Fabiel Enríquez Rodríguez
Expediente 980/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 12 actuaciones registradas, la última del 13 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 980/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 13/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Fabiel Enríquez Rodríguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de abril de dos mil veintiuno. En atención a la cuenta que antecede, se advierte que se concedió la suspensión provisional y definitiva solicitada; y que en el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido. Por tanto, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se concedió la suspensión provisional y definitiva, de acuerdo a los criterios de valoración a que alude el séptimo transitorio del referido acuerdo en relación con lo dispuesto por el capítulo 7.5. punto 2 relativo al tratamiento del incidente de suspensión original del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal" aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, el presente asunto es susceptible de depuración. Por otro lado, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en comento, se ordena la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, transcurridos seis meses a partir de la notificación de este acuerdo. Asimismo, se estima que este incidente carece de relevancia documental, en razón que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Por tanto, transcurridos el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la depuración del cuaderno original, por lo que deberá conservarse el acuerdo de ocho de noviembre y la resolución de dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.
- Principal
"San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de abril de dos mil veintiuno. En atención a la cuenta que antecede, el juez determina lo siguiente: Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se sobreseyó en el juicio de amparo, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese."
- Principal
"San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de noviembre de dos mil veinte. Agréguense los oficios señalados en la cuenta para que surtan sus efectos legales correspondientes, por medio del cual la Juez Penal del Distrito Judicial de Etla, Oaxaca, devuelve sin diligenciar los despachos con números de orden 198/2020 y 256/2020 y de origen 138/2020 y 166/2020, respectivamente, del índice de este órgano jurisdiccional. En tales condiciones, regístrese la baja de la citada comunicación oficial en el libro respectivo. Ahora bien, toda vez que de las razones levantadas por los secretarios de acuerdos del juzgado requerido, se advierte que no fue posible notificar al quejoso ********************, los acuerdos dictados el seis y dieciocho de agosto del año en curso, así como la sentencia dictada el veintiocho de agosto de esta anualidad, ya que por informes de la subdirectora del Reclusorio Regional de la Villa de Etla, Oaxaca, informó que el impetrante del amparo salió en libertad por modificación de medida cautelar el diecinueve de mayo de dos mil veinte. En consecuencia, atendiendo que el citado quejoso no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones, se ordena notificar los referidos acuerdos, así como la sentencia por lista, conforme a lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, así como las subsecuentes de carácter personal hasta en tanto señale un domicilio correcto para recibir notificaciones. Notifíquese." -INSERCIÓN DE AUTOS- "San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de agosto de dos mil veinte. Estado de autos. Visto el estado procesal que guardan los autos de los que se advierte que mediante Acuerdos Generales 4/2020, 8/2020, 13/2020, 15/2020 y 18/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado de virus COVID-19, se declaró la suspensión de funciones jurisdiccionales en los órganos del Poder Judicial de la Federación y modalidades de trabajo hasta el treinta y uno de julio de dos mil veinte; sin embargo, mediante diverso Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se ordenó la reanudación de plazos con motivo del regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales. En consecuencia, en cumplimiento a las determinaciones del mencionado acuerdo general 21/2020 y atendiendo a que la última actuación en este juicio se llevó a cabo el pasado diecisiete de julio del año en curso, se levanta la suspensión procesal en este expediente y se ordena la reanudación del mismo; en el entendido que ello será a partir del punto en que quedó pausado, por lo que no implica su reinicio. En mérito de lo anterior, se reanudan los términos y plazos procesales, en el entendido de que ello operará hasta que se notifique a las partes este proveído, tal como lo dispone el artículo 2, fracción II del citado acuerdo. Cítese a las partes para la celebración de la audiencia constitucional, fijándose las trece horas con cuarenta y cinco minutos del veintiocho de agosto de dos mil veinte. Toda vez que subsiste la situación de emergencia sanitaria, el Consejo de la Judicatura Federal determinó permitir el trabajo jurisdiccional en condiciones que no pongan en riesgo a las personas justiciables y al personal del propio consejo, para lo cual estableció un mecanismo de citas con la finalidad de que las partes acudan presencialmente a las audiencias; por tanto, este órgano jurisdiccional considera necesario conocer si es deseo de las partes estar presentes en la celebración de la audiencia constitucional, de modo que con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiéraseles para que dentro del plazo de tres días, indiquen expresamente si es su deseo estar presentes en la hora y fecha señaladas para su desahogo. Apercibidas, que en caso de no realizar manifestación alguna dentro de dicho término, se entenderá que no es su deseo asistir a la audiencia en cuestión y este órgano jurisdiccional no realizará el trámite administrativo a que se refiere el artículo 6 del propio Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal1, a efecto de generar la cita y el código correspondiente. Circunstancia que no afecta los derechos procesales de las partes, en virtud que están en posibilidad de presentar sus promociones y formular alegatos vía electrónica o de forma física hasta la hora programada para dicha audiencia; sin perjuicio de que este Juzgado requiera su asistencia en un caso concreto, por estimarla necesaria. Juicio en línea. Toda vez que la demanda de amparo fue promovida físicamente, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema del juicio en línea, debiendo para ello utilizar la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o "firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), esto con apoyo en el artículo 2 del Acuerdo General 8/2020 y la Circular 7/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y del Secretario Ejecutivo de la Comisión Especial de dicho Consejo. Por otro lado, se hace del conocimiento de las partes que de no tener autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar por sí o por conducto de sus representantes legales a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, 26, fracción IV de la Ley de Amparo. Herramientas a disposición de las partes, para la consulta del expediente. Se hace del conocimiento de las partes que con base en el referido acuerdo general 21/2020, pueden comunicarse a este órgano jurisdiccional vía telefónica y por correo electrónico a fin de conocer el estado procesal de su asunto, para tal fin pueden acceder al sitio de internet serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea en donde encontrarán el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" a través del cual pueden consultar las listas de acuerdos y de sesión de Juzgados y Tribunales de Circuito, el directorio de órganos jurisdiccionales, así como agendar una cita para acudir a este Juzgado a consultar este expediente. En el entendido de que deberán ajustarse al procedimiento indicado en los artículos 3 a 7 del multicitado acuerdo 21/2020, para generar un código QR individualizado, a fin de que asista un máximo de dos personas por cita, quienes deberán identificarse debidamente, someterse al control sanitario de ingreso y respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento. Asimismo, atendiendo a las medidas de contingencia, y atento al Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, y privilegiar el trabajo a distancia, se requiere a las partes para que proporcionen una dirección de correo electrónico y un número telefónico, únicamente para tener mayor contacto entre órgano jurisdiccional y parte. Notifíquese personalmente. "San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de agosto de dos mil veinte. Visto el estado procesal de los autos, se advierte que el quejoso ***, señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el Centro de readaptación Social de la Villa de Etla, Oaxaca, lugar donde se encuentra privado de su libertad. En tales condiciones, en obvio de dilaciones procesales y a fin de que se imponga de lo aquí determinado el pasado seis de agosto del año en curso, con fundamento en los artículos 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, gírese despacho al Juez Penal de la Villa de Etla, Oaxaca, a fin de que en auxilio de las labores de este juzgado comisione a quien corresponda para que se presente en el citado centro de reclusión y notifique este acuerdo al directo agraviado ***, así como el diverso de seis de agosto de dos mil veinte. Hecho que sea, el juez requerido, a la brevedad devolverá a este juzgado, la comunicación que se le envía, con las constancias que acrediten su debida diligenciación; en el entendido que la diligencia que se le encomienda deberá efectuarla de acuerdo a lo que establece la Ley de Amparo en el capítulo de notificaciones y no de acuerdo a la legislación que rige sus actuaciones. Notifíquese." "S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 980/2019, promovido por ***, en su calidad de defensor particular y en favor de su defendido ***contra actos de la Juez de Control del Circuito Judicial de la Región de la Mixteca, con sede en Putla de Guerrero, Oaxaca y otra autoridad. El problema jurídico en el presente asunto exige analizar, en caso de que se cumplan los requisitos procesales correspondientes, si el quejoso logra desvirtuar los razonamientos expuestos por la autoridad responsable en las resoluciones reclamadas, para decretar el auto de vinculación a proceso como probable responsable del hecho que la ley señala como delito de robo específico en su modalidad de posesión de partes de vehículos robados.