Fabian Muñoz Sanchez

Expediente 418/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 17 actuaciones registradas, la última del 12 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
418/2022
Año
2022
Actuaciones
17
Última actuación
12/09/2022

Partes del expediente

  • Juez Octavo Civil de Partido En León, Guanajuato
  • Fabian Muñoz Sanchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN III, INCISO A), DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, SE NOTIFICXA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERA INTERESADA CARLOS GABRIEL RAMÍREZ VÁZQUEZ JUAN JOSÉ ARAIZA ROMERO, EL PROVEÍDO DE DOCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, DICTADO EN LOS AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO 418/2022-III, QUE REZA: Causa ejecutoria sentencia de diez de agosto del año en curso. En este caso, se sobreseyó en el juicio de amparo, sin medio de impugnación interpuesto, por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia, depuración, destrucción y archivo, se determina destruir la presente pieza de actuaciones, se ordena destruir el cuadernillo original y duplicado del incidente de suspensión, en términos del referido ordenamiento legal, en virtud de que se negó la suspensión definitiva, hágase la anotación en carátulas y agréguese al incidente copia certificada del presente acuerdo.y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido. Se previene al quejoso y terceros interesados para que, en caso de haber exhibido documentos originales en el presente asunto, acudan a este Juzgado Federal a recogerlos dentro del plazo de noventa días hábiles, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, apercibidos que de no hacerlo en el término indicado, en su momento se destruirán junto con el expediente. Conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 6 el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por el diverso Acuerdo General 16/2022, respecto al periodo de su vigencia, indíqueseles a las aludidas partes que si requieren comparecer para recoger los documentos exhibidos en el presente juicio, deberán gestionar su cita en la hora y fecha disponible; ello, dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Se ordena generación de versión pública de sentencia. Finalmente, en cumplimiento al artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, realícense las acciones necesarias fin de generar oportunamente la versión pública de la sentencia o resolución dictada en el presente asunto, con el objeto de que pueda ser consultable por el público en general.

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. León, Guanajuato, siendo las diez horas con treinta y tres minutos del diez de agosto de dos mil veintidós, día y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo número 418/2022-III, promovido por ********************, por propio derecho, se procede a celebrarla ante la presencia judicial de la licenciada Ingrid Rodríguez Mainou, secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, encargada del despacho por vacaciones concedidas a la titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la autorización emitida por la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, según oficio CCJ/ST/2773/2022, de veintisiete de junio de dos mil veintidós, suscrito por la Secretaria Técnica de dicha Comisión Permanente, quien actúa con el secretario José Luis Sánchez García, que autoriza y da fe. La secretaria encargada del despacho declara abierta la audiencia de conformidad con lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo sin comparecencia de las partes. A continuación, el secretario da lectura a todas las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa, entre las que destacan por su importancia el informe justificado rendido por la autoridad responsable, el cual obra agregado a fojas 52 y 53 de autos. A lo que la secretaria encargada del despacho acuerda: téngase por hecha la anterior relación de constancias para los efectos legales a que haya lugar. Enseguida la secretaria encargada del despacho declara abierto el periodo probatorio, en el que se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas, dada su especial naturaleza, las documentales que obran agregadas en autos, visibles a fojas 6 y 54 a 57 de autos, y al no existir más pruebas con que dar cuenta, se procede a cerrar dicha etapa y se abre el periodo de alegatos, en el que se hace constar que ninguna de las partes los formuló y que el agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción no exhibió pedimento, por lo que al no haber argumentos a tener por reproducidos, se cierra dicha fase y se pasa al dictado de la resolución correspondiente: V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número 418/2022-III, promovido por ********************, por propio derecho, contra actos de la registradora pública suplente de la Propiedad de León, Guanajuato, que consideró violatorios de sus derechos fundamentales previstos en los artículos 14, 16 y 17, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O ÚNICO. Admisión, trámite e integración. Ante