Fabian Terrones Hernández
Expediente 1041/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1041/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 03/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Fabian Terrones Hernández
Actuaciones
- Principal
En tres de febrero de dos mil veintidós, certifico: que en el libro de promociones de la Oficialía de Partes de este juzgado, no obra escrito alguno tendente a recurrir el auto pronunciado el veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno. Además, que el plazo previsto por el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte promovente recurriera el proveído de referencia, transcurrió del seis al doce de enero del presente año en curso. Con la anterior certificación se da cuenta al Juez, así como con el estado procesal de autos. Conste. El Secretario. Zacatecas, Zacatecas, tres de febrero de dos mil veintidós. Estado procesal. Visto el estado procesal de autos, con apoyo en los artículos 97 y 98, ambos de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, en razón de que la parte promovente no recurrió en queja, el auto de veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno, por medio del cual se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, se declara que el mismo ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto concluido. Orden de destrucción. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es susceptible de destrucción, en el plazo de tres años. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en multicitado acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Oposición de datos personales. De la certificación de cuenta se advierte que la parte promovente no manifestó oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Devolución de documentos. Conforme a lo dispuesto por el artículo 21 del multicitado Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existe documento alguno que devolver a la parte promovente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rodolfo García Camacho, Juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Francisco Javier Castillo Bautista, secretario que autoriza y da fe. Yasmin En la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas a las nueve horas del cuatro de febrero de dos mil veintidos, público en la lista que se fija en este órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deban notificarse personalmente, por oficio o en forma electrónica; se asienta la presente razón, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy FE.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DICTADO EN FECHA VEINTINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c), DE LA LEY DE AMPARO: CUENTA. El veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno, se da cuenta con lo siguiente: Demanda de amparo promovida por Fabián Terrones Hernández registrada con el folio 19574. La circunstancia de que José Guadalupe Lozano Aldrete (7184856) cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, más no así Ma. Consuelo Venegas Martínez. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Fabián Terrones Hernández, contra actos de la Secretaría de Gobernación, con sede en la Ciudad de México y otras autoridades. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 1041/2021 que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. Ahora bien, de la lectura integral del escrito de demanda de amparo, se desprende en esencia que se reclama de la Secretaría de Gobernación, con sede en la Ciudad de México y otras autoridades, el acto consistente en la orden de traslado del directo quejoso Fabián Terrones Hernández del Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas, a diverso centro de reclusión en el país. En esa guisa, DEBE DESECHARSE DE PLANO la demanda que se provee, ya que se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo. En efecto, en relación al acto reclamado, se advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia." Lo anterior, en virtud de que la parte quejosa inobservó el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, en forma previa a impugnar el acto reclamado en esta vía constitucional; es decir, pasó por alto que el juicio de amparo es procedente únicamente respecto de actos definitivos, esto es, aquellos que no sean susceptibles de ser modificados, anulados o revocados a través de algún recurso o medio de defensa ordinario. Siendo que, en el caso concreto, la parte quejosa no agotó el medio ordinario de defensa previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, consistente en la controversia judicial, prevista en los artículos 52, último párrafo y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, previamente a la promoción del juicio constitucional. Como se puede ver, previamente al ejercicio de la acción constitucional se deben agotar los medios ordinarios de defensa que la ley del acto prevea, por virtud de los cuales pueda ser modificado, revocado o nulificado, pues de no ser así, el amparo indirecto será improcedente, en razón de que el juicio biinstancial constituye un medio de defensa extraordinario. Ahora bien, con la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, se introdujo el modelo penitenciario con características de reinserción social y de judicialización, por lo que, conforme con el nuevo sistema, se asignó al Poder Ejecutivo la facultad de administrar las prisiones y se confirió a las autoridades judiciales el régimen de reinserción social y judicialización de modificación y duración de las penas; en consecuencia, el Poder Judicial es el encargado de vigilar el estricto cumplimiento de la pena dictada, de manera que todos los eventos de trascendencia jurídica que surjan durante la ejecución de la pena, queden bajo la supervisión de la autoridad judicial en materia penal. Lo anterior encuentra sustento por identidad jurídica en la jurisprudencia P./J. 17/2012 (10a.), con registro 2001988, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "PENAS. SU EJECUCIÓN ES COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL, A PARTIR DEL 19 DE JUNIO DE 2011". Por otro lado, los artículos 2, 5, fracción II y último párrafo, 9, fracciones IV y IX, 51, 52, 107, 114, 115 y 116, 117 y 122 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, disponen: "Artículo 2. Ámbito de aplicación Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en la Federación y las entidades federativas, respecto del internamiento por prisión preventiva, así como en la ejecución de penas y medidas de seguridad por delitos que sean competencia de los tribunales de fuero federal y local, según corresponda, sobre la base de los principios, garantías y derechos consagrados en la Constitución, en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y en esta Ley. Tratándose de personas sujetas a prisión preventiva o sentenciadas por delincuencia organizada, debe estarse además a las excepciones previstas en la Constitución y en la ley de la materia. En lo conducente y para la aplicación de esta Ley deben atenderse también los estándares internacionales." "Artículo 5. Ubicación de las personas privadas de la libertad en un Centro Penitenciario. Los Centros Penitenciarios garantizarán la separación de las personas privadas de la libertad, de conformidad con lo siguiente: (.) II. Las personas procesadas y sentenciadas ocuparán instalaciones distintas; (.) Adicionalmente la Autoridad Administrativa podrá establecer sistemas de clasificación de acuerdo en los criterios de igualdad, integridad y seguridad (.)." "Artículo 9. Derechos de las personas privadas de su libertad en un Centro Penitenciario Las personas privadas de su libertad en un Centro Penitenciario, durante la ejecución de la prisión preventiva o las sanciones penales impuestas, gozarán de todos los derechos previstos por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, siempre y cuando estos no hubieren sido restringidos por la resolución o la sentencia, o su ejercicio fuese incompatible con el objeto de éstas. Para los efectos del párrafo anterior, se garantizarán, de manera enunciativa y no limitativa, los siguientes derechos: (.) IV. Permanecer en estancias designadas conforme a la ubicación establecida en el artículo 5 de esta Ley; (.) IX. Efectuar peticiones o quejas por escrito, y en casos urgentes, por cualquier medio a las instancias correspondientes;(.)