Everardo Sandoval Herrera
Expediente 29/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 29/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 24/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Everardo Sandoval Herrera
Actuaciones
- Principal
MESA I ... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de noviembre de dos mil veinte. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que mediante auto de tres del mes actual, se tuvo por recibido el oficio número 161, del Juez Mixto de Primera Instancia de Putla Villa de Guerrero, Oaxaca, por medio del cual devuelve debidamente diligenciado el despacho número 73/2020, orden 130/2020, del índice de este juzgado. Dése de baja en el libro de gobierno y en la estadística. CÚMPLASE.
- Principal
MESA I "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de noviembre de dos mil veinte. Vista la certificación de la Secretaria, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de revisión contra la resolución que negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que causa ejecutoria dicha resolución. Hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 18 inciso b) del Acuerdo General en cita; y atendiendo a que en el presente asunto se negó el Amparo y Protección de la Justicia Federal, este expediente es depurable, después de tres años. Se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15, del acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Atento a lo expuesto en párrafos precedentes, devuélvase al Juez de Control del Circuito Judicial de la Región de la Mixteca con sede en Putla Villa de Guerrero, Oaxaca un disco compacto y un dvd que remitió como apoyo a su informe justificado, dado que carece de objeto que continúe en este Juzgado. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA I "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de noviembre de dos mil veinte. Únicamente agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales correspondientes el oficio número 161, del Juez Mixto de Primera Instancia de Putla Villa de Guerrero, Oaxaca, toda vez que ya se dictó sentencia en el cual se negó el Amparo y Protección de la Justicia Federal. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA I "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de octubre de dos mil veinte. Vista la razón actuarial de trece del mes actual, de la cual se advierte que no fue posible notificar personalmente al tercero interesado (.)la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, por los motivos expuestos por la actuaria de este juzgado; en tales circunstancias, con fundamento en la fracción III del artículo 27 de la Ley de Amparo, se ordena notificar por lista dicha sentencia y los subsecuentes autos al citado tercero interesado. NOTIFÍQUESE. INSERCIÓN: "... VISTOS los autos, para resolver el juicio de amparo número 29/2020; y, (.)C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 2 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y de los Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito y el diverso Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de residencia y domicilio de este Juzgado Octavo de Distrito y otros órganos jurisdiccionales residentes en el Estado de Oaxaca, publicado en el citado Diario, el siete de octubre de dos mil dieciséis. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado en esta instancia es: La calificación de la detención en el supuesto de flagrancia, dictada en la causa penal 529/2019, por el Juez de Control del Circuito Judicial de la Mixteca con sede en Putla Villa de Guerrero, Oaxaca; y su ejecución. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Al rendir sus informes justificados la Juez de Control del Circuito Judicial de la Región de la Mixteca con sede en Putla Villa de Guerrero, Oaxaca y el Subdirector de Servicios Técnicos encargado del Despacho de la Dirección del Centro de Reinserción de Miahuatlán, Oaxaca, aceptaron la existencia de los actos reclamados. Para corroborar lo anterior, la citada autoridad judicial, envió como apoyo a su informe justificado copias certificadas de un dvd que contiene los registros de audio y video de la audiencia de control de detención en el supuesto de flagrancia y un cd que contiene la citada resolución en archivo digital en formato pdf. Constancias que, por su carácter de documentales públicas, adquieren valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo. Así como la jurisprudencia 1a./J.43/2013 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Visible a página 703, Libro XXIII, agosto de 2013, Tomo 1, Materia Común, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 2004362, que dice: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." CUARTO. Causales de improcedencia. Las partes no hicieron valer causa de improcedencia o motivo de sobreseimiento, y este órgano constitucional no advierte de manera oficiosa que se actualice la existencia de alguna de ellas. QUINTO. Conceptos de violación. La parte quejosa expresó los conceptos de violación que aparecen insertos en el escrito de demanda, los cuales no se transcriben en aras del principio de economía