Fabiola Bojorquez Gonzalez
Expediente 363/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 363/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 22/10/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Fabiola Bojorquez Gonzalez
Actuaciones
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, veintidós de octubre de dos mil veinte. Vista la certificación secretarial de cuenta y en atención al estado procesal de los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el auto de veintiocho de septiembre de dos mil veinte, dictado en el juicio de amparo 363/2020-3A, mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo promovida por Fabiola Bojórquez González; por ende, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2, párrafo segundo, de dicho ordenamiento legal, se declara que el citado acuerdo ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Por tanto, con fundamento en lo establecido por el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado del presente proveído, sin necesidad de nuevo acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. En ese sentido, con fundamento en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se precisa que este asunto es susceptible de destrucción, dado que por auto de veintiocho de septiembre de dos mil veinte, se desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo judicial por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I del artículo octavo, de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto. Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente de relevancia documental, puesto que no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, así como tampoco se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni tampoco generados por los Plenos de Circuito, que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativo a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en el artículo 21, penúltimo párrafo, del Acuerdo General citado, este órgano jurisdiccional procederá a la destrucción del presente juicio de amparo, y ordenará la remisión del acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA QUEJOSA FABIOLA BOJORQUEZ GONZALEZ, EL AUTO DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, QUE A LA LETRA DICE: Vista la demanda de amparo que promueve Fabiola Bojórquez González, por su propio derecho, contra actos del Secretario de Seguridad Pública y Comisionado de Prevención y Readaptación Social. Formación y registro del expediente Se ordena anotar en el libro de registro de juicios de amparo con el número 363/2020-3A, registrar en el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes, de este órgano jurisdiccional y formar expediente, tanto físico como electrónico. Precisión de los actos reclamados De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido en la jurisprudencia P./J. 40/2000 y en la tesis P. VI/2004, ambas del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD" y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO"; así como del análisis integral de la demanda de amparo y de la causa de pedir de la parte promovente, se precisa que el acto reclamado en el presente controvertido constitucional es el siguiente: El oficio PRS/10975/2020, de diecisiete de agosto de dos mil veinte, suscrito por el Comisionado de Prevención y Readaptación Social, mediante el cual se resolvió la terminación de los efectos del nombramiento de la quejosa, a partir del uno de septiembre de dos mil veinte. Desechamiento Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, una vez examinada en su totalidad la demanda de amparo, este órgano jurisdiccional concluye que debe desecharse de plano, debido a que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX,1 de la Ley de Amparo, virtud que contra el acto reclamado procede el juicio de nulidad, es decir, se tiene que colmar el principio de definitividad previo a la promoción del juicio de amparo indirecto, esto por los motivos que a continuación se expondrán. Primero, es importante precisar que en el artículo 1132 de la Ley de Amparo, faculta a los jueces de distrito para que, en los casos en los que adviertan la actualización de una causa de improcedencia, desechen de plano el escrito de demanda correspondiente, con la condición de que ello se desprenda de manera manifiesta e indudable. 1 "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente. - - - (.) - XX.- Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior ." 2 "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano."?????????????? Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,3 ha señalado que un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, pues no requiere mayor justificación, en virtud de que su actualización se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios, de los documentos que se anexan a esas promociones, o bien de un diverso juicio de amparo. Sobre dichas condicionantes, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que por "manifiesto" se debe entender aquello que es patente, notorio y absolutamente claro y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho; es decir, que es evidente.4 No obstante, para poder arribar a la conclusión de que una causa de improcedencia se advierte de ese modo, se debe tomar en cuenta la demanda de amparo y los anexos, a efecto de que esté debidamente probada y no sea inferida con base en presunciones, de forma tal que resulte innecesaria la substanciación del juicio, en virtud de que no sería posible arribar a una determinación diversa.5 De esta manera, para advertir una notoria e indudable 3 Tesis LXXI/2002, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO." consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVI, julio de 2002, página 448, registro 186605. 