Fabián López Ibarra
Expediente 1320/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 1 actuación registrada, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1320/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 28/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Fabián López Ibarra
Actuaciones
- Principal
... Zacatecas, Zacatecas, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Recepción y demanda. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por********************por propio derecho, contra actos del Juez Tercero de Primera Instancia y de lo Familiar de Sombrerete, Zacatecas. Expediente y registro. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 1320/2023, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. Desechamiento. Del artículo 113 de la Ley de Amparo, se aprecia la ineludible obligación de quien conozca de la demanda de amparo, de analizarla en su integridad y, en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano; así, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo de demanda, así como de las constancias respectivas; y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ahora, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado por el quejoso consiste, esencialmente, en el proveído de veinticinco de octubre de dos mil veintitrés, dictado por el juez responsable dentro del juicio ejecutivo mercantil ********************y/o********************, por el cual resolvió el recurso de revocación interpuesto por el aquí quejoso contra la determinación que declaró desierta una prueba testimonial ofrecida dentro de dicho juicio, al ser extemporáneo su medio de impugnación. En ese sentido, de la precisión del acto reclamado hecha con anterioridad, este resolutor federal de manera notoria y manifiesta, que el juicio de amparo es improcedente, en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, éste último aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Los mencionados numerales son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta Ley...". Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Conforme a los numerales transcritos, se obtiene que para la procedencia del juicio de amparo indirecto, se debe delimitar si los actos controvertidos tienen o no la naturaleza de irreparables; estatus jurídico que alcanzarán cuando se demuestra que producen consecuencias que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no solamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Aunado a ello, deben recaer sobre derechos, cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos como la vida, la libertad, la integridad personal, la libertad de tránsito o la propiedad, cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Entonces, la Ley de Amparo, en su artículo 107 ofrece en dos de sus fracciones las precisiones para comprender el alcance de la expresión actos de "imposible reparación". La primera de ellas se encuentra ubicada en su fracción III, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda, se observa en su fracción V (antes transcrita), cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Con base en estas disposiciones, puede afirmarse que el legislador proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos, para ser calificados como de imposible reparación, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. Es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad, que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo; y, La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En este supuesto de afectación sustantiva, no se puede catalogar el proveído de veinticinco de octubre de dos mil veintitrés, dictado por el juez responsable dentro del juicio ejecutivo mercantil ********************y/o********************, por el cual resolvió el recurso de revocación interpuesto por el aquí quejoso contra la determinación que declaró desierta una prueba testimonial ofrecida dentro de dicho juicio, al ser extemporáneo su medio de impugnación. Lo anterior es así, pues de la demanda de amparo se aprecia lo siguiente: 1. El veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, se señaló fecha para el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes dentro del expediente ********************y/o********************. 2. El diecisiete de octubre de dos mil veintitrés, el aquí quejoso presentó un escrito ante la oficialía de pares del Juzgado Tercero de Primera Instancia y de lo Familiar de Sombrerete, Zacatecas, mediante el cual informaba la sustitución de testigos y ofreció pruebas supervinientes, en la propia fecha se celebró la audiencia relativa al desahogo de pruebas, por la cual se declaró desierta la prueba testimonial respectiva, sin tomar en consideración el ocurso descrito en líneas que anteceden. 3. El dieciocho de octubre siguiente, el juez responsable acordó el escrito descrito en el párrafo anterior y le hizo del conocimiento del aquí quejoso que debería estarse a lo acordado por auto de diecisiete de octubre de dos mil veintitrés. 4. Inconforme con la anterior determinación el aquí quejoso presento recurso de revocación, mismo que fue resuelto por el juez responsable mediante auto de veinticinco de octubre de dos mil veintitrés, por el cual determinó que dicho medio de impugnación era improcedente al ser extemporáneo; determinación que constituye el acto reclamado en este juicio. Como se aprecia de los antecedentes expuestos, se concluye que los efectos del proveído de veinticinco de octubre de dos mil veintitrés, dictado por el juez responsable dentro del expediente ********************y/o********************, por el cual resolvió el recurso de revocación interpuesto por el aquí quejoso contra la determinación que declaró desierta una prueba testimonial ofrecida dentro de dicho juicio, al ser extemporáneo su medio de impugnación, son meramente procesales, pues no debe perderse de vista que no afecta de manera directa un derecho reconocido en la Constitución Federal. Es así, pues si bien existen actos que indirectamente inciden en el derecho a la tutela judicial (artículo 17 de la Ley Fundamental), lo cierto es que esa garantía de seguridad jurídica no puede servir de fundamento para determinar la procedencia del amparo, porque tiene influencia en los derechos procesales, por ende, no toda violación que tenga su fundamento en esa precisión constitucional, puede ser impugnada inmediatamente en el amparo indirecto, ya que ello tornaría interminables los juicios ordinarios y tornaría inútil un aspecto básico del amparo directo. De ahí que la excepcionalidad del amparo bi-instancial se reduzca a la afectación a derechos sustantivos, dada la imposibilidad de su reparación, pese a la obtención de un fallo favorable. Es aplicable el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 24/92, que dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Efectivamente, el acto reclamado no puede considerarse como de ejecución de imposible reparación, en atención a que solo afecta derechos adjetivos o procesales, puesto que en éstos, el perjuicio que en su caso se ocasione, pueden ser reparados al momento de emitirse sentencia, en caso de ser favorable a los intereses del quejoso. Es decir, dicha resolución no afecta irremediablemente un derecho sustantivo del quejoso, sino que sólo genera la posibilidad de que ello ocurra, en la medida en que influya para el dictado de un fallo adverso a los intereses del quejoso, quien podrá reclamarlo en la vía directa ante el tribunal colegiado de circuito. En efecto, los artículos 170, fracción I, 171, párrafo primero y 172, fracciones III, VI, IX y XII de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. (.) Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo. (.) Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (.) III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley; (.) VI. No se le concedan los plazos o prórrogas a que tenga derecho con arreglo a la ley; (.) IX. Se le desechen recursos, respecto de providencias que afecten partes sustanciales del procedimiento que produzcan estado de indefensión; (.) XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo." Ciertamente, la determinación combatida no conlleva una afectación directa a los derechos sustantivos del quejoso, pues éstos son los que se identifican con los bienes de la vida, como lo pudieran ser, a modo enunciativo, no limitativo, los derechos patrimoniales, los que surgen de las relaciones de familia y del estado civil de las personas, la vida misma, la libertad personal, la propiedad, la de conciencia, la de expresión, el derecho al honor, a la intimidad, entre otros. En cambio, los derechos procesales o instrumentales, también llamados adjetivos, son únicamente el medio para hacer observar o proteger el derecho sustantivo; lo que implica que no tienen por objeto su propio ejercicio, ni constituyen un fin en sí mismos, sino que se trata sólo de las reglas para obtener del Estado la protección de derechos sustantivos. Sirve como apoyo a lo anterior la jurisprudencia I.8o.C. J/2 (10a.), aprobada por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que señala: "DERECHOS SUSTANTIVOS. SU DIFERENCIA CON LOS DERECHOS ADJETIVOS. De acuerdo con la doctrina, son derechos sustantivos los que se identifican con los bienes de la vida. En ese sentido, pueden considerarse sustantivos, sin pretender asignarles un orden, entre otros, los derechos patrimoniales, los que surgen de las relaciones de familia y del estado civil de las personas, la vida misma, la libertad personal, la de conciencia, la de expresión, el derecho al honor, a la intimidad, etc. En cambio, los derechos procesales o instrumentales, también llamados adjetivos, son únicamente el medio para hacer observar o proteger el derecho sustantivo. Tales derechos procesales no tienen por objeto su propio ejercicio, ni constituyen un fin en sí mismos, sino que se trata sólo de las reglas para obtener del Estado la garantía del goce de los bienes de la vida." Entonces, si como ya se dijo, se trata de posibles violaciones a derechos adjetivos, en estos últimos la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva, de ahí que se insista que dicha determinación no conlleve una ejecución de imposible reparación en los derechos sustantivos del quejoso. Por tanto, al resultar manifiesta e indudable la causal de improcedencia analizada, con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, SE DESECHA LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO promovida por********************contra actos del Juez Tercero de Primera Instancia y de lo Familiar de Sombrerete, Zacatecas. Autorizados y domicilio para oír y recibir notificaciones. Se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia a********************, toda vez que tiene su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y en términos restringidos de dicho numeral a********************y********************, además, se tiene como domicilio procesal el indicado en la demanda de amparo. Como lo solicita la parte quejosa, en términos del acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en relación con los artículos 5 y 28 del acuerdo General Conjunto 21/2020 del propio Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza al usuario "********************", la consulta y trámite electrónicos en lo relativo a este juicio. Por tanto, se ordena al actuario adscrito a este juzgado federal para que realice las acciones correspondientes a fin de que el usuario descrito visualice el contenido íntegro del expediente electrónico en que se actúa. Habilitación de días y horas inhábiles. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. Uso de medios electrónicos. Se hace del conocimiento de las partes que se les permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados; con excepción de las constancias que tengan el carácter de reservada o confidencial. Exhortación a las partes a hacer uso del juicio en línea. Con fundamento en la fracción II, in fine, del artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes a que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea), para presentar futuras promociones, acceder al expediente electrónico y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales emitidas en el presente juicio; lo anterior previa solicitud de autorización que se trate. Integración del expediente. Se hace del conocimiento que, acorde a lo dispuesto por el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, cuando así lo considere este órgano jurisdiccional en atención a la dinámica de trabajo, el expediente físico contendrá únicamente las promociones recibidas en forma física y las constancias de notificación que se generen de la misma manera; esto es, las constancias y documentos presentados electrónicamente, así como las actuaciones y resoluciones firmadas electrónicamente, no serán integradas al expediente físico. Consulta del expediente. En la misma línea, se informa que las partes autorizadas para ello, podrán consultar su expediente desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; en la inteligencia de que quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente a este órgano, para consultar el expediente electrónico en los equipos que, en su caso, sean dispuestos para tal efecto; esto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263 fracción IV del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, y 41 Bis del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Ley de transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 68 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníquese a las partes que al hacerse pública la sentencia que se dicte en el presente asunto, se testará la información que de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita sea considerada como reservada o confidencial. Notifíquese personalmente. ...
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