procesal, aunado a que la omisión de su transcripción no impide cumplir con los principios de exhaustividad y congruencia, por tanto, los motivos de inconformidad se tienen por reproducidos. SEXTO. Análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. Este órgano de control constitucional determina que es constitucional la resolución de veinte de diciembre de dos mil diecinueve, que calificó de legal la detención del quejoso dictada dentro de la causa penal 529/2019, en virtud de que se encuentra ajustada al párrafo quinto del artículo 16 constitucional, en relación con los ordinales 146, fracción II, inciso b); y 147 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sobre el particular, el artículo 16, constitucional, en la parte que interesa, establece lo que a continuación se transcribe de manera textual: "Articulo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. [.] No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de la libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión, deberá poner al inculpado a disposición del juez, sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior será sancionada por la ley penal. Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la detención. [.] Sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así calificado por la ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención, fundando y expresando los indicios que motiven su proceder. En casos de urgencia o flagrancia, el juez que reciba la consignación del detenido deberá inmediatamente ratificar la detención o decretar la libertad con las reservas de ley." En ese contexto, el invocado artículo 16 de la Constitución prevé que para que una persona pueda ser privada de su libertad debe existir una orden de aprehensión o la concurrencia de flagrancia o caso urgente en la comisión de una conducta delictiva. Además, se observa que la flagrancia consiste en la detención del indiciado al instante de la comisión del delito, o bien, al momento de la huida u ocultamiento del sujeto que se generan inmediatamente después de la realización de los hechos delictuosos, sin establecer un tiempo determinado. Por otra parte, los artículos 146 y 147, del Código Nacional de Procedimientos Penales, señalan: "Artículo 146. Supuestos de flagrancia Se podrá detener a una persona sin orden judicial en caso de flagrancia. Se entiende que hay flagrancia cuando: I. La persona es detenida en el momento de estar cometiendo un delito, o II. Inmediatamente después de cometerlo es detenida, en virtud de que: a) Es sorprendida cometiendo el delito y es perseguida material e ininterrumpidamente, o b) Cuando la persona sea señalada por la víctima u ofendido, algún testigo presencial de los hechos o quien hubiere intervenido con ella en la comisión del delito y cuando tenga en su poder instrumentos, objetos, productos del delito o se cuente con información o indicios que hagan presumir fundadamente que intervino en el mismo. Para los efectos de la fracción II, inciso b), de este precepto, se considera que la persona ha sido detenida en flagrancia por señalamiento, siempre y cuando, inmediatamente después de cometer el delito no se haya interrumpido su búsqueda o localización." "Artículo 147. Detención en caso de flagrancia Cualquier persona podrá detener a otra en la comisión de un delito flagrante, debiendo entregar inmediatamente al detenido a la autoridad más próxima y ésta con la misma prontitud al Ministerio Público. Los cuerpos de seguridad pública estarán obligados a detener a quienes cometan un delito flagrante y realizarán el registro de la detención. La inspección realizada por los cuerpos de seguridad al imputado deberá conducirse conforme a los lineamientos establecidos para tal efecto en el presente Código. En este caso o cuando reciban de cualquier persona o autoridad a una persona detenida, deberán ponerla de inmediato ante el Ministerio Público, quien realizará el registro de la hora a la cual lo están poniendo a disposición." De la interpretación sistemática de las normas procesales reproducidas, se obtiene que para conducir al imputado al proceso penal bajo la hipótesis de detención por flagrancia es necesario que se actualice alguno de los supuestos siguientes: 1. Que el imputado sea detenido en el momento mismo en el cual está cometiendo el hecho delictuoso. 2. Que el imputado sea detenido inmediatamente después de haber cometido el delito, ya sea porque: * Fue sorprendido durante su comisión y perseguido material e ininterrumpidamente. * Existen elementos objetivos que permiten identificarlo y corroborar que, en el momento inmediato anterior, se encontraba cometiendo el hecho delictuoso denunciado; esto siempre que cometido el delito, no se haya interrumpido su búsqueda o localización. Asimismo, en cuanto al derecho fundamental de puesta a disposición ministerial sin demora, el máximo tribunal del país ha establecido que dentro del régimen general de protección contra detenciones arbitrarias, se puede derivar la exigencia de que la persona detenida sea presentada ante el Ministerio Público lo antes posible, esto es, que sea puesta a disposición de la