4 Véase la tesis 2a. LXXI/2002, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, julio de 2002, página 448, registro IUS: 186605. 5 Véase la jurisprudencia 2a.7J. 183/2005, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. AL PROVEER SOBRE SU ADMISIÓN, SU ANÁLISIS DEBE COMPRENDER LOS ANEXOS QUE SE ACOMPAÑEN A LA MISMA.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, enero de 2006, página 778, registro IUS: 176329, y tesis sin número, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. DEBE PROBARSE PLENAMENTE Y NO APOYARSE EN PRESUNCIONES.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 84, Tercera Parte, página 35, registro IUS: 238327. improcedencia debe atenderse al escrito de demanda, a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que no sea necesaria alguna otra constancia para configurar dicha improcedencia. En ese mismo sentido, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que cuando de la sola lectura de la demanda se advierte que existen cuestiones de derecho que impiden la procedencia de juicio y que, por sus características propias, no son desvirtuables con su tramitación, debe desecharse de plano por notoriamente improcedente, ya que sin importar lo que se alegue o las pruebas que se alleguen aquella cuestión no se superaría.6 Ahora bien, en relación con el examen que se debe realizar de la demanda de amparo, es importante tener presente que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que aquélla debe ser interpretada en su integridad con la finalidad de establecer con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que la conforman con el fin de dictar una resolución que contenga la fijación clara y precisa de los actos reclamados.7 6 Véase por analogía, la tesis P. LXXI/2004, que lleva por rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE SU DESECHAMIENTO DE PLANO SI LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA ESTRIBA EN UNA CUESTIÓN DE DERECHO NO DESVIRTUABLE CON LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO". Visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, Diciembre de 2004, Materia Constitucional, página 1122. Registro: 179954. 7 Véase la jurisprudencia P./J. 40/2000, que lleva por rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Abril de 2000, Materia Común, página 32. Registro: 192097.???????????? Asimismo, el Pleno del Máximo Tribunal del País ha señalado que para lograr la fijación clara y precisa de los actos reclamados debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. De igual manera, ha establecido que los juzgadores de amparo deberán armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Así, al fijar los actos reclamados, el juez debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se puede lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.8 Consecuentemente, si la improcedencia constituye una excepción a la regla general, que es la procedencia del juicio de amparo como medio de control de los actos de autoridad que vulneren los derechos humanos reconocidos en el pacto federal, dichas causales deben probarse plenamente y no inferirse a base de presunciones.9 En el caso, se estima que se actualiza respecto del acto aquí reclamado, de modo manifiesto e indudable la 8 Así lo estableció en la tesis P. VI/2004 que lleva por rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". Visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, Abril de 2004, Materia Común, página 255. Registro 181810. 9Este tribunal comparte el criterio V.2o. J/18 sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, junio de 1996, tomo III, página 610, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, DEBE PROBARSE PLENAMENTE Y NO APOYARSE EN PRESUNCIONES." causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)". Como puede verse, el precepto transcrito prevé que el juicio será improcedente cuando se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o que proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados; es decir, regula el principio de definitividad, que se reconoce respecto de actos materialmente administrativos en el artículo 107, fracción IV, constitucional, en la forma siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que??????????? establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución; (.)" En este sentido, conviene destacar que el cumplimiento del principio de definitividad por parte de los gobernados, responde a la naturaleza jurídica del juicio de amparo como medio extraordinario de defensa y a la necesidad de evitar el abuso de dicha acción, de modo tal, que el control constitucional encomendado a los tribunales integrantes del Poder Judicial de la Federación, sólo acontezca cuando la conducta de autoridad que se impugna posea el carácter de definitiva según la ley que la rija. Por ende, se estima que el principio de definitividad del juicio de amparo obliga a la parte quejosa a agotar, previamente a su promoción, el recurso o medio de defensa que conceda la ley en