el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en León, Guanajuato, el uno de abril de dos mil veintidós, se presentó la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho, la cual por razón de turno correspondió a este Juzgado Federal; así, en auto de seis de abril siguiente, se registró con el número de expediente 418/2022-III y se formuló prevención al quejoso en los términos ahí apuntados; requerimiento que subsistió en diversos acuerdos de fechas veinte, veintiocho de abril y once de mayo de dos mil veintidós; posteriormente, en proveído de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo, se requirió a la autoridad responsable su informe justificado, se dio la intervención legal que compete al agente del Ministerio Público de la Federación y, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Enseguida, en auto de trece de junio de dos mil veintidós, se conoció el carácter de terceros interesados a ******************** y ********************, por lo que se ordenaron sus emplazamientos, los que ocurrieron el veinte de junio y trece de julio del año en curso, respectivamente. Finalmente, la audiencia constitucional se celebró al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de acuerdo con lo establecido en los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en vigor; 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en vigor. Lo anterior, en virtud de que el acto reclamado tuvo ejecución en el municipio de León, sobre el cual este tribunal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa los actos reclamados, para lo cual se examina la demanda de amparo, escritos aclaratorios, los conceptos de violación y demás constancias de autos, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, de lo que se deduce que la parte quejosa reclama de la registradora pública suplente de la Propiedad de León, Guanajuato, en su denominación correcta, lo siguiente: La inscripción del instrumento notarial ********************, pasado ante la fe del notario público número cuarenta y ocho, de esta ciudad, que contiene una compraventa celebrada por ******************** (vendedor) y ******************** (comprador), respecto de la "(.) casa habitación marcada con el ******************** de esta ciudad (.)" del cual el quejoso se dice poseedor, toda vez que manifiesta ser cesionario de derechos litigiosos en el juicio ejecutivo mercantil ********************, del índice del Juzgado Octavo Civil de Partido de León, Guanajuato, en el que dicho inmueble se encuentra embargado. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La registradora pública suplente de la Propiedad de León, Guanajuato, al rendir su informe con justificación (fojas 52 y 53 de autos), negó el acto que se le imputa. Sin embargo, su negativa se desvirtúa en virtud de que expresó que sí realizó la inscripción que ahora reclama el quejoso, al tenor de la siguiente narrativa: "[.] no "cambió el nombre" como se duele el quejoso, realizo -sic- inscripción del contrato de compraventa en el que el adquirente corresponde al actual titular registral. Por ello, se sostiene su legalidad, pues la(s) inscripción(es) atribuida(s) a esta autoridad fue(ron) realizada(s) conforme a lo dispuesto en la normativa civil (Código Civil) y registral (Reglamento del Registro Público de la Propiedad) vigente en el Estado de Guanajuato [.]" De ahí que se tenga por cierto el acto que se le atribuye. Lo que se corrobora con la copia autorizada del certificado de historia registral relativo al inmueble ubicado en calle ********************, de esta ciudad, en el que figura como actual propietario ********************; medio de convicción al que se le concede pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su numeral 2°, por tratarse de copias certificadas de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones. CUARTO. Estudio de las causas de improcedencia advertidas de oficio. De la lectura de las constancias que integran el presente expediente de amparo, se desprende la verificación de los motivos de inejercicio de la acción constitucional que a continuación se desarrollarán. I.- Falta de interés jurídico. La Ley de Amparo señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso; en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente Ley." Asimismo, la fracción I, del artículo 107 de la Constitución General de la República, dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.]" En concordancia a la anterior disposición, el diverso artículo 5° de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, indica: "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. [.]