autoridad ministerial respectiva, sin dilaciones injustificadas. En ese sentido, se está ante una dilación injustificada en la puesta a disposición inmediata del detenido ante el Ministerio Público cuando no existen motivos razonables que imposibiliten esa puesta inmediata, los cuales pueden tener como origen impedimentos fácticos reales, comprobables y lícitos, los que deben ser compatibles con las facultades concedidas a las autoridades; lo que implica que los agentes aprehensores no pueden retener a una persona por más tiempo del estrictamente necesario para trasladarla ante el Ministerio Público. Sirve de apoyo a lo anterior, la 1a. LIII/2014 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 643, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "DERECHO FUNDAMENTAL DEL DETENIDO A SER PUESTO SIN DEMORA A DISPOSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO. ALCANCES Y CONSECUENCIAS JURÍDICAS GENERADAS POR LA VULNERACIÓN A TAL DERECHO. El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra un régimen general de libertades a favor de la persona, entre las cuales, destaca el derecho a la libertad personal. Sin embargo, como todo derecho humano, éste no es absoluto, por lo que la citada norma fundamental también delimita exhaustivamente diversas hipótesis para su afectación, a saber: a) la orden de aprehensión; b) las detenciones en flagrancia; y, c) el caso urgente. En tratándose de la flagrancia, esta Primera Sala ha puntualizado que la misma constituye una protección a la libertad personal, cuyo control judicial ex post debe ser especialmente cuidadoso, ya que quien afirma la legalidad y constitucionalidad de una detención, debe poder defenderla ante el juez respectivo. Ahora bien, por cuanto se refiere al derecho fundamental de "puesta a disposición ministerial sin demora", es dable concluir que dentro del régimen general de protección contra detenciones que prevé el artículo 16 constitucional, se puede derivar la exigencia de que la persona detenida sea presentada ante el Ministerio Público lo antes posible, esto es, que sea puesta a disposición de la autoridad ministerial o judicial respectiva, sin dilaciones injustificadas. Así, se está ante una dilación indebida en la puesta a disposición inmediata del detenido ante el Ministerio Público, cuando no existan motivos razonables que imposibiliten esa puesta inmediata, los cuales pueden tener como origen impedimentos fácticos reales, comprobables y lícitos, los que deben ser compatibles con las facultades concedidas a las autoridades, lo que implica que los agentes aprehensores no pueden retener a una persona por más tiempo del estrictamente necesario para trasladarla ante el Ministerio Público; desechando cualquier justificación que pueda estar basada en una supuesta búsqueda de la verdad o en la debida integración del material probatorio y, más aún, aquellas que resulten inadmisibles como serían la presión física o psicológica al detenido para que acepte su responsabilidad o la manipulación de las circunstancias y hechos de la investigación. En suma, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que la violación al derecho fundamental de "puesta a disposición del indiciado ante el Ministerio Público sin demora" genera como consecuencias: a) la anulación de la confesión del indiciado, obtenida con motivo de esa indebida retención; b) la invalidez de todos los elementos de prueba que tengan como fuente directa la demora injustificada, los cuales no producirán efecto alguno en el proceso ni podrán ser valorados por el juez; y, c) la nulidad de aquellas pruebas que a pesar de estar vinculadas directamente con el hecho delictivo materia del proceso penal, sean recabadas por iniciativa de la autoridad aprehensora so pretexto de una búsqueda de la verdad o debida integración del material probatorio -en el supuesto de prolongación injustificada de la detención-, sin la conducción y mando del Ministerio Público; es decir, sin la autorización de este último. No obstante, debe precisarse que las pruebas obtenidas estrictamente con motivo de una detención en flagrancia no pueden ser invalidadas por actos posteriores, como la obtención de pruebas que tengan como fuente directa la demora injustificada, a menos que se acredite la existencia de vicios propios de la misma detención del inculpado que determinen que ésta sea considerada inconstitucional." En la especie, la Juez responsable consideró actualizada la hipótesis prevista en el artículo 146, fracción II, inciso b), del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, que se configura la flagrancia, cuando después de haberse cometido el delito el imputado es señalado por la víctima u ofendido, algún testigo presencial de los hechos o quien hubiere intervenido con ella en la comisión del delito y cuando tenga en su poder instrumentos, objetos, productos del delito o se cuenta con información o indicios que hagan presumir fundadamente que intervino en el mismo, conforme a los datos de prueba que ofreció el Ministerio Público: 1.- Informe policial homologado de la policía de Mesones, realizado por el segundo comandante Andrés Méndez Villa. 