(...)RESUELVE PRIMERO. Se sobresee el juicio de amparo promovido por ****, respecto del acto reclamado al encargado de Centro de Reinserción Social en la Villa de Etla, Oaxaca, por las razones expuestas en el apartado VII de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ***, en contra del acto reclamado a la Juez de Control del Distrito Judicial de la Mixteca, con sede en Putla de Guerrero, Oaxaca, por los motivos expuestos en el apartado X del presente fallo. Notifíquese." S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 980/2019, promovido por Aurelio Zárate Santiago, en su calidad de defensor particular y en favor de su defendido Fabiel Enríquez Rodríguez contra actos de la Juez de Control del Circuito Judicial de la Región de la Mixteca, con sede en Putla de Guerrero, Oaxaca y otra autoridad. El problema jurídico en el presente asunto exige analizar, en caso de que se cumplan los requisitos procesales correspondientes, si el quejoso logra desvirtuar los razonamientos expuestos por la autoridad responsable en las resoluciones reclamadas, para decretar el auto de vinculación a proceso como probable responsable del hecho que la ley señala como delito de robo específico en su modalidad de posesión de partes de vehículos robados. I. ANTECEDENTES 1. En audiencia inicial en la que analizó el control de detención en el supuesto de fragancia dentro de la causa penal 416/2019, celebrada a las diez horas del nueve de octubre de dos mil diecinueve, la Juez de Control del Circuito Judicial de la Región de la Mixteca, con sede en Putla de Guerrero, Oaxaca, ratificó la detención del quejoso Fabiel Enríquez Rodríguez. 2. En esa misma audiencia, el Agente del Ministerio Público, formuló imputación al quejoso, y solicitó su vinculación a proceso; del mismo modo, el imputado y su defensa solicitaron la ampliación del término constitucional para que se resolviera su situación jurídica, misma que se señaló para las once horas del catorce de octubre del mismo año. 3. Una vez llegada la hora y fecha señalada en el párrafo que antecede, tuvo verificativo la audiencia de ampliación del término constitucional, en la cual la juez responsable dictó auto de vinculación a proceso al quejoso, como probable responsable en la comisión del hecho que la ley señala como robo específico en su modalidad de posesión de partes de vehículos robados, previsto y sancionado en el artículo 537 bis, Fracción IV del Código Penal vigente en el Estado. (Determinación que constituyen los actos reclamados) II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO 4. Aurelio Zárate Santiago en su calidad de defensor particular del imputado Fabiel Enríquez Rodríguez, promovió en favor del directo quejoso, juicio de amparo en contra del auto de vinculación a proceso emitido por la Juez de Control del Circuito Judicial de la Región de la Mixteca, con sede en Putla de Guerrero, Oaxaca, mediante escrito presentado el seis de noviembre de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca y recibido en este juzgado por cuestión de turno, el siete siguiente. 5. El quejoso precisó como derechos fundamentales violados los consagrados en los artículos 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. 6. Por auto de ocho de noviembre de dos mil diecinueve, este órgano jurisdiccional, admitió a trámite la demanda y la registró bajo el expediente 980/2019; asimismo, solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, dio vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a ese juzgado y ordenó el emplazamiento a los terceros interesados. 7. La audiencia constitucional, tuvo verificativo en los términos del acta que antecede. III. COMPETENCIA 8. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque la autoridad señalada como responsable tiene su residencia dentro de la demarcación territorial en la que este órgano de amparo ejerce jurisdicción. IV. OPORTUNIDAD 9. Al quejoso Fabiel Enríquez Rodríguez, le fue notificado en forma personal la resolución reclamada en la audiencia de ampliación de término constitucional en la que se vinculó al quejoso a proceso, en términos del artículo 82, fracción I, inciso a) y último párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales. 10. En ese contexto, la notificación de la resolución de catorce de octubre de dos mil diecinueve, surtió efectos el quince del citado mes y año. 11. Por lo tanto, el término de quince días que prevé el párrafo primero, del artículo 17, de la Ley de Amparo, para interponer la demanda transcurrió del dieciséis de octubre al seis de noviembre de de dos mil diecinueve, al actualizarse la primera de las hipótesis fácticas que contempla el artículo 18, de la ley de la materia. 12. Descontándose de dicho cómputo los días diecinueve, veinte, veintiséis, veintisiete de octubre y uno, dos y tres de noviembre del año en cita, por ser días inhábiles de conformidad con lo estatuido en el artículo 19, del citado ordenamiento legal. 13. En consecuencia, si la demanda de amparo se presentó el seis de noviembre de dos mil diecinueve, es decir, el último día de plazo que establece la ley, se considera que es oportuna. V. LEGITIMACIÓN 14. Fabiel Enríquez Rodríguez, por conducto de su defensor particular Aurelio Zárate Santiago, se encuentra legitimado para promover el presente juicio de amparo, porque en el juicio de origen tienen el carácter de inculpado y la resolución reclamada le es adversa a éste, dado que la autoridad responsable ratificó la detención efectuada en flagrancia, dictó auto de vinculación a proceso en su contra. VI. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO 15. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. 16. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir la quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. 17. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". 18. En el caso, del contenido integral de la demanda de amparo permite sostener que el quejoso reclama de la Juez de Control del Circuito Judicial de la Región de la Mixteca, con sede en Putla de Guerrero, Oaxaca: a) El auto de vinculación a proceso en su contra; y, 19. Del Director de Centro de Reinserción Social de Etla, Oaxaca: b) La ejecución material de dicho acto. VII. INEXISTENCIA DE UN ACTO RECLAMADO 20. No es cierto el acto reclamado identificado como b), consistente en la ejecución del auto de vinculación a proceso, atribuido al encargado del Centro de Reinserción Social de Etla, Oaxaca; no obstante que al rendir su informe justificado aceptó su existencia . 21. Al respecto, debe precisarse que en términos del artículo 318 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el efecto del auto de vinculación a proceso cuya ejecución se reclama, únicamente es el de establecer el hecho o hechos delictivos sobre los que se continuará el proceso o se determinarán las formas anticipadas de su terminación, la apertura a juicio o el sobreseimiento, no así la restricción de la libertad personal del imputado. 22. Por ende, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio en respecto a tal acto. VIII. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS 23. La existencia del acto reclamado a la Juez de Control del Circuito Judicial de la Región de la Mixteca, con sede en Putla de Guerrero, Oaxaca, quedó legalmente acreditada a partir de su respectivo informe justificado, el cual fue recibido, vía fax el nueve de diciembre de dos mil diecinueve, en el correo oficial de este juzgado , lo que se corrobora con las constancias que remitió con posterioridad dicha autoridad , en el disco certificado en formato DVD, que contiene el registro de audio y video de la audiencia inicial y de continuación nueve y catorce de octubre de dos mil diecinueve. 24. Medio de prueba (DVD) que adquiere la naturaleza jurídica de documental pública y que adquiere valor probatorio pleno, al tenor de los normativos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2. 25. Apoya lo antes dicho la jurisprudencia 1a./J. 43/2013, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 703, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, cuyos epígrafe y texto son: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." IX. PROCEDENCIA 26. En el presente asunto no se advierte la actualización de ninguna causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de la Ley de Amparo. Tampoco se advierte la concurrencia de alguna de las causales de sobreseimiento previstas en el diverso artículo 63 de la misma ley reglamentaria que obliguen a dar por concluido el juicio sin hacer una declaratoria sobre el acto reclamado, por lo que, a consideración de este juzgador, el amparo es procedente en términos del artículo 107, fracción V, del citado ordenamiento legal. X. ESTUDIO DE FONDO 27. En contra del auto de vinculación el impetrante de garantías aduce que el acto reclamado vulnera su derecho humano de legalidad, seguridad jurídica y los derechos descritos en los artículos 1°, 14 y 16 Constitucionales, los que de conformidad con el artículo 76 de la Ley de Amparo serán abordados en forma conjunta al estimar que se encuentran directamente relacionados, en virtud de que en los mismos se aducen en lo medular: a) Que se irroga un perjuicio, en razón que se le está privando de la libertad sin que haya cometido delito alguno. b) La diligencia de cateo autorizada, se practicó en un lote baldío contiguo a su domicilio. c) La juez responsable, no realizó el test de proporcionalidad para estudiar los datos de prueba. 