Ezequiel Macias Durán
Expediente 1746/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 24 actuaciones registradas, la última del 16 de febrero de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1746/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 16/02/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Ezequiel Macias Durán
- Departamento del Instituto Nacional Para la Evaluación de la Educación México, Av. Barranca del Muerto #341, Colonia San José Insurgentes, Delegación Benito Juárez, C.P. 03900, México, Distrito Federal
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Principal
En Zacatecas, Zacatecas, siendo las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DIECISÉIS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS, encontrándose presente el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario en funciones de Juez de Distrito del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de dicha comisión, ante el licenciado Javier Gutiérrez Zúñiga, Secretario que autoriza y da fe, procede a celebrar LA AUDIENCIA DE ACUMULACIÓN a que se refieren los artículos 72 y 73 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, a fin de resolver sobre la acumulación del juicio de amparo 1746/2015, al diverso 1364/2015, ambos del índice de este Juzgado. A continuación se da cuenta con un escrito signado por el Director General de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, en representación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, con sede en México, Distrito Federal, registrado con el número 3149, mediante el cual rinde su informe justificado. A lo que el Secretario en funciones de Juez acuerda: Téngase por recibido el mencionado escrito y resérvese acordar lo conducente, hasta que sea levantada la suspensión del procedimiento. Declarada abierta la audiencia sin la asistencia de las partes, la Secretaria hace relación de los autos y da cuenta con el juicio de amparo 1746/2015, promovido por EZEQUIEL MACIAS DURAN, GABRIEL GUTIERREZ MUÑOZ, JOSE JUAN MANUEL BARRON AVELAR, RAMON LEGASPI HUIZAR y PEDRO PEREZ MUÑOZ, ante este propio Juzgado de Distrito, Abierto el período probatorio, la Secretaria hace constar que ninguna de las partes ofreció prueba alguna. En la etapa de alegatos, se hace constar que ninguna de las partes los formuló, ni obra pedimento del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado Federal. Enseguida, se procede a emitir la resolución siguiente: VISTOS los autos para resolver la acumulación del juicio de amparo 1746/2015, al diverso 1364/2015, ambos del índice de este juzgado, promovidos respectivamente por EZEQUIEL MACIAS DURAN, GABRIEL GUTIERREZ MUÑOZ, JOSE JUAN MANUEL BARRON AVELAR, RAMON LEGASPI HUIZAR y PEDRO PEREZ MUÑOZ, contra actos del INSTITUTO NACIONAL PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN, COORDINACIÓN NACIONAL DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE, AMBAS CON RESIDENCIA EN MÉXICO, DISTRITO FEDERAL; SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE ZACATECAS Y SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE ZACATECAS, AMBOS CON SEDE EN ESTA CIUDAD. R E S U L T A N D O PRIMERO. En proveído de veintinueve de enero de dos mil dieciséis, se inició el trámite relativo a la acumulación del citado juicio de amparo 1746/2015, al diverso 1364/2015, promovido respectivamente por EZEQUIEL MACIAS DURAN, GABRIEL GUTIERREZ MUÑOZ, JOSE JUAN MANUEL BARRON AVELAR, RAMON LEGASPI HUIZAR y PEDRO PEREZ MUÑOZ, por considerarla procedente, en razón de que los dos juicios se promueven contra las mismas autoridades responsable INSTITUTO NACIONAL PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN, COORDINACIÓN NACIONAL DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE, AMBAS CON RESIDENCIA EN MÉXICO, DISTRITO FEDERAL; SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE ZACATECAS Y SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE ZACATECAS, AMBOS CON SEDE EN ESTA CIUDAD, y en ambos se reclama: Respecto del expediente 1746/2015 así como del 1364/2015 se desprende como acto reclamado: La orden de subir a la plataforma del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, las evidencias del proceso o ciclo escolar 2014-2015, así como la orden verbal de sujetarse a la aplicación de la evaluación que prevén los artículo 52, 53, 68, 69 y demás relativos a la Ley del Servicio Profesional Docente; así como los diversos 1, 3, 14, 25 y demás relativos a la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Asimismo, en el citado acuerdo se ordenó proveer lo conducente en el diverso juicio 1364/2015, del índice de este Tribunal Federal, lo que se hizo en proveído de veintinueve de enero de dos mil dieciséis, decretando la suspensión del procedimiento; y en el juicio de amparo en que se actúa, se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia de acumulación, la que inició al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en esta ciudad, tiene competencia legal para resolver el presente incidente de acumulación, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 72 y 73 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. SEGUNDO. Previamente conviene puntualizar que no pasa inadvertido para este resolutor, que la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, no contempla la institución de la acumulación en el procedimiento de amparo; empero, ello en modo alguno implica un obstáculo legal para llevar a cabo dicho procedimiento y; por ende, que no pueda aplicarse supletoriamente la legislación correspondiente, en razón de que al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido diversos criterios jurisprudenciales, en los cuales ha normado que no constituye un requisito sine qua non, que la ley a suplir contemple expresamente la institución a suplir y que no esté reglamentada. En efecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado la posibilidad de que la aplicación supletoria de un ordenamiento legal proceda no sólo respecto de instituciones contempladas en la ley a suplir, que no estén reglamentadas, o bien, las regule en forma deficiente, sino también en el caso de cuestiones jurídicas no establecidas en tal ley, a condición de que sea indispensable para el juzgador acudir a tal supletoriedad para solucionar el conflicto que se le plantea y de que no esté en contradicción con el conjunto de normas cuyas lagunas debe llenar, sino que sea congruente con los principios contenidos en las mismas. Así, los requisitos establecidos para dicha supletoriedad, los sintetiza como se indica en los apartados siguientes: a) Que el ordenamiento legal a suplir establezca expresamente esa posibilidad (la de supletoriedad), indicando la ley o normas que pueden aplicarse supletoriamente. b) Que la ley a suplir no contemple la institución o las cuestiones jurídicas que se pretende aplicar supletoriamente, o aun estableciéndolas, no las desarrolle o las regule de manera deficiente. c) Que esa omisión o vacío legislativo, haga necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar la controversia o el problema jurídico planteado, sin que sea válido atender a cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo intención de establecer en la ley a suplir. d) Que las normas aplicables supletoriamente no contraríen el ordenamiento legal a suplir, sino que sean congruentes con sus principios y con las bases que rigen de manera específica la institución o cuestión jurídica de que se trate. Conforme a lo anterior, válidamente puede concluirse que constituye criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el considerar que la supletoriedad es una figura necesaria para integrar una omisión de la ley o para interpretar sus disposiciones conjuntamente con otras normas o principios contenidos en otros ordenamientos y para que opere, no es absolutamente necesario que la institución o cuestión jurídica que pretende aplicarse supletoriamente esté contemplada en la ley a ser suplida, pero sí deben reunirse los demás requisitos establecidos en la Jurisprudencia antes invocada, para la aplicación supletoria de normas. Las anteriores consideraciones, se encuentran contenidas en la Jurisprudencia, cuyo contenido y texto son el siguiente: "SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES. REQUISITOS PARA QUE OPERE. La aplicación supletoria de una ley respecto de otra procede para integrar una omisión en la ley o para interpretar sus disposiciones y que se integren con otras normas o principios generales contenidos en otras leyes. Así, para que opere la supletoriedad es necesario que: a) El ordenamiento legal a suplir establezca expresamente esa posibilidad, indicando la ley o normas que pueden aplicarse supletoriamente, o que un ordenamiento establezca que aplica, total o parcialmente, de manera supletoria a otros ordenamientos; b) La ley a suplir no contemple la institución o las cuestiones jurídicas que pretenden aplicarse supletoriamente o, aun estableciéndolas, no las desarrolle o las regule deficientemente; c) Esa omisión o vacío legislativo haga necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar la controversia o el problema jurídico planteado, sin que sea válido atender a cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo intención de establecer en la ley a suplir; y, d) Las normas aplicables supletoriamente no contraríen el ordenamiento legal a suplir, sino que sean congruentes con sus principios y con las bases que rigen específicamente la institución de que se trate." En este orden de ideas, debe convenirse en que el artículo 2 de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, actualiza el requisito contemplado en el inciso b), en la medida en que dispone que a falta de disposición expresa, se aplicará en forma supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles. Asimismo, el requisito contemplado en el inciso b), se actualiza en razón de que la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, no contempla la acumulación, mientras que la legislación aplicable de manera supletoria a la ley de la materia, a saber, el Código Federal de Procedimientos Civiles, sí prevé esa institución, en sus artículos 72 y 73. De igual forma, resulta incuestionable que en el presente asunto, se está en presencia de demandas de amparo en las que se reclaman actos que guardan estrecha conexidad, lo que implica la necesidad de determinar si resulta conveniente dichos juicios de amparo eventualmente se resuelvan en una misma sentencia, para así otorgar una mayor certeza jurídica a los quejosos, en la medida en que en una misma resolución se analizará el mismo acto que atribuyen de manera coincidente a la misma autoridad y derivado del mismo procedimiento; así como las cuestiones jurídicas planteadas y que estiman trasgreden sus derecho fundamentales; además de evitar con ello el pronunciamiento de resoluciones contradictorias; sin soslayar que además se optimizan el uso de los recursos materiales y humanos que corresponden al Poder Judicial de la Federación, particularmente en la administración de la justicia. Sin soslayar que la circunstancia de que en la