." De la interpretación de los numerales transcritos, se desprende que para promover el juicio de amparo, es condición indispensable que la parte que resienta una lesión a sus intereses, acredite fehacientemente y sin lugar a dudas que el acto autoritario afecta su esfera de derechos subjetivos otorgados por la ley, en atención a que dicho juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que equivale a decir que es necesario, para los efectos de la procedencia del juicio de amparo, que el acto reclamado transgreda un derecho subjetivo consagrado en la Constitución General a favor del quejoso, lo cual refleja que el interés jurídico para ocurrir al amparo sólo lo tienen las personas directamente agraviadas por la ley o el acto que estimen violatorios de sus derechos fundamentales, pues el derecho de promover el juicio de amparo es personalísimo. Lo anterior implica que, para que surja el derecho de un particular para solicitar el amparo, es necesario que se individualice el efecto de la misma, en aquél que lo promueve. Es preciso destacar que el interés jurídico a que alude la Ley de Amparo para la procedencia del juicio de amparo, no puede referirse a otra cosa sino a la titularidad que a la parte quejosa corresponde en relación con los derechos públicos subjetivos que dice le fueron vulnerados por la ley o acto que reclama y es que la procedencia del medio extraordinario de control constitucional requiere, como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan. Sin duda, un acto reclamado causa perjuicio a la parte quejosa, si se lesionan directamente sus intereses jurídicos tanto en su persona como en su patrimonio y, es entonces cuando nace la acción constitucional factible de anular la violación reclamada. Entonces, la tutela del derecho sólo puede comprender a bienes jurídicos reales y objetivos, por ende, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca del acto reclamado es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. Precisado lo anterior, se procede ahora a narrar los antecedentes más relevantes que fueron expresados por el quejoso en su demandada de amparo y aclaración a la misma (fojas 24 y 25 de autos): 1. ********************, en la vía ejecutiva mercantil, demandó a ********************, por lo que se radicó el juicio ********************-M, del índice del Juzgado Octavo Civil de Partido de León, Guanajuato. 2. El veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, se emitió sentencia en dicho expediente, en la que se condenó a ******************** al pago de la cantidad de $********************), así como otras prestaciones, en favor de la parte actora. 3. El veintiocho de octubre siguiente, ******************** cedió al aquí quejoso los derechos litigiosos del juicio ejecutivo mercantil en comento, lo que quedó firme el tres de noviembre de dos mil veintiuno. 4. El veinticinco de febrero de dos mil veintidós, ******************** y ********************, ratificaron un convenio de dación en pago ante el Juzgado Octavo Civil de Partido de León, Guanajuato, sobre el cual se reservó su autorización hasta en tanto el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado manifestara su consentimiento, concediéndose únicamente la posesión del bien objeto de tal pacto volitivo en favor del ahora quejoso; hecho lo anterior, el mencionado convenio de dación de pago finalmente fue autorizado judicialmente en diverso auto de veintitrés de marzo de dos mil veintidós. 5. En fecha veintinueve de marzo de dos mil veintidós, el Registro Público de la Propiedad de León, Guanajuato, le entregó al quejoso un certificado de gravámenes del que se desprende que el veinticinco de febrero del año en curso, dicha dependencia registró la escritura pública ********************, pasada ante la fe del notario público número cuarenta y ocho, de esta ciudad, que contiene una compraventa celebrada por ******************** (vendedor) y ******************** (comprador), respecto de la "(.) casa habitación marcada con el ******************** de esta ciudad (.)". Así, el quejoso acude al presente juicio de amparo a reclamar lo señalado en el punto que antecede, aduciendo que al ser cesionario de derechos litigiosos en el juicio ejecutivo mercantil ********************-M, del índice del Juzgado Octavo Civil de Partido de León, Guanajuato; y, además, por habérsele cedido el dominio de dicho bien mediante el convenio de dación en pago aprobado judicialmente en dicho juicio, se vulnera su derecho de propiedad. Para pretender evidenciar su interés jurídico allegó a su demanda los siguientes documentos: Certificado de gravámenes respecto del inmueble ubicado en calle ********************, de León, Guanajuato (anexos uno y siete). Certificado de historia registral sobre el inmueble ubicado en calle ********************, de León, Guanajuato (anexos uno y siete). Original y copia de un recibo de pago por servicio de energía eléctrica, emitido por la Comisión Federal de Electricidad (anexo dos). Copia certificada de la escritura pública número ********************, pasada ante la fe del notario público número 48, de esta ciudad (anexos tres y seis). Original y copia de la solicitud de inscripción del oficio 2854 y anexos, con el cual el juez Octavo Civil de Partido de León, Guanajuato, requirió al Registro Público de la Propiedad, inscribir bajo el folio real ********************, la diligencia de embargo practicada el veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, sobre el inmueble ubicado en calle ********************, de León, Guanajuato, derivado del juicio ejecutivo mercantil M********************, de su índice, en el que