." "Artículo 51. Traslados involuntarios El traslado involuntario de las personas privadas de la libertad procesadas o sentenciadas deberá ser autorizado previamente en audiencia pública por el Juez de Control o de Ejecución, en su caso. Dicha resolución podrá ser impugnada a través del recurso de apelación." "Artículo 52. Excepción al Traslado voluntario La Autoridad Penitenciaria, como caso de excepción a lo dispuesto en el artículo 50, podrá ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad, mediante resolución administrativa con el único requisito de notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, en los siguientes supuestos: I. En casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; II. En casos de riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad, y III. En caso de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario. En todos los supuestos de excepción a los traslados sin autorización previa, el juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado. En contra de la resolución judicial se podrá interponer el recurso de apelación en los términos previstos en esta Ley. En caso que dentro del plazo establecido, la autoridad jurisdiccional no se pronuncie respecto de la legalidad del acto, la persona privada de la libertad podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa." "Artículo 107. Peticiones administrativas Las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas en esta Ley podrán formular peticiones administrativas ante la Autoridad Penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento." "Artículo 114. Resolución de peticiones administrativas El director del Centro estará obligado a resolver dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. Si la petición no fuere resuelta dentro del término legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. En caso de ser procedente la acción, el juez requerirá a la Autoridad Penitenciaria que responda la petición formulada de fondo y en el plazo previsto en esta Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la Autoridad Penitenciaria. La Autoridad Penitenciaria le hará saber a la persona privada de la libertad el derecho que tiene a la interposición del presente recurso, dejando constancia por escrito." "Artículo 115. Casos urgentes Cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. En este caso, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria. Cuando los jueces de ejecución reciban promociones que por su naturaleza no sean casos urgentes, las turnarán al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega." "Artículo 116. Controversias Los jueces de ejecución conocerán controversias relacionadas con: I. Las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas (.)." "Artículo 117. Controversias sobre condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas Los sujetos legitimados por esta Ley para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos: I. Las condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas, en cuyo caso será requisito indispensable haber agotado la petición administrativa (.)." "Artículo 122. Formulación de la controversia La controversia judicial deberá presentarse por escrito ante la administración del juzgado de ejecución, precisando el nombre del promovente, datos de localización, el relato de su inconformidad, los medios de prueba en caso de contar con ellos, la solicitud de suspensión del acto cuando considere que se trata de caso urgente y la firma o huella digital. El Juez de Ejecución, de acuerdo con la naturaleza de la pretensión, de oficio o a petición de parte, ordenará la suspensión del acto si lo considera pertinente, así como el desahogo de las pruebas que estime conducentes para resolver el conflicto." De la transcripción de dichos artículos, en primer término, se advierte que la Ley Nacional de Ejecución Penal es de observancia obligatoria respecto del internamiento por prisión preventiva, así como en la ejecución de penas y medidas de seguridad por delitos que sean competencia de los tribunales de fuero federal y local, esto es, respecto de procesados y sentenciados. De igual forma, que los procesados o sentenciados podrán iniciar el procedimiento administrativo ante las autoridades penitenciarias y si éstas resultan contrarias a lo solicitado por el inconforme, o no fuesen atendidas dentro del término legal, el peticionario podrá formular controversia o demandar la omisión ante el Juez de Ejecución. Y por lo que a los traslados se refiere, en todos los supuestos de excepción sin autorización previa, el juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado. En contra de la resolución judicial se podrá interponer el recurso de apelación en los términos previstos en esta Ley. En caso que dentro del plazo establecido, la autoridad jurisdiccional no se pronuncie respecto de la legalidad del acto, la persona privada de la libertad podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa. Ahora bien, en el presente sumario constitucional el directo quejoso reclama la orden de traslado del Centro de Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas, a diverso centro de reclusión en el país. Y toda vez que los diversos artículos transcritos de la Ley Nacional de Ejecución Penal, prevén los medios de defensa que deben agotarse respecto de las condiciones de internamiento que consideren los internos les agravian, y en particular respecto de la orden de traslado se contempla el recurso de apelación cuando la orden de traslado ha sido ordenada por el juez y, en caso, de no existir autorización judicial, deberá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa, es inconcuso, que previo acudir a esta instancia constitucional, el quejoso debió agotar el referido recurso ordinario. Por lo que al no tener el carácter de definitivo el acto que por esta vía constitucional se combate, presupuesto esencial para la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, es inconcuso que este resulta notoriamente improcedente, pues se reitera, la orden de traslado del quejoso es impugnable en términos de los artículos 52, último párrafo y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Ello, porque conforme a lo dispuesto por el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de su libertad, podrán accionar la controversia judicial respecto de cuestiones relacionadas con sus derechos en materia de traslados, que podrá ejercerse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiera sido notificada previamente. El último párrafo, del citado artículo 117, prescribe que los traslados por razones urgentes, relacionados con la integridad física o la salud de la persona privada de la libertad, o bien, por cuestiones de seguridad del centro penitenciario, no requerirán autorización previa del Juez de Ejecución, sin perjuicio de que dicha determinación pueda ser recurrida, y en su caso, confirmada o revocada, a través de los medios legales de defensa antes referidos. Máxime que dicho medio ordinario de defensa, es susceptible de suspender los efectos de la orden de traslado urgente o excepcional, con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo, sin que para ello se le exijan mayores requisitos que los que la supracitada ley consigna para conceder la suspensión definitiva, ni se establezca un plazo mayor que el previsto para el otorgamiento de la suspensión provisional, como lo requiere la fracción XX, del artículo 61 del ordenamiento legal de referencia. A efecto de demostrar lo anterior, se tiene que en el artículo 122 la Ley Nacional de Ejecución Penal, está inserto en el