nueva Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, a diferencia de la ley abrogada, el legislador no haya contemplado expresamente la institución de la acumulación, pues como se señaló en párrafos antepuestos, pues esa omisión o vacío legislativo, en modo alguno implica la proscripción de dicha institución del procedimiento de amparo, ya que basta la lectura íntegra del proceso legislativo de la nueva ley de la materia, para apreciar que no existe consideración alguna que permita concluir, que fue voluntad expresa e insoslayable del legislador, expulsar la acumulación del procedimiento en comento; máxime que como se ha venido explicando y como se señalará más adelante, la utilización de dicha figura está regulada en el ordenamiento aplicable de forma supletoria a la Ley de Amparo, además de que su aplicación se encuentra en armonía con la tutela jurisdiccional efectiva (particularmente una justicia pronta y expedita), así como los principios de economía y concentración procesal que rigen la materia, cuyos principios y derechos son ponderados por el legislador secundario en un Estado democrático y social de Derecho, consecuentemente, surge la necesidad de colmar esa omisión o vacío legislativo. Por ello, es que se considera que en la especie se actualizan las hipótesis reguladas en el inciso c). En el mismo orden de ideas, también se actualizan los requisitos contemplados en el inciso d), dado que resulta incuestionable que el juicio de amparo se rige por diversos principios, entre ellos, el de concentración y economía procesal, aspectos que conforman el denominado derecho fundamental de tutela jurisdiccional efectiva (particularmente una justicia pronta y expedita), consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuya observancia es un imperativo para las autoridades jurisdiccionales del Estado Mexicano, como al efecto lo constituye este órgano de control constitucional; de ahí que se afirme que la aplicación de la institución de la acumulación en el asunto de nuestra atención, se encuentra en armonía con los principios que rigen el juicio de amparo y por supuesto, con los derechos fundamentales que asisten a los justiciables en todo procedimiento de legalidad o constitucionalidad. En ese tenor, se considera que a pesar de que la Ley de Amparo vigente no contempla la figura de la acumulación, en la especie resulta factible la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles, a efecto de acumular los juicios de amparo de que se trata, máxime que ello redundará indefectiblemente en la observancia al derecho a la tutela jurisdiccional efectiva (particularmente una justicia pronta y expedita), consagrada en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los principios de concentración y economía procesal y por supuesto, a la optimización de los recurso materiales y humanos del Poder Judicial de la Federación. Cabe precisar, que las consideraciones establecidas en los párrafos antepuestos, se contienen sustancialmente en las siguientes consideraciones de la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que son del tenor literal siguiente: ". El primer tema abordado en esta contradicción de tesis fue el relativo a si es posible aplicar supletoriamente una institución que no está específicamente prevista en la ley a suplir, pero sí en el ordenamiento supletorio. Esta Sala concluyó que sí es posible, con base en los siguientes argumentos: En relación con la aplicación supletoria de normas, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en diversos criterios jurisprudenciales y aislados sostuvo que tal supletoriedad sólo opera tratándose de omisiones o vacíos legislativos, al tenor de las tesis cuyos textos y datos de identificación, son del tenor siguiente: "LEYES. APLICACIÓN SUPLETORIA. Para que un ordenamiento legal pueda ser aplicado supletoriamente, es necesario que en principio exista establecida la institución cuya reglamentación se trata de completar por medio de esa aplicación supletoria." (Tesis sin número, de la otrora Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 42 del Tomo XXVII-Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época). "SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES PROCESALES. PRINCIPIOS QUE LA RIGEN. La aplicación de las leyes supletorias sólo tienen lugar en aquellas cuestiones procesales que, comprendidas en la ley que suplen, se encuentren carentes de reglamentación o deficientemente reglamentadas". (Tesis sin número del Pleno de este Alto Tribunal, consultable en la página 157 del Tomo 121-126 Primera Parte del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época). "SUPLETORIEDAD DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES A LA LEY DE AMPARO. REQUISITOS. Dos son los requisitos necesarios para poder aplicar como ley supletoria de la de Amparo, el Código Federal de Procedimientos Civiles: a) Que la Ley de Amparo contemple la institución respecto de la cual se pretenda la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles, y b) Que la institución comprendida en la Ley de Amparo no tenga reglamentación o bien, que conteniéndola sea deficiente". (Tesis sin número del Pleno de este Alto Tribunal, consultable en la página 157 del Tomo 121-126 Primera Parte del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época). Estas tesis refieren que la aplicación supletoria de normas opera sólo cuando la Ley a suplir prevé la institución o la cuestión procesal que se pretende complementar, pero la regula de manera deficiente o no la desarrolla. Sin embargo, el anterior criterio fue ampliado al establecerse la posibilidad de que la aplicación supletoria de un ordenamiento legal proceda no sólo respecto de instituciones contempladas en la ley a suplir, que no estén reglamentadas, o bien, las regule en forma deficiente, sino también en el caso de cuestiones jurídicas no establecidas en tal ley, a condición de que, sea indispensable para el juzgador acudir a tal supletoriedad para solucionar el conflicto que se le plantea y de que no esté en contradicción con el conjunto de normas cuyas lagunas debe llenar, sino que sea congruente con los principios contenidos en las mismas . En estas condiciones, los requisitos que deben satisfacerse para estimar procedente la aplicación supletoria de normas, son los siguientes: a) Que el ordenamiento legal a suplir establezca expresamente esa posibilidad, indicando la ley o normas que pueden aplicarse supletoriamente. b) Que la ley a suplir no contemple la institución o las cuestiones jurídicas que se pretende aplicar supletoriamente, o aun estableciéndolas, no las desarrolle o las regule de manera deficiente. c) Que esa omisión o vacío legislativo haga necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar la controversia o el problema jurídico planteado, sin que sea válido atender a cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo intención de establecer en la ley a suplir. d) Que las normas aplicables supletoriamente no contraríen el ordenamiento legal a suplir, sino que sean congruentes con sus principios y con las bases que rigen de manera específica la institución o cuestión jurídica de que se trate. . Entonces, se advierte que es criterio de esta Segunda Sala el considerar que la supletoriedad es una figura necesaria para integrar una omisión de la ley o para interpretar sus disposiciones conjuntamente con otras normas o principios contenidos en otros ordenamientos. Para que opere, no es absolutamente necesario que la institución o cuestión jurídica que pretende aplicarse supletoriamente esté contemplada en la ley a ser suplida, pero sí deben reunirse los demás requisitos sentados por esta Segunda Sala para la aplicación supletoria de normas. . Consecuentemente, es infundado el argumento de la parte quejosa, en el sentido de que, para que aplique la supletoriedad, es necesario que la ley contemple la institución jurídica a suplir. ." Establecido lo anterior, procede analizar si en la especie procede la acumulación a que se refieren los artículos 72 y 73 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, por lo que al efecto, debe decirse que de la lectura íntegra de las demandas de amparo con que se formaron los juicios de amparo que ahora nos ocupan, se obtiene que en los dos asuntos se reclama el mismo acto consistente la falta de notificación o ilegal notificación seguida del procedimiento administrativo fuera de contexto legal para sujetarse del procedimiento de evaluación; asimismo, en ambos casos figuran como autoridades responsables INSTITUTO NACIONAL PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN, COORDINACIÓN NACIONAL DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE, AMBAS CON RESIDENCIA EN MÉXICO, DISTRITO FEDERAL; SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE ZACATECAS Y SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE ZACATECAS, AMBOS CON SEDE EN ESTA CIUDAD. De lo expuesto deriva, que se está en el supuesto previsto en los preceptos invocados, para admitir la supletoriedad de los artículos 72 y 73 del Código Federal de Procedimientos Civiles a la nueva Ley de Amparo, en lo relativo a la procedencia de la acumulación de juicios, por lo que se considera que los medios de control constitucional que se promueven, deben resolverse conjuntamente, con la finalidad de observar el derecho a una tutela jurisdiccional efectiva consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los principios de concentración y economía procesal, además del aprovechamiento del conocimiento previo de los asuntos, de evitar el dictado de sentencias contradictorias y la optimización de los recursos materiales y humanos del Poder Judicial de la Federación. Bajo esa premisa, se consideras que en el caso concreto se actualiza el supuesto contenido en el referido artículo 72, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dado que los dos juicios de amparo de que se trata versa el mismo acto reclamado y fueron promovidos contra las mismas autoridades, a saber la INSTITUTO NACIONAL PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN, COORDINACIÓN NACIONAL DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE, AMBAS CON RESIDENCIA EN MÉXICO, DISTRITO FEDERAL; SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE ZACATECAS Y SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE ZACATECAS, AMBOS CON SEDE EN ESTA CIUDAD, y por los mismos actos reclamados. En esa tesitura, no se advierte que exista impedimento alguno para la acumulación de los juicios en comento; habida cuenta que se dan las condiciones para satisfacer la hipótesis del artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que se traduce en el principio de economía procesal. En ese sentido, conforme a lo dispuesto por el artículo 72 del invocado ordenamiento, el juicio más reciente se acumulará al más antiguo; por tanto, lo que procede es que el juicio de garantías 1746/2015, se acumule al diverso expediente de amparo 1364/2015, por ser éste el que se inició en primer término, toda vez que la demanda que le dio origen, fue presentada el catorce de agosto de dos mil quince; en tanto que la demanda con que se inició aquél, se presentó el