Fabian Lopez Santiago

Expediente 656/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 17 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
656/2021
Año
2021
Actuaciones
17
Última actuación
11/10/2021

Partes del expediente

  • Fabian Lopez Santiago

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio señalado en la cuenta, por medio del cual el Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, informa que el seis de octubre del año en curso, la representación social puso a disposición de esa autoridad judicial al imputado Fabián López Santiago, y que en audiencia de comunicación de imputación celebrada en esa misma fecha, se le comunicó la imputación y éste se acogió al término constitucional ampliado para que se resuelva su situación jurídica, por lo que fueron señaladas las diez horas del diez de octubre del dos mil veintiuno para que tenga verificativo la audiencia de ampliación de término constitucional. Así también, que en términos de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 167, tercer párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales, se le impuso de manera provisional la medida cautelar de prisión preventiva de carácter oficiosa, la cual cumplirá en los separos o área de detenidos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, y que estará vigente hasta en tanto se resuelva su situación jurídica, quedando dicho quejoso a disposición de esa autoridad judicial para la continuación del proceso penal que se le sigue, y a disposición de este órgano jurisdiccional por lo que respecta a su libertad personal en el lugar donde actualmente se encuentra recluido (de manera provisional), en cumplimiento a la resolución de suspensión definitiva pronunciada el veintiocho de junio del dos mil veintiuno; en consecuencia, ténganse a la citada autoridad judicial informando dicha circunstancia. No obstante lo anterior, cabe precisar que por auto de veintiocho de junio de esta anualidad, se modificó la interlocutoria dictada inicialmente el veintidós de junio de este mismo año, y que en esa nueva resolución, se determinó que al ser existente el acto reclamado al otrora Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales con sede en Ixcotel, Oaxaca, consistente en la orden de aprehensión librada en su contra en la causa penal 300/2020 de su índice, se concedía la suspensión definitiva para el efecto de que el quejoso quedara a disposición de este Juzgado de Distrito en lo que se refería a su libertad, en el lugar en que fuera recluido, y a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer del procedimiento penal para los efectos de su continuación. Lo anterior, con la precisión de que dicha medida suspensiva, en cuanto a su duración, produciría efectos hasta que se notificara a las responsables el acuerdo que se declarara ejecutoriada la sentencia que llegare a dictarse en el juicio de amparo de donde deriva este incidente. En ese sentido, reitérese a la autoridad responsable que mediante sentencia de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, por una parte se sobreseyó y por otra se negó el amparo, en el expediente principal del cual deriva este incidente de suspensión, cuya resolución, por auto de treinta de septiembre siguiente, causó ejecutoria y se ordenó su archivo como asunto concluido; esto último, se hizo del conocimiento mediante oficio 27421/2021 al Juzgado de Control de Santa María Ixcotel, ahora Juzgado de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, conforme al acuerdo general 34/2021 del pleno del Consejo de la Judicatura del Estado del Poder Judicial del Estado, recibido el siete de octubre del año en curso, tal y como se advierte del acuse de recibo correspondiente, por lo que la suspensión definitiva de que se trata, quedó sin efecto alguno. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 656/2021 III-A, promovido por ********************, en contra de actos de la Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Ixcotel, y otras autoridades. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO En audiencia privada de siete de marzo de dos mil veinte, la Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos contra la Mujer por Razón de Género solicitó se librara orden de aprehensión en contra de ********************, por su probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como el delito de equiparado a la violación, cometido en agravio de la menor de edad O.C.C.H. Una vez que la citada representante social expuso los hechos delictivos, datos de prueba que obran en la carpeta de investigación y necesidad de la cautela, la citada juzgadora resolvió librar orden de aprehensión en contra del aquí quejoso, por el delito antes citado. Determinación que constituye el acto reclamado TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO ********************, presentó un escrito el diez de junio de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, mediante el cual solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y por los actos que más adelante se precisarán. El quejoso señaló como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 1°, 14, 16, 17, 18, 19, 20 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes del acto reclamado y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. Por cuestión de turno correspondió conocer del asunto a este órgano de control constitucional, el que por auto de once de junio del año en curso, admitió a trámite la demanda; se registró bajo el consecutivo 656/2021; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se otorgó intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que previos diferimientos tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se discute la legalidad de actos emitidos por autoridades de la jurisdicción del propio juzgado. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso, el contenido integral de la demanda de amparo permite sostener que el quejoso reclama lo siguiente: Autoridades responsables ordenadoras. Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Ixcotel, Oaxaca. Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca. Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Ejutla, Oaxaca. La orden de aprehensión librada en su contra. Autoridades responsables ejecutoras. Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. Comandante del Grupo de Aprehensiones de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. La ejecución de la orden privativa de libertad. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS A DIVERSAS AUTORIDADES ORDENADORAS Al rendir su respectivo informe justificado, los Jueces de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet y Ejutla, negaron el acto que se les atribuyó, manifestando que no han librado orden de aprehensión en contra del quejoso. Ahora bien, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, en lo conducente, dispone: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y (.)." Tal precepto, establece que en el supuesto de que no llegaran a existir los actos reclamados, sin que se probare su existencia en la audiencia constitucional respectiva, procede el sobreseimiento en el juicio de amparo. Cabe señalar, que la parte quejosa en el juicio de amparo tiene la carga de la prueba, es decir, la parte promovente del amparo, está obligada a demostrar, directamente o mediante los informes de las autoridades responsables, la existencia de los actos que impugna y a justificar con pruebas, que éstos sean inconstitucionales. Resulta ilustrativa la Jurisprudencia VI.2o.J/308, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 77, Tomo 80, Agosto de 1994, correspondiente a la Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 210769, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." En consecuencia, como la parte quejosa no demostró la existencia de la orden de aprehensión reclamada, únicamente por lo que a los Jueces de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Ejutla y Tanivet, Oaxaca, se sobresee en el juicio por lo que a éstos respecta, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO La Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Ixcotel, Oaxaca, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado, toda vez que en audiencia privada de siete de marzo de dos mil veinte, dentro de la causa penal 300/2020, libró orden de aprehensión en contra de ********************, por su probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como el delito de equiparado a la violación, cometido en agravio de O.C.C.H. Al respecto es aplicable la jurisprudencia doscientos setenta y ocho, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su interior integración, publicada en la página doscientos treinta y uno, del tomo VI, atinente a la materia Común, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2000, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." La anterior circunstancia, se corrobora con el disco versátil digital relativo al registro en audio y video de la audiencia privada de orden de aprehensión dentro de la causa penal 300/2020; medio de prueba que adquiere valor probatorio pleno, al tenor de los normativos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2. Apoya lo antes dicho la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), visible en la página 703, Libro XXIII, Agosto de 2013, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Por su parte, el Agente Estatal encargado del Grupo de Aprehensiones y el Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones, por conducto del Servidos Público designado, ambos adscritos a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, negaron la ejecución del mandamiento de captura reclamado. Sin embargo, al resultar cierta la orden de aprehensión reclamada por el quejoso, se desvirtúa la negativa apuntada por las mencionadas autoridades responsables y se tienen como ciertos los actos de ejecución atribuidos. LEGITIMACIÓN ********************, se encuentra legitimado para promover el presente juicio de amparo, en términos del numeral 6° de la Ley de Amparo, ya que la orden de captura fue emitida en su contra, lo que a su consideración vulnera sus derechos fundamentales al considerar que no ha cometido ilícito alguno. OPORTUNIDAD Se estima que la promoción