Título Tercero, Capítulo V, denominado "Procedimiento Jurisdiccional", y señala que la controversia judicial, deberá formularse por escrito y presentarse ante la administración del juzgado de ejecución, precisando el nombre del promovente, datos de localización, el relato de su inconformidad, los medios de prueba en caso de contar con ellos, así como la solicitud de suspensión del acto, cuando se considere que se trata de caso urgente, y la firma o huella digital. De igual forma, prescribe que el Juez de Control o de Ejecución, de acuerdo con la naturaleza de la pretensión, de oficio o a petición de parte, ordenará la suspensión del acto si lo considera pertinente, así como el desahogo de las pruebas que estime conducentes para resolver el conflicto. Por su parte, el artículo 123 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece que una vez recibida la solicitud, la administración del juzgado de ejecución registrará la causa y la turnará al juez competente, quien contará con un plazo de setenta y dos horas para emitir un auto en el que admita la solicitud e inicie el trámite del procedimiento; prevenga al solicitante para que aclare o corrija la solicitud, si fuere necesario; o bien, deseche la solicitud por ser notoriamente improcedente. Y el segundo párrafo, del artículo 124 de la citada ley, que regula la sustanciación de la controversia judicial, precisa que en caso de tratarse de medidas disciplinarias y de violación a derechos que constituyan un caso urgente que, de no atenderse de inmediato, quedará sin materia la acción o el recurso jurisdiccional, el Juez de Control o de Ejecución, de oficio o a solicitud de parte, decretará de inmediato la suspensión del acto, hasta en tanto se resuelve en definitiva. Así, de la lectura detallada de los artículos 123 y 124, antes referidos, se advierte que si bien el Juez de Control o Ejecución, cuenta con setenta y dos horas para emitir el auto en el que, de ser el caso, la controversia judicial formulada se admita; de ello no se sigue que el mismo plazo debe observarse para decretar la suspensión, cuando se trate de medidas disciplinarias y de violación a derechos que constituyan un caso urgente, que tengan potencial para dejar sin efectos la controversia, pues el último de los preceptos es claro en señalar que en esos supuestos, la medida cautelar debe decretarse en forma inmediata, sea que la haya solicitado la persona privada de la libertad en el centro de reclusión o que la autoridad judicial se pronuncie de oficio. De manera que lo establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal, no rebasa las previsiones establecidas en el citado artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, pues no establece un plazo mayor que el que se prevé para el otorgamiento de la suspensión provisional, que conforme a su artículo 190, es de veinticuatro horas; por el contrario, se observa que la Ley Nacional de Ejecución Penal, prevé un plazo menor, pues tiene el alcance de conceder la suspensión de la determinación administrativa que ordena el traslado urgente o excepcional de forma inmediata; medida cautelar que puede solicitarse por la persona privada de la libertad afectada, o bien, que el Juez de Control o de Ejecución la decrete de oficio. En ese orden de ideas, queda de manifiesto que, contra la orden de traslado urgente o excepcional, que se reclama a una autoridad administrativa, sin autorización judicial previa, es procedente la controversia judicial, prevista en los artículos 52, último párrafo y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, porque ese medio de defensa legal, tiene la potencialidad de confirmar, modificar o revocar la referida orden de traslado. A su vez, la orden de traslado urgente o excepcional, se estima que no carece de fundamentación, ni implica una violación directa a la Constitución, además tampoco el recurso aludido se encuentra previsto en un reglamento, sino en una ley de carácter formal. Lo anterior, pues las hipótesis para su procedencia, están previstas en la Ley Nacional de Ejecución Penal, y se trata de un acto que emite una autoridad competente dentro del correspondiente procedimiento. Esto es, el traslado urgente o excepcional, aun cuando se emita de forma oral, no es un acto que carezca de fundamentación, porque está previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, concretamente en su artículo 52, que faculta a la autoridad administrativa penitenciaria, para ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de su libertad, sin autorización judicial previa, cuando se actualice alguna de las hipótesis específicas que se prevén en las diversas fracciones de dicho numeral. Es decir, tratándose de casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; cuando exista riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y cuando se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario. Así, la fundamentación de la resolución administrativa penitenciaria que ordena verbalmente un traslado urgente o excepcional, se encuentra prevista en dicha disposición normativa; y la legalidad de su aplicación, se corroborará una vez que la determinación se somete al control de la autoridad jurisdiccional, luego de ejecutada la medida. Por otra parte, actualmente se cuenta con un modelo de reinserción social y de judicialización del régimen de penas; a partir de lo cual, se ejerce un verdadero control judicial del sistema penitenciario, por lo que las autoridades de ese ramo, ya no pueden decidir discrecionalmente sobre las medidas de internamiento de las personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios. Esa facultad le corresponde ahora a las autoridades judiciales en materia penal; en especial, a los jueces de ejecución, quienes controlan las diversas situaciones que acontecen dentro del centro de reinserción social en el cumplimiento de las penas, así como de las decisiones que sobre esa ejecución adopte la administración penitenciaria, velando siempre porque los derechos humanos se garanticen y efectivicen. En ese orden de ideas, si bien es cierto que la orden de traslado urgente o excepcional, se emite y ejecuta por una autoridad administrativa sin autorización judicial previa; ello no pugna con la judicialización del régimen penitenciario, porque la legalidad de esa determinación, finalmente la califica un Juez de Control o un Juez de Ejecución, según sea el caso. Lo que se corrobora con lo dispuesto por el citado artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que establece que en los supuestos específicos de la excepción al traslado voluntario, la autoridad administrativa podrá ordenar y ejecutar esa medida, con el único requisito de notificar a las citadas autoridades judiciales, dentro de las veinticuatro horas de haber realizado el traslado, para el efecto de que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, se califique la legalidad de la determinación administrativa del traslado. Del mismo precepto legal, también se desprende una facultad legal expresa a favor de la autoridad administrativa penitenciaria, para emitir y ejecutar la orden de traslado en los casos de excepción anunciados; es decir, se trata de una actuación realizada por autoridad competente para tales efectos. Tampoco se puede considerar que el acto reclamado constituya una violación directa a la Constitución Federal, porque conforme al modelo actual de judicialización y régimen de penas, esa medida ya no constituye un acto que afecte la libertad fuera de procedimiento, pues se cuenta con una regulación especial en la Ley Nacional de Ejecución Penal, que precisa las especificas hipótesis en las que de manera excepcional, se faculta a la autoridad administrativa para que emita y ejecute el traslado de personas privadas de su libertad de un centro penitenciario a otro, bajo requisitos específicos, pues se establecen plazos precisos (notificación del traslado a la autoridad jurisdiccional dentro de las veinticuatro horas