EZEQUIEL SOTO AYON y Otros.

Expediente 725/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
725/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
09/01/2019

Partes del expediente

  • EZEQUIEL SOTO AYON y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales el oficio 2014/2019, signado por el Juez Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con sede en Zapopan, mediante el cual acusa recibo del oficio 3968-5A, de fecha de veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho, con el que se le remitió los autos originales del presente juicio de amparo, y comunica que acepta la competencia planteada; por tanto, de conformidad con lo establecido por el artículo 214 de la Ley de Amparo, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente archívese el presente como asunto concluido. Con fundamento en la fracción I, del ordinal Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa que este asunto es susceptible de destrucción; dado que el Juez Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, se avoco al conocimiento del juicio de amparo 725/2018; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo reciente, por tratarse de un asunto, similar al indicado en la fracción I, del artículo noveno, capítulo tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General conjunto número 1/2009. Asimismo, se indica que del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido las partes, no se trata de un cuaderno de antecedentes con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental, puesto que ingresó en este Juzgado Federal, el veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho, por ello, no encuadra en aquéllos expedientes con ingreso en el año de mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente cuaderno de antecedentes, con apoyo en los dispositivos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado.

  2. Principal

    Visto el escrito de demanda de amparo promovida por Luis Ezequiel Soto Ayón, quien se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número Dos "Occidente", con sede en El Salto, Jalisco, contra actos del Juez Quinto Penal en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, y otra autoridad; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno respectivo con el número 725/2018-5A. Pues bien, se precisa que la competencia legal es de orden público, de ahí que, no puede quedar sujeta a la voluntad de las partes; por tanto, se procede a analizar si en el caso se surte la competencia legal de este juzgado federal, para conocer de la demanda de amparo promovida por el quejoso Ezequiel Soto Ayón. En ese sentido, del análisis integral de la demanda de amparo se desprende que el impetrante actualmente se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número Dos "Occidente", con sede en El Salto, Jalisco y combate la orden de aprehensión dictada por el Juez Quinto Penal en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, en la causa penal 004/2002 de su índice. Pues bien, el suscrito juzgador carece de competencia legal para conocer del presente juicio de amparo. En efecto, para llegar a dicha conclusión es necesario considerar la previsión del artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.". Con relación a la interpretación del precepto transcrito y retomando por similitud el artículo 36 de la Ley de Amparo de mil novecientos treinta y seis, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció tres reglas para fijar la competencia, a saber: a) La establecida en el último párrafo consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese emitido la resolución, en este supuesto, basta que quede debidamente acreditado en autos que la responsable emisora del acto que se reclama (mismo que no requiere de ejecución material) radica dentro de ese ámbito territorial de jurisdicción del Juez Federal, para que éste sea el que naturalmente conozca del juicio de amparo. b) La segunda regla contenida en el primer párrafo se caracteriza porque, con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro considerado para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que requieren de ejecución. c) La tercera regla constituye un matiz de la segunda, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del Juez de Distrito, se establece que en caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, entonces el competente será ante el que se presente la demanda. Como se aprecia, las reglas de competencia por razón de territorio contenidas en el trascrito artículo 37 tienen como eje rector la ejecución material del acto reclamado, mientras que, al tratarse de aquellos actos que no la tienen, lo que se considera para determinar la competencia del Juez de Distrito, es el lugar donde resida la autoridad que emitió el acto. Ahora bien, la palabra ejecutar significa, literalmente, "poner por obra algo" (conforme al Diccionario de la Lengua Española); la palabra ejecución es tanto su acción como su efecto. Por tanto, ejecutar, tiene el sentido ordinario de realizar acciones que implican o producen un cambio en el mundo físico. El artículo 37 de la Ley de Amparo, al emplear la voz ejecución, reafirma ese entendimiento, al calificar la palabra ejecución con la característica de "material", esto es, opuesto a lo que sólo tiene impacto en el mundo formal, la ejecución material implica un cambio en la situación jurídica del quejoso, ya sea que le impone una carga o le priva o limita algún derecho. Así, para determinar si el acto reclamado tiene o no ejecución atendiendo a su naturaleza intrínseca y no a su forma de expresión, se considera conveniente distinguir la naturaleza positiva y negativa de los actos, de conformidad con lo señalado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 176/2009, que dio origen a la jurisprudencia 2a./J.152/2009 . ".En este sentido, un acto será de carácter positivo cuando consista en una conducta comisiva, es decir, en una acción de hacer. A su vez, estos actos se subclasifican en: a) actos de ejecución instantánea; b) actos de ejecución continuada o inacabada; y, c) actos de ejecución de tracto sucesivo. Por su parte, el acto será de naturaleza negativa cuando consista en una conducta omisiva o en una abstención de dejar de hacer lo que la ley ordena o en dejar de reconocer u otorgar lo que la norma impone. Estos actos negativos se subclasifican en: a) abstenciones; b) negativas simples; y, c) actos prohibitivos. Es importante poner de relieve que aunque los actos administrativos puedan expresarse en forma negativa, su