del juicio es oportuna, debido a la naturaleza de los actos reclamados, ya que al tratarse de una orden de aprehensión, cuya ejecución debe guardar sigilo, es inconcuso que el quejoso no tiene conocimiento cierto de aquélla hasta que las autoridades responsables rindan sus informes justificados y, en su caso, acepte la existencia de dichos mandamiento de captura. PROCEDENCIA En el presente asunto no se advierte la actualización de ninguna causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de la Ley de Amparo. Tampoco se advierte la concurrencia de alguna de las causales de sobreseimiento previstas en el diverso artículo 63 de la misma ley reglamentaria que obliguen a dar por concluido el juicio sin hacer una declaratoria sobre el acto reclamado, por lo que, a consideración de este juzgador, el amparo es procedente en términos del artículo 107, fracción V, del citado ordenamiento legal. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Resulta innecesaria la transcripción de los conceptos de violación, al no existir dispositivo legal alguno que imponga esa obligación, máxime que a fin de cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad los mismos habrán de ser analizados al momento de estudiar la constitucionalidad de los actos reclamados. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, mayo de dos mil diez, página ochocientos treinta, cuyo rubro y texto indican: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." ESTUDIO DE FONDO En esencia, el quejoso señala que las autoridades responsables transgreden en su perjuicio los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que pretenden ejecutarle una orden de aprehensión de manera injusta, sin haber participado en la comisión de delito alguno. También, refiere que no se reúnen los requisitos mínimos que debe contener la constancia emitida por el Juez de Control responsable para la ejecución de la orden de aprehensión reclamada, ya que no le dijeron a sus compañeros de trabajo el motivo por el cual lo pretendían detener. Los motivos de disenso antes expuestos resultan infundados, sin que se advierta queja deficiente que suplir, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Como se adelantó, en el presente asunto se controvierte la orden de aprehensión librada por la Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Ixcotel, Oaxaca, lo que implica que la causa penal de origen se encuentra en la etapa preliminar o de investigación. Ahora bien, la orden de aprehensión al igual que todo acto de autoridad debe cumplir con los requisitos de fundamentación y motivación, previstos por el segundo párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, razón por la cual en observancia a tal derecho fundamental, el juez de la causa debe establecer de manera fundada y motivada si obran o no datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión; en tanto que este órgano jurisdiccional, a su vez, como garante de los derechos fundamentales de los gobernados, tiene el deber de examinar que las responsables cumplan con tal obligación constitucional. Así, para justificar la calificativa del motivo de disenso (infundado), se considera oportuno precisar que el artículo 16 de la Carta Magna, además de los requisitos de fundamentación y de motivación que todo acto de autoridad debe contener precisa las exigencias para su dictado se deben cumplir, según establece: "Artículo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. (.) No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.". De la transcripción que antecede se aprecia que los requisitos que deben colmarse para que la autoridad judicial libre la orden de aprehensión son los siguientes: Que sea dictada por autoridad judicial; Que esté precedida por denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito; Que el ilícito sea sancionado con pena privativa de libertad; y, Que existan datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su perpetración. Se advierta necesidad de cautela. A su vez, los dispositivos 141, fracción III, y 142 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevén: "Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión. Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: (.) III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. "Artículo 142. Solicitud de las órdenes de comparecencia o de aprehensión En la solicitud de orden de comparecencia o de aprehensión se hará una relación de los hechos atribuidos al imputado, sustentada en forma precisa en los registros correspondientes y se expondrán las razones por las que considera que se actualizaron las exigencias señaladas en el artículo anterior. Las solicitudes se formularán por cualquier medio que garantice su autenticidad, o en audiencia privada con el Juez de control." Primer requisito. En la especie se considera que se encuentra colmado, porque de la consulta del disco versátil digital que exhibió la autoridad responsable al rendir su informe con justificación, se advierte que la orden de captura fue emitida por la Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Ixcotel, Oaxaca, quien de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales tiene competencia sobre los hechos punibles cometidos dentro de la circunscripción judicial en la que ejerce sus funciones, conforme a la distribución y las disposiciones establecidas por su Ley Orgánica. Segundo requisito. Se encuentra satisfecho relativo a que la orden de aprehensión esté precedida por una denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito. Cierto, de la consulta del disco digital se advierte que existe la denuncia de Marina Hernández Ramírez, quien es la madre de la víctima menor de edad O.C.C.H., quien al enterarse de los hechos ocurridos, acudió a levantar denuncia en contra del aquí quejoso. Tercer requisito. Se encuentra cumplido, consistente en que el ilícito respecto del cual la Agente del Ministerio Público solicitó la orden de aprehensión sea sancionado con pena privativa de libertad, toda vez que en el caso, se trata del hecho que la ley señala como el delito de equiparado a la violación. Ilícito que se encuentra previsto y sancionado en el artículo 246 Bis del Código Penal para el Estado de Oaxaca. Dicho precepto es del tenor literal siguiente: "Artículo 246 BIS. Se equipara a la violación y se sancionará de tres a siete años de prisión y multa de doscientos a cuatrocientas el valor de la unidad de medida y actualización. I. A quien tenga cópula con persona mayor de doce años y menor de dieciocho, obteniendo su consentimiento por medio del engaño, cualquiera que haya sido el medio para lograrlo. Cuando la persona víctima directa fuere menor de quince años, se presumirá en todo caso la seducción o el engaño." Cuarto requisito. Es oportuno destacar que para que se actualice el hecho que la ley señala como el delito de equiparado a la violación, se requiere de los elementos siguientes: La cópula con una persona. La presunción de seducción o engaño por ser la pasivo una persona menor de edad. Para tener por configurados tales elementos, la resolutora de origen tomó en consideración los datos de prueba siguientes: Denuncia de Marina Hernández Ramírez (víctima indirecta), de diecinueve de febrero de dos mil veinte. Declaración de la menor O.C.C.H., de diecinueve de febrero de dos mil veinte, llevada a cabo en presencia de su progenitora, de una perito en psicología y de un intérprete, ya que la madre de la víctima refirió hablar idioma mixteco alto. Atestado de nacimiento de la menor O.C.C.H., expedida por el Oficial Primero del Registro Civil de Santa María Peñoles, Oaxaca, en la que se hace consta que la víctima nació el catorce de junio de dos mil seis. Dictamen psicológico, de veintiocho de febrero de dos mil veinte, practicado por una psicóloga adscrita a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. Certificado médico de lesiones y examen ginecológico, proctológico y toma de muestras, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por una perito médico adscrita a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. Los datos de prueba que anteceden, el suscrito considera que fueron correctamente valorados por la Juez de Control en términos de lo dispuesto por los artículos 259, 261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se justifica lo anterior, toda vez que respecto de la denuncia de Marina Hernández Ramírez, madre de la víctima directa O.C.C.H. y declaración de ésta última, fueron realizadas acorde con las formalidades que establecen los artículos 221 y 223 del Código Nacional de Procedimientos Penales, emitidas ante la autoridad ministerial, siendo que la menor de edad estuvo asistida de su madre y de una perito en psicología. Estableció que no se advirtió violación de algún derecho para su obtención o ánimo injustificado para perjudicar al imputado, pues resulta lógico y coherente que la denunciante lo que busca es proteger a su menor hija. Así, por lo que hace a la denuncia de Marina Hernández Ramírez, precisó que fue emitida ante el Ministerio Público, de manera verbal, realizada por persona mayor de edad, quien expuso una narración circunstanciada de lo acontecido, respecto de los hechos que tuvo conocimiento, en los que su hija O.C.C.H. es víctima y tenía trece años cuando fue agredida sexualmente. También, indicó que si bien la progenitora de la víctima no percibió los hechos directamente a través de sus sentidos, lo cierto es que puso del conocimiento del Ministerio Público los hechos que su hija le comunicó, por lo que le concedió valor probatorio a esa denuncia; ya que resulta creíble que la menor haya platicado con su madre lo ocurrido. Por su parte, respecto de la declaración de la menor O.C.C.H., la Juez responsable indicó que al recabarse, se cumplieron con los protocolos de actuación establecidos para los casos en que las víctimas se traten de niños, niñas y adolescentes, ya que estuvo asistida por su madre, quien a su vez fue asistida por un intérprete, además contó con la asistencia de una psicóloga adscrita a la Representación Social. Además, que la menor percibió los hechos que relató por sí misma, es decir, a través de sus sentidos, pues ella sufrió la conducta denunciada, por lo que tuvo conocimiento de manera directa y como