28. Los argumentos antes expuestos resultan jurídicamente ineficaces, sin que se advierta queja deficiente que suplir, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. 29. En principio, el suscrito considera pertinente destacar algunas particularidades del sistema penal acusatorio, adversarial y oral a la luz de lo que dispone la Carta Magna y el Código Nacional de Procedimientos Penales (legislación aplicable al caso). 30. El dieciocho de junio de dos mil ocho, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reformaron diversas disposiciones constitucionales , con la finalidad de introducir un nuevo sistema de justicia penal y de seguridad pública en el país. En efecto, mediante dicha reforma constitucional se pretendió transformar el sistema de justicia penal tradicional o mixto a un sistema de corte acusatorio y oral, regido por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación . 31. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 160/2010, reconoció que la señalada reforma procesal penal tuvo como finalidad que mediante la aplicación de dichos principios en los casos concretos se cumpliera con los objetivos del sistema penal acusatorio: esclarecer la verdad real respecto de los hechos ocurridos, específicamente determinar la existencia de delito y en su caso identificar a su autor; resolver el conflicto suscitado entre las partes; procurar efectivamente la reparación del daño a favor de la víctima u ofendido; aplicar a favor de las partes e intervinientes el debido proceso, reconociendo los principios y derechos procesales; dar celeridad al proceso con la aplicación reglada de los criterios de oportunidad y las formas alternativas de solución de conflictos; y facilitar con la admisión de cargos el procedimiento abreviado. 32. Ahora bien, de una simple lectura a las disposiciones constitucionales pertinentes y al Código Nacional de Procedimientos Penales, se desprende que el sistema penal acusatorio se distingue por una clara separación de funciones, pues aquellas de acusar y juzgar quedan claramente separadas entre sí. 33. En este sentido, dentro del procedimiento acusatorio se pueden distinguir al menos tres momentos distintos, a saber: a) la investigación conducida por el Ministerio Público y la policía a su mando, posteriormente supervisada por el juez de control; b) la admisión y depuración probatoria por parte del juez de control, con miras a la apertura de un juicio oral; y, c) la realización del juicio, donde un juez o tribunal oral se pronuncia objetiva e imparcialmente sobre la culpabilidad del acusado. 34. Etapa preliminar o de investigación. Esta etapa tiene por objeto determinar si hay fundamento para iniciar un proceso penal, mediante la obtención de datos de prueba que permitan sustentar la acusación y garantizar la defensa del indiciado . Esta etapa deberá iniciar con una denuncia o una querella y estará a cargo -en una primera fase- del Ministerio Público, así como de la policía actuando bajo su conducción y mando, como lo dispone el primer párrafo del artículo 21 constitucional . Por tanto, cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de un hecho que pudiera ser constitutivo de delito, deberá promover y dirigir una investigación dentro de la que realizará las diligencias que considere conducentes para el esclarecimiento de los hechos, las cuales deberán quedar registradas en una carpeta de investigación que para el efecto se integre. 35. Cuando el Ministerio Público lo considere oportuno, o cuando estime necesaria la aplicación de medidas cautelares, podrá formalizar la investigación por medio de la intervención judicial. Para ello, conforme a lo que establece el artículo 16 constitucional , si el indiciado fue detenido en flagrancia o en atención a una orden de caso urgente, deberá ser puesto a disposición del juez de control en un plazo no mayor a 48 horas, quien convocará a una audiencia para verificar la legalidad de la detención y, de ser el caso, formule la imputación correspondiente. 36. Por su parte, cuando no medie detenido, bastará que el Ministerio Público solicite al juez de control la celebración de una audiencia para la formulación de la imputación, en la que se le hará saber al indiciado que se desarrolla una investigación en su contra. Si el indiciado no asiste o se trata de delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa, el Ministerio Público podrá solicitar orden de aprehensión para asegurar su comparecencia. 37. Dentro de esta audiencia, generalmente denominada como inicial, el juez de control se asegurará de que el imputado conoce sus derechos y concederá la palabra al Ministerio Público, quien deberá exponer verbalmente el hecho delictivo imputado; las circunstancias de modo, tiempo y lugar de su comisión; la forma de intervención que se atribuye; y el nombre de su acusador. Posteriormente, el juez se cerciorará de que el imputado comprendió la acusación y le otorgará la oportunidad de contestar, si es su deseo. Adicionalmente, como se desprende del artículo 19 constitucional , a petición del Ministerio Público, el juez de control podrá imponer las medidas cautelares que considere pertinentes y resolverá sobre la vinculación a proceso dentro de la misma audiencia inicial o en su continuación; la cual se deberá celebrar dentro del plazo de setenta y dos horas a partir de que el imputado fue puesto a su disposición, el cual podrá duplicarse a petición de este último. 38. Así las cosas, el juez de control podrá decretar auto de vinculación a proceso si considera que existen datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, el cual podrá ser impugnado vía recurso de apelación y, en su caso, vía juicio de amparo indirecto . 39. No obstante ello, el Juez de Control, antes de finalizar la audiencia inicial determinará previa propuesta de las partes el plazo para el cierre de la investigación complementaria, la que el Ministerio Público deberá concluir dentro del plazo señalado por el Juez de Control, misma que no podrá ser mayores de dos a seis meses, dependiendo de si la pena máxima del delito excede o no de dos años de prisión. 40. En este orden de ideas, la audiencia de cierre de investigación concluye con la decisión del Ministerio Público de formular o no acusación en contra del imputado. De esta manera, existe la posibilidad de que esta etapa no concluya con una acusación, sino que el Ministerio Público solicite el sobreseimiento de la causa o la suspensión del proceso. 41. Etapa intermedia o de preparación de juicio oral. En caso de formularse la acusación, el juez de control deberá notificarla a las partes y citar a la audiencia intermedia; la cual tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio oral, para lo cual podrán solicitar al juez de control que dé por acreditados ciertos hechos, de forma que ya no sean materia de debate en el juicio oral . En este sentido, durante el desarrollo de esta audiencia, el juez de control concederá el uso de la palabra a las partes para que realicen las solicitudes, observaciones y planteamientos que estimen relevantes respecto de la admisión o inadmisión de los medios probatorios ofrecidos. 42. Una vez que el juez de control analizó la admisibilidad de los medios de convicción ofrecidos y escuchó los argumentos de las partes que comparecieron en la audiencia intermedia, dictará la resolución o auto de apertura a juicio, en el cual deberá indicar: I. El Tribunal de enjuiciamiento competente para celebrar la audiencia de juicio; II. La individualización de los acusados; III. Las acusaciones que deberán ser objeto del juicio y las correcciones formales que se hubieren realizado en ellas, así como los hechos materia de la acusación; IV. Los acuerdos probatorios a los que hubieren llegado las partes; V. Los medios de prueba admitidos que deberán ser desahogados en la audiencia de juicio, así como la prueba anticipada; VI. Los medios de pruebas que, en su caso, deban de desahogarse en la audiencia de individualización de las sanciones y de reparación del daño; VII. Las medidas de resguardo de identidad y datos personales que procedan; VIII. Las personas que deban ser citadas a la audiencia de debate, y IX. Las medidas cautelares que hayan sido impuestas al acusado. 43. Al tratarse de una fase diseñada específicamente para discutir los temas relacionados con la admisión o inadmisión de los medios de prueba que van a ser incorporados o desahogados en el juicio oral, puede decirse que una de las finalidades más importantes de la etapa intermedia es que el imputado pueda plantear, en caso de que lo estime pertinente, argumentos relacionados con vulneraciones a derechos fundamentales que hayan dado lugar a la obtención de elementos de prueba que pretendan ser utilizados por la acusación en el juicio oral. Al respecto, no hay que perder de vista que la fracción IX del apartado A del artículo 20 constitucional establece que las pruebas obtenidas mediante violación a derechos fundamentales son nulas . 44. Etapa de juicio. Una vez dictada la resolución de apertura de juicio oral, el juez de control la hará llegar al juez de juicio oral o al juez que presida el tribunal de juicio oral competente, poniendo también a su disposición a las personas sometidas a prisión preventiva o a otro tipo de medidas personales. Hecho lo anterior, el juez de juicio oral fijará fecha para la celebración de la audiencia correspondiente . Es importante señalar que tanto el artículo 20, apartado A, fracción IV, constitucional como la legislación procesal penal aplicable en su artículo 350 , señalan una prohibición expresa en el sentido de que los jueces que en el mismo asunto hayan intervenido en las etapas anteriores a la de juicio oral, no podrán conocer en esta etapa. 