contra de actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo y por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, pues como ya se dijo, el juicio constitucional se concibió como un medio extraordinario de defensa, lo que significa que sólo procede en casos excepcionales. Asimismo, del contenido de los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Federal y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, se desprende que los gobernados que reclaman actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, no se encuentran obligados a cumplir el principio citado, en los casos siguientes: 1. Cuando la ley aplicable no permita suspender los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional; independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con el mismo ordenamiento. 2. Cuando el acto reclamado carece de fundamentación. 3. Cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución Federal. 4. Cuando el recurso o medio de defensa esté previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia; y, 5. Cuando en el informe justificado la autoridad responsable señale la fundamentación y motivación del acto reclamado, en los casos en que proceda que se realice esta circunstancia. En el caso, procede determinar si contra el acto reclamado procede el juicio de amparo, o bien, si previamente se debió cumplir con el principio de definítividad, agotando el medio de defensa correspondiente, en los términos que prevé el precepto mencionado. En este sentido, conviene recordar que la parte promovente reclama el oficio PRS/10975/2020, de diecisiete de agosto de dos mil veinte, suscrito por el Comisionado de Prevención y Readaptación Social, mediante el cual se resolvió la terminación de los efectos????????????? del nombramiento de la quejosa, a partir del uno de septiembre de dos mil veinte; esto, concatenado con las pruebas documentales anexas a la demanda de amparo, se deduce que dicho oficio fue consecuencia del acta administrativa 011/2014, que se instrumentó con motivo de las irregularidades reportadas por el Subdirector de lo Contencioso en la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos, en virtud de haber obtenido resultado no aprobado en las evaluaciones de control de confianza hechas por la autoridad penitenciaria Precisado lo anterior, se verifica que el acto reclamado consiste en un acto de autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, pues se advierte que éste proviene del Comisionado de Prevención y Readaptación Social, quien es una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Ahora, por cuanto que contra el acto reclamado proceda algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, en el caso a estudio, el promovente tiene a su disposición el juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que señala: "Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: (.) XII. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; (.) Por otro lado, el artículo 1 del Reglamento del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, 1 del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; y, 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que dicen: Artículo 1.- El presente Reglamento tiene por objeto establecer la organización y funcionamiento de Prevención y Readaptación Social, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Seguridad Pública, el cual contará con autonomía técnica y operativa en el desarrollo de sus funciones. Artículo 1.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana es una dependencia del Poder Ejecutivo Federal que tiene a su cargo el ejercicio de las atribuciones que en materia de seguridad pública y nacional, así como de protección civil, le asignen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 17. Para la más eficaz atención y eficiente despacho de los asuntos de su competencia, las Secretarías de Estado podrán contar con órganos administrativos desconcentrados que les estarán jerárquicamente subordinados y tendrán facultades específicas para resolver sobre la materia y dentro del ámbito territorial que se determine en cada caso, de conformidad con las disposiciones legales aplicables. En términos de los numerales citados, se establece la procedencia del juicio de nulidad contra actos de las autoridades de la Administración Pública Federal, que causen agravio a una persona física o moral. Ahora bien, de conformidad con los artículos 1 del Reglamento del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, 1 del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; y, 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se deduce que el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, es una dependencia que integra la Administración Pública Federal; por lo cual el Comisionado de Prevención y Readaptación Social, también pertenece a ésta, por ende, es procedente el juicio de nulidad administrativa.???????????? Además, a través de dicho juicio, por disposición del artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, pueden suspenderse los efectos del acto reclamado, porción normativa que señala: "ARTÍCULO 28. La solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, presentado por el actor o su representante legal, se tramitará y resolverá, de conformidad con las reglas siguientes: I. Se concederá siempre que: a) No se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, y b) Sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución del acto impugnado. II. Para el otorgamiento de la suspensión deberán satisfacerse los siguientes requisitos: a) Tratándose de la suspensión de actos de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, se concederá la suspensión, la que surtirá sus efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. Al otorgar la suspensión, se podrá reducir el monto de la garantía, en los siguientes casos: 1. Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del solicitante, y 2. Si se tratara de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito. b) En los casos en que la suspensión pudiera causar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el solicitante otorga garantía bastante para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que con ella se cause, si éste no obtiene sentencia favorable. En caso de afectaciones no estimables en dinero, de proceder la suspensión, se fijará discrecionalmente el importe de la garantía. La suspensión a la que se refiere este inciso quedará sin efecto, si previa resolución del Magistrado Instructor, el tercero otorga a su vez contragarantía para restituir las cosas al estado que guardaban antes de la notificación del acto impugnado al solicitante y a pagar los daños y perjuicios que se le hayan ocasionado, si finalmente la sentencia definitiva que se dicte fuere favorable a sus pretensiones, así como el costo de la garantía que este último hubiere otorgado. No procede admitir la contragarantía si, de ejecutarse el acto, quedare sin materia el juicio. c) En los demás casos, se concederá determinando la situación en que habrán de quedar las cosas, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal, hasta que se pronuncie sentencia firme. d) El monto de la garantía y contragarantía será fijado por el Magistrado Instructor o quien lo supla. III. El procedimiento será: a) La solicitud podrá ser formulada en la demanda o en escrito diverso presentado ante la Sala en que se encuentre radicado el juicio, en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia firme. MANUEL EDUARDO ANZUA ROMERO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e4.02 01/06/23 16:11:16 12 b) Se tramitará por cuerda separada, bajo la responsabilidad del Magistrado Instructor. c) El Magistrado Instructor deberá conceder o negar la suspensión provisional de la ejecución, a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud. d) El Magistrado Instructor requerirá a la autoridad demandada un informe relativo a la suspensión definitiva, el que se deberá rendir en el término de tres días. Vencido el término, con el informe o sin él, el Magistrado resolverá lo que corresponda, dentro de los tres días siguientes. IV. Mientras no se dicte sentencia firme en el juicio, el Magistrado Instructor podrá modificar o revocar la resolución que haya concedido o negado la suspensión definitiva, cuando ocurra un hecho superveniente que lo justifique. V. Cuando el solicitante de la suspensión obtenga sentencia favorable firme, el Magistrado Instructor ordenará la cancelación o liberación de la garantía otorgada. En caso de que la sentencia firme le sea desfavorable, a petición de la contraparte o en su caso, del tercero, y previo acreditamiento de que se causaron perjuicios o se sufrieron daños, la Sala ordenará hacer efectiva la garantía otorgada ante la autoridad". De lo que se colige que, no se exigen mayores requisitos que los previstos en el numeral 128 de la Ley de Amparo, el que dispone: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado". En efecto, el primer conjunto normativo señalado, precisa que la solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado debe presentarse por el actor o su representante legal y que se concederá la medida si no se afecta el interés social, no se contravienen disposiciones de orden público y sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al solicitante con esa ejecución.??????????? Por tanto, si el precepto legal en comento no establece mayores requisitos que la Ley de Amparo, para conceder la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, es inconcuso que el juicio de amparo indirecto promovido contra dicho acto es improcedente si previamente no se agotó el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, atento al principio de definitividad. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 27/2016 (10a.), de la Segunda Sala del Alto Tribunal, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 28, Marzo de 2016, Tomo II, página 1194, de rubro siguiente: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CONFORME A LA LEY DE AMPARO, EN ESENCIA, SON IGUALES A LOS QUE SE OTORGAN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO." En ese orden, la ley que rige los actos no prevé mayores requisitos de los que prevé la Ley de Amparo para suspender su ejecución, tiene los mismos alcances, sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, de ahí que no se actualice la excepción al principio de definitividad consistente en que la ley aludida no prevea la suspensión de la ejecución de los actos, o bien, establezca mayores requisitos. Por lo que, si la parte quejosa no agotó el medio de impugnación correspondiente contra el acto reclamado, es dable concluir que el amparo es improcedente, sin que en la especie se actualice