consecuencia, su narración es cronológica y cuenta con detalles como los días, horas y la forma en la que fue agredida sexualmente. Asimismo, dio una explicación lógica de cómo es que conoce al imputado, narra momento a momento lo sucedido y no se contradice lo expuesto con los demás datos de prueba. Dato que cobra credibilidad al adminicularse con el dictamen médico de lesiones en el que se hacen constar las lesiones que presentó la víctima en el área genital, así como el dictamen psicológico emitido a su favor, del que se desprende que padece un trastorno de estrés transitorio y la denuncia de Marina Hernández Ramírez. Además, destacó que el hecho que la víctima haya tenido trece años al momento de la agresión, no es obstáculo para restarle valor probatorio, como lo establece el Protocolo de Actuación para Niñas, Niños y Adolescentes emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Respecto del atestado de nacimiento emitido a favor de la víctima O.C.C.H., la Juez responsable estimó que es auténtico y le concedió valor probatorio, al haber sido expedido por un funcionario público en ejercicio de sus funciones, con lo que se acredita la minoría de edad de la nombrada, contando con trece años al momento en que acontecieron los hechos. Por cuanto hace al dictamen psicológico, emitido por la perito Belén Pérez Robles, la Juez de la causa precisó que también merece valor probatorio, ya que fue emitido por una experta en la materia con la capacidad y habilidad suficiente para emitir una opinión en relación con la materia en la que se le dio intervención. Que en dicho dictamen, se aplicaron diversas técnicas y metodologías propias de su pericia, concluyéndose que la víctima presentaba un trastorno de estrés transitorio, con grado de vulnerabilidad significativo ante la agresión sexual que sufrió por parte de un hombre mayor de edad. Al dictamen médico de lesiones, ginecológico y toma de muestras, concedió valor probatorio, ya que fue realizado por una perito en la materia, quien cuenta con la capacidad y conocimientos suficientes para emitir una opinión. De dicha experticia se obtuvo que existen lesiones en la región genital de la víctima, que corroboran y coinciden con el testimonio de la menor. Con base en estos datos de prueba, se coincide con la Juez de control en el sentido de que de su valoración individual y conjunta, hasta ese momento procesal, se justifica lo siguiente: "Que el día 24 de enero del 2020 entre las 7:30 y 8:00 de la noche, el ciudadano ******************** llevó al dese domicilio ubicado en domicilio conocido en Río Contreras Santa María Peñoles, Etla, Oaxaca; a la adolescente Ofelia Carelita Chávez Hernández de 13 años de edad, en donde la presentó con sus progenitores, que después de cenar ese día 24 de enero del 2020, donde la adolescente le calienta las tortillas al imputado ambos se van al cuarto que le asignó el papá del imputado, en donde el imputado le dice a la víctima que si tenían relaciones sexuales respondiendo la adolescente que no, diciendo el imputado que la obligaría para luego apagar la luz el imputado, ella se acuesta al lado de él, luego el imputado abraza a la víctima, la besa en la boca, le dice la adolescente que gritará, luego el imputado le desabrocha su pantalón bajándole el pantalón y calzón hasta las piernas, el imputado se desabrocha su pantalón, se acuesta sobre la víctima y le introduce su pene en la vagina de la adolescente víctima, quien mueve su pie derecho y el imputado saca su pene de su vagina y se sube el pantalón. El día 25 de enero del 2020 aproximadamente a las 7:00 de la noche en el referido domicilio, la víctima e imputado se metieron a dormir y estando acostados el imputado le dice vamos a hacerlo otra vez, para luego besarle la boca, ella le dice que no, respondiéndole el imputado te voy a obligar si no quieres, acariciando todo su cuerpo por encima de su ropa enseguida se bajó su pantalón hasta sus piernas y con sus manos desabrochó el pantalón de la víctima, bajándoselo junto con su calzón hasta las piernas acostándose sobre de ella y le introduce su pene en su vagina, ella le dice que le dolía a lo que él le respondió que no le dolerá que lo hará bonito, para luego la víctima subirse su pantalón, él prende la luz y se sube su pantalón. El día 26 de enero del 2020 entre las 8:00 y 9:00 de la noche cuando la víctima e imputado se encontraban acostados en la cama del domicilio del imputado y la víctima le dijo que, qué tal si estaba embarazada y él le dijo que no, la besó en su boca y en su mejilla y el imputado se acostó encima de ella, se desabrochó su pantalón sacó su pene, desabrochó el pantalón de la adolescente, se lo quitó junto con su calzón ella le pellizcaba en su panza y mano, y él le decía que era grosera con él y le introdujo su pene en su vagina, luego se quitó de ella y se acostó a su lado. Que durante las fechas mencionadas que estuvo la adolescente en la casa del imputado ella hacía la comida y las tortillas, y le decía al imputado que se iba a ir y el imputado le decía llorando que, porque se iba a ir, a poco no lo quería, ella le respondió que no." Es decir, el