45. Durante la audiencia de juicio oral se debatirán las cuestiones esenciales del proceso penal, mediante el desahogo de las pruebas señaladas en la resolución de apertura de juicio oral y la exposición de los alegatos de las partes. Terminado el debate, si el juez o tribunal de juicio oral consideran que existen elementos probatorios suficientes para acreditar la existencia del delito y la responsabilidad penal del acusado más allá de toda duda razonable, procederá a dictar sentencia condenatoria en su contra, de conformidad con el derecho a la presunción de inocencia en su vertiente de estándar de prueba y lo dispuesto en la fracción VIII del apartado A del artículo 20 constitucional; de lo contrario, dictará sentencia en el sentido de absolver al acusado . En cualquier caso, la autoridad judicial deberá explicar la sentencia durante la audiencia respectiva. 46. Efectivamente, como puede observarse de lo expuesto hasta el momento, la reforma al sistema de justicia penal trajo como cambio fundamental el hecho de que la formulación de la imputación debe realizarse con base en los datos obtenidos en la investigación, pero con la intervención de una autoridad jurisdiccional con la finalidad de controlar las actuaciones que puedan derivar en la afectación de algún derecho fundamental del imputado y determinar los medios de prueba que deberán ser desahogadas en juicio oral. Por tanto, será exclusivamente a través del desahogo de esos medios de prueba, que el tribunal respectivo determinará la existencia de algún delito, la responsabilidad penal del imputado en su comisión y las consecuencias legales que deriven a esa determinación . 47. Lo anterior es importante mencionarlo, toda vez que lo que se controvierte en la presente instancia constitucional, como se anticipó, es el auto de vinculación a proceso emitido por la Juez de Control del Circuito Judicial de la Región de la Mixteca, con sede en Putla de Guerrero, Oaxaca, lo que implica que la causa penal de origen se encuentra en la etapa preliminar o de investigación. 48. Por otro lado, conviene destacar que los ordinales 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales disponen lo siguiente: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión." "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso. El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente." 49. La lectura de los dispositivos transcritos conduce a establecer que el auto de vinculación a proceso debe satisfacer ciertos requisitos formales y otros más de índole material, a saber: en cuanto a la forma, constitucionalmente se establece que en dicho fallo deben precisarse la conducta típica que se reprocha al imputado y el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución y, respecto al fondo, esa determinación debe apoyarse en datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su perpetración. 50. Cabe aclarar que para dictar vinculación a proceso basta que los datos de prueba permitan establecer de manera idónea, pertinente y, en su conjunto, la probable intervención del inculpado en el hecho delictuoso imputado. 51. Además, el auto de vinculación debe cumplir con los principios de legalidad y de seguridad jurídica previstos por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que de manera imperativa dispone que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado, lo cual se traduce en la obligación del órgano judicial que emita una resolución de citar los preceptos legales en que se funde para ello y señalar las circunstancias especiales, las razones particulares o las causas inmediatas que haya tenido en consideración para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su perpetración. 52. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 204, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, materia Común, Séptima Época, 1917-2000, página ciento setenta y seis, del contenido siguiente: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." 53. Asimismo, la tesis XIII.P.A.30 P, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, abril de dos mil once, Novena Época, página mil doscientos veintiocho, que dice: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO PUEDEN VIOLARSE DERECHOS PÚBLICOS SUBJETIVOS DISTINTOS A LOS CONSAGRADOS EN EL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008 (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE OAXACA). El hecho de que el citado precepto constitucional establezca los requisitos de fondo y forma que todo auto de vinculación a proceso puede contener, no significa que para su dictado sólo deba cumplirse con dicho artículo. Ello es así, pues para que la afectación que sufre el gobernado en sus intereses, con motivo de ese acto de autoridad, pueda considerarse como válida, debe reunir, además de los mencionados requisitos, todas aquellas exigencias y condiciones contenidas en las garantías de seguridad jurídica consagradas en la Carta Magna, entre otras, que dicho auto conste por escrito, proceda de una autoridad judicial y se encuentre fundado y motivado; garantías que ante la imposibilidad material de encontrarse contenidas en un solo artículo, deben ser aplicadas armónicamente, a fin de dar certidumbre y protección al particular. En tal virtud se concluye que en el dictado del auto de vinculación a que se refiere el título octavo, Etapas del proceso, capítulo I, Etapa preliminar, sección 8, Vinculación del imputado a proceso, del Código Procesal Penal para el Estado de Oaxaca, pueden violarse derechos públicos subjetivos diversos a los que consagra el aludido precepto constitucional, lo que dependerá de que las autoridades cumplan o no con todas y cada una de las referidas garantías." 54. El citado derecho constitucional de fundamentación y de motivación si bien resulta ser técnicamente un requisito formal que la determinación combatida debe cumplir, de igual forma tiene que ver directamente con los aspectos sustanciales de ésta, ya que los fundamentos y los motivos que el Juez de control plasme en su resolución constituyen la base en que descansa la acreditación de los elementos de fondo que exige el dispositivo 19 Constitucional, atinentes al establecimiento de que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su consumación. 55. En ese sentido, atendiendo a la importancia que reviste el derecho fundamental de libertad que se ve afectado de manera indirecta con la resolución reclamada, la técnica del juicio de amparo impone al órgano de control constitucional el deber de circunscribirse a la valoración del juicio de prueba llevado a cabo por el Juez de control y resolver respecto de la constitucionalidad o no de dicho acto, sin que ello implique que este órgano de control constitucional sustituya a la responsable en la apreciación de los elementos de convicción, ya que únicamente se limita a analizar la legalidad de la valoración efectuada por la autoridad para determinar si se ajustó o no a los principios que rigen el debido proceso legal. 56. Ahora bien, de la reproducción de los discos versátiles certificados que remitió la autoridad responsables, relativos a la causa penal 416/2019, se advierte lo siguiente: Audiencia de nueve de octubre de dos mil diecinueve i) A las trece horas con veintitrés minutos, el Agente del Ministerio Público formuló la imputación al ahora quejoso; ii) A las trece horas con veintiocho minutos, una vez que el fiscal terminó de formular la imputación respectiva, el juez responsable informó al imputado y a su defensa, si era su deseo realizar una aclaración o precisión, a lo que el imputado contestó que "Por ahora no". iii) Asimismo, el citado juzgador cuestionó a la defensa y a los imputados si era su deseo rendir su declaración preparatoria o reservarse ese derecho, a lo que el imputado después de consultarlo con su defensora contestó que por el momento no era su deseo declarar. iv) A las trece horas con veintiocho minutos, la representación social inició con la solicitud de vinculación a proceso, en la que su metodología consistió en exponer los datos de prueba y con posterioridad los argumentos lógicos jurídicos. Dicha solicitud concluyó a las quince horas con dieciocho minutos. v) Acto seguido, el juez responsable explicó al imputado los alcances de la vinculación a proceso y los plazos a su disposición para preparar la estrategia defensiva, a lo que la defensora pública manifestó que solicitaba la ampliación del término constitucional, con el propósito de preparar y ofrecer pruebas a favor del imputado, a lo cual la juzgadora de origen accedió, y señaló las once horas del catorce de octubre para que tuviera verificativo la audiencia de ampliación de término constitucional. vi) En atención a lo solicitado por el imputado, a las quince horas con veintidós minutos, la representación social solicitó la medida cautelar de prisión preventiva a petición de parte, en perjuicio del imputado; misma que otorgó la juez responsable, previó escuchar a la defensa y la imputado, a las quince con cuarenta y seis minutos. vii) A las quince horas con cincuenta y seis minutos, dio por terminada la audiencia. Audiencia de catorce de octubre de dos mil diecinueve i) A las once horas del catorce de octubre de dos mil diecinueve, tuvo verificativo la audiencia pública de ampliación de término constitucional, en la que se resolvió vincular a proceso a Fabiel Enríquez Rodríguez, como probable responsable en la comisión de los hechos que la ley señala como el delito equiparado de robo específico en su modalidad de posesión de partes de vehículos robados, previsto y sancionado en el artículo 357 bis, fracción IV del Código Penal del Estado , en perjuicio patrimonial de quien resulte ser pasivo. 