catorce de septiembre de dos mil quince, según se advierte del respectivo sello de recepción que obra estampado en sendos libelos constitucionales, por actualizarse el supuesto previsto en el artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Tiene apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia del epígrafe y contenido siguientes: "ACUMULACIÓN EN AMPARO. SE PODRÁ DECRETAR DE OFICIO CUANDO SE TRATE DE JUICIOS EN TRÁMITE ANTE UN MISMO JUZGADO DE DISTRITO, PUES EN EL CASO DE LOS TRAMITADOS ANTE JUZGADOS DISTINTOS, SÓLO PROCEDERÁ A INSTANCIA DE PARTE. De la interpretación de los artículos 57 a 60 de la Ley de Amparo se advierte que en los juicios de garantías que se encuentren en trámite ante los Jueces de Distrito podrá decretarse su acumulación, a instancia de parte o de oficio, en los casos que señala la ley; que será competente para conocer de la acumulación, así como de los juicios acumulados, el Juez que hubiere prevenido, y que el más reciente se acumulará al más antiguo; que la acumulación podrá decretarse tanto respecto de los juicios de amparo que se sigan ante un mismo juzgado, como de los que se sigan ante juzgados diferentes; y que es potestativo para los Jueces decretarla o no. Ahora bien, como la facultad de decretar la acumulación de oficio se ejerce unilateralmente, con potestad plena y sin tramitación alguna, no es factible que un Juez de Distrito pueda hacerlo respecto de juicios que se sigan ante otro Juez, porque en esta hipótesis la acumulación ya no sería de oficio, sino mediante la necesaria concurrencia de dos voluntades, una que inicia el trámite sin poder vinculante y otra que accede a la acumulación y que no obraría por impulso propio ni a instancia de parte; luego, no es posible que, de oficio, un Juez de Distrito le ordene a otro que esté conociendo de otros juicios de amparo, que le envíe los autos, porque este último está en libertad de negarse a hacerlo por virtud de la facultad discrecional de que goza. En consecuencia, la acumulación de oficio sólo puede ejercerse respecto de los juicios de amparo que se tramitan ante un mismo juzgado, mientras que la acumulación a instancia de parte podrá promoverse ante cualquiera de los Jueces que estén conociendo de los juicios relacionados; sin embargo, en caso de que el que reciba la solicitud advierta de las constancias de autos que otro previno, conforme al sello fechador impreso en las demandas por la oficialía respectiva, deberá declararse legalmente incompetente para conocer del incidente de acumulación y remitir las constancias necesarias a aquél, a fin de que lo resuelva". Así como la tesis del rubro y texto siguientes: "ACUMULACIÓN EN AMPARO. PROCEDE NO SÓLO CUANDO SE DEN LOS SUPUESTOS QUE LITERALMENTE ESTABLECE EL ARTÍCULO 57 DE LA LEY RELATIVA, SINO TAMBIÉN CUANDO EXISTA UNA ÍNTIMA CONEXIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. El artículo 57 de la Ley de Amparo, en sus dos fracciones, establece como supuestos indispensables para que proceda la acumulación, que se trate del mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales, los quejosos y las autoridades responsables sean distintos; sin embargo, no puede entenderse el requisito de identidad entre los actos reclamados de manera literal y estricta, sino cuando sea posible la existencia de una íntima conexión entre los actos reclamados. Es decir, que aun cuando los actos que se reclamen no sean iguales, como literalmente lo dispone el precepto en comento, si se trata de actos cuyas materias son consecuencia una de la otra, lo que pudiera determinar su íntima conexión, entonces será procedente decretar la acumulación de los juicios de garantías relativos, pues tal es el espíritu que anima a la mencionada disposición legal, al tener por objeto tanto la economía del procedimiento, como evitar la contradicción de resoluciones que se dicten por diversos juzgadores en negocios que impliquen el mismo problema jurídico". En atención a lo anterior, SE LEVANTA LA SUSPENSION DEL PROCEDIMIENTO decretada en los referidos juicios de garantías. Hágase del conocimiento de las partes la presente resolución y las anotaciones que correspondan en el libro de gobierno relativo. Por lo expuesto, fundado, con apoyo además en los artículos 72 y 73 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, se R E S U E L V E: PRIMERO. Es PROCEDENTE LA ACUMULACIÓN del juicio de amparo 1746/2015, promovido por EZEQUIEL MACIAS DURAN, GABRIEL GUTIERREZ MUÑOZ, JOSE JUAN MANUEL BARRON AVELAR, RAMON LEGASPI HUIZAR y PEDRO PEREZ MUÑOZ; al diverso 1364/2015, promovido por ALEJANDRO MACÍAS BARRÓN, MA. CONCEPCIÓN ANDRADE FRAUSTO, MA. DE JESÚS CORTÉS RODRÍGUEZ, MA. ESTHELA DURÁN PUGA, ELIDA LUNA REYNOSO, DEYANIRA DONOSO CRUZ, FABIOLA QUEZADA JÁUREGUI, LETICIA ÁVILA DONOSO, MARICELA DURÁN DURÁN, MARTHA MARÍA MUÑOZ NOLAZCO, ALEJANDRA MARTÍNEZ MERCADO, VÍCTOR MANUEL MEJÍA CORTÉS, MÓNICA LOZANO LEGASPI, EDGAR ULISES CASILLAS COCOLAN, ABDO GUILLERMO VITAL CENICEROS, ELADIO AMAYA RUIZ, MARIBEL JIMÉNEZ PALACIOS, MARGARITA DÍAZ CONTRERAS, PATRICIA DEL ROSARIO RUVALCABA VALADEZ, ANA LETICIA CAMACHO PALACIOS, ROSA KARINA GONZÁLEZ, MA. DOLORES FLORES PUGA, ALEJANDRINA CASTILLO RODRÍGUEZ, HEIDI YESENIA FERNÁNDEZ ROSALES, MA. CRISTINA MARTÍNEZ ESCOBEDO, NAYELY LECHUGA REYES, JAQUELINE DÁVILA CONTRERAS, CRISTINA YESENIA JIMÉNEZ CAMARILLO, MA. DE JESÚS SÁNCHEZ DÁVILA, SILVIA SALAS LÓPEZ, ABEL ZACARÍAS HURTADO, ZOILA TISCAREÑO HERNÁNDEZ, MA. DE LA LUZ DÁVILA GUAJARDO, SONIA VERÓNICA MÁRQUEZ CASTILLO, ALICIA MARTÍNEZ FLORES, RAÚL PÉREZ BOCANEGRA, REGINA DÁVILA CONTRERAS, MARÍA ELENA ORTIZ SOSA, LORENA BENAVIDES CASTRO, ANAHÍT SILVA OLVERA, BERTHA ALICIA ZAMBRANO RIVAS, LUIS ANTONIO SILVA MONTOYA, MA. GUADALUPE JIMÉNEZ CAMARILLO, PATRICIA MAURICIO ZAMAGO, ADRIANA OVALLE RODRÍGUEZ, MIRIAM ESTELA ESPINOSA y ARTURO CATAÑO ZACARIAS, los dos del índice de este Juzgado de Distrito. SEGUNDO. Se ordena levantar la suspensión del procedimiento decretada en los citados juicios. NOTIFIQUESE MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y PERSONALMENTE A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario en funciones de Juez de Distrito del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de dicha comisión, ante el licenciado Javier Gutiérrez Zúñiga, Secretario que autoriza.- DOY FE. Sonia
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DICTADO EN FECHA DIECISÉIS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c), DE LA LEY DE AMPARO: En Zacatecas, Zacatecas, siendo las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DIECISÉIS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS, encontrándose presente el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario en funciones de Juez de Distrito del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de dicha comisión, ante el licenciado Javier Gutiérrez Zúñiga, Secretario que autoriza y da fe, procede a celebrar LA AUDIENCIA DE ACUMULACIÓN a que se refieren los artículos 72 y 73 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, a fin de resolver sobre la acumulación del juicio de amparo 1746/2015, al diverso 1364/2015, ambos del índice de este Juzgado. A continuación se da cuenta con un escrito signado por el Director General de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, en representación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, con sede en México, Distrito Federal, registrado con el número 3149, mediante el cual rinde su informe justificado. A lo que el Secretario en funciones de Juez acuerda: Téngase por recibido el mencionado escrito y resérvese acordar lo conducente, hasta que sea levantada la suspensión del procedimiento. Declarada abierta la audiencia sin la asistencia de las partes, la Secretaria hace relación de los autos y da cuenta con el juicio de amparo 1746/2015, promovido por EZEQUIEL MACIAS DURAN, GABRIEL GUTIERREZ MUÑOZ, JOSE JUAN MANUEL BARRON AVELAR, RAMON LEGASPI HUIZAR y PEDRO PEREZ MUÑOZ, ante este propio Juzgado de Distrito, Abierto el período probatorio, la Secretaria hace constar que ninguna de las partes ofreció prueba alguna. En la etapa de alegatos, se hace constar que ninguna de las partes los formuló, ni obra pedimento del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado Federal. Enseguida, se procede a emitir la resolución siguiente: VISTOS los autos para resolver la acumulación del juicio de amparo 1746/2015, al diverso 1364/2015, ambos del índice de este juzgado, promovidos respectivamente por EZEQUIEL MACIAS DURAN, GABRIEL GUTIERREZ MUÑOZ, JOSE JUAN MANUEL BARRON AVELAR, RAMON LEGASPI HUIZAR y PEDRO PEREZ MUÑOZ, contra actos del INSTITUTO NACIONAL PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN, COORDINACIÓN NACIONAL DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE, AMBAS CON RESIDENCIA EN MÉXICO, DISTRITO FEDERAL; SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE ZACATECAS Y SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE ZACATECAS, AMBOS CON SEDE EN ESTA CIUDAD. RESULTANDO: PRIMERO. En proveído de veintinueve de enero de dos mil dieciséis, se inició el trámite relativo a la acumulación del citado juicio de amparo 1746/2015, al diverso 1364/2015, promovido respectivamente por EZEQUIEL MACIAS DURAN, GABRIEL GUTIERREZ MUÑOZ, JOSE JUAN MANUEL BARRON AVELAR, RAMON LEGASPI HUIZAR y PEDRO PEREZ MUÑOZ, por considerarla procedente, en razón de que los dos juicios se promueven contra las mismas autoridades responsable INSTITUTO NACIONAL PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN, COORDINACIÓN NACIONAL DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE, AMBAS CON RESIDENCIA EN MÉXICO, DISTRITO FEDERAL; SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE ZACATECAS Y SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE ZACATECAS, AMBOS CON SEDE EN ESTA CIUDAD, y en ambos se reclama: Respecto del expediente 1746/2015 así como del 1364/2015 se desprende como acto reclamado: La orden de subir a la plataforma del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, las evidencias del proceso o ciclo escolar 2014-2015, así como la orden verbal de sujetarse a la aplicación de la evaluación que prevén los artículo 52, 53, 68, 69 y demás relativos a la Ley del Servicio Profesional Docente; así como los diversos 1, 3, 14, 25 y demás relativos a la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Asimismo, en el citado acuerdo se ordenó proveer lo conducente en el diverso juicio 1364/2015, del índice de este Tribunal Federal, lo que se hizo en proveído de veintinueve de enero de dos mil dieciséis, decretando la suspensión del procedimiento; y en el juicio de amparo en que se actúa, se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia de acumulación, la que inició al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO PRIMERO. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en esta ciudad, tiene competencia legal para resolver el presente incidente de acumulación, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 72 y 73 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. SEGUNDO. Previamente conviene puntualizar que no pasa inadvertido para este resolutor, que la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, no contempla la institución de la acumulación en el procedimiento de amparo; empero, ello en modo alguno implica un obstáculo legal para llevar a cabo dicho procedimiento y; por ende, que no pueda aplicarse supletoriamente la legislación correspondiente, en razón de que al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido diversos criterios jurisprudenciales, en los cuales ha normado que no constituye un requisito sine qua non, que la ley a suplir contemple expresamente la institución a suplir y que no esté reglamentada. En efecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado la posibilidad de que la aplicación supletoria de un ordenamiento legal proceda no sólo respecto de instituciones contempladas en la ley a suplir, que no estén reglamentadas, o bien, las regule en forma deficiente, sino también en el caso de cuestiones jurídicas no establecidas en tal ley, a condición de que sea indispensable para el juzgador acudir a tal supletoriedad para solucionar el conflicto que se le plantea y de que no esté en contradicción con el conjunto de normas cuyas lagunas debe llenar, sino que sea congruente con los principios contenidos en las mismas. Así, los requisitos establecidos para dicha supletoriedad, los sintetiza como se indica en los apartados siguientes: a) Que el ordenamiento legal a suplir establezca expresamente esa posibilidad (la de supletoriedad), indicando la ley o normas que pueden aplicarse supletoriamente. b) Que la ley a suplir no contemple la institución o las cuestiones jurídicas que se pretende aplicar supletoriamente, o aun estableciéndolas, no las desarrolle o las regule de manera deficiente. c) Que esa omisión o vacío legislativo, haga necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar la controversia o el problema jurídico planteado, sin que sea válido atender a cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo intención de establecer en la ley a suplir. d) Que las normas aplicables supletoriamente no contraríen el ordenamiento legal a suplir, sino que sean congruentes con sus principios y con las bases que rigen de manera específica la institución o cuestión jurídica de que se trate. Conforme a lo anterior, válidamente puede concluirse que constituye criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el considerar que la supletoriedad es una figura necesaria para integrar una omisión de la ley o para interpretar sus disposiciones conjuntamente con otras normas o principios contenidos en otros ordenamientos y para que opere, no es absolutamente necesario que la institución o cuestión jurídica que pretende aplicarse supletoriamente esté contemplada en la ley a ser suplida, pero sí deben reunirse los demás requisitos establecidos en la Jurisprudencia antes invocada, para la aplicación supletoria de normas. Las anteriores consideraciones, se encuentran contenidas en la Jurisprudencia, cuyo contenido y texto son el siguiente: "SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES. REQUISITOS PARA QUE OPERE. La aplicación supletoria de una ley respecto de otra procede para integrar una omisión en la ley o para interpretar sus disposiciones y que se integren con otras normas o principios generales contenidos en otras leyes. Así, para que opere la supletoriedad es necesario que: a) El ordenamiento legal a suplir establezca expresamente esa posibilidad, indicando la ley o normas que pueden aplicarse supletoriamente, o que un ordenamiento establezca que aplica, total o parcialmente, de manera supletoria a otros ordenamientos; b) La ley a suplir no contemple la institución o las cuestiones jurídicas que pretenden aplicarse supletoriamente o, aun estableciéndolas, no las desarrolle o las regule deficientemente; c) Esa omisión o vacío legislativo haga necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar la controversia o el problema jurídico planteado, sin que sea válido atender a cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo intención de establecer en la ley a suplir; y, d) Las normas aplicables supletoriamente no contraríen el ordenamiento legal a suplir, sino que sean congruentes con sus principios y con las bases que rigen específicamente la institución de que se trate." En este orden de ideas, debe convenirse en que el artículo 2 de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, actualiza el requisito contemplado en el inciso b), en la medida en que dispone que a falta de disposición expresa, se aplicará en forma supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles. Asimismo, el requisito contemplado en el inciso b), se actualiza en razón de que la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, no contempla la acumulación, mientras que la legislación aplicable de manera supletoria a la ley de la materia, a saber, el Código Federal de Procedimientos Civiles, sí prevé esa institución, en sus artículos 72 y 73. De igual forma, resulta incuestionable que en el presente asunto, se está en presencia de demandas de amparo en las que se reclaman actos que guardan estrecha conexidad, lo que implica la necesidad de determinar si resulta conveniente dichos juicios de amparo eventualmente se resuelvan en una misma sentencia, para así otorgar una mayor certeza jurídica a los quejosos, en la medida en que en una misma resolución se analizará el mismo acto que atribuyen de manera coincidente a la misma autoridad y derivado del mismo procedimiento; así como las cuestiones jurídicas planteadas y que estiman trasgreden sus derecho fundamentales; además de evitar con ello el pronunciamiento de resoluciones contradictorias; sin soslayar que además se optimizan el uso de los recursos materiales y humanos que corresponden al Poder Judicial de la Federación, particularmente en la administración de la justicia. Sin soslayar que la circunstancia de que en la nueva Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, a diferencia de la ley abrogada, el legislador no haya contemplado expresamente la institución de la acumulación, pues como se señaló en párrafos antepuestos, pues esa omisión o vacío legislativo, en modo alguno implica la proscripción de dicha institución del procedimiento de amparo, ya que basta la lectura íntegra del proceso legislativo de la nueva ley de la materia, para apreciar que no existe consideración alguna que permita concluir, que fue voluntad expresa e insoslayable del legislador, expulsar la acumulación del procedimiento en comento; máxime que como se ha venido explicando y como se señalará más adelante, la utilización de dicha figura está regulada en el ordenamiento aplicable de forma supletoria a la Ley de Amparo, además de que su aplicación se encuentra en armonía con la tutela jurisdiccional efectiva (particularmente una justicia pronta y expedita), así como los principios de economía y concentración procesal que rigen la materia, cuyos principios y derechos son ponderados por el legislador secundario en un Estado democrático y social de Derecho, consecuentemente, surge la necesidad de colmar esa omisión o vacío legislativo. Por ello, es que se considera que en la especie se actualizan las hipótesis reguladas en el inciso c). En el mismo orden de ideas, también se actualizan los requisitos contemplados en el inciso d), dado que resulta incuestionable que el juicio de amparo se rige por diversos principios, entre ellos, el de concentración y economía procesal, aspectos que conforman el denominado derecho fundamental de tutela jurisdiccional efectiva (particularmente una justicia pronta y expedita), consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuya observancia es un imperativo para las autoridades jurisdiccionales del Estado Mexicano, como al efecto lo constituye este órgano de control constitucional; de ahí que se afirme que la aplicación de la institución de la acumulación en el asunto de nuestra atención, se encuentra en armonía con los principios que rigen el juicio de amparo y por supuesto, con los derechos fundamentales que asisten a los justiciables en todo procedimiento de legalidad o constitucionalidad. En ese tenor, se considera que a pesar de que la Ley de Amparo vigente no contempla la figura de la acumulación, en la especie resulta factible la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles, a efecto de acumular los juicios de amparo de que se trata, máxime que ello redundará indefectiblemente en la observancia al derecho a la tutela jurisdiccional efectiva (particularmente una justicia pronta y expedita), consagrada en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los principios de concentración y economía procesal y por supuesto, a la optimización de los recurso materiales y humanos del Poder Judicial de la Federación. Cabe precisar, que las consideraciones establecidas en los párrafos antepuestos, se contienen sustancialmente en las siguientes consideraciones de la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que son del tenor literal siguiente: El primer tema abordado en esta contradicción de tesis fue el relativo a si es posible aplicar supletoriamente una institución que no está específicamente prevista en la ley a suplir, pero sí en el ordenamiento supletorio. Esta Sala concluyó que sí es posible, con base en los siguientes argumentos: En relación con la aplicación supletoria de normas, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en diversos criterios jurisprudenciales y aislados sostuvo que tal supletoriedad sólo opera tratándose de omisiones o vacíos legislativos, al tenor de las tesis cuyos textos y datos de identificación, son del tenor siguiente: "LEYES. APLICACIÓN SUPLETORIA. Para que un ordenamiento legal pueda ser aplicado supletoriamente, es necesario que en principio exista establecida la institución cuya reglamentación se trata de completar por medio de esa aplicación supletoria." (Tesis sin número, de la otrora Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 42 del Tomo XXVII-Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época). "SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES PROCESALES. PRINCIPIOS QUE LA RIGEN. La aplicación de las leyes supletorias sólo tienen lugar en aquellas cuestiones procesales que, comprendidas en la ley que suplen, se encuentren carentes de reglamentación o deficientemente reglamentadas. (Tesis sin número del Pleno de este Alto Tribunal, consultable en la página 157 del Tomo 121-126 Primera Parte del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época). SUPLETORIEDAD DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES A LA LEY DE AMPARO. REQUISITOS. Dos son los requisitos necesarios para poder aplicar como ley supletoria de la de Amparo, el Código Federal de Procedimientos Civiles: a) Que la Ley de Amparo contemple la institución respecto de la cual se pretenda la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles, y b) Que la institución comprendida en la Ley de Amparo no tenga reglamentación o bien, que conteniéndola sea deficiente". (Tesis sin número del Pleno de este Alto Tribunal, consultable en la página 157 del Tomo 121-126 Primera Parte