suscrito considera que con dichos datos de prueba se configuran los elementos que integran el hecho que la ley señala como el ilícito de equiparado a la violación. Por lo que respecta al primer elemento que es la cópula con una persona, como acertadamente lo refiere la Juez de origen, se encuentra acreditado con la declaración de la víctima, quien realizó un relato pormenorizado de la forma en la que fue agredida por ********************, lo que se robusteció con el testimonio de su madre, así como con el dictamen médico, ginecológico y toma de muestras médicas, del que se obtuvo que existen lesiones en la zona genital de la víctima (desgarros antiguos en el himen). Aunado a que del dictamen psicológico se desprendió que la menor víctima padece un trastorno por estrés transitorio, motivo de la agresión sexual que sufrió. Por lo que respecta al segundo elemento, consistente en la presunción de seducción o engaño por ser la pasivo una persona de menor de edad, la Juzgadora de origen indicó que la minoría de edad quedó acreditada con el atestado de nacimiento expedido a favor de O.C.C.H., donde se hizo constar que contaba con trece años al momento en que ocurrieron los hechos; asimismo, con el propio testimonio de la víctima y de su progenitora. Además, de la declaración de la menor se obtiene que de manera clara y expresa, negó su consentimiento al imputado para que realizara las acciones denunciadas, tanto que acudió ante la Representación Social a presentar la denuncia correspondiente. Se destacó que la conducta desplegada por el imputado vulneró el bien jurídico protegido por la norma penal, que en este caso es el normal desarrollo psicosexual de la menor. En diverso orden, en relación a la probable responsabilidad del aquí quejoso ********************, se encuentra justificada hasta ese momento procesal, con la declaración emitida por la víctima directa O.C.C.H., pues hace un señalamiento inequívoco, directo y categórico hacia el imputado como la persona que la agredió sexualmente. Asimismo, se estableció que la víctima identifica al imputado porque conoce a su hermana e incluso a los padres de éste, quienes estuvieron en la fiesta a la cual asistió. En ese tenor, la Juez responsable precisó que los datos de prueba relacionados resultan suficientes para hasta este momento procesal, que existe la probabilidad de que ******************** haya sido la persona que cometió el delito analizado y que esa intervención fue a título de autor material, en términos de la fracción II, del artículo 11 del Código Penal del Estado de Oaxaca. Que la forma en la que se realizó el ilícito fue con dolo, como lo prevé el artículo 8°, fracción I, del invocado código, ya que el aquí quejoso se llevó a la fuerza a la víctima a su domicilio, donde durante tres días ejecutó el delito que se le imputa. Lo que se estima correcto, pues al respecto, la tesis de jurisprudencia VI.2o. J/93, visible en la página trescientos cuarenta y uno, del Semanario Judicial de la Federación VI, segunda parte, julio a diciembre de mil novecientos noventa, expresa: "CUERPO DEL DELITO Y PRESUNTA RESPONSABILIDAD. PRUEBA POR LOS MISMOS ELEMENTOS. Si bien es cierto que cuerpo del delito y la presunta responsabilidad resultan ser conceptos diferentes, en virtud de que el primero se refiere a cuestiones impersonales relativas a la verificación de un hecho tipificado por la ley como delito, independientemente de la autoría de la conducta, y la segunda radica en la atribución de la causación del resultado a una persona; también lo es que, puede suceder que un medio de convicción sirva para acreditar ambos extremos, ya que en ese caso, por un lado puede revelar la existencia de un hecho determinado como delito y por el otro atribuir la comisión del suceso a un sujeto específico; por tanto, tener por justificadas ambas premisas con los mismos datos probatorios no trae como consecuencia una violación de garantías." Quinto requisito. Consistente en la necesidad de la medida dictada, la Juez de control responsable, en el dictado del mandamiento de captura, advirtió su necesidad, atendiendo a lo establecido en el párrafo segundo del artículo 19 Constitucional, que señala expresamente que se impondrá prisión preventiva de forma oficiosa en delitos sexuales en personas menores de edad. Aunado a que la posible imposición de una pena hace que el imputado no se presente de forma voluntaria ante la autoridad judicial para que se le comunique imputación. En las relatadas consideraciones, se estima correcto el razonamiento relacionado con la necesidad de dictar la orden de aprehensión, pues es muy probable que el quejoso no se someta al procedimiento debido a la pena que pudiera imponérsele en caso de resultar culpable; además de que en el caso no se advierte, conforme a la ley del acto ninguna salida alterna o anticipada de terminación del proceso que pudiera beneficiarles; y, en caso de sentencia condenatoria, no podría concedérsele algún beneficio preliberacional como el de sustitución de la pena o la condena condicional; por lo que, como se dijo, es necesaria la medida dictada por el juez responsable. Por