57. De los acontecimientos antes expuesto, se debe puntualizar que se respetó al aquí quejoso el principio constitucional de presunción de inocencia, debido a que se les trató como tal, se les otorgó oportunidad de defensa al estar asistido por un defensor de oficio, se les hizo saber su derecho a guardar silencio o no declarar y la trascendencia de éste, su derecho a ofrecer pruebas, a la información, el conocimiento del motivo por el que estuvo en la sala de audiencias y su derecho a una impartición de justicia pronta. 58. También, debe señalarse que se cumplió con lo previsto por el ordinal 4 del Código Nacional de Procedimientos Penales , ya que las audiencias se desahogaron con apego a los principios de publicidad, al ser pública; de inmediatez, ya que la participación de las partes fue ininterrumpida, sin intermediarios; el de contradicción, debido a que las partes ejercieron libremente su derecho a controvertir los datos de convicción comunicados e incorporados verbalmente; de continuidad y concentración, en razón de que los actos desarrollados en las audiencias se realizaron en una sola, se llevaron a cabo con los recesos indispensables propios por la naturaleza de este tipo de procedimiento y todo, en forma oral. 59. Igualmente, se considera que se atendieron las exigencias que requiere el contenido del artículo 19 Constitucional, así como lo dispuesto por los ordinales 311 y 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales , porque según consta de la copia certificada de los discos versátiles digitales de la audiencia celebrada en la causa penal de origen el nueve de octubre de dos mil diecinueve, el Agente del Ministerio Público formuló imputación por el hecho que la ley señala como delito de equiparado de robo de vehículo en su modalidad de posesión de partes de vehículos robadas, cometido en perjuicio patrimonial de quién resulte ser el sujeto pasivo, y se precisaron las circunstancias de lugar, tiempo y de ejecución. 60. Posteriormente, en audiencia de catorce de octubre de dos mil diecinueve, la juez responsable, emitió auto de vinculación a proceso en su contra (dentro del plazo de ciento cuarenta y cuatro horas), al estimarse que existieron datos que evidenciaron que se ha cometido ese hecho y existe la probabilidad de que aquél lo perpetró. 61. Los datos de prueba destacados en el auto de vinculación fueron los siguientes: Del Agente del Ministerio Público: i. Oficio de puesta a disposición emitido por Rigoberto Vitelio Silva Pérez y otros. ii. Oficio 278/AEI/PG/2019. iii. El informe de actividades emitido por Darío Amador Méndez Guzmán, con su respectivo set fotográfico. iv. La cadena de custodia emitido por el Agente Estatal de Investigaciones, respecto de lo que se encontraba en el encierro Zarate, por Diario Amador Méndez Guzmán. v. Oficio al Subdirector de Servicios Periciales de la Vicefiscalía regional de la mixteca. vi. La inspección practicada en el encierro Zarate, por el Agente Estatal de Investigaciones, Rigoberto Vitelio Silva Pérez, con su set fotográfico. vii. Nueve reportes de robo a las placas de circulación de diferentes denominaciones, así como a las cabinas, chasises encontrados en el lugar de los hechos. viii. Dictamen de extracción de calcas emitido por el perito Elder Barranco Hipólito. ix. Cuatro dictámenes de avaluó practicados por Elder Barranco Hipólito, perito del instituto de servicios periciales de la Vice fiscalía regional de la mixteca. 62. La juez de Control estableció sustancialmente que los hechos que se acreditan con los datos de prueba previamente enlistados, son los siguientes: "1. Que el día siete de octubre del año dos mil diecinueve, en el domicilio que se ubica en la carretera Lázaro Cárdenas de Santa María Pueblo Nuevo, municipio de Constancia del Rosario, Putla Villa de Guerrero, Oaxaca, se ejecutó una orden de cateo librada por el Juez de Control de Putla Villa de Guerrero, con fecha cinco de octubre del año dos mil diecinueve, lugar donde tiene su taller mecánico FABIEL ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ. 2. Al momento de la ejecución de la citada orden, entre las ocho horas con veinticinco minutos y las diez horas con treinta y cinco minutos, del día siete de octubre del año dos mil diecinueve, en el interior del domicilio indicado fueron localizados un juego de placas trasera y delantera RW86634 del Estado de Oaxaca, un juego de placas de circulación delantera y trasera MHX8951 del Estado de México, en el traspatio una carrocería blanca de vehículo tipo sedán tipo Nissan con serie 3N1EB31S3WL067983, un juego de placas de circulación delantera y trasera GX72292 del Estado de Guerrero, un juego de placas de circulación delantera y trasera A65AJK del Distrito Federal, una placa de circulación con número 899NLG, una placa de circulación con número TTW4266, del Estado de Puebla, una cabina de un vehículo al parecer Nissan, color azul, con serie 3N6CD13S7YK024365, una cabina y chasis de color blanco correspondiente a una camioneta al parecer Nissan, con número de serie y chasis limados, una carrocería de un vehículo con las características de la marca Nissan, con número de serie 3N1EB31S8AK341273. 3. Que todos los citados objetos cuentan con reporte de robo." 63. En relación con los elementos del ilícito, se destacan los siguientes: a. Que se haya ejecutado el robo de un vehículo previamente. b. Que el activo sin haber participado en el robo de vehículo, lo posea o partes de él con conocimiento de esta circunstancia. c. Que el imputado tenga conocimiento que dichos objetos sean robados. 64. Para tener por comprobados los indicados elementos, la responsable tomó en consideración los datos de prueba ofrecidos dentro de la causa penal, los cuales fueron valorados de conformidad con lo dispuesto por los ordinales 259, 262 y 356 del Código Nacional de Procedimientos Penales . 65. El suscrito considera que fueron correctamente ponderados, porque respecto al primer elemento (que se haya ejecutado el robo de un vehículo previamente), estableció que el vehículo con número de identificación 3N1EB31S8AK341273, cuenta con un reporte de robo en dos de mayo de dos mil quince, esto en el Estado de Morelos; por lo que hace al número vehicular que corresponde a las placas de circulación 899NLG, tiene un reporte de robo de fecha siete de enero de dos mil nueve, en el distrito federal; por lo que hace a las placas de circulación RW86634 del Estado de Oaxaca, cuenta con reporte de robo en veintidós de abril de dos mil diecisiete; por lo que hace al número de serie 3N1EB31S3WL067983, ocurrió el robo el cinco de marzo de dos mil diecisiete; por lo que hace a las placas de circulación TTW4266, en el Estado de Puebla, aparece que el robo se suscitó el seis de junio de dos mil ocho, en cuanto a las placas de circulación GX72292 en el Estado de Guerrero, tiene que el robo se suscitó el diez de julio de dos mil ocho, en cuanto a las placas de circulación A65AJK, el robo ocurrió el uno de julio de dos mil diecisiete, en cuanto al número de serie 3N6CD13S7YK024365, el robo se suscitó el veinticuatro de agosto de dos mil trece; de donde es claro que todos estos objetos localizados en el interior del taller de Fabiel Enríquez Rodríguez, contaban con reporte de robo y en ninguno de ellos se tiene que este reporte se haya dado de baja, es decir, continúan con ese estatus de robado, pues no han sido encontradas dichas unidades de motor y coinciden con los números de serie y placas de circulación. 66. Situación que corroboró también con el dictamen de extracción de calcas e identificación vehicular, realizado por el perito Elder Barranco Hipólito, quien refirió que realizó la investigación en la página del Registro Público Vehicular, en donde justificó que esos objetos contaban con el reporte de robo mencionado. 67. De ahí que, la juez responsable estimó que los vehículos identificados con las placas RW86634 del Estado de Oaxaca, 899NLG, TTW4266, del Estado de Puebla, A65AJK del Distrito Federal, GX72292 del Estado de Guerrero, así como los automotores con número de serie 3N1EB31S3WL067983, 3N6CD13S7YK024365, 3N1EB31S8AK341273, cuentan actualmente con reporte de robo en la página del Registro Público vehicular (REPUVE). 68. Circunstancia que concatenó armónicamente con el dictamen de extracción de calcas e identificación vehicular, realizado por el perito Elder Barranco Hipólito, quien después de realizar la consulta en la citada página de internet justificó que esos vehículos contaban con el reporte de robo mencionado; es decir, se acredita que previo al día de los hechos (7 de octubre de 2019) se había ejecutado el robo de los vehículos identificados con las placas y números de serie, anteriormente descritos. 69. En sustento a lo anterior, se cita la jurisprudencia 256, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 188, Tomo II, Penal, Jurisprudencia SCJN, Sexta Época, Apéndice 2000, del tenor siguiente: "PERITOS. VALOR PROBATORIO DE SU DICTAMEN.-Dentro del amplio arbitrio que la ley y la jurisprudencia reconocen a la autoridad judicial para justipreciar los dictámenes periciales, el juzgador puede negarles eficacia probatoria o concederles hasta el valor de prueba plena, eligiendo entre los emitidos en forma legal, o aceptando o desechando el único o los varios que se hubieran rendido, según la idoneidad jurídica que fundada y razonadamente determine respecto de unos y otros." 