2.- Informe policial homologado de la policía de San José de las Flores, elaborado por Andrés Lázaro. 3.- Declaración de la menor S. L. N.; 4.- Inspección del Agente de Investigaciones Heber Vásquez Orozco, desahogada en el lugar de la detención. La Juez responsable calificó de legal la detención, conforme a las siguientes consideraciones (01:09:10 a 01:29:20 horas del 20/12/2019): Destacó como datos de prueba los informes policiales homologados realizados por Andrés Méndez Villa (segundo comandante de la policía municipal de Mesones Hidalgo) y por Andrés Lázaro, policía de San José de las Flores, quienes narraron la forma en la que fue detenido el aquí quejoso EVERARDO SANDOVAL HERRERA, pues conforme al dicho del primero de los nombrados ésta se llevó a cabo en el puente Poza de la Par, sobre la carretera que conduce a San José de la Flores, Putla de Guerrero; asimismo, el segundo de los informantes indicó cómo es que tuvo conocimiento de los hechos delictuosos y porque motivo pidió la intervención de la Policía Municipal de Mesones Hidalgo. Información a que la autoridad judicial les concedió eficacia probatoria, pues indicó que al tratarse de agentes de la policía municipal, cuentan con facultades para brindar auxilio a la población en general y realizar detenciones de personas involucradas en posibles hechos delictuosos; y que en el caso, percibieron por sí mismos los hechos narrados, usando sus sentidos, el segundo comandante de la policía municipal de Mesones Hidalgo (Andrés Méndez Villa), al recibir una llamada de auxilio por parte de Andrés Lázaro, policía de San José de las Flores; y respecto de éste último, junto con sus compañeros (Germán Ávila Bernabé y Artemio Primitivo Martinez) al observar como el aquí quejoso junto con otras dos personas, a bordo de unas motocicletas se dirigían hacia donde éstos se encontraban sobre el camino que conduce de la población de San José de las Flores; con lo que dijo la autoridad judicial quedó justificado que el quejoso Everardo Sandoval Herrera fue detenido en el puente Poza de la Par, que viene de la carretera que conduce a San José de la Flores, Putla de Guerrero, aproximadamente a las doce horas con treinta minutos del dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, cuando conducía una motocicleta de color rojo (00:13:46 a 00:14:08) Consideró la versión que dio la adolescente S.L.N (testigo presencial de los hechos), ante el Ministerio Público, pues dijo, emitió su declaración acompañada de su progenitor y asistida de una psicóloga (por contar con la edad de quince años), al colmarse los requisitos legales para la recepción de dicho testimonio, pues al estar presente en el momento en que sucedieron los hechos pudo percibirlos a través de sus sentidos, refiriendo como es que se hacen presentes en su domicilio ubicado en la calle veinte de noviembre, sin número, San José de las Flores, Mesones Hidalgo, Oaxaca, el día dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, aproximadamente a las doce horas, tres personas del sexo masculino, quienes fueron atendidas por su abuela de nombre Sofía Tarcila Saavedra Basilio, siendo una de ellas quien le pide un vaso con agua, y al regresar otro de ellos le hace la misma petición, que al ingresar su abuela a la cocina, es su mamá de la declarante que se encarga de llevar el segundo vaso de agua, y es cuando la adolescente observa que una de esas personas que vestía una camisa de color blanca manga larga y chaleco, le disparó a su abuela en la cabeza, al encontrarse ésta de rodillas escogiendo maíz en el patio de su casa, por lo que al acercarse le dice "Mamá, mamá, despierta" y al no tener respuesta sale a pedir ayuda a la telesecundaria que se localiza a dos cuadras de su domicilio, porque en ese lugar se encontraba su señor padre, para contarle lo sucedido; precisando la declarante que las citadas personas llegaron aproximadamente a las doce horas a su casa y que es cuando sucedieron los hechos; asimismo, que veinte minutos después de ese tiempo acudió a reconocer a éstas personas, siendo que únicamente se encontraba detenido el aquí quejoso a quien describió, agregando que dicho sujeto cuando arribó a su domicilio portaba un arma de fuego y vestía una camisa de color azul con puntos blancos y, un pantalón negro; declaración a la cual le confirió eficacia probatoria; dato de prueba a la cual le otorgó eficacia probatoria. (01:14:10 a 01:16:10). Y en cuanto a la inspección del Agente de Investigaciones Heber Vásquez Orozco desahogada en el lugar de la detención del aquí quejoso, también la juez responsable concedió valor probatorio, pues indicó que aun cuando no es un elemento necesario para la calificación de la detención, ilustra el lugar en el que fue detenido el imputado, así como la existencia de la motocicleta de color rojo que conducía; lo anterior, en razón a que dicho elemento policiaco es un auxiliar de la representación social, aunando a que existen los dos informes policiales homologados que dan cuenta sobre el particular (01:16:11 a 01:17:16). Por lo que, la juez de control apoyándose de los citados datos de prueba tuvo por acreditado