Exiquio Vega Atienzo
Expediente 703/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 13 actuaciones registradas, la última del 12 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 703/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 12/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Exiquio Vega Atienzo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
En doce de diciembre de dos mil veintidós, se da cuenta al Juez con la certificación secretarial que antecede y con el estado procesal de los autos. Conste. Los Mochis, Sinaloa, doce de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal de los autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202, en relación con el diverso 201, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa interpusiera recurso de inconformidad contra el acuerdo de quince de noviembre de dos mil veintidós, mediante el cual, se tuvo por cumplida la sentencia de amparo dictada en el presente juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo una vez notificado del presente acuerdo, sin necesidad de nuevo auto, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. En ese sentido, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se precisa que este asunto es susceptible de depuración, dado que por resolución dictada el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosegundo Circuito, con sede en Mazatlán, Sinaloa, el treinta de agosto de la presente anualidad, al resolver el amparo en revisión 92/2022 de su índice, determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo judicial por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I del artículo octavo, de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto. Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente de relevancia documental, puesto que no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, así como tampoco se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni tampoco generados por los Plenos de Circuito, que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativo a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, dentro de los siguientes noventa días, este juzgado depurará el presente expediente, con apoyo en el artículo 18, penúltimo y último párrafos, del Acuerdo General citado, y terminado el proceso de depuración, se solicitará la transferencia del presente expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación.
- Principal
En quince de noviembre de dos mil veintidós, se da cuenta al Juez con el estado procesal de los autos y con la certificación secretarial que antecede. Conste. Los Mochis, Sinaloa, quince de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista personal ordenada mediante acuerdo siete de los actuales, en relación con el oficio y documentales allegados por la autoridad responsable Jefa del Departamento de Pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, inherentes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, no obstante que tal determinación se le notificó a la parte quejosa vía electrónica el pasado ocho de noviembre de dos mil veintidós; por tanto, procede analizar si se otorgó el debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por las citadas autoridades. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, del tenor siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". En ese sentido, se precisa que por resolución dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosegundo Circuito, con sede en Mazatlán, Sinaloa, el treinta de agosto de la presente anualidad, al resolver el amparo en revisión 92/2022 de su índice, se concedió al quejoso *****************, la protección constitucional contra el acto reclamado a la autoridad responsable Jefa del Departamento de Pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, para el efecto de que dejara insubsistente la resolución reclamada y emitiera una nueva, en la que proceda a calcular las diferencias que se hubiesen generado retroactivamente a partir de la fecha en que se reconoció al quejoso el derecho a la pensión, esto es, a partir del treinta de junio de dos mil veintiuno, en su caso, procediera a efectuar el pago correspondiente. Ello, al estimarse que dicho acto omisivo transgredía el derecho humano de administración de justicia pronta y completa dentro de los plazos previstos por la ley, reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pues bien, la concesión del amparo se hizo pues, para el efecto de que la autoridad responsable dejara insubsistente la resolución reclamada de seis de octubre de dos mil veintiuno y emitiera una nueva, en la que procediera a calcular las diferencias que se hubiesen generado retroactivamente a partir de la fecha en que se reconoció al quejoso el derecho a la pensión, esto es, a partir del treinta de junio de dos mil veintiuno, en su caso, procediera a efectuar el pago correspondiente. Por su parte, mediante oficio presentado el cuatro de los corrientes, la autoridad responsable, remitió copia de la resolución emitida el veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, a través del cual calcularon las diferencias que se generaron retroactivamente a partir de la fecha en que se reconoció al impetrante de garantías el derecho a la pensión; atendiendo con ello la solicitud del promovente del amparo. Por tanto, mediante auto emitido por este juzgado el siete de noviembre del actual, se dio vista al quejoso con el oficio y documentales allegadas por la Jefa del Departamento de Pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera; en el entendido de que, el amparista no se pronunció al respecto, aun cuando fue debidamente notificado. En consecuencia, si la concesión del amparo se hizo para el efecto de que la autoridad responsable dejara insubsistente la resolución reclamada de seis de octubre de dos mil veintiuno y emitiera una nueva, en la que proceda a calcular las diferencias que se hubiesen generado retroactivamente a partir de la fecha en que se reconoció al quejoso el derecho a la pensión, esto es, a partir del treinta de junio de dos mil veintiuno, en su caso, proceda a efectuar el pago correspondiente, lo cual ya aconteció; por ende, es claro que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida y se ha restituido al quejoso en el pleno goce de sus derechos humanos violados, en términos de los numerales 77 y 196, ambos de la Ley de Amparo, sin haber incurrido la autoridad responsable en exceso o defectos.