ello, es que se considera que hasta este momento, existen datos de prueba (valorados de forma individual y en su conjunto) que justifican que probablemente ******************** participó en la comisión del hecho que la ley señala como delito de equiparado a la violación, ilícito previsto y sancionado por el numeral 246 Bis del Código Penal del Estado de Oaxaca. Esto es, que existe la probabilidad de que ********************, haya perpetrado el ilícito en estudio, ya que se estableció que el veinticuatro de enero de dos mil veinte, aproximadamente entre las diecinueve treinta y las veinte horas, llevó a la adolescente O.C.C.H., de trece años, a su casa, la que se encuentra en domicilio conocido en Río Contreras, Santa María Peñoles, Etla, Oaxaca, la presentó con sus progenitores y después de calentarle tortillas, la llevó a su recámara y le introdujo el pene en su vagina, situación que se repitió el veinticinco y veintiséis de enero del año en cita. Resta destacar que para el libramiento de la orden de aprehensión la ley solo exige datos o indicios y no pruebas plenas para acreditar la probable responsabilidad del incoado en la comisión del ilícito que se le atribuye. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis 1a. LVII/2004 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 514, Tomo XIX, Mayo de 2004, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "ORDEN DE APREHENSIÓN, PARA SU LIBRAMIENTO NO ES NECESARIO ACREDITAR EN FORMA PLENA EL CUERPO DEL DELITO. De la interpretación auténtica del segundo párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuya última reforma se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 8 de marzo de 1999, se desprende que para el libramiento de la orden de aprehensión no se requiere que se encuentre acreditado plenamente el cuerpo del delito. Ciertamente, del proceso legislativo que dio origen a la redacción actual del referido artículo, se advierte que la intención del Poder Reformador fue buscar el equilibrio entre los derechos de los ciudadanos y las facultades de la autoridad para perseguir y castigar delitos y, en consecuencia, flexibilizar los requisitos para el libramiento de la orden de aprehensión solicitada por el agente del Ministerio Público a través del ejercicio de la acción penal, cuestión que se hizo patente, en principio, en la Cámara de Senadores (Cámara de Origen), que puntualizó que debía dejarse para el proceso y la sentencia definitiva la acreditación plena del hecho delictivo, por lo que se consideró que para librar una orden de aprehensión se requería que existieran datos que acreditaran el cuerpo del delito, posición que fue compartida por la Cámara de Diputados (Cámara Revisora), que aludió a las dificultades del Ministerio Público para integrar la averiguación previa y el Juez para librar la orden de aprehensión, refiriéndose a la redacción anterior de dicho dispositivo constitucional. Ahora bien, conviene destacar que el hecho de que el Ministerio Público y el Juez no deban acreditar plenamente el cuerpo del delito, en los términos precisados, no significa que puedan actuar a su libre arbitrio en cada una de esas etapas procedimentales, puesto que tienen la insoslayable obligación de observar los restantes requisitos exigidos para ello, además de respetar todas las garantías que consagra la Carta Magna, a las cuales deben ceñir su actuación las autoridades en la emisión de dichos actos, por lo que el hecho de que se hayan flexibilizado los requisitos de referencia, no implica su desconocimiento por las autoridades que procuran o administran justicia." Por todo lo anterior, se concluye que la orden de captura reclamada cumple con las exigencias establecidas por el artículo 16 Constitucional, ya que la autoridad responsable citó los fundamentos legales aplicables al caso concreto y los motivos por los cuales consideró que los hechos sometidos a su conocimiento se adecuaban a la hipótesis del antisocial de que se trata y que existían medios de convicción que denotan, hasta ese momento, que existe la probabilidad de que el imputado -aquí quejoso- participó en la comisión del hecho que la ley señala como delito de violación. Es por lo antes expuesto que deviene infundado el concepto de violación en el cual el quejoso indica que la orden de aprehensión reclamada no reúne los requisitos mínimos para su dictado, pues como se abordó en las líneas que anteceden, ésta se ajusta a los parámetros Constitucionales. De igual forma es infundado el diverso concepto de violación en el que refiere que se violaron sus derechos humanos porque los elementos policiacos que pretendían ejecutar la orden de aprehensión no le dijeron a sus compañeros el motivo por el cual lo querían detener, citando la tesis "ORDEN DE APREHENSIÓN. REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBE CONTENER LA CONSTANCIA EMITIDA POR EL JUEZ DE CONTROL PARA LOGRAR SU EJECUCIÓN", sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo anterior, porque si bien la tesis aislada en comento establece los requisitos mínimos que debe contener la constancia que la Juez de Control proporcionará a los elementos