el supuesto de flagrancia previsto en el artículo 146, fracción II, inciso b), del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ello no obstante, que dio contestación a los argumentos de la defensa del inculpado en el sentido de que a su parecer no se acreditaba el supuesto de flagrancia previsto en el invocado precepto legal, puesto que no hubo inmediatez o cercanía con el delito, específicamente porque los policías municipales hicieron la persecución material del imputado a las doce horas con quince minutos del día de los hechos y, lo detuvieron hasta las doce horas con treinta minutos de esa misma fecha, y la testigo presencial declaró que los hechos ocurrieron a las doce horas; así, también, porque al salir de su domicilio en búsqueda de su padre, que se encontraba a dos cuadras de ese lugar, se interrumpió la localización o búsqueda del sujeto activo; además de haber transcurrido veinte minutos después para que la declarante reconociera al imputado al trasladarse al lugar de la detención. Así como su argumento consistente en que de las imágenes proyectadas por la representación social relacionadas con la inspección judicial no se observó el arma de fuego que le aseguraron al imputado los policías municipales al momento de su detención y que, por lo tanto, no se demuestra la existencia de dicho instrumento del delito. Pues la juez de control estuvo en lo correcto al considerar que contrario a lo argumentado por la defensa sí existe la inmediatez, esto es, cercanía con la ejecución del delito pues de la narrativa de lo declarado por la adolescente se observa que al ocurrir los hechos delictuosos, al percatarse que los agresores salen de su domicilio, corre en auxilio de su abuela y al verla que no le responde, ésta abandona su casa para pedir auxilio a su progenitor que se encontraba cerca de ese lugar (telesencundaria); por lo que se considera como lo destacó la autoridad judicial que esos minutos no resultan excesivos y que sí existió esa búsqueda del imputado aquí quejoso, pues al momento que la menor sale de su domicilio a solicitar la ayuda de su padre, le informa a este quiénes son los agresores, así como sus características físicas y la descripción de sus vestimentas, además de haberse percatado hacía donde se dirigieron los agresores. Por lo cual al tener conocimiento el padre de la testigo Andrés Lázaro de los hechos acontecidos, a las doce horas con quince minutos pide ayuda vía telefónica a la comunidad más cercana Mesones Hidalgo a través de Andrés Méndez Villa, a quien le indica que en el camino que conduce a esa localidad, iban a pasar dos motocicletas, una de color rojo y otra blanca, conducidas por dos personas vestidas de camisa blanca manga larga y chaleco, y el otro con una camisa manga larga color azul marino con puntos blancos y, pantalón de mezclilla negro y otra persona más que va abordo; por lo que al trasladarse al lugar indicado acompañado de Germán Ávila Bernabé y Artemio Primitivo Martínez, aproximadamente a las doce horas con dieciocho minutos observaron dos motocicletas con las características ya descritas, por lo que procedieron a cerrarles el paso y a la detención de dichas personas, siendo que únicamente lograron detener al aquí quejoso. (01:21: 36 a 01:23.18). Y en cuanto a su manifestación que no hay instrumento del delito, pues no se advierte la existencia del arma, la juez precisó a la defensa que el hecho de que en las imágenes de las fotografías proyectadas por la representación social no se observe tal artefacto no quiere decir que no exista, pues del informe policial homologado se aprecia que los elementos aprehensores en el momento de la detención del imputado le aseguraron un arma de fuego de nueve milímetros con las características descritas en dicho documento, además de que de la versión de la ateste presencial se observa que indicó que el imputado estaba armado (01:23:20 a 01:25:12) Concluyendo que sí, existe la inmediatez en cuanto que en la búsqueda no se exige que sea de momento a momento sino que únicamente que ésta no se pierda. Finalmente, la autoridad judicial precisó que el Ministerio Público respetó el término de cuarenta y ocho horas que establece el artículo 16 de la Constitución Federal, puesto que el detenido fue puesto a su disposición a las quince horas del dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve y la audiencia de calificación de la detención inicio a las trece horas del veinte del indicado mes y año (01:26:42 a 01:27:15) Por lo que, apoyándose en el artículo 16 de la Constitución Federal y 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, calificó de legal la detención del quejoso Everardo Sandoval Herrera, quedando a su disposición el imputado (01:28:50 a 01:29:12) Del análisis de los antecedentes de investigación destacados, se advierte fue correcta la determinación del juez de control responsable, toda vez que acreditó la hipótesis de flagrancia conforme lo dispuesto en el artículo 146, fracción II, inciso b), del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues del contenido de la declaración vertida por la testigo presencial, en relación con el informe