del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época). Estas tesis refieren que la aplicación supletoria de normas opera sólo cuando la Ley a suplir prevé la institución o la cuestión procesal que se pretende complementar, pero la regula de manera deficiente o no la desarrolla. Sin embargo, el anterior criterio fue ampliado al establecerse la posibilidad de que la aplicación supletoria de un ordenamiento legal proceda no sólo respecto de instituciones contempladas en la ley a suplir, que no estén reglamentadas, o bien, las regule en forma deficiente, sino también en el caso de cuestiones jurídicas no establecidas en tal ley, a condición de que, sea indispensable para el juzgador acudir a tal supletoriedad para solucionar el conflicto que se le plantea y de que no esté en contradicción con el conjunto de normas cuyas lagunas debe llenar, sino que sea congruente con los principios contenidos en las mismas . En estas condiciones, los requisitos que deben satisfacerse para estimar procedente la aplicación supletoria de normas, son los siguientes: a) Que el ordenamiento legal a suplir establezca expresamente esa posibilidad, indicando la ley o normas que pueden aplicarse supletoriamente. b) Que la ley a suplir no contemple la institución o las cuestiones jurídicas que se pretende aplicar supletoriamente, o aun estableciéndolas, no las desarrolle o las regule de manera deficiente. c) Que esa omisión o vacío legislativo haga necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar la controversia o el problema jurídico planteado, sin que sea válido atender a cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo intención de establecer en la ley a suplir. d) Que las normas aplicables supletoriamente no contraríen el ordenamiento legal a suplir, sino que sean congruentes con sus principios y con las bases que rigen de manera específica la institución o cuestión jurídica de que se trate. . Entonces, se advierte que es criterio de esta Segunda Sala el considerar que la supletoriedad es una figura necesaria para integrar una omisión de la ley o para interpretar sus disposiciones conjuntamente con otras normas o principios contenidos en otros ordenamientos. Para que opere, no es absolutamente necesario que la institución o cuestión jurídica que pretende aplicarse supletoriamente esté contemplada en la ley a ser suplida, pero sí deben reunirse los demás requisitos sentados por esta Segunda Sala para la aplicación supletoria de normas. . Consecuentemente, es infundado el argumento de la parte quejosa, en el sentido de que, para que aplique la supletoriedad, es necesario que la ley contemple la institución jurídica a suplir. ." Establecido lo anterior, procede analizar si en la especie procede la acumulación a que se refieren los artículos 72 y 73 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, por lo que al efecto, debe decirse que de la lectura íntegra de las demandas de amparo con que se formaron los juicios de amparo que ahora nos ocupan, se obtiene que en los dos asuntos se reclama el mismo acto consistente la falta de notificación o ilegal notificación seguida del procedimiento administrativo fuera de contexto legal para sujetarse del procedimiento de evaluación; asimismo, en ambos casos figuran como autoridades responsables INSTITUTO NACIONAL PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN, COORDINACIÓN NACIONAL DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE, AMBAS CON RESIDENCIA EN MÉXICO, DISTRITO FEDERAL; SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE ZACATECAS Y SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE ZACATECAS, AMBOS CON SEDE EN ESTA CIUDAD. De lo expuesto deriva, que se está en el supuesto previsto en los preceptos invocados, para admitir la supletoriedad de los artículos 72 y 73 del Código Federal de Procedimientos Civiles a la nueva Ley de Amparo, en lo relativo a la procedencia de la acumulación de juicios, por lo que se considera que los medios de control constitucional que se promueven, deben resolverse conjuntamente, con la finalidad de observar el derecho a una tutela jurisdiccional efectiva consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los principios de concentración y economía procesal, además del aprovechamiento del conocimiento previo de los asuntos, de evitar el dictado de sentencias contradictorias y la optimización de los recursos materiales y humanos del Poder Judicial de la Federación. Bajo esa premisa, se consideras que en el caso concreto se actualiza el supuesto contenido en el referido artículo 72, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dado que los dos juicios de amparo de que se trata versa el mismo acto reclamado y fueron promovidos contra las mismas autoridades, a saber la INSTITUTO NACIONAL PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN, COORDINACIÓN NACIONAL DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE, AMBAS CON RESIDENCIA EN MÉXICO, DISTRITO FEDERAL; SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE ZACATECAS Y SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE ZACATECAS, AMBOS CON SEDE EN ESTA CIUDAD, y por los mismos actos reclamados. En esa tesitura, no se advierte que exista impedimento alguno para la acumulación de los juicios en comento; habida cuenta que se dan las condiciones para satisfacer la hipótesis del artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que se traduce en el principio de economía procesal. En ese sentido, conforme a lo dispuesto por el artículo 72 del invocado ordenamiento, el juicio más reciente se acumulará al más antiguo; por tanto, lo que procede es que el juicio de garantías 1746/2015, se acumule al diverso expediente de amparo 1364/2015, por ser éste el que se inició en primer término, toda vez que la demanda que le dio origen, fue presentada el catorce de agosto de dos mil quince; en tanto que la demanda con que se inició aquél, se presentó el catorce de septiembre de dos mil quince, según se advierte del respectivo sello de recepción que obra estampado en sendos libelos constitucionales, por actualizarse el supuesto previsto en el artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Tiene apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia del epígrafe y contenido siguientes: ACUMULACIÓN EN AMPARO. SE PODRÁ DECRETAR DE OFICIO CUANDO SE TRATE DE JUICIOS EN TRÁMITE ANTE UN MISMO JUZGADO DE DISTRITO, PUES EN EL CASO DE LOS TRAMITADOS ANTE JUZGADOS DISTINTOS, SÓLO PROCEDERÁ A INSTANCIA DE PARTE. De la interpretación de los artículos 57 a 60 de la Ley de Amparo se advierte que en los juicios de garantías que se encuentren en trámite ante los Jueces de Distrito podrá decretarse su acumulación, a instancia de parte o de oficio, en los casos que señala la ley; que será competente para conocer de la acumulación, así como de los juicios acumulados, el Juez que hubiere prevenido, y que el más reciente se acumulará al más antiguo; que la acumulación podrá decretarse tanto respecto de los juicios de amparo que se sigan ante un mismo juzgado, como de los que se sigan ante juzgados diferentes; y que es potestativo para los Jueces decretarla o no. Ahora bien, como la facultad de decretar la acumulación de oficio se ejerce unilateralmente, con potestad plena y sin tramitación alguna, no es factible que un Juez de Distrito pueda hacerlo respecto de juicios que se sigan ante otro Juez, porque en esta hipótesis la acumulación ya no sería de oficio, sino mediante la necesaria concurrencia de dos voluntades, una que inicia el trámite sin poder vinculante y otra que accede a la acumulación y que no obraría por impulso propio ni a instancia de parte; luego, no es posible que, de oficio, un Juez de Distrito le ordene a otro que esté conociendo de otros juicios de amparo, que le envíe los autos, porque este último está en libertad de negarse a hacerlo por virtud de la facultad discrecional de que goza. En consecuencia, la acumulación de oficio sólo puede ejercerse respecto de los juicios de amparo que se tramitan ante un mismo juzgado, mientras que la acumulación a instancia de parte podrá promoverse ante cualquiera de los Jueces que estén conociendo de los juicios relacionados; sin embargo, en caso de que el que reciba la solicitud advierta de las constancias de autos que otro previno, conforme al sello fechador impreso en las demandas por la oficialía respectiva, deberá declararse legalmente incompetente para conocer del incidente de acumulación y remitir las constancias necesarias a aquél, a fin de que lo resuelva. Así como la tesis del rubro y texto siguientes: ACUMULACIÓN EN AMPARO. PROCEDE NO SÓLO CUANDO SE DEN LOS SUPUESTOS QUE LITERALMENTE ESTABLECE EL ARTÍCULO 57 DE LA LEY RELATIVA, SINO TAMBIÉN CUANDO EXISTA UNA ÍNTIMA CONEXIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. El artículo 57 de la Ley de Amparo, en sus dos fracciones, establece como supuestos indispensables para que proceda la acumulación, que se trate del mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales, los quejosos y las autoridades responsables sean distintos; sin embargo, no puede entenderse el requisito de identidad entre los actos reclamados de manera literal y estricta, sino cuando sea posible la existencia de una íntima conexión entre los actos reclamados. Es decir, que aun cuando los actos que se reclamen no sean iguales, como literalmente lo dispone el precepto en comento, si se trata de actos cuyas materias son consecuencia una de la otra, lo que pudiera determinar su íntima conexión, entonces será procedente decretar la acumulación de los juicios de garantías relativos, pues tal es el espíritu que anima a la mencionada disposición legal, al tener por objeto tanto la economía del procedimiento, como evitar la contradicción de resoluciones que se dicten por diversos juzgadores en negocios que impliquen el mismo problema jurídico". En atención a lo anterior, SE LEVANTA LA SUSPENSION DEL PROCEDIMIENTO decretada en los referidos juicios de garantías. Hágase del conocimiento de las partes la presente resolución y las anotaciones que correspondan en el libro de gobierno relativo. Por lo expuesto, fundado, con apoyo además en los artículos 72 y 73 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, se RESUELVE: PRIMERO. Es PROCEDENTE LA ACUMULACIÓN del juicio de amparo 1746/2015, promovido por EZEQUIEL MACIAS DURAN, GABRIEL GUTIERREZ MUÑOZ, JOSE JUAN MANUEL BARRON AVELAR, RAMON LEGASPI HUIZAR y PEDRO PEREZ MUÑOZ; al diverso 1364/2015, promovido por ALEJANDRO MACÍAS BARRÓN, MA. CONCEPCIÓN ANDRADE FRAUSTO, MA. DE JESÚS CORTÉS RODRÍGUEZ, MA. ESTHELA DURÁN PUGA, ELIDA LUNA REYNOSO, DEYANIRA DONOSO CRUZ, FABIOLA QUEZADA JÁUREGUI, LETICIA ÁVILA DONOSO, MARICELA DURÁN DURÁN, MARTHA MARÍA MUÑOZ NOLAZCO, ALEJANDRA MARTÍNEZ MERCADO, VÍCTOR MANUEL MEJÍA CORTÉS, MÓNICA LOZANO LEGASPI, EDGAR ULISES CASILLAS COCOLAN, ABDO GUILLERMO VITAL CENICEROS, ELADIO AMAYA RUIZ, MARIBEL JIMÉNEZ PALACIOS, MARGARITA DÍAZ CONTRERAS, PATRICIA DEL ROSARIO RUVALCABA VALADEZ, ANA LETICIA CAMACHO PALACIOS, ROSA KARINA GONZÁLEZ, MA. DOLORES FLORES PUGA, ALEJANDRINA CASTILLO RODRÍGUEZ, HEIDI YESENIA FERNÁNDEZ ROSALES, MA. CRISTINA MARTÍNEZ ESCOBEDO, NAYELY LECHUGA REYES, JAQUELINE DÁVILA CONTRERAS, CRISTINA YESENIA JIMÉNEZ CAMARILLO, MA. DE JESÚS SÁNCHEZ DÁVILA, SILVIA SALAS LÓPEZ, ABEL ZACARÍAS HURTADO, ZOILA TISCAREÑO HERNÁNDEZ, MA. DE LA LUZ DÁVILA GUAJARDO, SONIA VERÓNICA MÁRQUEZ CASTILLO, ALICIA MARTÍNEZ FLORES, RAÚL PÉREZ BOCANEGRA, REGINA DÁVILA CONTRERAS, MARÍA ELENA ORTIZ SOSA, LORENA BENAVIDES CASTRO, ANAHÍT SILVA OLVERA, BERTHA ALICIA ZAMBRANO RIVAS, LUIS ANTONIO SILVA MONTOYA, MA. GUADALUPE JIMÉNEZ CAMARILLO, PATRICIA MAURICIO ZAMAGO, ADRIANA OVALLE RODRÍGUEZ, MIRIAM ESTELA ESPINOSA y ARTURO CATAÑO ZACARIAS, los dos del índice de este Juzgado de Distrito. SEGUNDO. Se ordena levantar la suspensión del procedimiento decretada en los citados juicios. NOTIFIQUESE MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y PERSONALMENTE A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario en funciones de Juez de Distrito del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de dicha comisión, ante el licenciado Javier Gutiérrez Zúñiga, Secretario que autoriza.- DOY FE. Sonia