figuran como partes ******************** -actora- y ******************** -demandado- (anexos cuatro y cinco). Al recibo expedido por la Comisión Federal de Electricidad, por tratarse de un documento privado no objetado, se le reconoce valor indiciario, con fundamento en los artículos 129, 197 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en tanto que al resto de las documentales aportadas por el quejoso se les otorga pleno valor probatorio con apoyo en el ordinal 197 y 202 del mismo cuerpo de leyes. Luego, a pesar del valor intrínseco de las mencionadas pruebas documentales, otorgado expresamente por disposición de la ley, lo cierto es que las mismas no son aptas ni suficientes para demostrar que el quejoso es titular del derecho que pretende preservar ante esta instancia constitucional. Se explica. De la lectura del certificado de gravámenes e historia registral se desprende que en el folio real ********************, que corresponde al inmueble ubicado en calle ******************** Residencial, de León, Guanajuato, en fecha once de octubre de dos mil veintiuno, se inscribió en el Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, el embargo trabado sobre el inmueble mencionado, el veintiuno de septiembre del mismo año, en el expediente mercantil ********************-M, del índice del Juzgado Octavo Civil de Partido de León, Guanajuato (lo que incluso ocurrió con anterioridad a la fecha -veintiocho de octubre de dos ml veintiuno- en que el quejoso adujo haber obtenido los derechos litigiosos en dicho juicio), en el que figuran como parte actora ******************** y como demandado ********************. Asimismo, se arroja que el veinticinco de febrero de dos mil veintidós, se inscribió en el Registro Público de la Propiedad de León, Guanajuato, en el mismo folio real la escritura pública número ********************, pasada ante la fe del notario público número 48, el cuatro de enero de dos mil veintiuno, que contiene el contrato de compraventa celebrado entre ********************, como vendedor, y ********************, como comprador, respecto de la totalidad del inmueble ubicado en calle ******************** Residencial, de León, Guanajuato. Acto jurídico de compraventa que se corrobora con la copia certificada de la escritura pública número ********************, que fue expedida por dicha oficina registral y que el impetrante aportó como prueba de su parte a este controvertido. Por otro lado, el recibo de pago ofertado sólo demuestra que la Comisión Federal de Electricidad emitió tal recibo a nombre del ahora quejoso ********************, por el cobro de suministro de energía eléctrica que la primera proporciona al inmueble ubicado en "********************"; lo que evidencia que, presuntivamente el impetrante tiene un contrato de suministro de dicho fluido eléctrico con dicha Comisión, y que el servicio se presta en el domicilio materia de litis; sin embargo, dicho documento no es apto para comprobar el que el quejoso es poseedor del inmueble señalado en dicho recibo de luz y la causa de dicha posesión; De suerte que, tal documento únicamente es idóneo para comprobar que el impetrante es beneficiario del servicio de energía eléctrica en el mencionado inmueble, más no así que lo posea bajo alguna de las figuras jurídicas previstas por la ley. Finalmente, por lo que hace al original y copia de la solicitud de inscripción del oficio 2854 y anexos, solamente se advierte que con dicha misiva el juez Octavo Civil de Partido de León, Guanajuato, requirió al Registro Público de la Propiedad, inscribir bajo el folio real ********************, la diligencia de embargo practicada el veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, sobre el inmueble ubicado en calle ********************, de León, Guanajuato, derivado del juicio ejecutivo mercantil M********************, de su índice; así como que quienes figuran como partes son ******************** (actora) y ******************** (demandado). Sin que con las documentales allegadas por el quejoso se acredite, por un lado, de que el quejoso efectivamente sea parte en el contradictorio de origen por habérsele cedido los derechos litigiosos por el actor de dicho controvertido judicial, pues ninguna prueba aportó el solicitante del amparo para demostrar la cesión de derechos invocada, así como la fecha en que aconteció, los términos y condiciones que fueron pactados en dicha cesión, y la aprobación judicial de la misma. Como también soslayó acreditar a través de prueba alguna, el convenio de dación en pago a su favor que le fue otorgado en el juicio mercantil ********************, y la autorización judicial de dicho pacto de voluntades. Por ende, es incuestionable que si el quejoso fue omiso en aportar medios de convicción con los que demostrara el derecho preferencial que ostenta sobre la inscripción registral del embargo trabado sobre el inmueble con folio real ********************, en el juicio mercantil ********************, derivado de la cesión de derechos litigiosos otorgado a su favor, entonces, es inconcuso que carece de interés jurídico para salir en defensa de la inscripción