excepción alguna al principio de definitividad, por lo que la inconforme estuvo en aptitud de hacer valer los aludidos medios de defensa contra el acto reclamado. Por otra parte, respecto a que el acto reclamado carezca de fundamentación, no es aplicable en el presente asunto, pues de la prueba documental que ofrece consistente en el oficio PRS/10975/2020, de diecisiete de agosto de dos mil veinte, suscrito por el Comisionado de Prevención y Readaptación Social, mediante el cual se resolvió la terminación de los efectos del nombramiento de la quejosa, a partir del uno de septiembre de dos mil veinte, no se aprecia la ausencia total de fundamentación de ese acto, de ahí que, tampoco se actualice ese supuesto. Ilustra a lo anterior por el criterio que sostiene la jurisprudencia PC.IV.A. J/28 A (10a), sustentada por el Pleno en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo II, Décima Época, Página 895, de rubro: "BOLETA DE INFRACCIÓN QUE IMPONE UNA MULTA POR TRANSGREDIR ALGUNA DISPOSICIÓN REGLAMENTARIA MUNICIPAL. PARA QUE SE ACTUALICE LA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO, LA AUSENCIA DE FUNDAMENTACIÓN EN AQUÉLLA DEBE SER ABSOLUTA." De igual manera, en el presente no se actualiza la excepción relativa a que únicamente se aleguen violaciones directas a la Constitución, pues la parte quejosa además de señalar transgresión a los artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que refiere en el escrito inicial de demanda, alega cuestiones relacionadas con la legalidad del acto???????????? reclamado, esto es, circunstancias que atañen directamente al contenido del oficio reclamado, pero en cuanto a la legalidad del oficio reclamado, pues su valoración implica un análisis de ordenamientos secundarios, lo que constituye un tema de legalidad que implica una cuestión de fondo que, ante la improcedencia del juicio de amparo, no es dable analizar; lo que la obliga a agotar el recurso ordinario contra los actos reclamados. Ilustra lo anterior la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 119, 175-180 Tercera Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN. En principio un juicio de garantías es improcedente y debe ser sobreseído cuando la parte quejosa no hace valer, previamente a la promoción de dicho juicio, los recursos ordinarios que establezca la ley del acto, pues entre los principios fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional se halla el de definitividad, según el cual este juicio, que es un medio extraordinario de defensa, sólo será procedente, salvo los casos de excepción que la misma Constitución y la Ley de Amparo precisan, y, con base en ambas, esta Suprema Corte en su jurisprudencia, cuando se hayan agotado previamente los recursos que la ley del acto haya instituido precisamente para la impugnación de éste. Como una de las excepciones de referencia, esta Suprema Corte ha establecido la que se actualiza cuando el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, ya que no instituirla significaría dejar al quejoso en estado de indefensión, porque precisamente esas carencias (falta absoluta de fundamentación y motivación) le impedirían hacer valer el recurso idóneo para atacar dicho acto, pues el desconocimiento de los motivos y fundamentos de éste no le permitirían impugnarlo mediante un recurso ordinario. Empero, no hay razón para pretender que, por el hecho de que en la demanda de garantías se aduzca, al lado de violaciones a garantías de legalidad por estimar que se vulneraron preceptos de leyes secundarias, violación a la garantía de audiencia, no deba agotarse el recurso ordinario, puesto que, mediante éste, cuya interposición priva de definitividad el acto recurrido, el afectado puede ser oído con la amplitud que la garantía de audiencia persigue, ya que tiene la oportunidad de expresar sus defensas y de aportar las pruebas legalmente procedentes. En cambio, cuando únicamente se aduce la violación de la garantía de audiencia, no es obligatorio, para el afectado, hacer valer recurso alguno. El quejoso debe, pues, antes de promover el juicio de garantías, agotar el recurso establecido por la ley de la materia, pues la circunstancia de que en la demanda de amparo se haga referencia a violaciones de preceptos constitucionales no releva al afectado de la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los recursos que estatuye la ley ordinaria que estima también infringida, pues de lo contrario imperaría el arbitrio del quejoso, quien, por el solo hecho de señalar violaciones a la Carta Magna, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca". Ahora, no es óbice a lo anterior, la circunstancia que el acto reclamado pudiera ser considerado de imposible reparación, al verse afectados derechos sustantivos de la parte quejosa; sin embargo, ello no altera de forma alguna las exigencias de procedencia establecidas, por lo cual, este Juzgado de Distrito está obligado a verificar que la parte promovente haya cumplido con la observancia del principio de definitividad, mediante el agotamiento del recurso ordinario de defensa, tal como lo prevé la ley para el acto reclamado, recurso que tiene como finalidad modificar, revocar o anular el acto reclamado. Además de que, debe ajustarse a las directrices fijadas por el Pleno del Máximo Tribunal, en jurisprudencia por contradicción de tesis 11/2018, en el sentido de que