Fabiola Chávez Martínez
Expediente 1088/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 8 actuaciones registradas, la última del 23 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1088/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 23/01/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Fabiola Chávez Martínez
- coordinadora de Cobro Coactivo de la dirección de Ingresos y Recaudación de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del estado de Oaxaca
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Incidental
Mesa IV-A * "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de enero de dos mil dieciocho. Vista la cuenta que antecede, de la que se advierte que causó ejecutoria la sentencia dictada en el juicio de amparo 1088/2017; que se negó la suspensión provisional y definitiva; y que en los cuadernos original y duplicado del incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido; en consecuencia, archívese este incidente de suspensión como asunto concluido. [...] Notifíquese.
- Principal
Mesa IV-A * "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de enero de dos mil dieciocho. En atención a la cuenta que antecede... Se declara que la sentencia dictada en este asunto ha causado ejecutoria. Archívese el expediente principal como asunto concluido. [...] Se indica que, conforme a la certificación de cuenta, en este expediente no existen documentos considerados originales... [...] Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese.
- Principal
En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a las diez horas con cuarenta minutos del seis de diciembre de dos mil diecisiete, el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, Leonel Medina Rubio, con la secretaria de acuerdos, Lucía Cortés Sierra, procede a celebrar la presente audiencia constitucional, sin la comparecencia de las partes. Relación de constancias. La secretaria de acuerdos hace una relación de las constancias que obran en el juicio de amparo 1088/2017, entre las que se encuentran las siguientes: (i) demanda de amparo, (ii) acuerdo de diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, donde se admitió a trámite dicha demanda e (iii) informe justificado. Acto seguido, el Juez de Distrito tiene por hecha la relación de constancias que antecede y ordena pasar a la siguiente etapa. Etapa probatoria. En esta fase se hace constar que la directora de lo Contencioso de la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Finanzas, en representación legal de las autoridades responsables coordinadora de Cobro Coactivo de la Dirección de Ingresos y Recaudación y ejecutora adscrita a la Dirección de Ingresos y Recaudación de dicha secretaría, acompañó a su informe copia certificada diversas documentales. Asimismo, la quejosa adjuntó a su demanda de amparo diversas placas fotográficas. Medios de convicción, que se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza, por lo que se cierra el período probatorio, para pasar a la etapa de alegatos. Etapa de alegatos. En esta etapa de la audiencia se hace que ninguna de las partes formuló alegato alguno; acto seguido, se da por concluida la presente audiencia y se dicta la siguiente: S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 1088/2017, promovido por Fabiola Chávez Martínez, contra de los actos de la autoridad que se menciona más adelante. I. ANTECEDENTES Según consta en autos, a juicio de Fabiola Chávez Martínez, dos autoridades del Estado de Oaxaca, colocaron unos sellos en el domicilio ubicado en la calle Benito Juárez sin número en la población de Cruz Blanca de Cuilapam de Guerrero, Oaxaca, que impiden el acceso a dicho inmueble. Por tanto, la parte promovente del amparo estima que las autoridades responsables, violan en su perjuicio los derechos fundamentales reconocidos en el artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO Fabiola Chávez Martínez promovió juicio de amparo mediante escrito presentado el dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca. La quejosa señaló como autoridades responsables a la coordinadora de Cobro Coactivo de la Dirección de Ingresos y Recaudación de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca y al ejecutor adscrito a esa Dirección y como actos reclamados: "la orden verbal o que por escrito haya emitido para que en mi domicilio se fijaran sellos que los cuales impiden el acceso a la propiedad en la cual habito con mis dos hijos menores de edad (.); del ejecutor reclamó la ejecución material de la orden dada por la coordinadora". La demanda fue turnada a este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca y se registró con el número 1088/2017. La audiencia constitucional se llevó a cabo el día de hoy en los términos del acta que antecede. III. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto y el acto reclamado tuvo ejecución dentro de la demarcación territorial en la que este órgano de amparo ejerce jurisdicción. IV. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El acto reclamado en este juicio de amparo, como ya se adelantó en esta sentencia, lo constituye la orden verbal o escrita, a través de la cual, se fijaron unos sellos que impiden el acceso al domicilio ubicado en la calle Benito Juárez sin número en la población de Cruz Blanca de Cuilapam de Guerrero, Oaxaca. V. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO La autoridad responsable negó el acto reclamado; sin embargo, manifestó que en sus archivos obra registro relativo al crédito 30111 (antes AF001120102300480), derivado de la resolución DAIF-II-3-D-02930 de veintiséis de octubre de dos mil doce, a nombre de Luis Abelardo Flores Cubas, en la que se procedió al embargo y fijación de sellos en el inmueble ubicado en la calle Benito Juárez, sin número, Cruz Blanca, Cuilapam de Guerrero, Oaxaca. Por tanto, al existir el embargo y haberse fijado los sellos en el referido inmueble que la peticionaria defiende en esta instancia, dicha negativa se desvirtúa y se tienen por ciertos los actos reclamados. Certeza, que se corrobora las copias que la autoridad responsable remitió como complemento a su informe de ley. VI. IMPROCEDENCIA. Previo al estudio del fondo del asunto, deben de examinarse las causas de improcedencia que las partes hagan valer o este Tribunal advierta, dado que su estudio es preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En la especie, el suscrito estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, relación con el diverso 5º, fracción I, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;.". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." Conforme a la interpretación en conjunto de los citados numerales, se deduce que el juicio de amparo sólo puede promoverse por la parte a quien perjudique la norma general o el acto reclamado, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violentan los derechos previstos en el artículo 1° de la propia ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Destacándose que respecto de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. En efecto, el juicio de amparo sólo puede ser seguido a instancia de parte agraviada, lo cual implica que únicamente quien tiene un interés jurídico legalmente tutelado, cuenta con legitimación procesal sustantiva para promover y, en su caso, obtener la protección constitucional. En ese orden, para una mejor ilustración del presente asunto, es importante mencionar que el interés jurídico representa uno de los presupuestos básicos para la procedencia del juicio de amparo, atendiendo a que si las leyes o actos reclamados no lesionan la esfera jurídica del gobernado, entonces no existe legitimación para entablar el juicio constitucional; así, el peticionario de garantías debe demostrar en forma fehaciente, cuando acude en la demanda de amparo que el acto de autoridad reclamado vulnera en su perjuicio un derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, o sea, que le causa un daño, perjuicio o menoscabo en sus derechos, de tal manera que si esta circunstancia no se encuentra plenamente acreditada, la demanda de amparo resulta improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 854, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, localizable en la página 582, Tomo VI, Parte TCC, Materia Común, Octava Época al Apéndice de 1995, que a la letra dice: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona." Al efecto, cabe precisar que el artículo 107, fracción I, del Pacto Federal dispone que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Esto es, la norma constitucional prevé la figura del interés jurídico como un eje rector para que el gobernado pueda solicitar el escrutinio de un acto de autoridad en sede constitucional. El interés adquiere la connotación jurídica cuando el objeto al cual se inclina el ánimo del individuo se encuentra tutelado por una norma jurídica, por ello se dice que el interés jurídico para la procedencia del juicio de amparo supone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, cuando es transgredido por la actuación de una autoridad o por la ley, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente demandando que esa transgresión cese. Bajo ese contexto, el interés jurídico se identifica con el derecho subjetivo, es decir, aquel derecho que, derivado de la norma objetiva, se concreta en forma individual en algún objeto determinado otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad, cuando el acto o la ley reclamada a través del juicio de amparo incide de manera negativa en la esfera jurídica de una persona (física o moral) en lo particular. Apoya lo antes dicho la jurisprudencia VI.3o.J/26, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 117, Tomo VIII, Diciembre de 1991, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de epígrafe y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SU CONCEPTO. De acuerdo con el artículo 4o. de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Por lo tanto, la noción de perjuicio, para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta, para la procedencia del juicio de garantías. A lo expuesto es dable agregar que la parte agraviada debe demostrar indubitablemente la titularidad del derecho subjetivo tutelado por una norma jurídica y su afectación por el acto reclamado, es decir, tiene la obligación de acreditar el interés jurídico en sí mismo y el perjuicio padecido por tal acto, el cual debe ser real, actual, directo, objetivo, amén que la demostración necesita ser en forma plena, innegable y fehaciente, no inferida de simples presunciones. Esto es, si la tutela de derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, sin que pueda hablarse de la existencia de un agravio cuando el acto de autoridad no afecta real y efectivamente los bienes jurídicamente amparados. En ese contexto, cobra aplicación el criterio número IV.2o.1 K, emitido por el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, localizable en la página 378, Tomo I, Mayo de 1995, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, el cual previene: "INTERÉS JURÍDICO. NO PUEDE DEMOSTRARSE CON LA PRUEBA PRESUNCIONAL. Si bien es cierto que en el juicio de amparo, pueden ofrecerse toda clase de pruebas, quien lo promueve debe acreditar fehacientemente su interés jurídico, en atención a que el artículo 4o. de la Ley de Amparo, contempla el principio de instancia de parte y el artículo 76 de la misma ley, contiene el principio de particularidad que rige respecto de la sentencia que se dicte en el juicio, de ahí la necesidad de acreditar plenamente el interés jurídico, para que la autoridad esté en posibilidad de conceder la protección de la Justicia Federal, en forma particularizada, situación que no se podría satisfacer si el interés del promovente del amparo tan sólo fuese presuntivo." Asimismo, la jurisprudencia 1a./J. 168/2007 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 225, Tomo XXVII, Enero de 2008, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados". En la especie, la quejosa refiere ser poseedora del inmueble ubicado en la calle Benito Juárez sin número en la población de Cruz Blanca de Cuilapam de Guerrero, Oaxaca, y defiende el acceso al mismo; razón por la que considera que la actuación de las autoridades vulnera sus derechos fundamentales. Sin embargo, no exhibió prueba alguna para justificar el derecho de posesión que aduce tener respecto del referido inmueble. Entonces, al no existir medio de convicción para acreditar justo título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que la parte quejosa tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trata. En ese contexto, como la posesión que la peticionaria defiende no se encuentra acreditada en un título (entendiéndose por título no un documento sino la causa jurídica por la que posee el bien relativo), esto es, originaria o derivada, es indudable que no acredita existencia de un interés jurídico, sino, en todo caso, un interés simple que no lo faculta para reclamar el referido inmueble, como en la especie, en la vía constitucional, debido a que, como se vio con antelación, el contrato de cesión no se realizó conforme a las reglas de la ley agraria. Consecuentemente, es factible sostener que la peticionaria del amparo no acreditó la afectación a su interés jurídico para instar la acción constitucional, por lo que es indudable que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los arábigos 5º, fracción I de la invocada legislación; en ese contexto, lo procedente, de conformidad con lo establecido en el ordinal 63, fracción V, de la ley de la materia, es sobreseer en el presente juicio. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Fabiola Chávez Martínez, contra del acto reclamado a las autoridades responsables, precisado y señaladas en los apartados II y VI de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, Leonel Medina Rubio, ante la secretaria de acuerdos, Lucía Cortés Sierra, que autoriza y da fe.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de noviembre de dos mil diecisiete. Con fundamento en los numerales 117 y 119 de la Ley de Amparo, agréguese el informe justificado descrito en la cuenta, téngase por recibidas las documentales que se acompañan y dese vista a las partes. Con apoyo en los artículos 9° y 28, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase a las aludidas responsables señalando como delegados a las personas que mencionan y designando como domicilio para recibir notificaciones el que indican. Por otro lado, desde este momento se reprograma la audiencia constitucional que estaba señalada para las diez horas con cuarenta minutos del diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, para las diez horas con cuarenta minutos del seis de diciembre de dos mil diecisiete, a fin de estar en condiciones de dar vista a las partes con tal informe y transcurra el plazo de ocho días señalado por el artículo 117 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente.
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