aprehensores para su captura, ello no quiere decir que dicha constancia se le hará del conocimiento de personas ajenas al imputado, mientras ésta se intenta ejecutar. Finalmente, se precisa que el suscrito no realiza mayor pronunciamiento en relación con los alegatos hechos valer por el Agente del Ministerio Público adscrito a este Juzgado Federal, pues atento a lo dispuesto por los artículos 108, 115 y 117 de la Ley de Amparo, sólo los planteamientos formulados en los conceptos de violación contenidos en la demanda constitucional y los aducidos en el informe con justificación pueden formar parte de la litis en el juicio de amparo. Ello, en virtud de que dada la naturaleza de los alegatos, éstos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que tengan la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, motivo por el cual no constituye una obligación para el juzgador pronunciarse sobre los referidos razonamientos expresados en esos alegatos. Sin que esto implique que no se hubieran analizado y considerado, sino sólo que no hay obligación de darles respuesta en la sentencia. Al respecto es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia número P./J. 27/94, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 14, del mes de agosto de 1994, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del contenido siguiente: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos." DECISIÓN Consecuentemente, al resultar infundados los conceptos de violación y al no advertir deficiencia de la queja que deba ser suplida en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo y la protección de la Justicia Federal a ********************. Negativa que se hace extensiva a los actos de ejecución que se atribuyen a las autoridades responsables señaladas como ejecutoras, en razón de que no se le reclamaron por vicios propios, sino como consecuencia del diverso pronunciado por la Juez de control. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia VI.2o. J/338, visible en la página 69, volumen 83, Noviembre de 1994, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE. NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Si la sentencia de amparo, considera violatoria de garantías una resolución, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de autoridad que pretendan ejecutarla, si no se reclaman, especialmente, vicios de tal ejecución". Por lo expuesto y fundado se, RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, en contra del acto atribuido a los Jueces de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet y Ejutla, por los motivos expuestos en el apartado V del presente fallo. SEGUNDO. La Justicia Federal NO AMPARA NI PROTEGE a ********************, por los motivos expuestos en el apartado XI del presente fallo. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que por auto de dos de julio del año en curso, se tuvo al autorizado del quejoso Fabián López Santiago, solicitando copia del informe justificado que rindió la responsable Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales sede Ixcotel, Oaxaca, mediante un disco versátil digital y un disco compacto; sin embargo, toda vez que los discos que exhibió la referida responsable se encontraban dañados, le fueron requeridos nuevamente, por lo que ya se tuvieron por recibidos y verificados para su reproducción. En consecuencia, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, hágase de su conocimiento que si a sus intereses conviene, se encuentra en aptitud de presentarse ante este órgano jurisdiccional a fin de que se le entregue la copia de dichos dispositivos electrónicos, en los términos ordenados en auto de dos de julio de esta anualidad. Para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy se reprograma para las DIECISÉIS HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE AGOSTO DEL DOS MIL VEINTIUNO. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que por auto de dos de julio del año en curso, se tuvo al autorizado del quejoso Fabián López Santiago, solicitando copia del informe justificado que rindió la responsable Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales sede Ixcotel, Oaxaca, mediante un disco versátil digital y un disco compacto; sin embargo, toda vez que los discos que exhibió la referida responsable se encontraban dañados, le fueron requeridos nuevamente, por lo que ya se tuvieron por recibidos y verificados para su reproducción. En consecuencia, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, hágase de su conocimiento que si a sus intereses conviene, se encuentra en aptitud de presentarse ante este órgano jurisdiccional a fin de que se le entregue la copia de dichos dispositivos electrónicos, en los términos ordenados en auto de dos de julio de esta anualidad. Para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy se reprograma para las DIECISÉIS HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE AGOSTO DEL DOS MIL VEINTIUNO. NOTIFÍQUESE. (SE NOTIFICO POR LISTA AL QUEJOSO)

Quedan 13 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · 11,222 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano