Eybrajan Ernesto Barreto Denis

Expediente 1325/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1325/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
22/11/2022

Partes del expediente

  • Eybrajan Ernesto Barreto Denis

Actuaciones

  1. Principal

    MESA IV "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; veintidós de noviembre de dos mil veintidós. Glósese a los autos el oficio del Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, por medio del cual devuelve diligenciado el exhorto 155/2022, orden 157/2022, por medio del cual se notificó a la parte quejosa la demanda promovida a su favor por Gabriel Domínguez Bobadilla, reservándose acordar lo conducente hasta en tanto la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, informe a qué juzgado le correspondió conocer del presente juicio. Dese de baja la comunicación oficial en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Finalmente, dado que la demanda de amparo se remitió vía estafeta a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, requiérase a ésta para que dentro del término de tres días, siguientes al en que surta efectos la notificación del presente proveído, informe a qué juzgado fue turnada la demanda de amparo. Apercibida que de no cumplir, en términos del artículo 237 fracción I, y 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá, multa de cien Unidades de Medida y Actualización Vigente, equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos moneda nacional), que resulta de multiplicar los días multa en cita por $ 96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), que constituye la Unidad de medida referida. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    MESA IV "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; quince de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el informe de suspensión de plano que rinde el Subdirector de Estación Migratoria en Palenque, Chiapas, por medio del cual informa que el diez de noviembre del presente año fue puesto a disposición de esa autoridad la persona extranjera EYBRAJAN ERNESTO BARRETO DENIS, quedando alojada temporalmente en dicha instalación, en calidad de presentado; no obstante, en acatamiento a lo ordenado por este Juzgado, el trece de noviembre del presente año, esa autoridad migratoria notificó el acuerdo de derecho a acceso para salida provisional del quejoso, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, visto el estado que guardan los autos, se advierte que en proveído de doce de noviembre del presente año, se admitió a trámite la demanda de amparo promovida por Gabriel Domínguez Bobadilla, en representación del extranjero EYBRAJAN ERNESTO BARRETO DENIS, y se ordenó formar el expediente 1325/2022, al tenor de lo siguiente: AUTORIDADES RESPONSABLES Encargado de la Estación Migratoria en Palenque, dependiente de la Secretaría de Gobernación. Encargado de la Estación Migratoria en Palenque Chiapas, dependiente de la Secretaría de Gobernación, por conducto de los Servidores Públicos Agentes Federales de Migración Comisionados a realizar acciones de Control y Verificación Migratoria. ACTO RECLAMADO La privación ilegal de la libertad personal o aseguramiento, la deportación, y la restricción al derecho a la libertad de tránsito. SUSPENSIÓN DE PLANO Por otra parte, en el citado proveído de doce de noviembre del presente año, este Juzgado de oficio decretó de plano la suspensión de los actos reclamados. LEGAL COMPETENCIA AL JUZGADO DE DISTRITO EN TURNO EN EL ESTADO DE CHIAPAS, CON RESIDENCIA EN TUXTLA GUTIÉRREZ. Toda vez que la competencia legal es de orden público y no puede quedar sujeto a la voluntad de las partes, se procede a analizar si en el caso se surte la competencia legal de este juzgado, para conocer de la demanda de amparo presentada por la parte quejosa. Es aplicable al caso la tesis de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en el Tomo XCVII, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, del rubro y texto: "COMPETENCIA. Las cuestiones de competencia son de orden público, y el conocimiento de un negocio no puede quedar sujeto a la voluntad de un funcionario público o al error que éste pueda cometer al admitir su competencia, para conocer del caso". Así, los artículos 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 y 48 párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; (.)". "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente" (.)". El artículo Constitucional, transcrito inicialmente, se ha interpretado de la manera siguiente: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. LA TIENE EL DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Al instituir la Ley Suprema de la República, en su artículo 107, las bases generales del juicio de garantías, estableció en su fracción IX, a la que corresponde ahora el número VII, como norma general de competencia la de que el juicio de amparo contra los actos de autoridad a que se refiere se interpondrá ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado. Aunque la autoridad que dicta u ordena el acto desempeña un papel principalísimo, la ejecutora tiene en su actuación importancia y trascendencia capitales ya que se encarga de llevar, hasta su último extremo, la ejecución ordenada y, por tanto, es la que directamente se enfrenta al particular agraviado. Seguramente por ser la autoridad ejecutora la que materialmente afecta al gobernado hasta en sus últimas consecuencias, en el lugar en que vive, se tomó como base para fijar la competencia, ya que el propósito del Constituyente ha sido facilitar al máximo el acceso al procedimiento jurídico político del juicio de garantías. Si se han establecido las normas de competencia teniendo en consideración el lugar en que radican la autoridad ejecutora y el afectado con el acto -quien