Fabiola Gargallo Morán

Expediente 1762/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 17 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1762/2016
Año
2016
Actuaciones
17
Última actuación
19/04/2017

Partes del expediente

  • FABIOLA GARGALLO MORÁN y Otros.
  • Fabiola Gargallo Morán
  • Titular del Área de Seguridad Y Custodia del Centro Federal de Reinserción Social Número 16 Cps Morelos
  • Joanna Guadalupe Tlahuizo Fajardo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diecinueve de abril de dos mil diecisiete. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 1762/2016-III, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido a la sentencia dictada en el juicio de amparo el dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia en el único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, se ordena agregar a los autos el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, tomando en consideración el estado de los autos y apareciendo de los mismos se sobreseyó el presente juicio, y al no existir documentos originales aportados por las partes, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. Asimismo, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración, debido que tal medida suspensiva se concedió. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, en cumplimiento al Punto Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 procédase a la destrucción del duplicado. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

  2. Incidental

    Cuernavaca, Morelos, dos de enero de dos mil diecisiete. Se tiene por recibido el oficio signado por la Directora General del Centro Federal de Readaptación Social número 16 "CPS FEMENIL MORELOS", mediante el cual informa el cumplimiento a la suspensión definitiva, y para acreditar lo anterior remite copia certificada de diversas constancias; las cuales se ordena agregar a los autos para que obren como legamente corresponda y surta sus efectos jurídicos conducentes. Ahora bien, con el contenido del oficio de referencia y con las constancias anexas, dése vista a la parte quejosa, a fin de que realice las manifestaciones que estime oportunas. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE EN EL LUGAR DONDE SE ENCUENTRA RECLUIDA...

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra transcurriendo la vista ordenada mediante proveído de dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis, a efecto de que las partes tuvieran el debido conocimiento del informe justificado rendido por la autoridad responsable DIRECTORA GENERAL Y DIRECTORA DE SEGURIDAD DEL CENTRO FEDERAL DE REINSERCIÓN SOCIAL NÚMERO 16 CPS MORELOS, es procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, para que tenga verificativo a las DIEZ HORAS CON CINCUENTA Y TRES MINUTOS DEL DÍA DOCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, tiene apoyo la anterior consideración la jurisprudencia 2a./J. 21/2008 , emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XXVII, Marzo de 2008 de la Novena Época, visible en la página 151. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