policial homologado, se aprecia que el imputado fue detenido inmediatamente después de haber cometido el delito, al haber sido señalado por la ateste (nieta de la víctima), como la persona, que además de otras dos, tuvo intervención en los hechos delictuosos y a quien en el momento de su detención le fue asegurada un arma de fuego, descrita en el citado informe policial. Lo anterior, pues la testigo de cargo lo identificó como la persona que en compañía de otros dos sujetos siendo las doce horas del dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, arribó a su domicilio ubicado en la calle veinte de noviembre, sin número, San José de las Flores, Mesones Hidalgo, Oaxaca, y uno de ellos disparó un arma de fuego en la cabeza de la extinta Sofía Tarcila Saavedra Basilio, hecho que la privó de la vida, describiendo las características físicas del imputado Everardo Sandoval Herrera, así como la vestimenta que portaba el día que acaecieron los hechos; lográndose así la detención de activo, a las doce horas con treinta minutos de esa misma fecha, a quien se le aseguró un arma de fuego (como se señala en el informe policial del agente de Mesones Hidalgo) y siendo reconocido por la ateste a las doce horas con treinta y cinco minutos del citado dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, en el lugar de su detención (puente Poza de la Par, sobre la carretera que conduce a San José de la Flores, Putla de Guerrero). Asimismo, como ya quedó precisado el agente del Ministerio Público, inmediatamente después de recibir al imputado inició la carpeta de investigación correspondiente y dentro del plazo constitucional de cuarenta y ocho horas, ejerció acción penal en su contra. De todo lo anterior, se concluye que fue correcto que la juez de control responsable calificara de legal la detención del aquí peticionario de amparo, pues se actualizó la hipótesis de flagrancia por señalamiento prevista en el artículo 16 constitucional y 146, fracción II, inciso b), del Código Nacional de Procedimientos Penales, aunado a que la detención del accionante de amparo ante el agente del Ministerio Público fue dentro del plazo constitucional de cuarenta y ocho. Sirve de apoyo a lo anterior, las siguientes tesis aisladas, cuyos datos de localización, rubro y texto son los siguientes: "Época: Novena Época Registro: 200927 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo IV, Noviembre de 1996 Materia(s): Penal Tesis: VI.2o.134 P Página: 440 FLAGRANCIA, LA PERSECUCION MATERIAL DEL DETENIDO EN, NO NECESARIAMENTE DEBE REALIZARSE POR AUTORIDADES (LEGISLACION DEL ESTADO DE PUEBLA).- De la recta interpretación del artículo 67 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, se deduce que dicha disposición establece tres supuestos de flagrancia, consistentes en: 1.- Cuando el indiciado es detenido en el momento de estar cometiendo el delito, o inmediatamente después de ejecutado el hecho delictuoso, si: 2).- Es perseguido materialmente; y, 3).- Alguien lo señala como responsable y se encuentra en su poder el objeto del delito, el instrumento con que aparezca cometido, o huellas o indicios que hagan presumir fundadamente su intervención en el ilícito; por tanto, si la detención del indiciado se realiza con motivo de la persecución material efectuada por la agraviada, auxiliada por elementos policiacos, tal detención no es violatoria de garantías individuales, máxime que el precepto legal mencionado establece: "En los casos de delito flagrante, toda persona puede detener al indiciado poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad inmediata y ésta, con la misma prontitud, a la del Ministerio Público." "Época: Décima Época Registro: 2010963 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 27, Febrero de 2016, Tomo I Materia(s): Constitucional, Penal Tesis: 1a. XXV/2016 (10a.) Página: 671 DETENCIÓN EN FLAGRANCIA. APRECIACIÓN DE SU VALIDEZ CONSTITUCIONAL CUANDO LA AUTORIDAD TIENE CONOCIMIENTO, POR MEDIO DE UNA DENUNCIA INFORMAL, QUE SE ESTÁ COMETIENDO O SE ACABA DE COMETER UN DELITO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado el procedimiento que debe seguirse para efectuar una detención cuando la autoridad tiene conocimiento por medio de una denuncia informal sobre un delito cometido en flagrancia; y para que aquélla pueda ser válida (por guardar correspondencia formal y material con la normativa que rige el actuar de la policía) tiene que ceñirse al concepto constitucional estricto de flagrancia, es decir, debe actualizarse alguno de los supuestos siguientes: 1. La autoridad puede aprehender al aparente autor del delito si observa directamente que la acción se comete en ese preciso instante, esto es, en el iter criminis; o, 2. La autoridad puede iniciar la persecución del aparente autor del delito a fin de aprehenderlo si, mediante elementos objetivos, le es posible identificarlo y corroborar que, apenas en el momento inmediato anterior, se encontraba cometiendo el delito. Ahora bien, tratándose de la detención en flagrancia en el supuesto de denuncia informal (aquella que no se rinde ante el Ministerio Público en las condiciones de regularidad