en ocasiones puede desconocer por el momento la intervención de la autoridad ordenadora-, ello se debe a que con tal medida dispondrá éste de mejores medios y posibilidades de defensa, pues podrá atender y vigilar personalmente el desenvolvimiento del juicio que promueva, y rendir con mayor facilidad en él las pruebas que a su derecho importen, cuando el Juez que ha de conocer del asunto se encuentra en su mismo lugar de residencia o, por lo menos, dentro de la misma entidad federativa. Además, si el Juez de Distrito radica en el lugar donde la autoridad ejecuta el acto, contará con más amplias facilidades en el desempeño de su función y obtendrá mayor rapidez en el trámite del juicio; ventajas que son apreciables no sólo en materia de desahogo de pruebas sino especialmente en lo que ve al cumplimiento de los fallos que se dicten tanto en el incidente de suspensión como en el fondo del amparo, al evitarse las dilaciones que ocasionaría el tener que librar exhortos o despachos a tribunales distantes para la práctica de notificaciones y otras diligencias que no podría realizar el juzgado del conocimiento. El artículo 36 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo, reproduce el principio de que será competente para conocer del juicio el Juez en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; regla que tiene la excepción consignada en el párrafo final del precepto, mismo que determina la competencia del Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad ordenadora, cuando requiriendo el acto reclamado ejecución material, con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que la demanda se presente antes de que aquél haya comenzado a ejecutarse. La segunda situación que prevé la ley es la que se presenta cuando existen dos o más autoridades ejecutoras radicadas en territorios sometidos a la jurisdicción de otros tantos Jueces, caso en el cual cualquiera de ellos será competente, a prevención, conforme al párrafo segundo del aludido artículo 36; de lo que se desprende que aun agotada la ejecución en la parte encomendada a una de esas autoridades ejecutoras, el Juez que tiene jurisdicción en ese territorio sigue siendo competente, a prevención. La última hipótesis legal prevista se refiere al caso de que el acto reclamado no requiera ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiese dictado, según lo dispone el párrafo tercero del artículo 36 invocado. Ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36, de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna-, y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad-. De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo". (Criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 97, Tomo Informe 1972, Parte II, Séptima Época). Por su parte, el normativo 36 de la Ley de Amparo derogada, cuyo texto es similar al del 37 de la ley en la materia vigente, se interpretó: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO ESTE PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTE EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 36 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo". (Sustentado por la Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 88, Tomo 217-228, Séptima Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época). La intelección de los numerales, tesis y jurisprudencia apuntados, permiten desprender la existencia de tres supuestos para definir la competencia de los Juzgados de Distrito: a) La primera regla se encuentra contenida en el numeral 37 párrafo primero, de la Ley de Amparo, la que se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; lo cual presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución. b) La segunda previsión normativa constituye un matiz de la primera, sobre el mismo criterio, para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, que establece que si el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un distrito y continúa ejecutándose en otro, cualquiera de los Jueces Federales de esas jurisdicciones, que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo. c) La tercera hipótesis, cuando el acto reclamado en el juicio constitucional, no requiera de ejecución material, resulta competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción, se haya presentado la demanda. Ahora, en el caso concreto, se advierte que las autoridades señaladas como responsables tienen su domicilio en: Encargado de la Estación Migratoria en Palenque, dependiente de la Secretaría de Gobernación, con domicilio ubicado en Carretera a Playa de Catazaja, S/N, kilómetro SEIS, Código Postal 29960, Palenque, Chiapas. Encargado de la Estación Migratoria en Palenque Chiapas, dependiente de la Secretaría de Gobernación, por conducto de los Servidores Públicos Agentes Federales de Migración Comisionados a realizar acciones de Control y Verificación Migratoria, con domicilio ubicado en Carretera a Playa de Catazaja, S/N, kilómetro 6, Código Postal 29960, Palenque, Chiapas. Asimismo, el impetrante de amparo, manifiesta que se encuentra privado de su libertad en la estación Migratoria de la Ciudad de Palenque Chiapas. De lo expuesto, se advierte que se surte la hipótesis señalada en el inciso a), que se caracteriza porque, con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. Por tanto se colige que la competencia para conocer del juicio, por razón de territorio, corresponde a los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. En consecuencia remítase los escritos originales de cuenta al Juzgado de Distrito en turno en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, a fin de que dicte la resolución que en derecho corresponda, previo cuaderno de antecedentes que se forme. Solicítese el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese personalmente y cúmplase.