siguientes a la ejecución y cuarenta y ocho horas para calificar la legalidad de la determinación administrativa), con el fin de que la correspondiente autoridad judicial realice con posterioridad a la materialización del traslado, su control de legalidad. Robustece el criterio al que se arriba, la tesis 1a. XXIV/2021 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2023190, publicada el cuatro de junio de dos mil veintiuno en el Semanario Judicial de la Federación, con el rubro y texto siguiente: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL PREVIA. LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 52 Y 117, FRACCIÓN III, DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ES EL MEDIO DE DEFENSA IDÓNEO PARA IMPUGNARLA, AUN CUANDO EL AFECTADO NO TENGA UNA RESOLUCIÓN TANGIBLE QUE RECURRIR Y, POR TANTO, DEBE AGOTARLO ANTES DE PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Hechos: Una persona privada de la libertad en un centro penitenciario, promovió juicio de amparo indirecto con el argumento de que la autoridad administrativa le había notificado verbalmente una orden para trasladarlo del centro en que se encontraba interna a uno diverso. La demanda se desechó de plano, al considerar que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa no agotó el medio de defensa regulado en la Ley Nacional de Ejecución Penal, antes de promover el juicio constitucional. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que la controversia judicial, regulada en los artículos 52 y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, es el medio de defensa idóneo para combatir la orden de traslado que se emite sin autorización judicial previa, aun cuando el afectado alegue que sólo se le notificó verbalmente ese acto y no tenga una resolución tangible que recurrir, porque ese recurso tiene potencial para confirmar, modificar o revocar la determinación de traslado, sin rebasar los requisitos que la Ley de Amparo prevé en el artículo 61, fracción XX, y por ello, debe agotarse previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto. Justificación: El artículo 52, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece que la autoridad penitenciaria tiene facultad para ordenar y ejecutar el traslado de un centro penitenciario a otro, sin autorización judicial previa, en los supuestos de urgencia y excepción que señala el primero de los preceptos citados, esto es, tratándose de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y, cuando se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario, ya que en esos supuestos se autoriza a la autoridad administrativa para que el control judicial se realice dentro de las veinticuatro horas siguientes a la ejecución del traslado. En ese contexto, dado que el control judicial se reserva para un momento posterior a que es ejecutado el traslado, es válido considerar que, sin perjuicio de las hipótesis enunciadas, cuando se presenten casos en que la persona privada de la libertad reclame una orden de traslado que no se materializó, ni se tenga certeza de la calificación que sobre su legalidad emite la autoridad jurisdiccional, como sucede cuando se alega que la autoridad administrativa sólo comunicó de forma verbal esa medida, lo procedente será que el afectado promueva la controversia judicial a que se refiere el precepto 52 en cita, ya que de conformidad con el artículo 117, fracción III y último párrafo, de la ley mencionada, la persona privada de la libertad puede intentar el aludido medio de defensa y hacer valer cualquier cuestión relacionada con la afectación a sus derechos en materia de traslado, en el momento de la notificación de ese acto, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando no hubiera sido notificado previamente. Asimismo, de los artículos 122 y 124, de la propia ley en cita, se destaca que el afectado puede solicitar la suspensión de la orden del traslado mediante petición simple en el escrito inicial de la controversia judicial y la autoridad judicial podrá, si lo considera pertinente, conceder la medida cautelar de manera inmediata hasta en tanto se resuelve en definitiva, o incluso, pronunciarse de oficio, con lo cual evitará que la controversia quede sin materia. De igual forma, se entiende que la referida orden de traslado sin autorización judicial previa no carece de fundamentación, ni se traduce en una violación directa a la Constitución General, porque las hipótesis en que puede ejecutarse están previstas en la citada ley especial, y se trata de un acto que emite una autoridad competente dentro del correspondiente procedimiento. Lo que lleva a concluir que la controversia judicial es un medio de defensa idóneo para impugnar y suspender los efectos de la orden de traslado urgente o excepcional cuando no se cuenta con la resolución en la que la autoridad judicial califique la legalidad del acto, ya que no rebasa las previsiones del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, sin soslayar que la Ley Nacional de Ejecución Penal, en el artículo 132, fracción VII, prevé la procedencia del recurso de apelación en caso de inconformidad con la resolución que decida la controversia judicial, por lo que, el afectado tiene la obligación de agotar los referidos medios de defensa previamente a acudir a la instancia constitucional." Finalmente no obsta a la consideración a la que se arriba, que en el caso la parte quejosa aduzca, que con la orden de traslado combatida, pueda dificultarse su derecho a la reinserción social en su vertiente de guardar reclusión en un lugar cercano a su domicilio familiar, previsto en el precepto 18 de la carta magna, u otros diversos que vulneren derechos humanos, pues como ya lo consideró la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria dictada al resolver el recurso de queja 36/2020, que dio origen a la tesis 1a. XXIV/2021 (10a.), que ha sido reproducida con antelación, la controversia judicial que puede promoverse contra la orden de traslado urgente o excepcional, se trata de un mecanismo de defensa que se realiza bajo el esquema del sistema acusatorio, mediante audiencia a la que acuden todos los interesados, y su sustanciación concluye con una resolución en la que el Juez de Ejecución debe pronunciarse, incluso de oficio, sobre cualquier violación a los derechos fundamentales de los sentenciados internos en los centros penitenciarios . Y respecto de la cual, de conformidad con el artículo 115 de la ley Nacional de Ejecución Penal, que dispone que el juez de ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motive la petición correspondiente respecto de las condiciones de internamiento de la persona privada de su libertad; por lo que se insiste, cuando el acto reclamado consista en un traslado, el peticionario tiene la obligación de agotar los medios de defensa que concede la ley de referencia. Por consiguiente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el ordinal 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, PROCEDE DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO, respecto de la orden de traslado, y autoridades a quienes se la atribuye, con fundamento en el precepto 113 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tienen como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a José Guadalupe Lozano Aldrete, quien tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, más no así Ma. Consuelo Venegas Martínez, quien se autoriza únicamente para recibir notificaciones de carácter personal e imponerse de los autos y como domicilio para tal efecto el que se señala en la demanda. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. EXHORTACIÓN TRÁMITE JUICIO EN LÍNEA. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del acuerdo 21/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que en la medida de lo posible continúen el trámite del presente juicio en línea; además se requiere a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. Notifíquese personalmente.
- Principal
CUENTA. El veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno, se da cuenta con lo siguiente: Demanda de amparo promovida por Fabián Terrones Hernández registrada con el folio 19574. La circunstancia de que José Guadalupe Lozano Aldrete (7184856) cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, más no así Ma. Consuelo Venegas Martínez. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Fabián Terrones Hernández, contra actos de la Secretaría de Gobernación, con sede en la Ciudad de México y otras autoridades. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 1041/2021 que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. Ahora bien, de la lectura integral del escrito de demanda de amparo, se desprende en esencia que se reclama de la Secretaría de Gobernación, con sede en la Ciudad de México y otras autoridades, el acto consistente en la orden de traslado del directo quejoso Fabián Terrones Hernández del Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas, a diverso centro de reclusión en el país. En esa guisa, DEBE DESECHARSE DE PLANO la demanda que se provee, ya que se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo. En efecto, en relación al acto reclamado, se advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia." Lo anterior, en virtud de que la parte quejosa inobservó el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, en forma previa a impugnar el acto reclamado en esta vía constitucional; es decir, pasó por alto que el juicio de amparo es procedente únicamente respecto de actos definitivos, esto es, aquellos que no sean susceptibles de ser modificados, anulados o revocados a través de algún recurso o medio de defensa ordinario. Siendo que, en el caso concreto, la parte quejosa no agotó el medio ordinario de defensa previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, consistente en la controversia judicial, prevista en los artículos 52, último párrafo y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, previamente a la promoción del juicio constitucional. Como se puede ver, previamente al ejercicio de la acción constitucional se deben agotar los medios ordinarios de defensa que la ley del acto prevea, por virtud de los cuales pueda ser modificado, revocado o nulificado, pues de no ser así, el amparo indirecto será improcedente, en razón de que el juicio biinstancial constituye un medio de defensa extraordinario. Ahora bien, con la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, se introdujo el modelo penitenciario con características de reinserción social y de judicialización, por lo que, conforme con el nuevo sistema, se asignó al Poder Ejecutivo la facultad de administrar las prisiones y se confirió a las autoridades judiciales el régimen de reinserción social y judicialización de modificación y duración de las penas; en consecuencia, el Poder Judicial es el encargado de vigilar el estricto cumplimiento de la pena dictada, de manera que todos los eventos de trascendencia jurídica que surjan durante la ejecución de la pena, queden bajo la supervisión de la autoridad judicial en materia penal. Lo anterior encuentra sustento por identidad jurídica en la jurisprudencia P./J. 17/2012 (10a.), con registro 2001988, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "PENAS. SU EJECUCIÓN ES COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL, A PARTIR DEL 19 DE JUNIO DE 2011". Por otro lado, los artículos 2, 5, fracción II y último párrafo, 9, fracciones IV y IX, 51, 52, 107, 114, 115 y 116, 117 y 122 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, disponen: "Artículo 2. Ámbito de aplicación Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en la Federación y las entidades federativas, respecto del internamiento por prisión preventiva, así como en la ejecución de penas y medidas de seguridad por delitos que sean competencia de los tribunales de fuero federal y local, según corresponda, sobre la base de los principios, garantías y derechos consagrados en la Constitución, en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y en esta Ley. Tratándose de personas sujetas a prisión preventiva o sentenciadas por delincuencia organizada, debe estarse además a las excepciones previstas en la Constitución y en la ley de la materia. En lo conducente y para la aplicación de esta Ley deben atenderse también los estándares internacionales." "Artículo 5. Ubicación de las personas privadas de la libertad en un Centro Penitenciario. Los Centros Penitenciarios garantizarán la separación de las personas privadas de la libertad, de conformidad con lo siguiente: (.) II. Las personas procesadas y sentenciadas ocuparán instalaciones distintas; (.) Adicionalmente la Autoridad Administrativa podrá establecer sistemas de clasificación de acuerdo en los criterios de igualdad, integridad y seguridad (.)." "Artículo 9. Derechos de las personas privadas de su libertad en un Centro Penitenciario Las personas privadas de su libertad en un Centro Penitenciario, durante la ejecución de la prisión preventiva o las sanciones penales impuestas, gozarán de todos los derechos previstos por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, siempre y cuando estos no hubieren sido restringidos por la resolución o la sentencia, o su ejercicio fuese incompatible con el objeto de éstas. Para los efectos del párrafo anterior, se garantizarán, de manera enunciativa y no limitativa, los siguientes derechos: (.) IV. Permanecer en estancias designadas conforme a la ubicación establecida en el artículo 5 de esta Ley; (.) IX. Efectuar peticiones o quejas por escrito, y en casos urgentes, por cualquier medio a las instancias correspondientes;(.)." "Artículo 51. Traslados involuntarios El traslado involuntario de las personas privadas de la libertad procesadas o sentenciadas deberá ser autorizado previamente en audiencia pública por el Juez de Control o de Ejecución, en su caso. Dicha resolución podrá ser impugnada a través del recurso de apelación." "Artículo 52. Excepción al Traslado voluntario La Autoridad Penitenciaria, como caso de excepción a lo dispuesto en el artículo 50, podrá ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad, mediante resolución administrativa con el único requisito de notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, en los siguientes supuestos: I. En casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; II. En casos de riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad, y III. En caso de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario. En todos los supuestos de excepción a los traslados sin autorización previa, el juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado. En contra de la resolución judicial se podrá interponer el recurso de apelación en los términos previstos en esta Ley. En caso que dentro del plazo establecido, la autoridad jurisdiccional no se pronuncie respecto de la legalidad del acto, la persona privada de la libertad podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa." "Artículo 107. Peticiones administrativas Las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas en esta Ley podrán formular peticiones administrativas ante la Autoridad Penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento." "Artículo 114. Resolución de peticiones administrativas El director del Centro estará obligado a resolver dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. Si la petición no fuere resuelta dentro del término legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. En caso de ser procedente la acción, el juez requerirá a la Autoridad Penitenciaria que responda la petición formulada de fondo y en el plazo previsto en esta Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la Autoridad Penitenciaria. La Autoridad Penitenciaria le hará saber a la persona privada de la libertad el derecho que tiene a la interposición del presente recurso, dejando constancia por escrito." "Artículo 115. Casos urgentes Cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. En este caso, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria. Cuando los jueces de ejecución reciban promociones que por su naturaleza no sean casos urgentes, las turnarán al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega." "Artículo 116. Controversias Los jueces de ejecución conocerán controversias relacionadas con: I. Las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas (.)." "Artículo 117. Controversias sobre condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas Los sujetos legitimados por esta Ley para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos: I. Las condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas, en cuyo caso será requisito indispensable haber agotado la petición administrativa (.)." "Artículo 122. Formulación de la controversia La controversia judicial deberá presentarse por escrito ante la administración del juzgado de ejecución, precisando el nombre del promovente, datos de localización, el relato de su inconformidad, los medios de prueba en caso de contar con ellos, la solicitud de suspensión del acto cuando considere que se trata de caso urgente y la firma o huella digital. El Juez de Ejecución, de acuerdo con la naturaleza de la pretensión, de oficio o a petición de parte, ordenará la suspensión del acto si lo considera pertinente, así como el desahogo de las pruebas que estime conducentes para resolver el conflicto." De la transcripción de dichos artículos, en primer término, se advierte que la Ley Nacional de Ejecución Penal es de observancia obligatoria respecto del internamiento por prisión preventiva, así como en la ejecución de penas y medidas de seguridad por delitos que sean competencia de los tribunales de fuero federal y local, esto es, respecto de procesados y sentenciados. De igual forma, que los procesados o sentenciados podrán iniciar el procedimiento administrativo ante las autoridades penitenciarias y si éstas resultan contrarias a lo solicitado por el inconforme, o no fuesen atendidas dentro del término legal, el peticionario podrá formular controversia o demandar la omisión ante el Juez de Ejecución. Y por lo que a los traslados se refiere, en todos los supuestos de excepción sin autorización previa, el juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado. En contra de la resolución judicial se podrá interponer el recurso de apelación en los términos previstos en esta Ley. En caso que dentro del plazo establecido, la autoridad jurisdiccional no se pronuncie respecto de la legalidad del acto, la persona privada de la libertad podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa. Ahora bien, en el presente sumario constitucional el directo quejoso reclama la orden de traslado del Centro de Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas, a diverso centro de reclusión en el país. Y toda vez que los diversos artículos transcritos de la Ley Nacional de Ejecución Penal, prevén los medios de defensa que deben agotarse respecto de las condiciones de internamiento que consideren los internos les agravian, y en particular respecto de la orden de traslado se contempla el recurso de apelación cuando la orden de traslado ha sido ordenada por el juez y, en caso, de no existir autorización judicial, deberá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa, es inconcuso, que previo acudir a esta instancia constitucional, el quejoso debió agotar el referido recurso ordinario. Por lo que al no tener el carácter de definitivo el acto que por esta vía constitucional se combate, presupuesto esencial para la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, es inconcuso que este resulta notoriamente improcedente, pues se reitera, la orden de traslado del quejoso es impugnable en términos de los artículos 52, último párrafo y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Ello, porque conforme a lo dispuesto por el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de su libertad, podrán accionar la controversia judicial respecto de cuestiones relacionadas con sus derechos en materia de traslados, que podrá ejercerse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiera sido notificada previamente. El último párrafo, del citado artículo 117, prescribe que los traslados por razones urgentes, relacionados con la integridad física o la salud de la persona privada de la libertad, o bien, por cuestiones de seguridad del centro penitenciario, no requerirán autorización previa del Juez de Ejecución, sin perjuicio de que dicha determinación pueda ser recurrida, y en su caso, confirmada o revocada, a través de los medios legales de defensa antes referidos. Máxime que dicho medio ordinario de defensa, es susceptible de suspender los efectos de la orden de traslado urgente o excepcional, con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo, sin que para ello se le exijan mayores requisitos que los que la supracitada ley consigna para conceder la suspensión definitiva, ni se establezca un plazo mayor que el previsto para el otorgamiento de la suspensión provisional, como lo requiere la fracción XX, del artículo 61 del ordenamiento legal de referencia. A efecto de demostrar lo anterior, se tiene que en el artículo 122 la Ley Nacional de Ejecución Penal, está inserto en el Título Tercero, Capítulo V, denominado "Procedimiento Jurisdiccional", y señala que la controversia judicial, deberá formularse por escrito y presentarse ante la administración del juzgado de ejecución, precisando el nombre del promovente, datos de localización, el relato de su inconformidad, los medios de prueba en caso de contar con ellos, así como la solicitud de suspensión del acto, cuando se considere que se trata de caso urgente, y la firma o huella digital. De igual forma, prescribe que el Juez de Control o de Ejecución, de acuerdo con la naturaleza de la pretensión, de oficio o a petición de parte, ordenará la suspensión del acto si lo considera pertinente, así como el desahogo de las pruebas que estime conducentes para resolver el conflicto. Por su parte, el artículo 123 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece que una vez recibida la solicitud, la administración del juzgado de ejecución registrará la causa y la turnará al juez competente, quien contará con un plazo de setenta y dos horas para emitir un auto en el que admita la solicitud e inicie el trámite del procedimiento; prevenga al solicitante para que aclare o corrija la solicitud, si fuere necesario; o bien, deseche la solicitud por ser notoriamente improcedente. Y el segundo párrafo, del artículo 124 de la citada ley, que regula la sustanciación de la controversia