formal que deben operar ordinariamente), al evaluar la validez constitucional, el juez debe ponderar si la autoridad aprehensora contaba con datos suficientes que le permitieran identificar con certeza a la persona acusada y evaluar el margen de error que pudo haberse producido tomando como base la exactitud y la precisión de los datos aportados en la denuncia. Así, resulta infundado lo alegado por el quejoso en su primer concepto de violación, en el sentido de que la juez responsable hizo una indebida interpretación del artículo 146 fracción II, inciso b) del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que no se acredita la flagrancia porque no se le detuvo inmediatamente después de cometerse el delito, pues la búsqueda y localización del imputado se interrumpió desde el momento en que la testigo salió del domicilio a pedir auxilio. No le asiste la razón al promovente, pues contrariamente a lo que expone la juez tuvo por acreditada dicha hipótesis de flagrancia con el señalamiento categórico que hace en su contra la ateste S. L. N. después de cometer el hecho delictuoso, pues lo identificó como una de las tres personas que ingresaron a su domicilio ubicado en la calle veinte de noviembre, sin número, San José de las Flores, Mesones Hidalgo, Oaxaca, el día dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, aproximadamente a las doce horas y una de ellas, privó de la vida a su abuela SOFIA TARCILLA SAAVEDRA BASILIO, y al suceder estos hechos pidió auxilio de su señor padre, quien a su vez vía telefónica solicito apoyo a la comunidad más cercana a su domicilio, esto es, a la Policía Municipal de San José de las Flores, describiendo las características físicas de los agresores, así como la vestimenta que portaban; y siendo las doce horas con treinta y cinco minutos de esa data, detuvieron al aquí quejoso. Sin que en la especie como lo considera la parte quejosa se hubiese interrumpido la búsqueda y localización del imputado, puesto que como ya quedó precisado en párrafos precedentes la ateste una vez que observó los hechos delictuosos, (doce horas del dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve), previo auxilio que trató de dar a la víctima, puso del conocimiento de su padre lo sucedido, quien siendo las doce horas con quince minutos pide auxilio a la Policía Municipal de la comunidad más cercana al domicilio en donde ocurrieron los hechos, y como consecuencia de ese llamado, fue detenido el quejoso a las doce horas con treinta minutos de esa fecha; habiendo transcurrido únicamente treinta minutos después de haberse realizado la conducta atribuida al aquí quejoso, Máxime que, si bien el artículo 16 constitucional establece el concepto de flagrancia como al instante de la comisión del delito y al de la huida u ocultamiento del sujeto que se generan inmediatamente después de la realización de los hechos delictivos, no contempla período alguno en el cual puede considerarse flagrancia después de que tuvo lugar un delito. Ilustra lo anterior, en lo conducente el siguiente criterio jurisprudencial. "Época: Décima Época Registro: 2010937 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 26, Enero de 2016, Tomo IV Materia(s): Constitucional, Penal Tesis: IV.1o.P. J/7 (10a.) Página: 3012 FLAGRANCIA. EL ARTÍCULO 134, PRIMERA PARTE, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, AL PREVER LOS SUPUESTOS EN QUE EL INDICIADO PUEDE SER DETENIDO DENTRO DE LAS 72 HORAS POSTERIORES A LA COMISIÓN DEL HECHO DELICTIVO, ES INCONVENCIONAL Y DEBE INAPLICARSE POR CONTRAVENIR LOS DERECHOS DE LIBERTAD Y DEBIDO PROCESO. El artículo 16, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público, y que existirá un registro inmediato de la detención. Luego, para determinar los alcances de la expresión "inmediatamente después de la comisión del delito", contenida en ese precepto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el 19 de septiembre de 2012, por mayoría de cuatro votos, el amparo directo en revisión 991/2012, estableció que aquélla se refiere a lo que doctrinariamente se identificó como cuasiflagrancia, que abarca la persecución durante la huida física u ocultamiento del sujeto, los cuales se generan justo después de la realización del ilícito penal, por lo que el concepto de flagrancia está limitado constitucionalmente al instante de la comisión del delito -flagrancia stricto sensu- y al de la huida u ocultamiento del sujeto que se genera inmediatamente después de la realización de los hechos delictivos -cuasiflagrancia-, excluyendo la flagrancia equiparada. Ahora bien, el artículo 134, primera parte, del Código de Procedimientos Penales del Estado de Nuevo León prevé que el indiciado puede ser detenido dentro de las 72 horas posteriores a la comisión del hecho delictivo, siempre que sea perseguido materialmente, alguien lo señale como responsable, se encuentre en su poder el objeto del delito o el instrumento con el que se hubiera cometido, o existan huellas o indicios que hagan presumir fundadamente su intervención en la comisión de aquél. Así, dicho precepto, al ampliar a 72 horas -bajo determinados supuestos-, el periodo en que puede considerarse que se está en presencia de flagrancia, para detener -sin orden judicial o de autoridad competente- al sujeto que se considere como responsable de un ilícito, contraviene los derechos humanos de libertad y debido proceso, reconocidos en los artículos 9 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 9, numerales 1 y 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; I y XXV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y 7, numerales 2, 3 y 6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues la porción normativa en estudio contempla diversos supuestos en los que puede estimarse -de manera similar o análoga- a la flagrancia en el delito, siempre que se presenten dentro del término de 72 horas posteriores a la comisión de los hechos delictivos, es decir, una flagrancia equiparada, institución prohibida por los instrumentos internacionales invocados y por la Constitución, lo que no permite armonizar ese acto legislativo con los artículos convencionales en comento; por tanto, en aplicación del principio pro persona establecido en el artículo 1o. constitucional, dicho precepto es inconvencional y debe inaplicarse. También es infundado el segundo concepto de violación atinente a que la juez hizo un falso juicio de existencia respecto de la supuesta arma de fuego que portaba, pues no le fue presentada de manera física o ilustrativa, para crear convicción a la juzgadora respecto a su existencia. En la especie, no le asiste la razón al inconforme, pues tal como lo consideró de manera acertada la juez de control, la existencia del arma se encuentra corroborada con el contenido del informe homologado de los Policías Municipales de Mesones, Hidalgo, quienes informaron que al momento de la detención del activo le aseguraron un arma de fuego tipo escuadra (minuto 00:06:59 a 00:07:31 del dvd). Sin que para evidenciar su existencia resulte necesario que la juez responsable hubiese tenido a la vista de manera física, tal artefacto bélico, pues en el caso, es necesario respetar la llamada "cadena de custodia", para preservar integralmente las evidencias encontradas en una escena del crimen. Ilustra lo anterior, la Tesis 1a. CCXCV/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2, Materia Penal, visible a página mil cuarenta y tres, Décima Época, con número de registro 2004653, cuyo rubro y texto es el siguiente: "CADENA DE CUSTODIA. DEBE RESPETARSE PARA QUE LOS INDICIOS RECABADOS EN LA ESCENA DEL CRIMEN GENEREN CONVICCIÓN EN EL JUZGADOR. Como la intención de recabar indicios en una escena del crimen es que éstos generen el mayor grado de convicción en el juzgador, es necesario respetar la llamada "cadena de custodia", que consiste en el registro de los movimientos de la evidencia, es decir, es el historial de "vida" de un elemento de evidencia, desde que se descubre hasta que ya no se necesita. Así, en definitiva, la cadena de custodia es el conjunto de medidas que deben tomarse para preservar integralmente las evidencias encontradas en una escena del crimen, convirtiéndose en requisitos esenciales para su posterior validez. Su finalidad es garantizar que todos los indicios recabados sean efectivamente los que se reciban posteriormente en los laboratorios para su análisis, debiendo conocer para tal efecto el itinerario de cómo llegaron hasta tal fase, así como el nombre de las personas que se encargaron de su manejo, pues, de lo contrario, no podrían tener algún alcance probatorio, pues carecerían del elemento fundamental en este tipo de investigaciones consistente en la fiabilidad." Consecuentemente, ante lo infundado de los conceptos de violación y sin que exista queja deficiente que suplir, en términos de lo dispuesto por el artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por Everardo Sandoval Herrera. No es obstáculo a lo aquí resuelto que a la fecha no se haya logrado emplazar al tercero interesado Marco Lázaro Saavedra, pues dado el sentido de la presente determinación, no le causa agravio. Lo anterior, atendiendo a lo sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 349 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Parte SCJN, tesis 531, del rubor siguiente: "TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARA." SÉPTIMO. En virtud de que, conforme a la certificación secretarial realizada en la audiencia constitucional que antecede, las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, una vez que cause ejecutoria la sentencia, ésta y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis. OCTAVO. CAPTURA DEL FALLO EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES. Captúrese la presente resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con apoyo en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, en vigor a partir del día siguiente y agréguese a los autos la constancia respectiva. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75 y 124, de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a (.), contra los actos reclamados precisados en el considerando sexto de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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