para determinar la procedencia del juicio de amparo, es fundamental agotar el principio de definitividad aun cuando se trate de actos de ejecución irreparable. Por tanto, al ser de estricta interpretación las leyes que establecen excepciones, como regla general, en contra de actos de ejecución irreparable es obligatorio agotar los medios ordinarios, pues no es suficiente para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto que se reclame un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, sino que debe constatarse que la parte???????????? solicitante de la protección constitucional haya agotado el medio ordinario de defensa que tiene a su alcance. Es aplicable a lo anterior por el criterio que sostiene, la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 55, junio de 2018, tomo I, página 8, cuyo rubro es: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Asimismo, como se evidenció en párrafos que anteceden, la ley que rige los actos no prevé mayores requisitos de los que prevé la Ley de Amparo para suspender su ejecución. Del mismo modo, los actos reclamados no importan una violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución General de la República, pues como los actos son meramente de carácter administrativo, como se precisó en párrafos anteriores. De igual forma, en la especie no se impugna una ley que se estime inconstitucional con motivo de su primer acto de aplicación, lo que se evidencia con la descripción de los actos reclamados en el apartado correspondiente. A su vez, los actos reclamados no se trata de aquellos que importen peligro de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional, lo que se advierte de la precisión de actos indicada en los párrafos que anteceden. Ahora, respecto de los actos que reclama, como quedó demostrado en párrafos que anteceden, la ley a través de la cual puede impugnar el acto reclamado sí prevé la suspensión de la ejecución; de ahí que no se actualice la excepción al principio de definitividad consistente en que la ley aludida no prevea la suspensión de la ejecución de los actos. Respecto al tema, sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 2a./J. 19/2015 (10a.), visible en la foja 783, libro 17, de abril de 2015, tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES EQUIVALENTE AL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). La fracción IV del artículo 107 de la Constitución Federal señala que en materia administrativa no será necesario agotar los medios de defensa ordinarios, siempre que conforme a las leyes que los prevean, se puedan suspender los efectos de los actos reclamados con los mismos alcances de la ley reglamentaria, "... y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional". En consonancia con lo anterior, la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando proceda algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual los actos reclamados puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las leyes respectivas se suspendan los efectos de dichos actos con los mismos alcances y requisitos que los que la misma ley consigna para conceder la suspensión definitiva, "... ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional ...". Ahora bien, de las normas anteriores se deduce que los conceptos jurídicos que utiliza tanto la Constitución como la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión, consistentes en: 1) los alcances; 2) los requisitos; y, 3) los plazos; son tres aspectos diferenciados que deben tomarse en cuenta para determinar si se debe o no relevar al quejoso de agotar el principio de definitividad, sin que deba confundirse la forma de apreciar la exigibilidad de cada uno de ellos, pues mientras que los requisitos para otorgar dicha medida cautelar constituyen una carga procesal que debe satisfacer el demandante, los otros dos factores, es decir, los alcances y los plazos, no tienen tal característica, toda vez que se trata de condiciones que deb???????????? observar las autoridades encargadas de concederla o negarla, y por tanto, son ajenos a la voluntad de los particulares. Por su parte, el artículo 28, fracción III, inciso c), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo dispone que "El Magistrado Instructor deberá conceder o negar la suspensión provisional de la ejecución, a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud."; lo cual significa que el tiempo que tome al Magistrado Instructor para proveer sobre la suspensión, no es un requisito para otorgar esta medida cautelar, en tanto que ni siquiera es una fatiga procesal que deba cumplir el demandante, sino más bien, una obligación impuesta al tribunal para brindar eficaz y oportunamente sus servicios. Consecuentemente, si a partir de la presentación de la demanda de nulidad, hay la posibilidad de que de inmediato se ordene la paralización de los actos enjuiciados, no hay motivo para afirmar que la legislación rectora de la jurisdicción contenciosa administrativa federal prevea mayores plazos que los de la Ley de Amparo para dictar el mandato suspensivo, toda vez que si bien de acuerdo con el artículo 112 de este ordenamiento, el Juez de Distrito debe proveer sobre la admisión de la demanda dentro del plazo de veinticuatro horas, la única diferencia entre uno y otro ordenamiento es que, para el amparo, el plazo para proveer sobre la suspensión se expresó en