70. Con base en lo anterior, el suscrito coincide con la resolutora de origen en cuanto a que el primer elemento del ilícito de equiparado al robo de vehículo en su modalidad de posesión de partes de vehículos robados (que se haya ejecutado el robo de un vehículo previamente), se surte a partir de los reportes de robo de los vehículos identificados con las placas RW86634 del Estado de Oaxaca, 899NLG, TTW4266, del Estado de Puebla, A65AJK del Distrito Federal, GX72292 del Estado de Guerrero, así como los automotores con número de serie 3N1EB31S3WL067983, 3N6CD13S7YK024365, 3N1EB31S8AK341273, en los que se constata que previo a su descubrimiento el siete de octubre de dos mil diecinueve, se encuentran sin dar de baja. 71. Por lo que respecta al segundo elemento (que el activo sin haber participado en el robo de vehículo, lo posea o partes de él con conocimiento de esta circunstancia), la responsable afirmó que al existir vehículos robados, de los cuales se encontraron partes de estos vehículos en el interior del taller mecánico de Fabiel Enríquez Rodríguez, como fueron las placas de circulación, chasis y cabina de los vehículos ya citados; no obstante, de momento no se encuentra justificado por la institución ministerial, que Fabiel Enríquez Rodríguez, haya participado en ese robo; si se encontraron dentro de su taller mecánico, es decir, estaba en posesión del quejoso las partes de esos vehículos robados como lo son placas de circulación RW86634 del Estado de Oaxaca, 899NLG, TTW4266, del Estado de Puebla, A65AJK del Distrito Federal, GX72292 del Estado de Guerrero, una carrocería blanca de vehículo tipo sedán tipo Nissan con serie 3N1EB31S3WL067983, una cabina de un vehículo al parecer Nissan, color azul, con serie 3N6CD13S7YK024365, una cabina y chasis de color blanco correspondiente a una camioneta al parecer Nissan, con número de serie y chasis limados, una carrocería de un vehículo con las características de la marca Nissan, con número de serie 3N1EB31S8AK341273; por lo tanto, él tenía en posesión partes de esos vehículos, los cuales no tenía autorización de poseerlos. 72. Además, la responsable precisó que en lo relativo a la cabina azul, y a los chasis encontrados de los vehículos con números de series ya indicados, de igual manera su finalidad, más bien su actividad es la de mecánico, por lo tanto, el que se encuentren ya desarmados estos vehículos no se justificó de que existieran motores que es lo que se supone es su actividad la de mecánico, más no así la de hojalatería para en un momento dado poder considerar que él tenía esos bienes o esos objetos para realizar un trabajo en específico de hojalatería que es lo que en su momento se le realiza a los chasis o a las carrocerías, sino que su actividad de él era mecánico, es decir, no justifica porque razón el poseía objetos que no van con su giro comercial y de los cuales estaban en posesión de robados. 73. De la misma forma, la resolutora argumentó que si bien la defensa del imputado aludió que al tratarse de un taller mecánico no es posible que su defendido le solicite a las personas que llevan sus unidades de motor a su taller, que se les justifique con facturas esa posesión o que les justifique que no sean robados; sin embargo, se advirtió por esa autoridad que no existían esos vehículos de motor, es decir, no había indicios para referir que se le llevaron estos vehículos para arreglarlos, en virtud de que se encontraron solo partes de ellos, como son placas de circulación, chasis y cabinas por lo que no existe razón para suponer que por su actividad de mecánico o su oficio de mecánico él pueda poseer esas placas de circulación, pues es sabido que esas placas de circulación deben de estar siempre en los vehículos de motor y no pueden estar en lugares distintos, por lo tanto, no se justifica que por su actividad requiera tener en posesión esas placas de circulación o se los retire a los vehículos, ignorándose entonces porque razón él tenía las placas de circulación de vehículos que tienen la calidad de robado; por lo tanto, su oficio no le justifica la posesión de esas placas porque no es la finalidad como mecánico el poseer las mismas; por lo tanto, al no justificar o no dar una razón legal del porque el poseía esas placas de circulación o dar un motivo es que no se le justifica en este momento que su actividad de mecánico le autorice el poseer las mismas, máxime que tenían el reporte de robo. 74. Además, indicó que el imputado no explicó porqué razones él adquirió o de qué forma es que llegaron a su taller estas carrocerías, chasis o la cabina para en un momento dado justificar el motivo por los que los poseía, sino se encontraban en ese lugar y si él los hubiera adquirido de buena fe para algún trabajo en específico debió de haber justificado de que efectivamente él los adquirió con esa buena fe y que tal vez por ignorancia de las leyes él no obtuvo los datos necesarios para corroborar de que efectivamente estos no fueran robados, lo cual no le exime en su momento de este delito, sino que únicamente sería una atenuante a la pena que pudiera llegar a corresponder, ello toda vez que es una obligación también del imputado el saber porque razón llegan esos vehículos a su taller; por lo tanto, la responsable demeritó los argumentos aducidos por la defensa. 75. De la misma manera, este órgano jurisdiccional concuerda con lo estimado con la autoridad responsable en el sentido de tener acreditado el segundo elemento del ilícito en comento (que el activo sin haber participado en el robo de vehículo, lo posea o partes de él con conocimiento de esta circunstancia), puesto que este se actualiza con el hecho que en el taller mecánico del quejoso Fabiel Enríquez Rodríguez existían partes como lo son placas de circulación RW86634 del Estado de Oaxaca, 899NLG, TTW4266, del Estado de Puebla, A65AJK del Distrito Federal, GX72292 del Estado de Guerrero, una carrocería blanca de vehículo tipo sedán tipo Nissan con serie 3N1EB31S3WL067983, una cabina de un vehículo al parecer Nissan, color azul, con serie 3N6CD13S7YK024365, una cabina y chasis de color blanco correspondiente a una camioneta al parecer Nissan, con número de serie y chasis limados, una carrocería de un vehículo con las características de la marca Nissan, con número de serie 3N1EB31S8AK341273; es decir, al encontrarse dentro de su taller, estos objetos pertenecientes a vehículos robados se encontraban dentro de la posesión del impetrante del amparo, sin justificar por qué tenía esos objetos en su poder dentro de su taller. 76. Finalmente, por lo que a este tópico se refiere, para tener por acreditado el tercer elemento (que el imputado tenga conocimiento que dichos objetos sean robados) la juez responsable arguyó que en cuanto a un elemento subjetivo que se solicita en este tipo penal que es el conocimiento de las circunstancias, es decir, que el imputado tenga conocimiento que dichos objetos sean robados, la ley establece que existe una presunción de que el imputado va a tener conocimiento de estas circunstancias cuando en su giro comercial o en este caso sin ser necesariamente comerciante, el quejoso tenía en posesión dos o más de los mismos objetos, por lo tanto, debe decirse que en el taller del imputado Fabiel Enríquez Rodríguez, al ser un giro comercial, por ser mecánico y dedicarse precisamente a la reparación del vehículos de motor y tener en posesión en el interior de su domicilio más de dos objetos con características de robo, evidentemente queda claro que él sabía perfectamente que estos objetos eran robados, es decir, no tenían un origen licito o que no se sabía el origen de los mismos, por lo tanto, queda en este momento acreditado esa presunción en el sentido de que él conocía precisamente que en su posesión estaban objetos que eran robados y por lo tanto, se ajustan a los elementos de la norma ya mencionada. 77. De igual manera refirió que la conducta realizada por Fabiel Enríquez Rodríguez, es de forma dolosa, en términos de lo que dispone el artículo 8 fracción I del Código Penal vigente en el Estado, toda vez de que es conocido en los diversos estratos sociales e incluso al dedicarse a la mecánica sabe perfectamente que existen objetos robados o que existe el delito de robo de vehículo y por lo tanto, él debe de tomar las medidas necesarias para en un momento dado no permitir el tráfico o la permanencia en su taller de objetos que sean robados o que tengan esa característica y que tengan la finalidad de ser desmantelados y que incluso tan es así que en su taller se encontraban ya vehículos de motor desmantelados ya estaba nada mas lo que era la cabina, el chasis y las carrocerías de esas unidades de motor, por lo tanto, él debe precisamente de evitar y sabe y tiene conocimiento por la actividad y oficio que el imputado tiene que es ser mecánico que esto está prohibido, además de que uno de esos objetos tenía limado los números de registro como es la serie vehicular en donde evidentemente queda por sabido que al realizarse esta actividad es con la finalidad de que no se identifique ese vehículo de motor y no se sepa quién es el dueño, por lo tanto, él sabía que esto estaba en el interior de su taller. 78. Opinión con la que este juzgador es coincidente, en razón como como bien lo expresa la juez responsable, el párrafo Segundo, de la fracción IV del artículo 357 Bis, del código punitivo del Estado, expresa que cuando "...se encuentra en posesión de dos o más de los mismos, se tendrá por acreditado que existe conocimiento de que provienen de un ilícito". 79. En ese sentido al haberse encontrado en posesión del quejoso un total de nueve diferentes partes presuntamente de autos con reporte de robo, se justifica el supuesto de conocimiento establecido en la norma; esto es, dos o más, para tener por acreditado éste tercer elemento. 80. Apuntaló, además, que en cuanto a la flagrancia evidentemente la etapa correspondiente a este análisis ya se llevó a cabo y se consideró por esa autoridad que sí existía esa flagrancia, dado que el argumento de que no se pudo determinar que los mismos fueran objetos robados, pues los reportes de robo eran con fecha ocho de octubre del dos mil diecinueve cuando ya se encontraba privado de su libertad el imputado, evidentemente era infundado, en virtud de que al momento de la puesta a disposición se refirió por el Agente Estatal de Investigaciones, que ellos lo investigaron en la página del REPUVE, lo cual es una página de internet y es sabido o conocido que la mayoría de las personas ya cuentan con objetos móviles como son teléfonos en donde se puede en un momento dado acceder a internet y si bien en este no se justificó como tal por el Ministerio Público cual fue la forma en la que ingresaron a esa página; sin embargo el fiscal si refiere que esto se realizó en el momento del cateo, por lo tanto, genera convicción de que hayan realizado esa investigación y poder determinar que eran robados y así poner a disposición al imputado del Ministerio Público. 