- Principal
En veintinueve de enero de dos mil dieciséis, el licenciado Juan García Trejo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado C E R T I F I C A: Que revisado el libro de juicios de amparo de este Órgano Jurisdiccional, se advierte que se encuentra registrado el diverso número 1364/2015 promovido por ALEJANDRO MACÍAS BARRÓN, MA. CONCEPCIÓN ANDRADE FRAUSTO, MA. DE JESÚS CORTÉS RODRÍGUEZ, MA. ESTHELA DURÁN PUGA, ELIDA LUNA REYNOSO, DEYANIRA DONOSO CRUZ, FABIOLA QUEZADA JÁUREGUI, LETICIA ÁVILA DONOSO, MARICELA DURÁN DURÁN, MARTHA MARÍA MUÑOZ NOLAZCO, ALEJANDRA MARTÍNEZ MERCADO, VÍCTOR MANUEL MEJÍA CORTÉS, MÓNICA LOZANO LEGASPI, EDGAR ULISES CASILLAS COCOLAN, ABDO GUILLERMO VITAL CENICEROS, ELADIO AMAYA RUIZ, MARIBEL JIMÉNEZ PALACIOS, MARGARITA DÍAZ CONTRERAS, PATRICIA DEL ROSARIO RUVALCABA VALADEZ, ANA LETICIA CAMACHO PALACIOS, ROSA KARINA GONZÁLEZ, MA. DOLORES FLORES PUGA, ALEJANDRINA CASTILLO RODRÍGUEZ, HEIDI YESENIA FERNÁNDEZ ROSALES, MA. CRISTINA MARTÍNEZ ESCOBEDO, NAYELY LECHUGA REYES, JAQUELINE DÁVILA CONTRERAS, CRISTINA YESENIA JIMÉNEZ CAMARILLO, MA. DE JESÚS SÁNCHEZ DÁVILA, SILVIA SALAS LÓPEZ, ABEL ZACARÍAS HURTADO, ZOILA TISCAREÑO HERNÁNDEZ, MA. DE LA LUZ DÁVILA GUAJARDO, SONIA VERÓNICA MÁRQUEZ CASTILLO, ALICIA MARTÍNEZ FLORES, RAÚL PÉREZ BOCANEGRA, REGINA DÁVILA CONTRERAS, MARÍA ELENA ORTIZ SOSA, LORENA BENAVIDES CASTRO, ANAHÍT SILVA OLVERA, BERTHA ALICIA ZAMBRANO RIVAS, LUIS ANTONIO SILVA MONTOYA, MA. GUADALUPE JIMÉNEZ CAMARILLO, PATRICIA MAURICIO ZAMAGO, ADRIANA OVALLE RODRÍGUEZ, MIRIAM ESTELA ESPINOSA y ARTURO CATAÑO ZACARIAS, en el que se señalaron como autoridades responsables a las mismas que se encuentran señaladas en el juicio de amparo 1746/2015 promovido por EZEQUIEL MACÍAS DURÁN, GABRIEL GUTIÉRREZ MUÑOZ, JOSÉ JUAN MANUEL BARRÓN AVELAR, RAMÓN LEGASPI HUIZAR Y PEDRO PÉREZ MUÑOZ, y se señaló que el acto reclamado esencialmente se hace consistir en la orden de subir a la plataforma del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, las evidencias del proceso o ciclo escolar 2014-2015, así como la orden verbal de sujetarse a la aplicación de la evaluación que prevén los artículo 52, 53, 68, 69 y demás relativos a la Ley del Servicio Profesional Docente; así como los diversos 1, 3, 14, 25 y demás relativos a la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación; lo que se asienta para los efectos legales conducentes. DOY FE. En veintinueve de enero de dos mil dieciséis, el licenciado Juan García Trejo, da cuenta a la Secretaria encargada del despacho, con el estado que guardan los presentes autos, con el pedimento con registro 1757; así como con la razón actuarial que antecede.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintinueve de enero de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos, específicamente la certificación secretarial que antecede y pedimento presentado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Tribunal Federal, de los que se advierte que ante este propio Juzgado de Distrito se encuentra registrado número 1364/2015 promovido por ALEJANDRO MACÍAS BARRÓN, MA. CONCEPCIÓN ANDRADE FRAUSTO, MA. DE JESÚS CORTÉS RODRÍGUEZ, MA. ESTHELA DURÁN PUGA, ELIDA LUNA REYNOSO, DEYANIRA DONOSO CRUZ, FABIOLA QUEZADA JÁUREGUI, LETICIA ÁVILA DONOSO, MARICELA DURÁN DURÁN, MARTHA MARÍA MUÑOZ NOLAZCO, ALEJANDRA MARTÍNEZ MERCADO, VÍCTOR MANUEL MEJÍA CORTÉS, MÓNICA LOZANO LEGASPI, EDGAR ULISES CASILLAS COCOLAN, ABDO GUILLERMO VITAL CENICEROS, ELADIO AMAYA RUIZ, MARIBEL JIMÉNEZ PALACIOS, MARGARITA DÍAZ CONTRERAS, PATRICIA DEL ROSARIO RUVALCABA VALADEZ, ANA LETICIA CAMACHO PALACIOS, ROSA KARINA GONZÁLEZ, MA. DOLORES FLORES PUGA, ALEJANDRINA CASTILLO RODRÍGUEZ, HEIDI YESENIA FERNÁNDEZ ROSALES, MA. CRISTINA MARTÍNEZ ESCOBEDO, NAYELY LECHUGA REYES, JAQUELINE DÁVILA CONTRERAS, CRISTINA YESENIA JIMÉNEZ CAMARILLO, MA. DE JESÚS SÁNCHEZ DÁVILA, SILVIA SALAS LÓPEZ, ABEL ZACARÍAS HURTADO, ZOILA TISCAREÑO HERNÁNDEZ, MA. DE LA LUZ DÁVILA GUAJARDO, SONIA VERÓNICA MÁRQUEZ CASTILLO, ALICIA MARTÍNEZ FLORES, RAÚL PÉREZ BOCANEGRA, REGINA DÁVILA CONTRERAS, MARÍA ELENA ORTIZ SOSA, LORENA BENAVIDES CASTRO, ANAHÍT SILVA OLVERA, BERTHA ALICIA ZAMBRANO RIVAS, LUIS ANTONIO SILVA MONTOYA, MA. GUADALUPE JIMÉNEZ CAMARILLO, PATRICIA MAURICIO ZAMAGO, ADRIANA OVALLE RODRÍGUEZ, MIRIAM ESTELA ESPINOSA y ARTURO CATAÑO ZACARIAS, en el que se señalaron como autoridades responsables a las mismas que se encuentran señaladas en el juicio de amparo 1746/2015 promovido por EZEQUIEL MACÍAS DURÁN, GABRIEL GUTIÉRREZ MUÑOZ, JOSÉ JUAN MANUEL BARRÓN AVELAR, RAMÓN LEGASPI HUIZAR Y PEDRO PÉREZ MUÑOZ, en que se actúa, y se señaló como acto reclamado: la orden de subir a la plataforma del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, las evidencias del proceso o ciclo escolar 2014-2015, así como la orden verbal de sujetarse a la aplicación de la evaluación que prevén los artículo 52, 53, 68, 69 y demás relativos a la Ley del Servicio Profesional Docente; así como los diversos 1, 3, 14, 25 y demás relativos a la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículo 72 y 73, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, así como a los principios de concentración y economía procesal que rigen el juicio de amparo y en aras de una tutela jurisdiccional efectiva, consagrada en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, procede iniciar el trámite relativo a la acumulación del expediente en que se actúa al diverso 1364/2015, promovido por ALEJANDRO MACÍAS BARRÓN, MA. CONCEPCIÓN ANDRADE FRAUSTO, MA. DE JESÚS CORTÉS RODRÍGUEZ, MA. ESTHELA DURÁN PUGA, ELIDA LUNA REYNOSO, DEYANIRA DONOSO CRUZ, FABIOLA QUEZADA JÁUREGUI, LETICIA ÁVILA DONOSO, MARICELA DURÁN DURÁN, MARTHA MARÍA MUÑOZ NOLAZCO, ALEJANDRA MARTÍNEZ MERCADO, VÍCTOR MANUEL MEJÍA CORTÉS, MÓNICA LOZANO LEGASPI, EDGAR ULISES CASILLAS COCOLAN, ABDO GUILLERMO VITAL CENICEROS, ELADIO AMAYA RUIZ, MARIBEL JIMÉNEZ PALACIOS, MARGARITA DÍAZ CONTRERAS, PATRICIA DEL ROSARIO RUVALCABA VALADEZ, ANA LETICIA CAMACHO PALACIOS, ROSA KARINA GONZÁLEZ, MA. DOLORES FLORES PUGA, ALEJANDRINA CASTILLO RODRÍGUEZ, HEIDI YESENIA FERNÁNDEZ ROSALES, MA. CRISTINA MARTÍNEZ ESCOBEDO, NAYELY LECHUGA REYES, JAQUELINE DÁVILA CONTRERAS, CRISTINA YESENIA JIMÉNEZ CAMARILLO, MA. DE JESÚS SÁNCHEZ DÁVILA, SILVIA SALAS LÓPEZ, ABEL ZACARÍAS HURTADO, ZOILA TISCAREÑO HERNÁNDEZ, MA. DE LA LUZ DÁVILA GUAJARDO, SONIA VERÓNICA MÁRQUEZ CASTILLO, ALICIA MARTÍNEZ FLORES, RAÚL PÉREZ BOCANEGRA, REGINA DÁVILA CONTRERAS, MARÍA ELENA ORTIZ SOSA, LORENA BENAVIDES CASTRO, ANAHÍT SILVA OLVERA, BERTHA ALICIA ZAMBRANO RIVAS, LUIS ANTONIO SILVA MONTOYA, MA. GUADALUPE JIMÉNEZ CAMARILLO, PATRICIA MAURICIO ZAMAGO, ADRIANA OVALLE RODRÍGUEZ, MIRIAM ESTELA ESPINOSA y ARTURO CATAÑO ZACARIAS, dada la conexidad que existe entre dichos juicios de amparo, al reclamarse el mismo acto reclamado y emitido por las mismas autoridades señaladas como responsables; además, con el objeto de que se resuelvan en una sola audiencia, toda vez que, si bien son promovidos por diversos quejosos, existe coincidencia entre ellos, respecto de los actos reclamados y autoridades responsables. Para explicar esta determinación, en principio cabe puntualizar que no escapa a la atención de quien esto resuelve, que la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, no contempla precisamente la institución de la acumulación en el procedimiento de amparo, empero, ello en modo alguno implica su proscripción de dicho procedimiento y por ende, que no pueda aplicarse supletoriamente la legislación correspondiente, en la medida en que al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido diversos criterios jurisprudenciales, en los cuales ha normado que no constituye un requisito sine qua non, que la ley a suplir contemple expresamente la institución a suplir y que no esté reglamentada. En efecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado la posibilidad de que la aplicación supletoria de un ordenamiento legal proceda no sólo respecto de instituciones contempladas en la ley a suplir, que no estén reglamentadas, o bien, las regule en forma deficiente, sino también en el caso de cuestiones jurídicas no establecidas en tal ley, a condición de que sea indispensable para el juzgador acudir a tal supletoriedad para solucionar el conflicto que se le plantea y de que no esté en contradicción con el conjunto de normas cuyas lagunas debe llenar, sino que sea congruente con los principios contenidos en las mismas. Así, los requisitos establecidos para dicha supletoriedad, los sintetiza en los siguientes: a) Que el ordenamiento legal a suplir establezca expresamente esa posibilidad (la de supletoriedad), indicando la ley o normas que pueden aplicarse supletoriamente. b) Que la ley a suplir no contemple la institución o las cuestiones jurídicas que se pretende aplicar supletoriamente, o aun estableciéndolas, no las desarrolle o las regule de manera deficiente. c) Que esa omisión o vacío legislativo, haga necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar la controversia o el problema jurídico planteado, sin que sea válido atender a cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo intención de establecer en la ley a suplir. d) Que las normas aplicables supletoriamente no contraríen el ordenamiento legal a suplir, sino que sean congruentes con sus principios y con las bases que rigen de manera específica la institución o cuestión jurídica de que se trate. Por tanto, válidamente puede concluirse que constituye criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el considerar que la supletoriedad es una figura necesaria para integrar una omisión de la ley o para interpretar sus disposiciones conjuntamente con otras normas o principios contenidos en otros ordenamientos y para que opere, no es absolutamente necesario que la institución o cuestión jurídica que pretende aplicarse supletoriamente esté contemplada en la ley a ser suplida, pero sí deben reunirse los demás requisitos sentados por la jurisprudencia de la Segunda Sala para la aplicación supletoria de normas. Las anteriores consideraciones, se