registral del embargo, y combatir el registro de la compraventa celebrada respecto del mismo inmueble. De igual manera, el peticionario del amparo, tampoco comprobó con prueba idónea mantener la posesión del inmueble embargado en el juicio mercantil ********************, por recaerle el carácter de depositario judicial del mismo. Por lo que no puede inferirse que la sola existencia del embargo haga deducir un derecho de posesión a favor del ahora inconforme. Asimismo, si el impetrante también soslayó comprobar la existencia del convenio de dación en pago sobre el inmueble ubicado en calle ********************, de León, Guanajuato, y la autorización judicial que le recayó, entonces es incuestionable que tampoco comprobó ser propietario y poseedor del mencionado bien derivado de dicho acto jurídico. Entonces, las consideraciones antes vertidas, quien resuelve, estima que en nada perjudica los derechos humanos del quejoso, el acto que destacadamente reclama (inscripción del instrumento notarial ********************, pasado ante la fe del notario público número 48 de esta ciudad, que contiene una compraventa celebrada por ******************** -vendedor- y ******************** -comprador-, respecto de la "[.] casa habitación marcada con el ******************** de esta ciudad (.)"], pues la sola manifestación del solicitante del amparo en el sentido de que el acto de la autoridad señalada como responsable vulnera sus derechos fundamentales, resulta ineficaz para producir tal certeza, máxime que sus exposiciones no fueron adminiculadas con medios probatorios suficientes y eficaces, cuya correlación lógica y enlace natural con la verdad que se busca, esto es, acreditar el interés jurídico, puedan formar convicción de que, efectivamente, se lesionaron sus derechos subjetivos públicos; de ahí que sea dable concluir que no se acredita el interés jurídico de la parte quejosa que la legitime para acudir a esta vía Constitucional. Por otro lado, no es válido sostener que el interés jurídico de la parte quejosa se acredita con la manifestación que bajo protesta de decir verdad adujo en la demanda de amparo, dado que ello no la releva de la carga procesal que le asiste, en el sentido de que demuestre tener interés, no solo simple, sino jurídico, para ejercer la acción de amparo. Además, debe decirse que no basta que se hayan tenido por ciertos los actos reclamados por parte de las autoridades responsables, para eximir al quejoso de la obligación que le asiste relativa a acreditar que dichos actos afectan su esfera de derechos subjetivos otorgados por la ley, en atención a que, entre otros requisitos de procedencia del juicio de amparo, el numeral 107 Constitucional, en su fracción I, reglamentada por el ordinal 5º de la Ley de Amparo, señala que dicho juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que equivale a decir que no basta que el acto autoritario exista, sino que es necesario, para efectos de procedencia del juicio de amparo, que transgreda un derecho subjetivo que le otorgue nuestra Carta Fundamental a la parte quejosa, a través del agravio personal y directo, pilar fundamental del juicio de amparo o bien derivado de su especial posición frente a los actos combatidos. En ese contexto, se concluye que no quedó acreditado plenamente el interés jurídico del promovente en la presente instancia constitucional, al no haberse demostrado fehacientemente y de manera precisa, una afectación a su esfera jurídica, por tanto, es clara la actualización de la causal de improcedencia invocada. II.- La registradora pública de la Propiedad de León, Guanajuato, no es autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. Además de la causa de improcedencia estudiada supralíneas, quien ahora resuelve estima que también se verifica la diversa prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, que en su orden y en la parte que interesa, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]." "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: [...] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. [.]." De acuerdo a los preceptos transcritos por "autoridad" se debe entender aquélla que ordena, emite, autoriza o sanciona, publica, lleva a cabo actos de ejecución o ejecuta la ley o el acto que se le reclama; por tanto, interpretados en sentido contrario, el juicio biinstancial resulta improcedente en contra de aquellos entes que no les recaiga tales características. El concepto referido en el párrafo anterior ha sido ampliamente estudiado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; así, el Tribunal Pleno señala que por autoridad responsable, también debe considerarse a los funcionarios de organismos públicos descentralizados que con fundamento en una norma legal emitan actos de manera unilateral a través de los cuales crean, modifiquen o extingan situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado; es decir, siempre que se sitúen en una relación de supra a subordinación respecto de los gobernados. Así también, para distinguir cuándo se está en presencia de una autoridad para los efectos del juicio de amparo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que las notas distintivas de los actos de autoridad son las siguientes: 1) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. 2) Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana. 3) Que emita actos unilaterales en los que cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular. 4) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. Así las cosas, se está frente a actos de autoridad cuando existe una relación de supra a subordinación con un particular; cuando se establezca en la ley; cuando a través de ella emita actos unilaterales, con los que cree, modifique o extinga situaciones que afecten a la esfera jurídica del gobernado y cuando para emitirlos no requiera acudir ante los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. De ahí que cuando se alega un acto de autoridad lesivo a derechos fundamentales, debe analizarse si se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, donde el promovente debe tener el carácter de gobernado o si la vinculación de que se trata deriva de una relación de coordinación, que excluiría la concepción de autoridad y de resultar esto último el litigio que se suscite ha de ventilarse conforme al procedimiento establecido en el derecho privado. Puede suceder también que las normas constitucionales coloquen al Estado en situación jurídica parecida a la de un particular. Por ello, conviene distinguir las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas [tales como los del derecho civil, mercantil y laboral, entre otros]. Su característica distintiva es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra a subordinación en cambio, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados y los conflictos que se suscitan por la actuación de los órganos del Estado y los sujetos frente a los cuales actúa con imperio, están regulados por el derecho público. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad de quien tiene la capacidad de incidir en la esfera jurídica del otro y, por ello, la Constitución Federal establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Y, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado. Ahora, del análisis de los criterios anteriormente mencionados, se advierte que no le asiste el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo a la registradora pública suplente de la Propiedad de León, Guanajuato, ya que el acto que se le reclama no es efectuado en su carácter de imperio. En efecto, el artículo 2 del Reglamento del Registro Público de la Propiedad para el Estado de Guanajuato, establece que dicho ente es la dependencia del Poder Ejecutivo, bajo el control de la Secretaría de Gobierno, a través del cual proporciona el servicio registral para dar publicidad a los actos y hechos jurídicos que así lo requieran conforme a la ley. Por su parte, del título segundo denominado "Del Registro Público", del Código Civil para el Estado de Guanajuato, se puede inferir con claridad que la legislación en comento señala que las inscripciones hechas en el Registro Público de la Propiedad tienen efectos declarativos y no constitutivos, de tal manera que los derechos provienen del acto jurídico declarado, pero no de su inscripción, cuya finalidad es dar publicidad y no constituir el derecho. De lo anterior es posible dilucidar que el acto que la parte quejosa reclama a la registradora pública suplente de la Propiedad de León, Guanajuato, no es acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, porque solamente serán tales aquellos que se afectan la esfera jurídica de los particulares en virtud de su potestad de imperio, ya que dicha autoridad solo interviene para prestar el servicio de inscripción de escrituras públicas para darles publicidad, sin efectos constitutivos. Por las razones jurídicas que la contienen, tiene aplicación la tesis emanada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, visible en la página 329, Tomo III, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1989, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "ESCRITURAS DE PROPIEDAD. EL JUICIO DE AMPARO NO ES EL MEDIO LEGAL PARA IMPUGNAR SU CONTENIDO E INSCRIPCION. Partiendo de la base de que las escrituras de propiedad contienen un contrato celebrado entre particulares, y que los asientos o registros que verifiquen las autoridades, en cumplimiento a sus funciones, no son actos de autoridad que impidan a los quejosos, por sí solos, el uso o disfrute de sus derechos de propiedad o impliquen perturbación de ellos, debe concluirse que el juicio de garantías no resulta ser el medio idóneo para combatir los perjuicios que a ellos se irroguen." Lo destacado no es de origen. En ese sentido, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V, del artículo 63, de la Ley de Amparo, al actualizarse las causales de improcedencia invocadas lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 61, 63, 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************, respecto del acto que reclamó de la Registradora Pública suplente de la Propiedad de León, Guanajuato, por los motivos aducidos en el último considerando de este fallo.