horas (24) y en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se determinó en días (al día hábil siguiente); pero en ambos casos con un sentido temporal prácticamente equivalente, porque conforme los dos ordenamientos lo que se procuró fue que entre la presentación de la demanda y el acuerdo que la admita, y en su caso provea sobre la suspensión, solamente transcurra un día como límite, y si bien conforme a este examen comparativo, en algunos casos, el Magistrado Instructor podría demorar su dictado con unas horas más de diferencia, debe tenerse en cuenta que el propósito del mandato constitucional es que se actúe con una celeridad semejante a la que exige la Ley de Amparo, mas no que el texto de ésta se repita en todos los demás ordenamientos, pues aun dentro del juicio constitucional se producen situaciones que demoran excepcionalmente la respuesta de la petición de suspender el acto reclamado." Por ello, si ese medio de defensa no se intentó antes de promover el juicio de amparo respecto de los actos de autoridad en cuestión, el procedimiento constitucional, como se indicó resulta improcedente, esto es, se trata de actos administrativos en los que no existe un controvertido al que no se le haya llamado a deducir sus derechos. Por otro lado, el medio ordinario de defensa, así como la suspensión del acto reclamado, se encuentran previstos en Ley -y no en un reglamento (supuesto de excepción)-, tal como ha quedado demostrado en párrafos previos. Lo anterior, en razón de que la posibilidad de promover el juicio contencioso administrativo no se encuentra contemplada en un reglamento, sino en dos leyes formales y materiales expedidas por el Congreso de la Unión, las cuales son la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Igualmente, a continuación procede determinar si en el caso opera o no la excepción al principio de definitividad, consistente en que no existe la obligación de agotar el medio de defensa, cuando en el informe justificado la autoridad responsable señale la fundamentación y motivación del acto reclamado. Para ello, conviene destacar que la finalidad que persigue esa excepción, es permitir que la parte quejosa pueda controvertir este aspecto a través de la ampliación de la demanda, específicamente en los casos previstos en el artículo 117, último párrafo, de la Ley de Amparo, y no en forma absoluta; tan es así, que el propio precepto mencionado contempla que la autoridad responsable no podrá variar o mejorar la fundamentación y motivación del acto reclamado al rendir el informe justificado, salvo que se trata de actos materialmente administrativos, en los cuales si podrá complementar estos tópicos. En este sentido, para definir el alcance de cuáles son los actos materialmente administrativos en los que la autoridad responsable sí puede complementar la fundamentación y motivación del acto reclamado al rendir el informe justificado, conviene señalar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que los mismos son exclusivamente??????????? los emitidos en forma unilateral por un órgano de la administración pública, cuyos efectos son directos e inmediatos, toda vez que cualquier acto administrativo, que recae a una solicitud de parte interesada, o bien, al ejercicio de un derecho de acceso a la información, de acceso a la justicia y de audiencia y defensa, invariablemente -de considerar que contiene un vicio que lo torna inconstitucionaldebe subsanarse a través de un nuevo acto. Dicho criterio se encuentra contenido en la jurisprudencia número 2a. /J. 23/2015 (10a.), localizable en la foja 1239, libro 16 de marzo de 2015, tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ACTOS MATERIALMENTE ADMINISTRATIVOS. EL SUPUESTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 124, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, SÓLO SE ACTUALIZA RESPECTO DE LOS EMITIDOS EN FORMA UNILATERAL. La porción normativa que establece: "En los asuntos del orden administrativo, en la sentencia se analizará el acto reclamado considerando la fundamentación y motivación que para complementarlo haya expresado la autoridad responsable en el informe justificado. Ante la falta o insuficiencia de aquéllas, en la sentencia concesoria se estimará que el referido acto presenta un vicio de fondo que impide a la autoridad su reiteración.", debe entenderse referida exclusivamente a los actos materialmente administrativos emitidos en forma unilateral por un órgano de la administración pública, cuyos efectos son directos e inmediatos, toda vez que cualquier acto administrativo, que recae a una solicitud de parte interesada, o bien, al ejercicio de un derecho de acceso a la información, de acceso a la justicia y de audiencia y defensa, invariablemente -de considerar que contiene un vicio que lo torna inconstitucional- debe subsanarse (a través de un nuevo acto) en la parte que corresponde a la afectación del derecho relativo, pues de lo contrario, quedaría inaudita la violación alegada bajo el argumento de que la autoridad responsable, al rendir su informe de ley, no complementó la fundamentación y motivación del acto reclamado y que, por tanto, existe "un impedimento para reiterarlo", lo que no es acorde con el objetivo del juicio de amparo de restituir al gobernado en el pleno goce del derecho violado y obligar a la autoridad responsable a respetarlo." Criterio que posteriormente fue reiterado en la diversa jurisprudencia número 2a. /J. 28/2015 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyo contenido literal es el siguiente: "PETICIÓN. CUANDO EN LA DEMANDA DE AMPARO SE ALEGUE VIOLACIÓN A ESE DERECHO, EL JUZGADOR NO ESTÁ OBLIGADO A SEGUIR EL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 117, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE LA MATERIA. El precepto referido sólo es aplicable tratándose de actos materialmente administrativos emitidos en forma unilateral por un órgano de la administración pública, cuyos efectos son directos e inmediatos; de ahí que cuando en la demanda de amparo se alegue violación al derecho de petición reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tratarse de un acto omisivo, aquel numeral resulta inaplicable, por lo que en este supuesto basta con que se dé vista al quejoso con la respuesta que, en su caso, proporcione la autoridad al rendir su informe justificado, para que pueda ampliar su demanda y alegar los vicios de fondo y forma que estime convenientes, pero sin exigir a dicha responsable que en el propio informe formule algún complemento, pues sería tanto como vincular al Juez de Distrito a prejuzgar que en todos los casos la respuesta adolece de falta o insuficiente fundamentación y motivación, no obstante que la persona afectada desconocía su contenido y no estaba, en consecuencia, en aptitud de plantear un argumento en tal sentido." Por ende, para que se actualice esta excepción al principio de definitividad, es necesario que el acto reclamado en el juicio de amparo indirecto sea un acto materialmente administrativo en los términos que definió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto es, que se trate de un acto emitido en forma unilateral por un órgano de la administración pública, cuyos efectos son directos e inmediatos; más no de cualquier acto administrativo que recae a una solicitud de parte interesada, o bien, al ejercicio de un derecho de acceso a la información, de acceso a la justicia y de audiencia y defensa; y que la autoridad responsable al rendir su informe justificado haya complementado su fundamentación y motivación. En esas condiciones, si la parte quejosa no agotó el medio ordinario de defensa, es dable concluir que el amparo es improcedente, por lo que la parte quejosa estuvo en aptitud de hacer valer ese medio de defensa contra el acto que se analiza.????????????? Por tanto, como se adelantó, se estima que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar la demanda de amparo. Sin que la actualización de la causa de improcedencia antes advertida configure una denegación de justicia de los artículos 8, numeral 1º, de la convención americana sobre derechos humanos y 17 de la constitución federal, pues al constituirse el juicio constitucional como un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe cumplir con los requisitos de su procedencia; lo cual, de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia. Se cita en sustento a esto, la tesis aislada III.2o.C.3 K (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, de rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."10 También, se invoca la Jurisprudencia (Constitucional) XI.1o.A.T. J/1 (10a.), cuyo contenido es: "ACCESO A LA JUSTICIA. ES UN DERECHO LIMITADO, POR LO QUE PARA SU EJERCICIO ES NECESARIO CUMPLIR CON LOS PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA, ASÍ COMO DE OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO."11 Por analogía, la diversa emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ACCESO A LA JUSTICIA. SÓLO EL LEGISLADOR PUEDE IMPONER PLAZOS Y TÉRMINOS PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE ACCIÓN Y DEFENSA ANTE LOS TRIBUNALES".12 Cobra sustento a lo hasta aquí relatado la tesis jurisprudencia (Común): VII.2o.C. J/23, cuyo rubro refiere: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA"13. Domicilio y autorizados Con apoyo en los preceptos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo se tiene como domicilio de la parte quejosa el ubicado en callejón Guadalupe Victoria número 412 Poniente, colonia Centro, en esta ciudad y como sus autorizados en términos amplios del precepto 12 de la ley de la materia a Daniel López Hernández y Carlos Jesús Patiño Cabanillas, y 10 Tesis con número de registro IUS 2002537, Décima Época, de la Gaceta del Seminario Judicial de la Federación. 11 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 1, página 699. 12 Visible en la página 511, tomo XIX, de mayo de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 13 Emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Julio de 2006, Página 921.??????????? únicamente para oír y recibir notificaciones a Esmeralda Cázares Cabrera. Protección de datos personales En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 66, 67, fracción II, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los numerales 3, fracción XXI, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, 20 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 8 y 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales, se hace del conocimiento de la promovente que tiene derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia que de no realizar manifestación alguna, se entenderá que se niega a la publicación de éstos.
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