81. De ahí, que la juez responsable concluyó que los datos de prueba resultan idóneos y pertinentes, para el esclarecimiento de los hechos delictivos; es decir, el equiparado de robo de vehículo en su modalidad de posesión de partes de vehículos robados, ocurrido el siete de octubre de dos mil diecinueve, información suficiente para sustentar la vinculación a proceso. 82. En ese sentido, el suscrito considera que con los datos de prueba destacados en párrafos anteriores se colman cada uno de los elementos de los hechos que la ley señala como el delito de equiparado de robo de vehículo en su modalidad de posesión de partes de vehículos robados. 83. En lo que atañe a la probabilidad de que Fabiel Enríquez Rodríguez, cometió el hecho que la ley señala como delito de equiparado de robo de vehículo en su modalidad de posesión de partes de vehículo robados, la juez responsable tomó en consideración, principalmente, lo informado en la puesta a disposición por el Agente Estatal de Investigaciones, Rigoberto Vitelio Silva Pérez, así como del informe de actividades de Darío Amador Méndez Guzmán, quienes son claros en indicar que al ingresar al domicilio en donde Fabiel Enríquez Rodríguez, tiene su taller mecánico, éste no se encontraba y solo contaban con la presencia de su hermano de nombre Marcos Enríquez Rodríguez, con el cual dieron inicio a la ejecución de la orden de cateo que les fue librada el día cinco de octubre del año en curso y que posterior a ello esta persona llega y es cuando le notifican o le hacen entrega de la orden de cateo para el mismo, siendo que a simple vista observaron diversos objetos y al ir verificando los mismos como eran las placas de circulación así como las cabinas y los chasis y carrocerías encontrados se pudieron percatar que en la página del REPUVE, estos tenían reportes de robo lo cual los llevó y les generó la convicción de que se estaba cometiendo un delito en ese lugar y por esa razón a las diez horas con treinta y cinco minutos de la fecha realizan la detención del señor Fabiel Enríquez Rodríguez, por poseer dichos objetos en el interior de su taller mecánico, por lo tanto, el señalamiento es categórico y no existe duda de que los Agentes Estatales de Investigaciones, corroboraron la información para detener a esta persona, siendo que a consideración de la responsable la intervención del señor Fabiel Enríquez Rodríguez, fue de autor material ya que realizó la conducta de propia mano, es decir, la realizó por sí mismo no necesito la intervención de otros sujetos, tendiendo en todo el momento el dominio funcional del hecho, por eso le es aplicable la regla de responsabilidad prevista en el artículo 11 fracción II, del Código sustantivo de la materia, tan es así que el mismo refirió ser el propietario de dicho taller mecánico y que él es el que trabaja en ese sitio sin que en este momento se tenga información de que alguien más sea el dueño o poseedor de ese inmueble para en un momento dado justificar que existió un coautor en la posesión de dichos objetos, sino que únicamente lo es en este momento la persona imputada. 84. Por otra parte, dicha resolutora atendiendo a lo establecido en el artículo 2º del Código Penal en la entidad que establece que personas son imputables, en razón de la edad y que esto es a partir de los dieciocho años, siendo que el imputado manifestó al inicio de la audiencia tener más de esa edad y por lo tanto, tuvo cubierto ese requisito, además de que no existe manifestación por la defesa o bien se haya podido observar que exista un retraso mental que sea permanente o transitorio por el imputado para poder tenerlo así como una persona inimputable. 85. De ahí, que para quien resuelve, considere que tal y como lo estableció la juez responsable, se encuentra demostrada hasta este momento con los mismos datos de prueba incorporados por el Agente del Ministerio Público , los cuales ya fueron reseñados en párrafos anteriores, por lo que a fin de evitar repeticiones innecesarias se tienen por reproducidos en este apartado, ya que si bien es cierto que los elementos del hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado lo perpetuo son conceptos diferentes, también lo es que puede suceder que un medio de prueba sirva para comprobar ambos extremos, ya que en ese caso, por un lado, puede revelar la actualización del primero y, por otro, acreditar la existencia de aquélla probabilidad; por tanto, tener por justificadas ambas premisas con los mismos datos probatorios no trae como consecuencia violación de derechos fundamentales. 86. En efecto, tal como lo precisó la responsable, dicha probabilidad se evidencia principalmente con lo informado en la puesta a disposición por el Agente Estatal de Investigaciones, Rigoberto Vitelio Silva Pérez, así como del informe de actividades de Darío Amador Méndez Guzmán, quienes son claros y coincidentes en indicar que al ingresar al domicilio en donde tiene su taller mecánico el quejoso Fabiel Enríquez Rodríguez, encontraron de diversos objetos como lo son las placas de circulación, cabinas, chasis y carrocerías, que al ser verificadas en la página del REPUVE, se percataron que estos tenían reportes de robo, lo cual les generó la convicción de que se estaba cometiendo un delito en ese lugar y por esa razón a las diez horas con treinta y cinco minutos de la fecha realizan la detención del señor Fabiel Enríquez Rodríguez, por poseer dichos objetos en el interior de su taller mecánico. 87. Luego entonces, de lo antes expuesto se patentiza, por lo menos hasta este momento, existe la probabilidad de que Fabiel Enríquez Rodríguez, cometió el hecho que la ley señala como delito de robo específico en su modalidad de posesión de partes de vehículos robados, en perjuicio patrimonial de quien resulte ser sujeto pasivo. 88. De ahí que este órgano jurisdiccional considere válido que la responsable determinara que la intervención de Fabiel Enríquez Rodríguez encuadra en lo previsto por el artículo 357 bis, fracción IV del Código Penal para el Estado de Oaxaca. 89. Bajo ese contexto se considera que en oposición a lo aseverado por la parte quejosa en su concepto de violación marcado con el inciso c) , el Juez de Control responsable ponderó tanto los argumentos expuestos en la audiencia como los datos de prueba aportados por el Agente del Ministerio Público y precisamente con apoyo en éstos fue que válidamente concluyó que hasta este momento se encuentra demostrado que probablemente participó en la comisión del hecho delictivo multicitado. 90. Máxime que para el dictado del auto de vinculación el Juez de Control no requiere la existencia de pruebas con valor probatorio pleno, sino sólo es necesario analizar si se aportaron datos de prueba de los que se adviertan la existencia de un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad en la comisión o participación del activo, dado que esa resolución sólo debe fijar la materia de la investigación y el eventual juicio. 91. Esto es, basta que el órgano de acusación presente al juzgador datos probatorios que establezcan la realización concreta del hecho que la ley señala como delito y la probable intervención del imputado en éste; elementos que resultan suficientes para justificar racionalmente que el inculpado sea presentado ante el Juez de la causa, a fin de conocer formalmente la imputación de un hecho previsto como delito con pena privativa de libertad por la ley penal, y pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa en un proceso penal respetuoso de todos los principios del sistema acusatorio. 92. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 360, Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, Novena Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de epígrafe y texto siguientes: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley." 93. Igualmente, resulta aplicable la tesis XV.3o.6 P (10a.) del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, localizable en la página 2167, Libro 39, Febrero de 2017, Tomo III, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ESTÁNDAR PARA SU DICTADO EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. Para dictar un auto de vinculación a proceso en el sistema procesal penal acusatorio y oral, sólo es necesario analizar si existe el hecho considerado por la ley como delito y determinar si los datos de prueba hacen probable la responsabilidad del gobernado en su comisión, el que atendiendo a la significación que recoge tanto elementos normativos como doctrinales mayormente enfocados al causalismo, excluye un análisis de todos y cada uno de los elementos del tipo penal, dado que lo relevante para el dictado de ese acto procesal no es explicar el fenómeno delictivo en su completitud, sino la constatación de un resultado, lesión o puesta en peligro prohibido por la norma penal, ya que incluso el encuadramiento legal que se propone al solicitar la emisión del auto de vinculación puede variar hasta el alegato de clausura en la etapa de juicio oral. Por ende, el estándar que debe existir para la vinculación a proceso no es el de realizar un análisis exhaustivo de los elementos del delito (conducta, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad), sino que debe partirse de la normalización del procedimiento de investigación judicializada privilegiando su apertura, pues la finalidad del proceso penal es el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente y procurar que el culpable no quede impune, para asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, lo cual se logra dando cabida a una verdadera investigación, donde los indicios den cuenta aproximada de la transformación del mundo con motivo de la conducta desplegada por el ser humano para verificar si existe un desvalor de la norma prohibitiva. Sin embargo, cuando se advierta una causa de exclusión del delito, el Juez debe declararla de oficio, porque en cualquier fase del procedimiento penal debe verificarse si se actualizan, tal como lo prevé el artículo 17 del Código Penal Federal, al disponer que las causas de exclusión del delito se investigarán y resolverán de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del procedimiento; mientras que si es alegada por la defensa, para su verificación, es necesario atender a que se impone al procesado la carga probatoria respecto a la causa de exclusión del delito que se haga valer, por implicar una afirmación que corresponde probar a quien la sostiene patente y plenamente." 