Fabiola Capistran Arce
Expediente 1540/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 12 actuaciones registradas, la última del 21 de diciembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1540/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 21/12/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Fabiola Capistran Arce
- Antonio Diaz Agripin
- Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 1540/2017-V, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido a la sentencia dictada en el juicio de amparo el veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia en el único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, se ordena agregar a los autos el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, tomando en consideración el estado de los autos y apareciendo de los mismos se sobreseyó el presente juicio, y al no existir documentos originales aportados por las partes, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. Asimismo, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de destrucción, debido que tal medida suspensiva se negó. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, en cumplimiento al Punto Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 procédase a la destrucción del duplicado. Finalmente, toda vez que David Carrizosa Jiménez, autorizado del tercero interesado Antonio Díaz Agripin, remitieron diversas constancias debiendo formarse por separado el anexo I y II; en esas condiciones, remítanse a la autoridad responsable los anexos de referencia, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, trece de diciembre de dos mil diecisiete. Se tiene por recibido el escrito signado por el autorizado de la parte tercera interesada, mediante el cual solicita a este juzgado anexar al expediente digital la constancia de notificación realizada de la resolución de catorce de noviembre de dos mil diecisiete, realizada a las quejosas Fabiola Capistrán Arce y Angélica María Capistrán Arce, por las razones que expone en su escrito de cuenta; el que se ordena agregar a los autos para que obre como legalmente corresponda y surta sus efectos jurídicos conducentes. En atención a lo solicitado, se instruye al actuario adscrito a este órgano jurisdiccional a efecto de que vincule la notificación realizada a las quejosas respecto de la sentencia dictada el veintiocho de noviembre del año en curso, al panel de notificaciones del Sistema Integral del Seguimiento de Expedientes (sise), lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE...
- Principal
En Cuernavaca Morelos siendo las DOCE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, estando en audiencia pública CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, que da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia a que se refieren los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, en el juicio de garantías 1540/2017-V, promovido por FABIOLA CAPISTRÁN ARCE Y ANGÉLICA MARÍA CAPISTRÁN ARCE, por propio derecho, sin la comparecencia de las partes. Declarada abierta la audiencia, el Secretario hace relación oral de las constancias que obran en autos. Abierto el periodo de pruebas, el Secretario da cuenta con: Fotocopia simple y certificada de constancias del toca penal 124/2017-16-OP (fojas 51 a 56 y con las que se formaron los anexos I y II); Disco compacto; El Juez acuerda: con fundamento en lo dispuesto en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se admiten la pruebas relatadas por el Secretario, que se desahogan por su propia y especial naturaleza jurídica y que se tomarán en consideración en el momento procesal oportuno. Cerrado el periodo de pruebas y abierto el de alegatos, el Secretario certifica que la parte tercero interesada, ANTONIO DÍAZ AGRIPIN, expresó alegatos mediante escrito presentado el once de octubre de dos mil diecisiete (fojas 36 a 50); asimismo que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito no presentó alegato ministerial. El Juez acuerda: se tienen por expresados los alegatos de la parte tercero interesada, que serán tomados en consideración al emitirse sentencia. Por otro lado, se declara cerrada la etapa respectiva y se procede a dictar la sentencia. Doy fe. Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 1540/2017-V, promovido por FABIOLA CAPISTRÁN ARCE Y ANGÉLICA MARÍA CAPISTRÁN ARCE, por propio derecho y; RESULTANDO: PRIMERO. Mediante escrito presentado el dos de octubre de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos; y remitido a este juzgado de Distrito en la misma fecha; FABIOLA CAPISTRÁN ARCE Y ANGÉLICA MARÍA CAPISTRÁN ARCE, por propio derecho, solicitaron el amparo y protección de la justicia federal, contra actos de la Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, de quien reclamó lo siguiente: ".IV.