  4. Incidental

    Vistos para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1746/2016-III y, I.- FIJACIÓN CLARA Y PRECISA DEL ACTO RECLAMADO. Mediante escrito presentado el trece de octubre de este año, ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, compareció FABIOLA GARGALLO MORÁN, Y JOANNA GUADALUPE HAHUIZO FAJARDO por su propio derecho, demandando el amparo y protección de la Justicia Federal, con suspensión de los actos reclamados de la autoridad responsable DIRECTORA GENERAL DEL CENTRO FEDERAL DE REINSERCIÓN SOCIAL NÚMERO 16 CPS MORELOS, TITULAR DEL AREA DE SEGURIDAD Y CUSTODIA DEL CENTRO FEDERAL DE REINSERCIÓN SOCIAL NUMERO 16 CPS MORELOS, COORDINADOR GENERAL DE CENTROS FEDERALES DEL ORGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO PREVENCION Y READAPTACION SOCIAL Y COMISIONADO DEL ORGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO PREVENCION Y READAPTACION SOCIAL, los siguientes: 1.- La reubicación del módulo nueve, pabellón 2, planta alta estancia 12, camas 1 y 2. 2.- Discriminación. 3.- Falta de atención psicológica, toda vez que al ser reubicadas en diversos dormitorios, se ve afectado de su estado emocional, mental y moral. II.- VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS ADMITIDAS Y DESAHOGADAS. En autos de los presentes cuadernillos incidentales relativos al juicio de amparo 1762/2016-III, se desprende que las partes no ofrecieron medio de convicción alguno. III.- CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS PARA NEGAR LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA. Las autoridades responsables , al rendir su informe previo niegan el acto reclamado no obstante lo anterior. IV.- CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA. Por cuanto a los actos reclamados por las impetrantes de amparo, que se hacen consistir en la reubicación del módulo nueve, pabellón 2, planta alta estancia 12, camas 1 y 2; toda vez que concurren los requisitos para la suspensión a instancia de parte previstos por el artículo 128 de la Ley de Amparo, con fundamento en ese artículo y, además, en términos del diverso 138 de esa ley, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA en estos términos: Para que si la reglamentación vigente del Centro Federal de Readaptación Social Femenil número 16 y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 18 de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, permita a FABIOLA GARGALLO MORÁN y JOANNA GUADALUPE TLAHUIZO FAJARDO permanecer en el módulo, pabellón y sección que les permita su pleno desarrollo y reinserción social. Sin embargo, ello no es posible si con ello se pone en riesgo la seguridad y el orden del penal. Tampoco surtirá efectos si tal medida implica acto de molestia a diversas internas. Los efectos de esta suspensión deben prevalecer hasta en tanto reciban las autoridades responsables notificación acerca del auto que declare rime la sentencia definitiva que se dicte en el juicio principal del cual emana este incidente de suspensión, sin embargo, no surtirá efectos si tales medidas tienen como finalidad inmediata la seguridad de las quejosas o de las demás internas; caso éste que deberá ser probado fehacientemente por las autoridades responsables. Esta suspensión tiene por objeto garantizar los derechos que poseen las quejosas, aun estando internas en el Centro Federal de Readaptación Social 16 CPS Femenil Morelos, sin constituirles en su favor derechos especiales algunos. Se indica a las autoridades responsables que esta medida suspensional no veda sus facultades para sancionar las conductas de las impetrantes que atenten o infrinjan las medidas de seguridad, orden, disciplina y demás que imperen en ese centro de reclusión. Respecto al acto reclamado señalado por Joanna Guadalupe Tlahuiza Fajardo, que se hace consistir en actos discriminatorios por sus preferencias sexuales, a que refiere ser sujeta; tomando en consideración que la mujer tiene reconocido el derechos a una vida libre de violencia y discriminación, lo cual exige que todas las autoridades del país eliminen las barreras y obstáculos que discriminan a las personas por condición de sexo o género, evitando colocarlas en situaciones de desventaja. En mérito de lo anterior, se concede a Joanna Guadalupe Tlahuiza Fajardo la suspensión definitiva para el efecto de que cesen de inmediato los actos de discriminación que aduce estar sujeta con motivo de sus preferencias. Cobra aplicación a lo anterior, la tesis 1a./J. 22/2016 de la décima época sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, pagina 836, registro 2011430 que a la letra dice: "ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. Del reconocimiento de los derechos humanos a la igualdad y a la no discriminación por razones de género, deriva que todo órgano jurisdiccional debe impartir justicia con base en una perspectiva de género, para lo cual, debe implementarse un método en toda controversia judicial, aun cuando las partes no lo soliciten, a fin de verificar si existe una situación de violencia o vulnerabilidad que, por cuestiones de género, impida impartir justicia de manera completa e igualitaria. Para ello, el juzgador debe tomar en cuenta lo siguiente: i) identificar primeramente si existen situaciones de poder que por cuestiones de género den cuenta de un desequilibrio entre las partes de la controversia; ii) cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando cualquier estereotipo o prejuicio de género, a fin de visualizar las situaciones de desventaja provocadas por condiciones de sexo o género; iii) en caso de que el material probatorio no sea suficiente para aclarar la situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de género, ordenar las pruebas necesarias para visibilizar dichas situaciones; iv) de detectarse la situación de desventaja por cuestiones de género, cuestionar la neutralidad del derecho aplicable, así como evaluar el impacto diferenciado de la solución propuesta para buscar una resolución justa e igualitaria de acuerdo al contexto de