94. Por lo que refiere a los restantes conceptos de violación esgrimidos por el quejoso, como se dijo en un principio resultan jurídicamente ineficaces, en que razón el marcado con el inciso a) consistente en que se le irroga un perjuicio, en razón que se le está privando de la libertad sin que haya cometido delito alguno. 95. Lo ineficaz del primer agravio radica en el sentido de que la privación de la libertad de la que refiere es objeto, no es un efecto del auto de vinculación que aquí se analizó, puesto que en términos del artículo 318 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el efecto del auto de vinculación a proceso únicamente es el de establecer el hecho o hechos delictivos sobre los que se continuará el proceso o se determinarán las formas anticipadas de su terminación, la apertura a juicio o el sobreseimiento, no así la restricción de la libertad personal del imputado. 96. Circunstancia que en todo caso, se encuentra relacionada con la medida cautelar impuesta el catorce de octubre de dos mil diecinueve, a petición del ministerio público, acto que no fue señalado como reclamado, de ahí su ineficacia jurídica. 97. En lo relativo a la que no ha cometido delito alguno, tal y como se indicó líneas arriba, al gozar el quejoso de presunción de inocencia, la culpabilidad o no de comisión de un delito, se determina hasta la sentencia ejecutoria, es decir, no en la etapa que se analiza -vinculación a proceso- de ahí que el promovente del amparo puede, aún, acreditar la ausencia de culpabilidad que alega. 98. De la misma manera resulta ineficaz el perjuicio marcado con el inciso b) relativo a que la diligencia de cateo autorizada, se practicó en un lote baldío contiguo a su domicilio, en razón de que la orden de cateo, no ha sido cuestionada constitucionalmente en este sumario, de ahí que no pueda analizarse su legalidad. 99. En ese tenor, el suscrito concluye que contrario a lo aseverado por el solicitante del amparo en sus concepto de violación, el Juez de Control al emitir el auto de vinculación a proceso, cumplió con las exigencias establecidas por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir la determinación en estudio se encuentra fundada y motivada, ya que de la videograbación de la audiencia se aprecia que precisó los fundamentos legales aplicables al caso concreto, así como los motivos por los cuales consideró que los hechos sometidos a su conocimiento se adecuaban a la hipótesis del antisocial de que se trata y que existían datos de prueba que denotan, hasta ese momento, que existe la probabilidad de que el imputado -aquí quejoso- participó en la comisión del hecho que la ley señala como delitos de robo específico en su modalidad de posesión de partes de vehículos robados, en perjuicio patrimonial de quien resulte ser sujeto pasivo. 100. De ahí que no pueda estimarse que existió vulneración en su perjuicio de los derechos fundamentales de presunción de inocencia y de debido proceso tutelados por la Carta Magna. 101. Se cita por ilustrativa la jurisprudencia 1a./J. 34/2017 (10a.), consultable en la página 125, Libro 46, Septiembre de 2017, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del contenido siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. LA VIDEOGRABACIÓN DE LA AUDIENCIA EN LA QUE EL JUEZ DE CONTROL LO EMITIÓ, CONSTITUYE EL REGISTRO QUE EXIGE EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA QUE EL IMPUTADO CONOZCA LA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL ACTO DE MOLESTIA (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE MÉXICO, NUEVO LEÓN Y ZACATECAS). El artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé el auto de vinculación a proceso, como la determinación mediante la cual el juzgador establece en la audiencia inicial si hay méritos para iniciar un proceso penal en contra del imputado; asimismo, define el hecho o hechos delictivos por los que se seguirá forzosamente el proceso y la investigación correspondiente. Razón por la cual, se trata de un acto de molestia emitido por el juez de control que, al restringir la libertad personal, debe estar fundado y motivado como lo dispone el artículo 16 de la Constitución Federal; en ese tenor, si bien este último precepto constitucional prevé que el acto de molestia debe constar por escrito, no necesariamente implica que la determinación del juez de control adoptada en la audiencia, en la que expresará la fundamentación y motivación de su acto deba plasmarse en papel, sino lo trascendental es que exista un registro para que el imputado conozca los preceptos legales que facultaron al juzgador a pronunciarse en el sentido que lo hizo y el razonamiento jurídico en que apoyó tal determinación, a fin de garantizar su derecho a una debida defensa. En este sentido, en el caso del nuevo proceso penal acusatorio y oral que se rige por el artículo 20 constitucional, puede considerarse válidamente que la constancia que dota de seguridad jurídica al imputado para conocer el fundamento legal y las razones que tomó en cuenta el juzgador para vincularlo a proceso, en términos del precepto 19 de la Ley Fundamental, es la videograbación en soporte material en la que se registra de manera íntegra y fidedigna el desarrollo de la audiencia inicial en la que se dictó el auto de mérito, pues el hecho de que los actos de molestia deban constar por "escrito" en términos del numeral 16 en comento, lejos de ser incompatible con el contenido de los diversos preceptos 19 y 20, están perfectamente armonizados, toda vez que la oralidad es el instrumento y método de audiencias que rige el sistema de enjuiciamiento penal y existe la videograbación de las audiencias como una herramienta tecnológica que permite registrar y constatar el acto de molestia en todas sus dimensiones, particularmente la fundamentación y motivación que debe contener, lo que hace innecesario que se emita una diversa resolución en papel." 102. Finalmente, resulta importante destacar, que el suscrito juzgador de Distrito, no realiza mayor pronunciamiento en relación con los alegatos hechos valer en autos por la representante social adscrita a este órgano jurisdiccional, pues sólo los planteamientos formulados en los conceptos de violación contenidos en la demanda constitucional y los aducidos en el informe con justificación pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional. 103. Ello, en virtud de que dada la naturaleza de los alegatos, éstos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que tengan la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, motivo por el cual no constituye una obligación para el juzgador pronunciarse sobre los referidos razonamientos expresados en esos alegatos. 104. Sin que esto implique que no se hubieran analizado y considerado, sino sólo que no hay obligación de darles respuesta en la sentencia; de ahí que deba estarse a lo resuelto en la presente sentencia. 105. Al respecto es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia número P./J. 27/94, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 14, del mes de agosto de 1994, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO." XI. DECISIÓN 106. Consecuentemente, al resultar jurídicamente ineficaz los conceptos de violación y al no advertir deficiencia de la queja que deba ser suplida en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo y la protección de la Justicia Federal. 107. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE PRIMERO. Se sobresee el juicio de amparo promovido por Fabiel Enríquez Rodríguez, respecto del acto reclamado al encargado de Centro de Reinserción Social en la Villa de Etla, Oaxaca, por las razones expuestas en el apartado VII de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Fabiel Enríquez Rodríguez, en contra del acto reclamado a la Juez de Control del Distrito Judicial de la Mixteca, con sede en Putla de Guerrero, Oaxaca, por los motivos expuestos en el apartado X del presente fallo. Notifíquese.
- Incidental
MESA I-A "(...)RESOLUCIÓN Mediante la que se resuelven los autos del incidente de suspensión, relativo al juicio de amparo indirecto 980/2019, promovido por ******* defensor particular de ***********, en contra del acto de la autoridad que se menciona más adelante. I. ANTECEDENTES Según consta en autos, a juicio del quejoso, la autoridad señalada como responsable le dictó auto de vinculación a proceso en la causa penal ****/*******, por el delito de equiparado al robo específico en su modalidad de posesión de partes de vehículos robados. Por ello, estima que dicha autoridad viola en su perjuicio los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. II. TRÁMITE (...) Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE PRIMERO. Se concede la suspensión definitiva a ******, por las razones expresadas en el apartado VI de esta resolución. SEGUNDO. Hágase del conocimiento de las partes, que con fundamento en el punto vigésimo, fracción III, del acuerdo general conjunto número 1/2009, el plazo de la destrucción del duplicado de este incidente contará a parir de la fecha de esta resolución. Notifíquese."
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