sin que se puedan reproducir documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción, en caso que llegaran a solicitarlo durante la substanciación del presente asunto. Asimismo, por seguridad jurídica, se deberá dejar constancia en autos de tal acto, sin que ello implique que la fe pública de la persona Secretaria quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados. Recomendación para transitar hacia el esquema de juicios en línea y de presentación de promociones vía electrónica. Atendiendo al Acuerdo General que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como eje rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, se invita a las partes para que utilicen las herramientas tecnológicas puestas a su disposición y, para quienes esto sea una posibilidad, se recomienda transitar hacia el esquema de juicios en línea, lo cual se puede hacer incluso en aquellos asuntos que se hayan tramitado físicamente, pues mediante dicho medio podrán presentar electrónicamente escritos, pruebas y/o alegatos que consideren pertinentes a sus intereses. Asimismo, se exhorta para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Se habilita actuarios en horas y días inhábiles. Con fundamento en los artículos 21 de la Ley de Amparo y 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que el Actuario adscrito, lleve a cabo las notificaciones y diligencias encomendadas en el presente juicio; lo anterior, a efecto de propiciar el adecuado y ágil despacho de los asuntos. Captura completa del expediente en los sistemas electrónicos del Consejo. Se instruye al personal encargado de la tramitación de este juicio de amparo y al oficial judicial "A" a cargo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, el cabal cumplimiento del nuevo esquema de integración del expediente electrónico conforme a los lineamientos del Acuerdo General que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, así como del expediente físico en los términos señalados en este proveído y en el citado Acuerdo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por licencia de la Titular, de conformidad con el artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el numeral 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la Carrera Judicial, ante el Secretario Jorge Manuel Díaz Carranza, quien autoriza y da fe.

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