desigualdad por condiciones de género; v) para ello debe aplicar los estándares de derechos humanos de todas las personas involucradas, especialmente de los niños y niñas; y, vi) considerar que el método exige que, en todo momento, se evite el uso del lenguaje basado en estereotipos o prejuicios, por lo que debe procurarse un lenguaje incluyente con el objeto de asegurar un acceso a la justicia sin discriminación por motivos de género." Los efectos de esta suspensión deben prevalecer hasta que se notifique a las autoridades responsables, el acuerdo que declare firme la sentencia definitiva que se dicte en el juicio principal del cual emana esta cuerda incidental, sin embargo, no surtirá efectos si tales medidas tienen como finalidad inmediata la seguridad de la quejosa o de las demás internas; caso éste que deberá ser probado fehacientemente por las autoridades responsables. Esta suspensión tiene por objeto garantizar los derechos que posee la quejosa, aun estando interna en el Centro Federal de Readaptación Social 16 CPS Femenil Morelos, sin constituirle en su favor derecho especial alguno. Se indica a las autoridades responsables que esta medida suspensional no veda sus facultades para sancionar las conductas de las impetrantes que atenten o infrinjan las medidas de seguridad, orden, disciplina y demás que imperen en ese centro de reclusión. Ahora bien, respecto a los actos que se duelen las quejosas consistentes en la falta de atención psicológica, toda vez que al ser reubicadas en diversos dormitorios, se ve afectado de su estado emocional, mental y moral, los cuales se relacionan con el acceso a la salud. Es de señalarse que los artículos 125 y 139 de la Ley de Amparo establecen lo siguiente: "Artículo 125. La suspensión del acto reclamado se decretará de oficio o a petición del quejoso. "Artículo 139. En los casos en que proceda la suspensión conforme a los artículos 128 y 131 de esta Ley, si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con perjuicios de difícil reparación para el quejoso, el órgano jurisdiccional, con la presentación de la demanda, deberá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, tomando las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de tercero y se eviten perjuicios a los interesados, hasta donde sea posible, ni quede sin materia el juicio de amparo. Cuando en autos surjan elementos que modifiquen la valoración que se realizó respecto de la afectación que la medida cautelar puede provocar al interés social y el orden público, el juzgador, con vista al quejoso por veinticuatro horas, podrá modificar o revocar la suspensión provisional. De esta normatividad, se puede advertir que la suspensión se decretará de oficio cuándo con su otorgamiento no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. En suma, se impone la obligación al juzgador de amparo que una vez solicitada esta medida cautelar, se haga un análisis ponderando la apariencia del buen derecho, insistiendo en la no afectación del interés social. Ahora bien, el acto reclamado descansa en el derecho humano a la salud el cual se encuentra estrechamente relacionado con el disfrute de los demás derechos humanos; entre ellos el derecho a la vida. El derecho a la protección de la salud se encuentra regulado en el tercer párrafo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que: "Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone [.] esta Constitución". Por su parte la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 26, establece la obligatoriedad de los Estados de buscar su cumplimiento progresivo, y señala que es el Estado quien debe hacer uso del máximo de sus recursos disponibles para garantizar el derecho a la protección de la salud. Asimismo, se destaca la obligación de observar las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) relativas a la prestación del servicio de salud, en su calidad de instrumentos legales que contienen criterios fundamentales, cuyo propósito es mejorar la calidad de los servicios de salud que prestan las instituciones del país, entre otras las relativas a la prestación de servicios médicos y de trato adecuado a los usuarios de los servicios de salud. De igual forma, el derecho humano a la salud está consagrado en el artículo 4º de la Constitución Federal, cuyo texto es el siguiente: "Art. 4o.- El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará. Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento. En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez. Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural. Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia." Luego, el derecho humano a la salud consagrado en el precepto 4º de la Carta Magna, en relación con los numerales 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, es indispensable para el ejercicio de los demás reconocidos en los pactos internacionales y en nuestro orden jurídico, ya que no puede circunscribirse al significado del vocablo, pues contiene un sin número de derechos y obligaciones, tanto internos como externos, es decir, a nivel nacional e internacional, cuyas obligaciones cobran especial importancia en cuanto a proporcionar los medios necesarios para que el ser humano tenga acceso efectivo a la salud. A mayor razón, conforme a los artículos 1º, párrafos primero y tercero, 4º, párrafo tercero y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; asimismo, imponen la obligación a todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, destacando entre ellos el de la protección a la salud, cuyos titulares son todos los seres humanos, incluidas las personas privadas de su libertad personal, quienes siguen gozando de ese derecho. Además, el sistema penitenciario debe organizarse sobre la base del respeto a los derechos humanos y sobre la protección a la salud de las personas privadas de la libertad. En lo conducente, es aplicable por analogía, la siguiente tesis: Tesis: VII.2o.P. J/2 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2011012 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Libro 27, Febrero de 2016, Tomo III Pag. 1966 Jurisprudencia(Constitucional) Libro 27, Febrero de 2016, Tomo III DERECHO A LA SALUD DE LOS INTERNOS EN UN CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL. ACCIONES QUE EL JUEZ DE AMPARO DEBE EXIGIR A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES PARA PRESERVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS RECLUSOS ENFERMOS Y GESTIONES QUE ÉSTAS DEBEN REALIZAR CUANDO SE ACREDITE QUE LA OPCIÓN MÁS ADECUADA PARA TRATAR SU PADECIMIENTO ES INCOMPATIBLE CON LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE SALUD IMPLEMENTADAS EN DICHO CENTRO. El marco normativo que integran los artículos 1o., 4o. y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, numeral 1, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; XI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador"; 5 de los Principios Básicos para el Tratamiento de Reclusos, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 45/111; 22, 24, 25, 26 y 62 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos; y, 17 del Reglamento del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, garantiza el derecho fundamental a la salud a todo ser humano, a cuyo reconocimiento está obligado cualquier servidor público, aun cuando se trate de un interno en un establecimiento penitenciario, pues su protección no se merma, sino que el Estado tiene la obligación de procurarla. En ese tenor, se han dispuesto las citadas Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos y el Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión. Por consiguiente, si el quejoso se encuentra recluido en un Centro Federal de Readaptación Social y no se le proporciona la atención médica que requiere, ello obliga al Juez de amparo a que, abordada la cuestión con plenitud y analizadas las implicaciones pronta y frontalmente, exija a la autoridad responsable que lo tenga a su disposición que acredite, con los exámenes médicos respectivos, el estado de salud de aquél, informando los datos que permitan identificar la atención médica que requiere, a fin de asegurar que la proporcionada es la que necesita, de acuerdo con su particular condición de salud, así como requerirle que proceda de inmediato a aplicarle los exámenes médicos correspondientes, para determinar el tipo de tratamiento médico adecuado que necesite, durante el tiempo que permanezca a su disposición. Lo anterior implica que la autoridad responsable considere qué medida es más conveniente para brindar al quejoso el trato médico apropiado a su padecimiento y, atento a su resultado, suministre los medicamentos o insumos básicos y esenciales para su oportuno tratamiento, en aras de preservar la calidad de vida del recluso. Además, en caso de que se acredite fehacientemente que la opción más adecuada es incompatible con las políticas públicas en materia de salud implementadas por el centro penitenciario en que guarda reclusión el quejoso, en virtud de involucrarse el derecho humano a la salud, la autoridad responsable deberá realizar las gestiones pertinentes para que sea atendido en algún hospital o en las clínicas del sector salud donde pueda recibir su tratamiento en las condiciones adecuadas e idóneas a su padecimiento. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SÉPTIMO CIRCUITO. Sentado lo anterior, en virtud que la suspensión es la determinación judicial por la que se ordena detener temporalmente la realización del acto reclamado mientras se resuelve la cuestión constitucional planteada y, por tanto, sólo tiene por objeto paralizar o impedir la actividad que desarrolla o está por desarrollar la autoridad responsable. En mérito de lo anterior, ante el aparente riesgo en la salud del quejoso, por lo que en términos de los numerales 125, 128, 136, 131 y 139 de la Ley de Amparo, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA a FABIOLA GARGALLO MORÁN y JOANNA GUADALUPE TLAHUIZO FAJARDO para los siguientes efectos: I.- Se les otorgue la atención psicológica necesaria y adecuada, sea que la otorgue el centro penitenciario o la derive a una institución de salud pública. En la inteligencia de que la atención psicológica deberá ser la estrictamente necesaria para el padecimiento de las quejosas, conforme a los expedientes clínicos que obren en el centro penitenciario o resultado de los estudios que se le realicen; lo anterior, hasta en tanto reciban las autoridades responsables notificación acerca del auto que declare rime la sentencia definitiva que se dicte en el juicio principal del cual emana este incidente de suspensión. Este Juzgado de Distrito hace del conocimiento de las autoridades responsables que conforme a la fracción III del artículo 262 de la Ley de Amparo, se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientas Unidades de Medida y Actualización, conforme al artículo Tercero Transitorio del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación -esto en relación con lo dispuesto en el artículo 238 de esa ley-, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el incidente de suspensión, no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra. Por lo expuesto y fundado, con apoyo, en los artículos 125, 138, 140, 143 y 146 de la Ley de Amparo se; R E S U E L V E: UNICO. Se CONCEDE la suspensión definitiva solicitada por FABIOLA GARGALLO MORÁN y JOANNA GUADALUPE TLAHUIZO FAJARDO, por los motivos expuestos en la cuarta parte considerativa de esta resolución. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LAS QUEJOSAS EN EL LUGAR DONDE SE ENCUENTRAN RECLUIDAS. Así lo proveyó y firma la Licenciada Aletia González Huerta, Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargada del despacho por licencia del Titular, en términos del párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial y Creación de Nuevos Órganos en sesión celebrada el quince de noviembre de dos mil dieciséis, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, quien autoriza y da fe.

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