  3. Principal

    MESA "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de noviembre de dos mil veintidós. REGISTRO DE EXPEDIENTE De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 1325/2022. PARTE QUEJOSA Licenciado Gabriel Domínguez Bobadilla en representación del extranjero EYBRAJAN ERNESTO BARRETO DENIS. AUTORIDAD RESPONSABLE 1. Encargado de la Estación Migratoria en Palenque Chiapas, dependiente de la Secretaría de Gobernación. 2. Encargado de la Estación Migratoria en Palenque Chiapas, dependiente de la Secretaría de Gobernación, por conducto de los Servidores Públicos Agentes Federales de Migración Comisionados a realizar acciones de Control y Verificación Migratoria. ACTO RECLAMADO - La privación ilegal de la libertad personal y/o aseguramiento. - La deportación. - Restricción al derecho a la libertad de tránsito. DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS VIOLADAS Artículos 1,8, 11, párrafo primero, 14, 16, 18, 20, 21 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Se instruye al Secretario a cargo de este expediente para que de fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. SUSPENSIÓN DE PLANO. De conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 126 de la Ley de Amparo y atendiendo a la naturaleza del acto que se reclama se proveerá DE OFICIO Y DE PLANO la suspensión en los términos que se precisarán en párrafos subsecuentes. De la demanda de amparo se advierte que entre los actos reclamados se señalan la orden de privación ilegal de la libertad personal y/o aseguramiento, deportación y restricción al derecho a la libertad de tránsito en contra del director agraviado, de conformidad en el Artículo 126 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 164 y 165 del mismo ordenamiento legal, SE DECRETA DE OFICIO Y DE PLANO LA SUSPENSIÓN para el efecto de que de INMEDIATO CESEN LOS ACTOS RECLAMADOS; y cualquiera de los contenidos en los artículos 15 de la Ley de Amparo y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En términos del artículo 164 de la ley de la materia, el efecto de la SUSPENSIÓN DE PLANO tiene el alcance de que EYBRAJAN ERNESTO BARRETO DENIS, SEA PUESTO EN INMEDIATA LIBERTAD si su detención no tiene relación con la comisión de un delito, y en caso contrario, que sea PUESTO A DISPOSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO; o, en caso de encontrarse a disposición de esta última por dicho motivo, deberá resolver su situación jurídica dentro del plazo legalmente establecido para ello. No obstante, si la detención del agraviado no tiene relación con la comisión de un delito, pero sí deriva de la ejecución de una sanción administrativa como un arresto, la suspensión tendrá por efecto que el quejoso sea puesto en inmediata libertad, a fin de que no se consume la materia del juicio y se ejecute irreparablemente violaciones de derechos humanos, sin perjuicio de que si con posterioridad al analizar el fondo del asunto, se aprecia que se trata de un arresto válido constitucionalmente, se constriña a la parte quejosa a compurgar la sanción faltante al momento de ser puesta en libertad. Ahora bien, para el caso de que la detención se hubiera efectuado con motivo de un mandamiento dictado por una autoridad judicial, se concede para que la directa agraviada sea puesta a su disposición de manera inmediata. Hágase del conocimiento de la autoridad responsable que el desacato a la medida decretada se sanciona en términos del artículo 262, fracción III, de la ley de la materia. Por último, para el caso de que el detenido se encuentre privado de su libertad con motivo de un procedimiento administrativo migratorio, el agraviado deberá ser puestos en libertad, lo anterior siempre y cuando con fundamento en el artículo 160 de la ley de la materia, así como el diverso 102 de la Ley de Migración, ante la responsable, se cumplan los lineamientos y medidas de seguridad siguientes: a) El agraviado deberá establecer ante la responsable, domicilio o lugar en esta ciudad en el que permanecerán. b) La agraviada deberá no podrán ausentarse sin previa autorización de este órgano jurisdiccional, del domicilio que para el efecto señalen para su resguardo. c) Además, como medida de aseguramiento, en términos del numeral 166 de la Ley de Amparo, se impone al quejoso como obligación la de comparecer ante la autoridad migratoria tantas y cuantas veces sea requerida para la continuación del procedimiento administrativo de migración; así como ante este Juzgado de Distrito los días lunes de cada semana o el siguiente si fuere inhábil, bajo apercibimiento que de no cumplir con las obligaciones impuestas, quedará sin efectos la suspensión otorgada y, entonces será bajo el cuidado de las indicadas responsables que tenga lugar el seguimiento de la misma, para su debido cumplimiento. Todo lo anterior, en la inteligencia de que, al margen de los lineamientos hasta aquí establecidos, las indicadas autoridades responsables deberán implementar los mecanismos que estimen pertinentes dentro de sus facultades para vigilar que los agraviados cumplan a cabalidad con la determinación así asumida, debiendo, en su caso, informar lo conducente de manera periódica (semanalmente), ante este Juzgado. Ello, en razón de que las medidas de aseguramiento correspondientes, tienen como objeto principal garantizar la continuidad del procedimiento administrativo migratorio y devolver al quejoso a la autoridad responsable. En el entendido de que la medida cautelar no surtirá efectos si la detención deriva de autoridades diversas o procedimiento distinto a los mencionados en la demanda de amparo, como pudiera ser que derive de la posible comisión de un delito; o en su caso, dicha