- Acto Reclamado: La resolución de fecha 12 doce de septiembre de 2017, dictada por la Sala Auxiliar del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en el cual REVOCA la resolución de fecha 05 cinco de mayo de dos mil diecisiete, dictada por el Juez de Control, Juicio Oral y de Ejecución de Sanciones del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, el Licenciado Daniel Adán Rodríguez Apac, en la causa penal JC/802/2016 en donde confirma el NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL, dictado en fecha 17 diecisiete de marzo de dos mil diecisiete, por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía General del Estado, Licenciada Alma Rosa Andrade Bailón.". SEGUNDO. Por auto de tres de octubre de dos mil diecisiete se admitió la demanda de amparo, registrándose con el número de expediente 1540/2017-V; por lo que se requirió a las autoridades responsables sus respectivos informes; se emplazó a la parte tercero interesada; se dio la intervención legal correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación; y finalmente, se señaló día y hora para que tuviera verificativo el desahogo de la audiencia constitucional, que inició al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, 37 y 107, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en vigor a partir del veintiséis de junio del año en curso, que establece en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; y siendo el lugar donde tendrá ejecución la resolución reclamada. SEGUNDO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles son los actos que se reclaman. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido, a través de la Jurisprudencia, que el juzgador de amparo al dictar una sentencia debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia dictando sentencias que fijen con claridad y precisión el acto o actos reclamados; además, que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Agrega que en algunas ocasiones esto es insuficiente, por lo que, además, se deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda en un sentido congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de información del expediente del juicio, atendiendo de manera preferente al pensamiento o intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión, y precisa la Suprema Corte de Justicia de la Nación que debe atenderse a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, para lograr congruencia ente lo pretendido y lo resuelto. Bajo esa premisa, en el presente juicio de garantías, es necesario fijar adecuadamente el acto o actos reclamados por el imperante. Al respecto, de la lectura íntegra de la demanda y, atendiendo además a los aspectos explicados en líneas precedentes, debe decirse que los actos que se reclaman en esta instancia constitucional, se traducen en la resolución de doce de septiembre de dos mil diecisiete, dictada en el toca 124/2017-16-OP, por la Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, a través de la en el cual revoca la resolución de cinco de mayo de dos mil diecisiete, dictada por el Juez de Control, Juicio Oral y de Ejecución de Sanciones del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, el Licenciado Daniel Adán Rodríguez Apac, dentro de la carpeta penal JC/802/2016, a través de la cual había confirmado el no ejercicio de la acción penal, dictado el diecisiete de marzo de dos mil diecisiete, por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía General del Estado, Licenciada Alma Rosa Andrade Bailón, en la carpeta de investigación AB01/19/2015. Precisado lo anterior, debe decirse que son ciertos tales actos reclamados, ya que dicha autoridad al rendir su informe, acepta la resolución reclamada y se corrobora mediante las constancias certificadas del toca 124/2017-16-OP, a las que se otorga pleno valor probatorio, con fundamento en los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en virtud de tratarse de un documento público, en virtud de haber sido expedido por autoridad en ejercicio de sus funciones. TERCERO. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. Previamente al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al análisis de las causales de improcedencia, por ser una cuestión de estudio oficioso. Así, el suscrito juzgador advierte la actualización de la causa de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5, párrafo primero, del ordenamiento legal invocado en líneas precedentes, conforme a la cual, el juicio de garantías es improcedente actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;.". "Artículo 5o Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo.". De las normas anteriores se advierte que el juicio de amparo debe ser instado por quien aduzca ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado en la jurisprudencia de la Novena Época; 1a. Sala; Semanario Judicial y su Gaceta; XXVII, Enero de 2008; Pág. 225 ; registro: 170 500, al interpretar el artículo 4 de la Ley de Amparo abrogada, que para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. La jurisprudencia de mérito es del texto y rubro siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados.". Atento a lo anterior, se estima que dicha interpretación es acorde al contenido del artículo 5, primer párrafo, de la Ley de Amparo, en la medida que este dispone que debe ser promovido el juicio por quien acredite "ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico"; de ahí que se estime que tal interpretación del artículo 4 de la abrogada ley, no se contrapone con el texto del numeral citado en primer término; de ahí que se estime vigente el criterio jurisprudencial. Ahora, en el caso, como se explicó, se reclama por las quejosas, la resolución de doce de septiembre de dos mil diecisiete, dictada en el toca 124/2017-16-OP, por la Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, a través de la cual revoca la resolución de cinco de mayo de dos mil diecisiete, dictada por el Juez de Control, Juicio Oral y de Ejecución de Sanciones del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, el Licenciado Daniel Adán Rodríguez Apac, dentro de la carpeta penal JC/802/2016, a través de la cual había confirmado el no ejercicio de la acción penal, dictado a su favor el diecisiete de marzo de dos mil diecisiete, por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía General del Estado, Licenciada Alma Rosa Andrade Bailón, en la carpeta de investigación AB01/19/2015. Luego, la resolución reclamada tiene como efecto dejar sin efectos legales la determinación que había confirmado el no ejercicio de la acción penal en la carpeta de investigación AB01/19/2015, a favor de las aquí quejosas, quienes tienen el carácter de indiciadas, y ordena la continuación en la realización de diligencias probatorias adicionales. En efecto, pues ordena dejar sin efecto la decisión del Ministerio Público y le instruye reabrir la investigación y continuar con la persecución penal, para que la fiscalía determine: La existencia física de la parcela y fracciones de predios que se encuentran delimitados en ella, así como el acceso a dichos predios; La posesión que respecto de dichos predios se ejerza o hayan ejercido con relación a los mismos. A quién se atribuye la acción y derechos de colocar un portón en el acceso a los inmuebles. En tal virtud, se estima que al reclamarse a través del presente juicio de amparo, se actualiza la causal de improcedencia invocada, Lo anterior, porque si se toma en cuenta que la comprobación del interés jurídico requiere el demostrar que el acto reclamado lesiona la esfera jurídica del gobernado, resulta evidente que el indiciado carece de este para combatir el acto reclamado y, por tanto, es improcedente el juicio de amparo indirecto, ya que este tiene por efecto revocar el no ejercicio de la acción penal propuesto por el agente del Ministerio Público y confirmado por el Juez de Control y ordena la devolución de la causa a la representación social para que se realicen diligencias de investigación. Y la razón de carecer de interés jurídico estriba en que la revocación del no ejercicio de la acción penal, conlleva el que se continúe con la labor fundamental de la autoridad ministerial, conferida por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para investigar posibles hechos delictuosos, y ni la Constitución ni las leyes secundarias otorgan a los indiciados el derecho de oponerse a la continuación de una averiguación previa, aun cuando sean considerados probables responsables, pues estimar lo contrario sería tanto como anteponer el interés particular al de la sociedad. Y porque se ha sostenido que la revisión, a través del juicio de amparo indirecto, de los actos acaecidos durante la averiguación previa, es excepcional y debe ser determinada en aras de preservar, al menos en su expresión mínima, la función indagatoria, a fin de no entorpecer las facultades y obligaciones conferidas constitucionalmente al Ministerio Público. Además, la determinación de revocar el no ejercicio de la acción penal no causa un perjuicio actual a los indiciados, pues sus efectos no son de imposible reparación, ya que pueden desvirtuarlos o contrarrestarlos dentro de la misma etapa ministerial, a partir del ofrecimiento y desahogo de pruebas de descargo, en los términos y con los requisitos y límites que fijen las leyes; o bien, hasta que la autoridad judicial a quien corresponda conocer de la causa penal emita un acto que afecte la libertad personal de los imputados, momento en el cual