naturaleza es positiva cuando entrañan la privación del ejercicio de un derecho o cuando en virtud de esa negativa la autoridad pueda actuar en forma positiva afectando la esfera jurídica del quejoso. Los actos negativos omisivos son abstenciones por parte de la autoridad no expresadas materialmente pero apreciables por la conducta apática o negligente de aquélla. Los actos negativos simples son los que se expresan mediante el rechazo de la autoridad acerca de lo pedido. Finalmente, los actos prohibitivos son aquellos que implican una orden o conducta positiva de la autoridad tendiente a impedir una conducta del particular afectado. Entonces, cualquiera que sea la forma de expresión que emplee la autoridad, sea concediendo o negando lo que se le pidió, sea ordenando o prohibiendo, para definir la naturaleza negativa del acto habrá que analizar en cada caso si el mismo redunda en una abstención de otorgar o reconocer al quejoso el derecho que le corresponde; o para definir su carácter positivo, habrá que advertir si impone al quejoso una carga a la que no se está obligado, o le priva o limita algún derecho que figura en su patrimonio jurídico.". Conforme a las precisiones reaIizadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto a la naturaleza intrínseca de los actos de autoridad, el suscrito Juez estima que el acto reclamado por el justiciable consistente en la orden de aprehensión dictada por el Juez Quinto Penal en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, en la causa penal 004/2002 de su índice, lleva implícita una ejecución material, la cual se efectuará precisamente en el lugar de su reclusión, esto es, en El Salto, Jalisco, en virtud de que el quejoso se encuentra privado de la libertad en el Centro Federal de Readaptación Social Número Dos "Occidente", con sede en El Salto, Jalisco. Lo anterior es así dado que el propio quejoso expresó bajo protesta de decir verdad que se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social Número Dos "Occidente", con sede en El Salto, Jalisco y fue informado por personal jurídico del centro penitenciario aludido que el Juez Quinto Penal en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, dictó una orden de aprehensión en su contra en la causa penal 004/2002 de su índice; por consiguiente, el mandato combatido en este juicio de amparo tendrá ejecución material precisamente en el centro penitenciario donde se encuentre recluido el quejoso. En efecto, la orden de aprehensión reclamada implica una ejecución, la cual se materializará en el Centro Federal de Readaptación Social Número Dos "Occidente", con sede en El Salto, Estado de Jalisco, es decir, dentro de la circunscripción territorial donde ejercen jurisdicción los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. Cierto, la premisa tendente a que el acto reclamado tiene ejecución material en el Estado de Jalisco, donde se encuentra recluido el quejoso es correcta porque en el caso se trata de definir la competencia del Juez de Distrito y no debe confundirse la naturaleza del acto con el perjuicio, dado que la naturaleza del acto se determina conforme a éste, es decir, si introduce o no un cambio a la realidad (positivo); si no afecta la realidad existente (negativo); si implica un no hacer de la autoridad o la inacción de la autoridad (omisivo); sin embargo, no puede determinarse que el acto reclamado por el quejoso en la presente instancia tenga ejecución en este circuito, dado que la certeza radica en que el quejoso se encuentra recluido en un centro federal con residencia en el Estado de Jalisco y, por ende, en caso de existir el acto reclamado, la ejecución material sería precisamente en el centro penitenciario, con sede en el Estado de Jalisco. Entonces, al tratarse el acto reclamado de una orden de aprehensión dictada contra el quejoso, quien se encuentra en el Centro Federal de Readaptación Social Número Dos "Occidente", con sede en El Salto, Jalisco, aquélla tendrá ejecución material en el propio centro penitenciario donde se encuentra privado de su libertad, por lo que no podría tener una ejecución material en el Estado de Sinaloa, sino en el Centro Federal de Readaptación Social Número Dos "Occidente", con residencia en El Salto, Jalisco; por tal razón, se actualiza la regla de competencia prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo vigente, que establece la competencia en favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, se trate de ejecutar o se esté ejecutando el acto reclamado dado que, en la especie, el acto reclamado necesariamente tendrá ejecución y surtirá sus efectos en el Estado de Jalisco. En esa tesitura, puesto que el acto que en esta vía se impugna, sólo tendrá ejecución en el Estado de Jalisco, es incuestionable que la competencia para conocer de la presente demanda de amparo, por razón de territorio, corresponde al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, en turno; por tanto, el suscrito Juez declara carecer de competencia legal por razón de territorio, para conocer del presente asunto y ordena remitir la demanda de amparo al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, en turno, a quien se estima competente para conocer del mismo, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Por consiguiente, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Por otra parte, conforme a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los centros de justicia penal federal, así como los artículos 27, fracción II, de la Ley de Amparo, 298 y 299, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al citado cuerpo de leyes, en términos de su artículo 2, gírese atento exhorto en línea a través del Portal del Consejo de la Judicatura Federal, al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, en turno, para que en auxilio de la Justicia Federal y por comisión de las labores de este Juzgado, se sirva ordenar, a quien corresponda, para que notifique personalmente al quejoso Ezequiel Soto Ayón, en el Centro Federal de Readaptación Social Número Dos "Occidente", con sede en El Salto, Jalisco, el presente acuerdo y se sirva devolverlo por la misma vía con las constancias relativas. Por último, acorde a los artículos 21 de la Ley de Amparo y 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de la diligencia encomendada y se le faculta para determinar y acordar las promociones necesarias, diligencias e incluso aplicar los medios de apremio indispensables para la debida diligenciación solicitada.

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