detención contravenga las disposiciones de orden público que rigen los actos de las autoridades migratorias; en cuyo caso la suspensión se otorga para que el efecto de que sean puestos inmediatamente a disposición del Ministerio Público. Hágase del conocimiento de las autoridades responsables que el desacato a la medida decretada será sancionada en términos del artículo 262, fracción III, de la ley de la materia, es decir, se les podrá imponer pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución o inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. Comuníquese esa circunstancia a las autoridades responsables mediante oficio urgente para su inmediato cumplimiento, lo que se reitera, deberá informar dentro del término de veinticuatro horas al correo electrónico oficial 8jdo13cto@correo.cjf.gob.mx., y de ser así, ya no es necesario rendir el informe respectivo vía postal, salvo el caso de remisión de constancias que hayan servido de sustento para la emisión del acto reclamado. Se previene a la autoridad responsable, que la desobediencia de este mandato será sancionada en los términos del artículo 215 del Código Penal Federal, por cuanto a la desobediencia cometida, con independencia de cualquier otro delito en el que se incurra. Por otra parte, en términos de los artículos 28 y 31, fracción I, de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las autoridades responsables que están obligadas a recibir los oficios que en materia de amparo se les dirijan, ya sea en sus oficinas, en su domicilio o en el lugar donde se encuentren y desde ese momento la notificación surte sus efectos legales; si se negaren a recibir tales oficios, se tendrá por hecha la notificación. SE ORDENA RATIFICACIÓN Dado que el directo agraviado se encuentre en la Estación Migratoria de Palenque, en el Estado de Chiapas, para su deportación, en consecuencia, con apoyo en el artículo 298 del Código de Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, vía electrónica, gírese exhorto al Juez de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, en turno, a fin de que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, ordene a quien corresponda se constituya en las instalaciones de la Estación Migratoria de Palenque, en el Estado de Chiapas y notifique al directo agraviado EYBRAJAN ERNESTO BARRETO DENIS, el presente acuerdo. Asimismo certifique el estado físico en el que se encuentre y las condiciones en las que se encuentre y de ser su voluntad manifiesten si ratifica la demanda de amparo promovida a su nombre. Para el caso de no asistirle competencia al juzgado destinatario para la diligenciación de esta encomienda, con fundamento en el citado artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, a efecto de evitar dilaciones en el procedimiento, deberá remitir la comunicación al juzgado competente de la localidad que corresponda. Se solicita a la autoridad mencionada que una vez desahogada la diligencia ordenada devuelva el exhorto que se le gira con las actuaciones respectivas. REQUERIMIENTO A LAS PARTES. Requiérase al promovente del amparo, así como a las autoridades, en su caso, para que comuniquen a este Juzgado, cuando hayan cesado los actos reclamados. Se apercibe a las autoridades responsables, que de no cumplir en tiempo y forma, se les impondrá multa de treinta a trescientas Unidades de Medida y Actualización vigente, de conformidad con el artículo 251 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADO. Se tiene por señalado el domicilio para oír y recibir notificaciones y por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a la persona que señala y no en términos del artículo 27 como lo señala. EXPEDICION DE COPIA. Expídasele copia de la presente determinación y por autorizados para recibirlas a las personas que señala. HABILITACIÓN DE HORAS Y DÍAS INHÁBILES. Desde este momento se autoriza para que cualquier diligencia que se ordene en el presente juicio de amparo, se realice de ser necesario, en días y horas inhábiles, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 de la ley de amparo, ya que el suscrito lo estima pertinente para el adecuado despacho de este asunto. CORREO ELECTRONICO. Se le tiene señalando el correo electrónico que menciona, únicamente para establecer comunicaciones no procesales, en su caso, cuyos registros se conservarán y certificarán para incorporarlos al expediente COMPENSACIÓN. Toda vez que la demanda fue presentada directamente a este órgano jurisdiccional, y no a través de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec; por tanto, gírese oficio a la Jefa de la aludida Oficina, para que ésta a su vez realice su registro, la compensación respectiva y lo turne a este Juzgado. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA. Con el objeto de respetar el derecho a la protección de los datos personales de las partes, al acceso, rectificación y cancelación de ellos, así como manifestar su oposición de hacerse públicas las sentencias ejecutorias, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 16, segundo párrafo, de la Constitución Federal y los diversos numerales 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de dicha Ley, señálese a las partes, el derecho que les asiste para oponerse, en relación con terceros, a que se publiquen sus nombres y datos personales; en la inteligencia que la falta de oposición expresa, conlleva su aceptación para que la sentencia respectiva se publique con dichos datos. Por último, se autoriza al Secretario encargado del trámite del presente expediente, para que firme los oficios que deriven de este asunto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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