real y efectivamente se afectará su esfera jurídica. Por identidad de razón jurídica, es aplicable la jurisprudencia de la Novena Época, Registro: 168201, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Enero de 2009, Materia(s): Penal, Tesis: 1a./J. 87/2008, Página: 71, del rubro y texto siguiente: "AVERIGUACIÓN PREVIA. EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO ES IMPROCEDENTE, POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO DEL INDICIADO, CONTRA LA DETERMINACIÓN DEL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA POR LA QUE REVOCA EL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL PROPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO Y ORDENA LA DEVOLUCIÓN DE LA CAUSA A ÉSTE PARA QUE SE RECABEN Y DESAHOGUEN DIVERSOS MEDIOS DE PRUEBA. Conforme al artículo 73, fracción V, en relación con el numeral 4o., ambos de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente cuando el quejoso carece de interés jurídico. Ahora bien, si se toma en cuenta que la comprobación de dicho interés requiere demostrar que el acto reclamado lesiona la esfera jurídica del gobernado, resulta evidente que el indiciado carece de interés jurídico y, por tanto, es improcedente el juicio de amparo indirecto que promueva contra la determinación del Procurador General de Justicia por la que revoca el no ejercicio de la acción penal propuesto por el agente del Ministerio Público y ordena la devolución de la causa a la representación social para que se recaben y desahoguen diversos medios de prueba, en tanto que ello constituye la continuación de una labor fundamental de la autoridad ministerial, conferida por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para investigar posibles hechos delictuosos, y ni la Constitución ni las leyes secundarias otorgan a los indiciados el derecho de oponerse a la continuación de una averiguación previa, aun cuando sean considerados probables responsables, pues estimar lo contrario sería tanto como anteponer el interés particular al de la sociedad. Al respecto, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la revisión, a través del juicio de amparo indirecto, de los actos acaecidos durante la averiguación previa es excepcional y debe ser determinada en aras de preservar, al menos en su expresión mínima, la función indagatoria, a fin de no entorpecer las facultades y obligaciones conferidas constitucionalmente al Ministerio Público. Además, la determinación de revocar el no ejercicio de la acción penal no causa un perjuicio actual a los indiciados, pues sus efectos no son de imposible reparación, ya que pueden desvirtuarlos o contrarrestarlos dentro de la misma etapa ministerial, a partir del ofrecimiento y desahogo de pruebas de descargo, en los términos y con los requisitos y límites que fijen las leyes; o bien, hasta que la autoridad judicial a quien corresponda conocer de la causa penal determine que procede librar la correspondiente orden de aprehensión, momento en el cual real y efectivamente se afectará su esfera jurídica.". A mayor abundamiento, el juicio de amparo no puede ser obstáculo para la prosecusión de una investigación, a la luz los actuales paradigmas contenidos en el artículo 20, de la Carta Magna, que en el apartado A, fracción I; entre los cuales prevé que el proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen. En conclusión, es manifiesta la actualización de la causal de improcedencia expresada, prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que la determinación reclamada no afecta los intereses jurídicos de la parte quejosa; de ahí que debe sobreseerse con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la misma Ley. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. SE SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO, promovido por FABIOLA CAPISTRÁN ARCE Y ANGÉLICA MARÍA CAPISTRÁN ARCE, respecto de los actos y por la autoridad identificados en el considerando segundo de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hoy veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, que lo permitieron las labores de este juzgado, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, que da fe
- Principal
RESULTANDO...CONSIDERANDO...RESUELVE...ÚNICO...SE SONBRESEE EN EL JUCIIO DE AMPARTO PROMOVIDO POR...
Quedan 8 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · 16,416 expedientes
- Fabiola Ayala Landa1972/2017
- Fabiola Ayala Landa1874/2017
- Fabiola Ayala Landa60/2017
- Fabiola Ayala Landa1357/2018
- Fabiola Ayala Landa168/2019
- Fabiola Becerra Campos240/2015
- Fabiola Cuenca Garcia619/2018
- Fabiola Estrada Montes1569/2014
- Fabiola Eva Romero Hernández1737/2017
- Fabiola Eva Romero Hernandez522/2021
- Fabiola Eva Romero Hernandez743/2023
- Fabiola Gargallo Moran1118/2017