  3. Principal

    Diferimiento de audiencia constitucional. Visto el estado procesal de autos, se advierte que entre la fecha en que quedó emplazado el tercero interesado Juan José Araiza Romero, y la señalada para la audiencia constitucional, es decir, las nueve horas con treinta y tres minutos de hoy, no media el plazo de los ocho días a que se refiere el numeral 117 de la ley de la materia, en razón de que hoy fue publicado por lista su emplazamiento. En consecuencia, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy, y en su lugar se fijan las diez horas con treinta y tres minutos del diez de agosto de dos mil veintidós, para su verificativo.

  4. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, SE EMPLAZA Y NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERA INTERESADA JUAN JOSÉ ARAIZA ROMERO, LOS PROVEÍDOS DE 18 DE MAYO, 13 Y 29 DE JUNIO, TODOS DE 2022, CORRIÉNDOLE TRASLADO CON COPIA DE LA DEMANDA DE AMPARO, ANEXOS (CONSISTENTES EN: CERTIFICADO DE GRAVÁMENES EMITIDO EL DIECISÉIS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS, POR EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DE ESTA CIUDAD; COPIA SIMPLE DEL RECIBO DE LUZ, EMITIDO POR LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, A NOMBRE DE FABIÁN MUÑOZ SÁNCHEZ, CON DOMICILIO EN "PEDREGAL DE LAS CRUCES 402 P DE LA CATA Y P DEL SOL ANTURIOS C.P. 37289 LEON, GTO"; FORMA DE ENTRADA Y TRÁMITE RESPECTO DEL INMUEBLE IDENTIFICADO CON EL FOLIO REAL R20-308305, EMITIDO POR EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DE ESTA CIUDAD, QUE CONTIENE EL CONTRATO DE COMPRAVENTA CELEBRADO ENTRE JUAN JOSÉ ARAIZA ROMERO VENDEDOR Y CARLOS GABRIEL RAMÍREZ VÁZQUEZ COMPRADOR, RESPECTO DEL BIEN INMUEBLE MATERIA DE LITIS; SOLICITUD INSCRITA CON EL NÚMERO 3896470, DE ONCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, CUYO CONTENIDO CONTIENE LA COPIA CERTIFICADA DEL AUTO DE SEIS DE SEPTIEMBRE DE LA PASADA ANUALIDAD, EMITIDO EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL M91-2021, DEL ÍNDICE DEL JUZGADO OCTAVO CIVIL DE PARTIDO DE ESTA CIUDAD, DEL QUE SE APRECIA LA FORMACIÓN DE DICHO ASUNTO Y QUE SE TUVO A VANESSA VALDÉS HUERTA DEMANDANDO EN LA VÍA EJECUTIVA MERCANTIL A JUAN JOSÉ ARAIZA ROMERO, ASÍ COMO LA ORDEN DE REQUERIMIENTO DE PAGO, EMBARGO Y EMPLAZAMIENTO, LA CUAL TUVO VERIFICATIVO EL VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, EN LA QUE SE EMBARGÓ AL DEMANDADO EL BIEN INMUEBLE UBICADO EN CALLE CIRCUITO PEDREGAL DE LAS CRUCES, NÚMERO 402, FRACCIONAMIENTO ANTURIOS DE ESTA CIUDAD; COPIA SIMPLE DE LA DOCUMENTAL DESCRITA EN EL PUNTO 4; COPIA SIMPLE DE LA DOCUMENTAL DESCRITA EN EL PUNTO 3; Y, COPIA SIMPLE DE LA DOCUMENTAL DESCRITA EN EL PUNTO, ESCRITOS ACLARATORIOS Y AUTO ADMISORIO, HACIÉNDOLE SABER LA FECHA SEÑALADA PARA QUE TENGA VERIFICATIVO LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y REQUIRIÉNDOLE A EFECTO DE QUE DENTRO DEL PLAZO DE TRES DÍAS, CONTADO A PARTIR DEL SIGUIENTE A QUE SURTA EFECTOS LA PRESENTE NOTIFICACIÓN, SEÑALE DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN ESTA CIUDAD, BAJO APERCIBIMIENTO QUE DE NO HACERLO ASÍ, LAS SUBSECUENTES NOTIFICACIONES, AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, SE LE HARÁN POR LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO FEDERAL.

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