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, siete de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, con anexo, signado por la Jefa del Departamento de Pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, mediante el cual dice dar cumplimiento a la ejecutoria del presente juicio de amparo, y adjunta diversas constancias. En ese contexto, conforme a lo dispuesto por el artículo 196, de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con el oficio de cuenta, y anexo, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a su interés legal convenga; con el apercibimiento que de no hacerlo en el plazo conferido, este Juzgado Federal resolverá acerca del cumplimiento otorgado a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la citada autoridad responsable.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, diecinueve de octubre de dos mil veintidós. Visto los oficios de cuenta, suscritos por la Jefa del Departamento de Pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, mediante los cuales solicita una prórroga a fin de estar en aptitud de dar cabal cumplimiento a la ejecutoria dictada; agréguese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes. En ese sentido, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la ley de la materia, infórmesele que se amplía el plazo por una sola vez, otorgándosele un término de diez días, contado a partir de la legal notificación de este acuerdo, a fin de que la responsable en cita dé cumplimiento a la ejecutoria dictada. Es aplicable, por identidad jurídica, la Jurisprudencia de la Décima Época, con registro 2006184, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 926, del Tomo I, Libro 5, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Abril de 2014, Materia(s): Común, número de Tesis: 2a./J. 33/2014 (10a.), cuyo contenido es: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESTÁN FACULTADOS PARA AMPLIAR EL PLAZO OTORGADO PARA TAL FIN (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Tratándose del juicio de amparo indirecto, para garantizar que las autoridades responsables tengan el tiempo suficiente para analizar y materializar debidamente los alcances de las sentencias concesorias, esto es, sin excesos ni defectos, conforme al artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, el diverso numeral 193, párrafo tercero, de la propia ley, instituye una atribución para aquellos casos en los que las autoridades demuestren que la ejecutoria está en vías de cumplimiento, o bien justifiquen la causa del retraso, supuestos en los cuales podrá ampliarse cualquiera de los plazos inicialmente otorgados por una sola vez. Ahora, si bien dicha disposición está dirigida a normar la actuación de los Jueces de Distrito y de los Tribunales Unitarios de Circuito, nada impide que los Tribunales Colegiados de Circuito, con la misma finalidad de asegurar un cumplimiento efectivo de sus sentencias, también gocen de la facultad para prorrogar discrecionalmente los plazos que de inicio hubiesen otorgado para ello, sobre todo porque es un hecho notorio la frecuencia con la que se dictan ejecutorias en los juicios de amparo directo en las que la variedad y complejidad de las pretensiones planteadas en el juicio natural exigen de los tribunales comunes un análisis de fondo acucioso, cuyo tiempo de estudio difícilmente puede programarse a priori, sin el riesgo de incurrir en una previsión insuficiente para acatar con exhaustividad y profesionalismo la protección constitucional obtenida, ya que la premura con la que éstos deben actuar tampoco puede ni debe restar calidad al cumplimiento. Menos aún resulta factible prever con precisión el tiempo en que podría llevarse a cabo la reparación integral de las diversas violaciones procesales que, en muchos casos, son la fuente de la concesión del amparo, pues algunas de ellas se realizan en más de una sola diligencia, y tratándose de la restitución en el goce de la oportunidad defensiva, por lo común se requiere de fases de preparación y desahogo de pruebas, que suelen enfrentar vicisitudes procesales imprevistas que retrasan de manera justificada el procedimiento. En consecuencia, con el fin de robustecer no sólo el oportuno cumplimiento de las sentencias estimatorias, sino también su observancia puntual en forma reflexiva y, en su caso, procesalmente completa y satisfactoria de los intereses de las partes, debe admitirse que los Tribunales Colegiados de Circuito están facultados para extender con prudencia el plazo del cumplimiento conforme lo exijan las circunstancias propias de cada asunto y en correspondencia a esa discrecionalidad, dar respuesta fundada y motivada a las peticiones que en tal sentido les formulen las autoridades responsables, antes de declarar que han incurrido en desacato.". En el entendido de que, se apercibe a la citada autoridad responsable, que de no otorgar cumplimiento a la ejecutoria dentro del plazo indicado, se le impondrá una multa por el equivalente de cien valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), en términos de los numerales 192, 238 y 258 de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido por los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.
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