judicial, precisa que en caso de tratarse de medidas disciplinarias y de violación a derechos que constituyan un caso urgente que, de no atenderse de inmediato, quedará sin materia la acción o el recurso jurisdiccional, el Juez de Control o de Ejecución, de oficio o a solicitud de parte, decretará de inmediato la suspensión del acto, hasta en tanto se resuelve en definitiva. Así, de la lectura detallada de los artículos 123 y 124, antes referidos, se advierte que si bien el Juez de Control o Ejecución, cuenta con setenta y dos horas para emitir el auto en el que, de ser el caso, la controversia judicial formulada se admita; de ello no se sigue que el mismo plazo debe observarse para decretar la suspensión, cuando se trate de medidas disciplinarias y de violación a derechos que constituyan un caso urgente, que tengan potencial para dejar sin efectos la controversia, pues el último de los preceptos es claro en señalar que en esos supuestos, la medida cautelar debe decretarse en forma inmediata, sea que la haya solicitado la persona privada de la libertad en el centro de reclusión o que la autoridad judicial se pronuncie de oficio. De manera que lo establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal, no rebasa las previsiones establecidas en el citado artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, pues no establece un plazo mayor que el que se prevé para el otorgamiento de la suspensión provisional, que conforme a su artículo 190, es de veinticuatro horas; por el contrario, se observa que la Ley Nacional de Ejecución Penal, prevé un plazo menor, pues tiene el alcance de conceder la suspensión de la determinación administrativa que ordena el traslado urgente o excepcional de forma inmediata; medida cautelar que puede solicitarse por la persona privada de la libertad afectada, o bien, que el Juez de Control o de Ejecución la decrete de oficio. En ese orden de ideas, queda de manifiesto que, contra la orden de traslado urgente o excepcional, que se reclama a una autoridad administrativa, sin autorización judicial previa, es procedente la controversia judicial, prevista en los artículos 52, último párrafo y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, porque ese medio de defensa legal, tiene la potencialidad de confirmar, modificar o revocar la referida orden de traslado. A su vez, la orden de traslado urgente o excepcional, se estima que no carece de fundamentación, ni implica una violación directa a la Constitución, además tampoco el recurso aludido se encuentra previsto en un reglamento, sino en una ley de carácter formal. Lo anterior, pues las hipótesis para su procedencia, están previstas en la Ley Nacional de Ejecución Penal, y se trata de un acto que emite una autoridad competente dentro del correspondiente procedimiento. Esto es, el traslado urgente o excepcional, aun cuando se emita de forma oral, no es un acto que carezca de fundamentación, porque está previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, concretamente en su artículo 52, que faculta a la autoridad administrativa penitenciaria, para ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de su libertad, sin autorización judicial previa, cuando se actualice alguna de las hipótesis específicas que se prevén en las diversas fracciones de dicho numeral. Es decir, tratándose de casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; cuando exista riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y cuando se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario. Así, la fundamentación de la resolución administrativa penitenciaria que ordena verbalmente un traslado urgente o excepcional, se encuentra prevista en dicha disposición normativa; y la legalidad de su aplicación, se corroborará una vez que la determinación se somete al control de la autoridad jurisdiccional, luego de ejecutada la medida. Por otra parte, actualmente se cuenta con un modelo de reinserción social y de judicialización del régimen de penas; a partir de lo cual, se ejerce un verdadero control judicial del sistema penitenciario, por lo que las autoridades de ese ramo, ya no pueden decidir discrecionalmente sobre las medidas de internamiento de las personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios. Esa facultad le corresponde ahora a las autoridades judiciales en materia penal; en especial, a los jueces de ejecución, quienes controlan las diversas situaciones que acontecen dentro del centro de reinserción social en el cumplimiento de las penas, así como de las decisiones que sobre esa ejecución adopte la administración penitenciaria, velando siempre porque los derechos humanos se garanticen y efectivicen. En ese orden de ideas, si bien es cierto que la orden de traslado urgente o excepcional, se emite y ejecuta por una autoridad administrativa sin autorización judicial previa; ello no pugna con la judicialización del régimen penitenciario, porque la legalidad de esa determinación, finalmente la califica un Juez de Control o un Juez de Ejecución, según sea el caso. Lo que se corrobora con lo dispuesto por el citado artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que establece que en los supuestos específicos de la excepción al traslado voluntario, la autoridad administrativa podrá ordenar y ejecutar esa medida, con el único requisito de notificar a las citadas autoridades judiciales, dentro de las veinticuatro horas de haber realizado el traslado, para el efecto de que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, se califique la legalidad de la determinación administrativa del traslado. Del mismo precepto legal, también se desprende una facultad legal expresa a favor de la autoridad administrativa penitenciaria, para emitir y ejecutar la orden de traslado en los casos de excepción anunciados; es decir, se trata de una actuación realizada por autoridad competente para tales efectos. Tampoco se puede considerar que el acto reclamado constituya una violación directa a la Constitución Federal, porque conforme al modelo actual de judicialización y régimen de penas, esa medida ya no constituye un acto que afecte la libertad fuera de procedimiento, pues se cuenta con una regulación especial en la Ley Nacional de Ejecución Penal, que precisa las especificas hipótesis en las que de manera excepcional, se faculta a la autoridad administrativa para que emita y ejecute el traslado de personas privadas de su libertad de un centro penitenciario a otro, bajo requisitos específicos, pues se establecen plazos precisos (notificación del traslado a la autoridad jurisdiccional dentro de las veinticuatro horas siguientes a la ejecución y cuarenta y ocho horas para calificar la legalidad de la determinación administrativa), con el fin de que la correspondiente autoridad judicial realice con posterioridad a la materialización del traslado, su control de legalidad. Robustece el criterio al que se arriba, la tesis 1a. XXIV/2021 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2023190, publicada el cuatro de junio de dos mil veintiuno en el Semanario Judicial de la Federación, con el rubro y texto siguiente: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL PREVIA. LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 52 Y 117, FRACCIÓN III, DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ES EL MEDIO DE DEFENSA IDÓNEO PARA IMPUGNARLA, AUN CUANDO EL AFECTADO NO TENGA UNA RESOLUCIÓN TANGIBLE QUE RECURRIR Y, POR TANTO, DEBE AGOTARLO ANTES DE PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Hechos: Una persona privada de la libertad en un centro penitenciario, promovió juicio de amparo indirecto con el argumento de que la autoridad administrativa le había notificado verbalmente una orden para trasladarlo del centro en que se encontraba interna a uno diverso. La demanda se desechó de plano, al considerar que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa no agotó el medio de defensa regulado en la Ley Nacional de Ejecución Penal, antes de promover el juicio constitucional. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que la controversia judicial, regulada en los artículos 52 y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, es el medio de defensa idóneo para combatir la orden de traslado que se emite sin autorización judicial previa, aun cuando el afectado alegue que sólo se le notificó verbalmente ese acto y no tenga una resolución tangible que recurrir, porque ese recurso tiene potencial para confirmar, modificar o revocar la determinación de traslado, sin rebasar los requisitos que la Ley de Amparo prevé en el artículo 61, fracción XX, y por ello, debe agotarse previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto. Justificación: El artículo 52, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece que la autoridad penitenciaria tiene facultad para ordenar y ejecutar el traslado de un centro penitenciario a otro, sin autorización judicial previa, en los supuestos de urgencia y excepción que señala el primero de los preceptos citados, esto es, tratándose de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y, cuando se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario, ya que en esos supuestos se autoriza a la autoridad administrativa para que el control judicial se realice dentro de las veinticuatro horas siguientes a la ejecución del traslado. En ese contexto, dado que el control judicial se reserva para un momento posterior a que es ejecutado el traslado, es válido considerar que, sin perjuicio de las hipótesis enunciadas, cuando se presenten casos en que la persona privada de la libertad reclame una orden de traslado que no se materializó, ni se tenga certeza de la calificación que sobre su legalidad emite la autoridad jurisdiccional, como sucede cuando se alega que la autoridad administrativa sólo comunicó de forma verbal esa medida, lo procedente será que el afectado promueva la controversia judicial a que se refiere el precepto 52 en cita, ya que de conformidad con el artículo 117, fracción III y último párrafo, de la ley mencionada, la persona privada de la libertad puede intentar el aludido medio de defensa y hacer valer cualquier cuestión relacionada con la afectación a sus derechos en materia de traslado, en el momento de la notificación de ese acto, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando no hubiera sido notificado previamente. Asimismo, de los artículos 122 y 124, de la propia ley en cita, se destaca que el afectado puede solicitar la suspensión de la orden del traslado mediante petición simple en el escrito inicial de la controversia judicial y la autoridad judicial podrá, si lo considera pertinente, conceder la medida cautelar de manera inmediata hasta en tanto se resuelve en definitiva, o incluso, pronunciarse de oficio, con lo cual evitará que la controversia quede sin materia. De igual forma, se entiende que la referida orden de traslado sin autorización judicial previa no carece de fundamentación, ni se traduce en una violación directa a la Constitución General, porque las hipótesis en que puede ejecutarse están previstas en la citada ley especial, y se trata de un acto que emite una autoridad competente dentro del correspondiente procedimiento. Lo que lleva a concluir que la controversia judicial es un medio de defensa idóneo para impugnar y suspender los efectos de la orden de traslado urgente o excepcional cuando no se cuenta con la resolución en la que la autoridad judicial califique la legalidad del acto, ya que no rebasa las previsiones del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, sin soslayar que la Ley Nacional de Ejecución Penal, en el artículo 132, fracción VII, prevé la procedencia del recurso de apelación en caso de inconformidad con la resolución que decida la controversia judicial, por lo que, el afectado tiene la obligación de agotar los referidos medios de defensa previamente a acudir a la instancia constitucional." Finalmente no obsta a la consideración a la que se arriba, que en el caso la parte quejosa aduzca, que con la orden de traslado combatida, pueda dificultarse su derecho a la reinserción social en su vertiente de guardar reclusión en un lugar cercano a su domicilio familiar, previsto en el precepto 18 de la carta magna, u otros diversos que vulneren derechos humanos, pues como ya lo consideró la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria dictada al resolver el recurso de queja 36/2020, que dio origen a la tesis 1a. XXIV/2021 (10a.), que ha sido reproducida con antelación, la controversia judicial que puede promoverse contra la orden de traslado urgente o excepcional, se trata de un mecanismo de defensa que se realiza bajo el esquema del sistema acusatorio, mediante audiencia a la que acuden todos los interesados, y su sustanciación concluye con una resolución en la que el Juez de Ejecución debe pronunciarse, incluso de oficio, sobre cualquier violación a los derechos fundamentales de los sentenciados internos en los centros penitenciarios . Y respecto de la cual, de conformidad con el artículo 115 de la ley Nacional de Ejecución Penal, que dispone que el juez de ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motive la petición correspondiente respecto de las condiciones de internamiento de la persona privada de su libertad; por lo que se insiste, cuando el acto reclamado consista en un traslado, el peticionario tiene la obligación de agotar los medios de defensa que concede la ley de referencia. Por consiguiente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el ordinal 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, PROCEDE DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO, respecto de la orden de traslado, y autoridades a quienes se la atribuye, con fundamento en el precepto 113 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tienen como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a José Guadalupe Lozano Aldrete, quien tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, más no así Ma. Consuelo Venegas Martínez, quien se autoriza únicamente para recibir notificaciones de carácter personal e imponerse de los autos y como domicilio para tal efecto el que se señala en la demanda. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. EXHORTACIÓN TRÁMITE JUICIO EN LÍNEA. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del acuerdo 21/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que en la medida de lo posible continúen el trámite del presente juicio en línea; además se requiere a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. Notifíquese personalmente.
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