encuentran contenidas en la Jurisprudencia, cuyo contenido y texto son el siguiente: "SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES. REQUISITOS PARA QUE OPERE. La aplicación supletoria de una ley respecto de otra procede para integrar una omisión en la ley o para interpretar sus disposiciones y que se integren con otras normas o principios generales contenidos en otras leyes. Así, para que opere la supletoriedad es necesario que: a) El ordenamiento legal a suplir establezca expresamente esa posibilidad, indicando la ley o normas que pueden aplicarse supletoriamente, o que un ordenamiento establezca que aplica, total o parcialmente, de manera supletoria a otros ordenamientos; b) La ley a suplir no contemple la institución o las cuestiones jurídicas que pretenden aplicarse supletoriamente o, aun estableciéndolas, no las desarrolle o las regule deficientemente; c) Esa omisión o vacío legislativo haga necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar la controversia o el problema jurídico planteado, sin que sea válido atender a cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo intención de establecer en la ley a suplir; y, d) Las normas aplicables supletoriamente no contraríen el ordenamiento legal a suplir, sino que sean congruentes con sus principios y con las bases que rigen específicamente la institución de que se trate." En este orden de ideas, resulta incuestionable que el artículo 2 de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, actualiza el requisito contemplado en el inciso b), en la medida en que dispone que a falta de disposición expresa, se aplicará en forma supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles. Asimismo, el requisito contemplado en el inciso b), se actualiza en virtud de que la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, no contempla la acumulación, mientras que la legislación aplicable de manera supletoria a la ley de la materia, a saber, el Código Federal de Procedimientos Civiles, sí prevé esa institución, en sus artículos 72 y 73. De igual forma, resulta incuestionable que en el asunto de nuestra atención, estamos ante la presencia de demandas de amparo en las que se reclaman actos con íntima conexidad, lo cual implica la necesidad de determinar si dichos juicios de amparo eventualmente pueden resolverse en una misma sentencia, para así otorgar una mayor certeza jurídica a los quejosos, en la medida en que en una misma resolución se analizará aquel acto que atribuyen de manera coincidente a la misma autoridad y derivado del mismo procedimiento, las cuestiones jurídicas planteadas y que estiman trasgreden sus derecho fundamentales, además de reducir con ello el margen del pronunciamiento de resoluciones contradictorias en mayor o menor medida, sin soslayar, que además se optimizan el uso de los recursos materiales y humanos que conforman el Poder Judicial de la Federación, particularmente en la administración de la justicia. Sin soslayar que la circunstancia de que en la nueva Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, a diferencia de la ley abrogada, el legislador no haya contemplado expresamente la institución de la acumulación, pues como se señaló en párrafos antepuestos, pues esa omisión o vacío legislativo, en modo alguno implica la proscripción de dicha institución del procedimiento de amparo, ya que basta la lectura íntegra del proceso legislativo de la nueva ley de la materia, para apreciar que no existe consideración alguna que permita concluir, que fue voluntad expresa e insoslayable del legislador, expulsar la acumulación del procedimiento en comento; máxime que como se ha venido explicando y como se señalará más adelante, la utilización de dicha figura está regulada en el ordenamiento aplicable de forma supletoria a la Ley de Amparo, además de que su aplicación se encuentra en armonía con la tutela jurisdiccional efectiva (particularmente una justicia pronta y expedita), así como los principios de economía y concentración procesal que rigen la materia, cuyos principios y derechos son ponderados por el legislador secundario en un Estado democrático y social de Derecho, consecuentemente, surge la necesidad de colmar esa omisión o vacío legislativo. Por ello, es que se estime que en la especie se actualizan las hipótesis reguladas en el inciso c). En el mismo orden de ideas, se estima que también se actualizan los requisitos contemplados en el inciso d), dado que resulta incuestionable que el juicio de amparo se rige por diversos principios, entre ellos, el de concentración y economía procesal, aspectos que conforman el denominado derecho fundamental de tutela jurisdiccional efectiva (particularmente una justicia pronta y expedita), consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuya observancia es un imperativo para las autoridades jurisdiccionales del Estado Mexicano, como al efecto lo constituye este órgano de control constitucional; de ahí que se afirme que la aplicación de la institución de la acumulación en el asunto de nuestra atención, se encuentra en armonía con los principios que rigen el juicio de amparo y por supuesto, con los derechos fundamentales que asisten a los justiciables en todo procedimiento de legalidad o constitucionalidad. Por todo lo expuesto, es que se estima que no obstante que la Ley de Amparo vigente no contempla la figura de la acumulación, en la especie resulta factible la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles, a efecto de acumular los juicios de amparo de que se trata, máxime que ello redundará indefectiblemente en la observancia al derecho a la tutela jurisdiccional efectiva (particularmente una justicia pronta y expedita), consagrada en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los principios de concentración y economía procesal y por supuesto, a la optimización de los recurso materiales y humanos del Poder Judicial de la Federación. Cabe precisar, que las consideraciones establecidas en los párrafos antepuestos, se contienen sustancialmente en las siguientes consideraciones de la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que son del tenor literal siguiente: ". El primer tema abordado en esta contradicción de tesis fue el relativo a si es posible aplicar supletoriamente una institución que no está específicamente prevista en la ley a suplir, pero sí en el ordenamiento supletorio. Esta Sala concluyó que sí es posible, con base en los siguientes argumentos: En relación con la aplicación supletoria de normas, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en diversos criterios jurisprudenciales y aislados sostuvo que tal supletoriedad sólo opera tratándose de omisiones o vacíos legislativos, al tenor de las tesis cuyos textos y datos de identificación, son del tenor siguiente: "LEYES. APLICACIÓN SUPLETORIA. Para que un ordenamiento legal pueda ser aplicado supletoriamente, es necesario que en principio exista establecida la institución cuya reglamentación se trata de completar por medio de esa aplicación supletoria." (Tesis sin número, de la otrora Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 42 del Tomo XXVII-Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época). "SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES PROCESALES. PRINCIPIOS QUE LA RIGEN. La aplicación de las leyes supletorias sólo tienen lugar en aquellas cuestiones procesales que, comprendidas en la ley que suplen, se encuentren carentes de reglamentación o deficientemente reglamentadas". (Tesis sin número del Pleno de este Alto Tribunal, consultable en la página 157 del Tomo 121-126 Primera Parte del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época). "SUPLETORIEDAD DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES A LA LEY DE AMPARO. REQUISITOS. Dos son los requisitos necesarios para poder aplicar como ley supletoria de la de Amparo, el Código Federal de Procedimientos Civiles: a) Que la Ley de Amparo contemple la institución respecto de la cual se pretenda la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles, y b) Que la institución comprendida en la Ley de Amparo no tenga reglamentación o bien, que conteniéndola sea deficiente". (Tesis sin número del Pleno de este Alto Tribunal, consultable en la página 157 del Tomo 121-126 Primera Parte del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época). Estas tesis refieren que la aplicación supletoria de normas opera sólo cuando la Ley a suplir prevé la institución o la cuestión procesal que se pretende complementar, pero la regula de manera deficiente o no la desarrolla. Sin embargo, el anterior criterio fue ampliado al establecerse la posibilidad de que la aplicación supletoria de un ordenamiento legal proceda no sólo respecto de instituciones contempladas en la ley a suplir, que no estén reglamentadas, o bien, las regule en forma deficiente, sino también en el caso de cuestiones jurídicas no establecidas en tal ley, a condición de que, sea indispensable para el juzgador acudir a tal supletoriedad para solucionar el conflicto que se le plantea y de que no esté en contradicción con el conjunto de normas cuyas lagunas debe llenar, sino que sea congruente con los principios contenidos en las mismas . En estas condiciones, los requisitos que deben satisfacerse para estimar procedente la aplicación supletoria de normas, son los siguientes: a) Que el ordenamiento legal a suplir establezca expresamente esa posibilidad, indicando la ley o normas que pueden aplicarse supletoriamente. b) Que la ley a suplir no contemple la institución o las cuestiones jurídicas que se pretende aplicar supletoriamente, o aun estableciéndolas, no las desarrolle o las regule de manera deficiente. c) Que esa omisión o vacío legislativo haga necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar la controversia o el problema jurídico planteado, sin que sea válido atender a cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo intención de establecer en la ley a suplir. d) Que las normas aplicables supletoriamente no contraríen el ordenamiento legal a suplir, sino que sean congruentes con sus principios y con las bases que rigen de manera específica la institución o cuestión jurídica de que se trate. . Entonces, se advierte que es criterio de esta Segunda Sala el considerar que la supletoriedad es una figura necesaria para integrar una omisión de la ley o para interpretar sus disposiciones conjuntamente con otras normas o principios contenidos en otros ordenamientos. Para que opere, no es absolutamente necesario que la institución o cuestión jurídica que pretende aplicarse supletoriamente esté contemplada en la ley a ser suplida, pero sí deben reunirse los demás requisitos sentados por esta Segunda Sala para la aplicación supletoria de normas. . Consecuentemente, es infundado el argumento de la parte quejosa, en el sentido de que, para que aplique la supletoriedad, es necesario que la ley contemple la institución jurídica a suplir.." Establecido lo anterior, procede analizar si en la especie se actualiza la acumulación a que se refieren los artículos 72 y 73 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, por lo que al efecto, debe decirse que de la lectura íntegra de las demandas de amparo que nos ocupan, se desprende que en ambas se reclama lo que en ellas se precisa y que se omite trascribir en obvio de repeticiones inútiles. De lo expuesto, se desprende que se está en el supuesto previsto en los preceptos invocados, para admitir la supletoriedad de los artículos 72 y 73 del Código Federal de Procedimientos Civiles a la nueva Ley de Amparo, en lo relativo a la procedencia de la acumulación de juicios, por lo que se considera que los medios de control constitucional intentados, deben resolverse conjuntamente, con la finalidad de observar el derecho a una tutela jurisdiccional efectiva consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los principios de concentración y economía procesal, además del aprovechamiento del conocimiento previo de los asuntos, de evitar el dictado de sentencias contradictorias y la optimización de los recursos materiales y humanos del Poder Judicial de la Federación. En consecuencia, se determina remitir copia certificada de la presente determinación al expediente de amparo 1364/2015 promovido por ALEJANDRO MACÍAS BARRÓN, MA. CONCEPCIÓN ANDRADE FRAUSTO, MA. DE JESÚS CORTÉS RODRÍGUEZ, MA. ESTHELA DURÁN PUGA, ELIDA LUNA REYNOSO, DEYANIRA DONOSO CRUZ, FABIOLA QUEZADA JÁUREGUI, LETICIA ÁVILA DONOSO, MARICELA DURÁN DURÁN, MARTHA MARÍA MUÑOZ NOLAZCO, ALEJANDRA MARTÍNEZ MERCADO, VÍCTOR MANUEL MEJÍA CORTÉS, MÓNICA LOZANO LEGASPI, EDGAR ULISES CASILLAS COCOLAN, ABDO GUILLERMO VITAL CENICEROS, ELADIO AMAYA RUIZ, MARIBEL JIMÉNEZ PALACIOS, MARGARITA DÍAZ CONTRERAS, PATRICIA DEL ROSARIO RUVALCABA VALADEZ, ANA LETICIA CAMACHO PALACIOS, ROSA KARINA GONZÁLEZ, MA. DOLORES FLORES PUGA, ALEJANDRINA CASTILLO RODRÍGUEZ, HEIDI YESENIA FERNÁNDEZ ROSALES, MA. CRISTINA MARTÍNEZ ESCOBEDO, NAYELY LECHUGA REYES, JAQUELINE DÁVILA CONTRERAS, CRISTINA YESENIA JIMÉNEZ CAMARILLO, MA. DE JESÚS SÁNCHEZ DÁVILA, SILVIA SALAS LÓPEZ, ABEL ZACARÍAS HURTADO, ZOILA TISCAREÑO HERNÁNDEZ, MA. DE LA LUZ DÁVILA GUAJARDO, SONIA VERÓNICA MÁRQUEZ CASTILLO, ALICIA MARTÍNEZ FLORES, RAÚL PÉREZ BOCANEGRA, REGINA DÁVILA CONTRERAS, MARÍA ELENA ORTIZ SOSA, LORENA BENAVIDES CASTRO, ANAHÍT SILVA OLVERA, BERTHA ALICIA ZAMBRANO RIVAS, LUIS ANTONIO SILVA MONTOYA, MA. GUADALUPE JIMÉNEZ CAMARILLO, PATRICIA MAURICIO ZAMAGO, ADRIANA OVALLE RODRÍGUEZ, MIRIAM ESTELA ESPINOSA y ARTURO CATAÑO ZACARIAS, a fin de que se provea lo que en derecho proceda, debiendo hacerse del conocimiento de los impetrantes que se encuentran señaladas las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DIECISÉIS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS, para llevar a cabo la audiencia de acumulación; asimismo, dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención legal que le compete. Es aplicable a este proceder, por las razones que la informan, la Tesis del epígrafe y contenidos siguientes: "ACUMULACION DE AUTOS. El objetivo primordial de la acumulación de autos, según se desprende del análisis lógico y congruente de los artículos 57 y 63 de la Ley de Amparo, es acatar el principio de economía procesal traducido en que una sola audiencia se resuelvan dos o más juicios de garantías en donde se reclama el mismo acto y evitar que en dichos juicios se dicten sentencias contradictorias; resultando de lo anterior, que a pesar de la tramitación y de la resolución conjunta y simultánea, los juicios de amparo acumulados conservan su individualidad, es decir, sus características propias. De lo anterior se infiere que la circunstancia de que no se haya declarado la acumulación de ninguna manera implica que se hubiere dejado sin defensa a las partes o que pudiera influir de manera decisiva en la sentencia que deba dictarse en definitiva, ni menos aún que no haya sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley; motivo por el cual es claro que no se está en presencia del supuesto normativo que contempla el artículo 91, fracción IV, segunda parte, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales ". Así como la tesis de Jurisprudencia que a la letra dice: "ACUMULACIÓN EN AMPARO. SE PODRÁ DECRETAR DE OFICIO CUANDO SE TRATE DE JUICIOS EN TRÁMITE ANTE UN MISMO JUZGADO DE DISTRITO, PUES EN EL CASO DE LOS TRAMITADOS ANTE JUZGADOS DISTINTOS, SÓLO PROCEDERÁ A INSTANCIA DE PARTE. De la interpretación de los artículos 57 a 60 de la Ley de Amparo se advierte que en los juicios de garantías que se encuentren en trámite ante los Jueces de Distrito podrá decretarse su acumulación, a instancia de parte o de oficio, en los casos que señala la ley; que será competente para conocer de la acumulación, así como de los juicios acumulados, el Juez que hubiere prevenido, y que el más reciente se acumulará al más antiguo; que la acumulación podrá decretarse tanto respecto de los juicios de amparo que se sigan ante un mismo juzgado, como de los que se sigan ante juzgados diferentes; y que es potestativo para los Jueces decretarla o no. Ahora bien, como la facultad de decretar la acumulación de oficio se ejerce unilateralmente, con potestad plena y sin tramitación alguna, no es factible que un Juez de Distrito pueda hacerlo respecto de juicios que se sigan ante otro Juez, porque en esta hipótesis la acumulación ya no sería de oficio, sino mediante la necesaria concurrencia de dos voluntades, una que inicia el trámite sin poder vinculante y otra que accede a la acumulación y que no obraría por impulso propio ni a instancia de parte; luego, no es posible que, de oficio, un Juez de Distrito le ordene a otro que esté conociendo de otros juicios de amparo, que le envíe los autos, porque este último está en libertad de negarse a hacerlo por virtud de la facultad discrecional de que goza. En consecuencia, la acumulación de oficio sólo puede ejercerse respecto de los juicios de amparo que se tramitan ante un mismo juzgado, mientras que la acumulación a instancia de parte podrá promoverse ante cualquiera de los Jueces que estén conociendo de los juicios relacionados; sin embargo, en caso de que el que reciba la solicitud advierta de las constancias de autos que otro previno, conforme al sello fechador impreso en las demandas por la oficialía respectiva, deberá declararse legalmente incompetente para conocer del incidente de acumulación y remitir las constancias necesarias a aquél, a fin de que lo resuelva." Asimismo, es aplicable por analogía la tesis del rubro y texto siguientes: "ACUMULACIÓN EN AMPARO. PROCEDE NO SÓLO CUANDO SE DEN LOS SUPUESTOS QUE LITERALMENTE ESTABLECE EL ARTÍCULO 57 DE LA LEY RELATIVA, SINO TAMBIÉN CUANDO EXISTA UNA ÍNTIMA CONEXIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. El artículo 57 de la Ley de Amparo, en sus dos fracciones, establece como supuestos indispensables para que proceda la acumulación, que se trate del mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales, los quejosos y las autoridades responsables sean distintos; sin embargo, no puede entenderse el requisito de identidad entre los actos reclamados de manera literal y estricta, sino cuando sea posible la existencia de una íntima conexión entre los actos reclamados. Es decir, que aun cuando los actos que se reclamen no sean iguales, como literalmente lo dispone el precepto en comento, si se trata de actos cuyas materias son consecuencia una de la otra, lo que pudiera determinar su íntima conexión, entonces será procedente decretar la acumulación de los juicios de garantías relativos, pues tal es el espíritu que anima a la mencionada disposición legal, al tener por objeto tanto la economía del procedimiento, como evitar la contradicción de resoluciones que se dicten por diversos juzgadores en negocios que impliquen el mismo problema jurídico." Con fundamento en lo decretado por el ordinal 75 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se DECRETA LA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO en el presente juicio, hasta en tanto se resuelva la acumulación que nos ocupa; por tanto, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cincuenta minutos del veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis. NOTIFÍQUESE POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y PERSONALMENTE A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargada del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del Secretario en funciones de Juez de Distrito designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de dicha Comisión, ante el licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza.- DOY FE. Sonia
- Principal
En veintiséis de enero de dos mil dieciséis, el Secretario de Juzgado licenciado Juan García Trejo, da cuenta a la Secretaria encargada del despacho, con un escrito registrado con el número 1482 y con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, A VEINTISÉIS DE ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta, suscrito por el licenciado Oswaldo Beltrán Saucedo, en su carácter de autorizado de la parte quejosa; mediante el cual, manifiesta que señala también como autoridad responsable a la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, con sede en México Distrito Federal. Ahora bien, si bien es cierto que por auto de doce del presente mes y año se tuvo por inexistente a dicha autoridad, no menos cierto es que en las documentales exhibidas y acordadas en el mismo proveído, se desprende que sí existe la aludida Coordinación; por tanto, solicítese a la mencionada autoridad su informe justificado que deberá rendir dentro del término de quince días contado a partir de la notificación del presente proveído, para lo cual se le remite copia de la demanda de garantías, en el cual expondrá las razones y fundamentos legales que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad legal del acto reclamado, acompañando en su caso, copia certificada de las constancias que hubiera tomado en consideración para emitir el acto combatido en esta vía constitucional, o de no serle posible, manifieste el impedimento legal que tenga para remitirlas. Asimismo, dado que la impartición de justicia debe ser pronta y expedita, en términos del artículo 17 de la Carta Magna, se apercibe a la autoridad responsable que si alguna de las constancias que remita en apoyo de su informe, está incompleta o ilegible, total o parcialmente, lo rinde sin remitir constancias necesarias para apoyarlo o no manifiesta el impedimento legal que tuviese para tal efecto, se estará a las consecuencias que implica su falta en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Por tanto, para dar oportunidad a lo anterior se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se señalan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS. Lo anterior al existir causa fundada y suficiente, en términos del artículo 115 de la Ley de Amparo vigente. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargada del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del Secretario en funciones de Juez de Distrito designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de dicha Comisión, ante el licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza.- DOY FE. Sonia
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