EVI BERSAI ESPINOZA PERALTA y Otros.
Expediente 672/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 19 actuaciones registradas, la última del 21 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 672/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 21/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- EVI BERSAI ESPINOZA PERALTA y Otros.
- Evi Bersai Espinoza Peralta
- Titular de la Novena Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
MESA V "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio proveniente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con sede en esta población, mediante el cual, el Presidente de dicho Tribunal acusa recibo del diverso oficio con el que se remitieron los autos originales del juicio de amparo 672/2022 y su acumulado 679/2022, y sus anexos, con motivo del recurso de revisión interpuesto por el quejoso Evi Bersai Espinosa Peralta, contra la resolución pronunciada en este juicio. Asimismo, informa que se admitió a trámite el referido medio de impugnación, registrado con el número 311/2022. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA V ".. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado de autos, se advierte que las partes quedaron notificadas de la resolución de doce de agosto del año en curso y del auto de ocho del presente mes, que tuvo por interpuesto el recurso de revisión hecho valer por el quejoso Evi Bersai Espinosa Peralta, contra dicha resolución. Por tanto, en cumplimiento a lo ordenado en dicho proveído, con fundamento en el artículo 89 de la Ley de Amparo, vía oficio remítase el original del juicio de amparo en que se actúa al Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo del Decimotercer Circuito, en turno, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, al que deberá acompañarse el escrito original por el que se interpone dicho medio de impugnación. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA V "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de septiembre de dos mil veintidós. Visto el escrito firmado por el quejoso Evi Bersai Espinosa Peralta; atento a su contenido, se le tiene interponiendo recurso de revisión contra la resolución dictada en el presente juicio en la que se le negó el amparo y protección de la justicia federal. Por tanto, procédase conforme a lo dispuesto por los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, y dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al que se integre debidamente el presente expediente, remítase los autos al Tribunal de Alzada competente, para su substanciación. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo y distribúyanse entre las partes copia del escrito de agravios. Asimismo, de conformidad con el artículo 73 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, instrúyase a la Encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a efecto de que deje disponible el expediente electrónico relativo al presente asunto y la superioridad tenga a su disposición las constancias necesarias. Por otra parte, visto el estado de autos se advierte que no obra constancia de notificación de la resolución dictada en este asunto, a los terceros interesados 1) Agente del Ministerio Público adscrito a la Novena Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en autos del toca JOTPAI/06/2022 y 2) Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos contra la Mujer por Razón de Género. Por ende, en obvio de dilaciones procesales, mediante oficio, envíeseles copia certificada de la resolución emitida en estos autos. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA QUEJOSA ELIZABETH SHENDEN MARTÍNEZ CARRASCO.
- Principal
MESA "...VISTOS los autos, para resolver el juicio de amparo número 672/2022 y su acumulado 679/2022, promovido por (...) en representación de las menores de identidad reservada N.E.M y D.C.E.M, contra actos de la Titular de la Novena Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca y otras autoridades; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal es competente para conocer y resolver el presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 1, fracción I, 33, fracción IV, y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo; y, el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios de circuito y de los juzgados de distrito, en atención a que se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra actos emitidos en un juicio de naturaleza penal, seguido ante autoridades jurisdiccionales de primera instancia del orden local, con residencia dentro del ámbito de jurisdicción territorial de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Resulta oportuno precisar en este apartado, los actos reclamados en el presente juicio de amparo, atento a lo que dispone el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece que las sentencias dictadas en los juicios de amparo, deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, para lo cual debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen de ese primer escrito, en un sentido tal que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañando lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente lo que en apariencia dijo. Tiene sustento lo anterior en el criterio (...) Los quejosos reclaman: Autoridades responsables Acto reclamado Titular de la Novena Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. El quejoso (...), reclama la resolución de doce de mayo de dos mil veintidós, dictada en el toca penal (...), que confirma el auto de vinculación a proceso decretado en la causa penal (...), por su probable participación en el delito de incumplimiento de obligaciones alimentarias cometido en perjuicio de las adolescentes D.C.E.M y N.E.M. representadas por (...) Y la quejosa (...), en representación de las menores de identidad reservada D.C.E.M y N.E.M, reclama la citada resolución de doce de mayo de dos mil veintidós, en la parte relativa a la revocación del auto de vinculación a proceso por el delito de violencia familiar en su variante de violencia económica, cometido en perjuicio de las menores de identidad reservada. Juez de Control del circuito judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca. Notificador de la causa penal (...)del índice del Juzgado de Control del circuito judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca. El quejoso (...), reclama la ejecución material de la resolución de doce de mayo del actual, dictada en el toca penal de origen. Fijada la litis, lo procedente es analizar la existencia de los actos reclamados y la procedencia del juicio de amparo respecto de los mismos. TERCERO. Inexistencia del acto de ejecución reclamado por Evi Bersai Espinoza Peralta al notificador de primera instancia. Es INEXISTENTE la ejecución material de la resolución de doce de mayo del actual, dictada en el toca penal de origen, reclamada por Evi Bersai Espinoza Peralta, al notificador de la causa penal (...)del índice del Juzgado de Control del circuito judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca. Si bien es cierto que dicha autoridad no rindió su informe justificado, ni existe constancia que acredite que fue notificada de su solicitud, no ha lugar a presumir la existencia del acto que se le atribuye, ya que dicha autoridad no cuenta con facultades para ejecutar la resolución reclamada por el Tribunal de apelación, pues la única intervención que tiene es como notificador de dicha resolución, sin que esa notificación fuera reclamada por el quejoso -ya que la quejosa no señaló a dicha autoridad como responsable-. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis (...) En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO EN ESTE JUICIO DE AMPARO POR INEXISTENCIA DE LA EJECUCIÓN DE LA RESOLUCIÓN RECLAMADA POR EVI BERSAI ESPINOZA PERALTA AL NOTIFICADOR LLEVADOR DE LA CAUSA PENAL DE ORIGEN. CUARTO. Certeza del acto. SON CIERTOS LOS ACTOS RECLAMADOS A LAS AUTORIDADES JURISDICCIONALES, ya que así lo manifestaron en su informe justificado. Certeza que se corrobora con las constancias que remitieron en apoyo, a las que se concede pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. En este apartado se estima conveniente hacer una reseña de los antecedentes del acto reclamado, apoyado en las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que se ha otorgado el valor probatorio de ley, y de donde se advierte lo siguiente: Los aquí quejosos contrajeron matrimonio el dieciocho de febrero de dos mil nueve, y durante su matrimonio procrearon dos hijas, actualmente adolescentes (de catorce y quince años de edad), de iniciales N.E.M y D.C.E.M. El veintisiete de marzo de dos mil quince, los cónyuges promovieron la disolución del matrimonio por mutuo consentimiento ante el Juez Cuarto de lo Familiar del distrito judicial del Centro, Oaxaca, el cual quedó registrado bajo el expediente (...)y con fecha ocho de julio de dos mil quince, se decretó la disolución del vínculo matrimonial y se aprobó definitivamente el convenio celebrado por los cónyuges. En la cláusula número seis del referido convenio, el aquí quejoso se obligó a pagar la cantidad de seis mil quinientos pesos, cero centavos moneda nacional (...), por concepto de pensión alimenticia, lo cual se realizaría a más tardar los tres primeros días de cada mes, a partir de la ratificación de dicho convenio, a través del Fondo de Administración de Justicia del Tribunal Superior de Justicia del Tribunal Superior de Justicia del Estado. En atención a que el referido convenio no se cumplió en su totalidad, la aquí quejosa promovió en el expediente familiar (...)incidente de incumplimiento de convenio, debido a que el quejoso únicamente había cubierto parcialmente la cantidad de (...)y el monto fijado era de (...), sin justificar el incumplimiento de la citada pensión. Posteriormente, la aquí quejosa promovió el juicio de amparo (...)del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, contra la omisión del juez de primera instancia de garantizar los alimentos de las menores de identidad reservada y la omisión de dar respuesta a un escrito de cinco de octubre de dos mil veinte, y su falta de notificación- es decir contra actos derivados del expediente civil-. Mediante resolución de veinte de abril de dos mil veintiuno, el homólogo federal sobreseyó en el juicio de amparo por cesación de efectos del acto reclamado por la aquí quejosa. El trece de enero de dos mil veinte, la aquí quejosa presentó denuncia contra el quejoso, por incumplimiento de obligaciones alimentarias en agravio de sus menores hijas, por lo que se inició la carpeta de investigación (...). Derivado de los datos de prueba obtenidos por la representación social, se judicializó la carpeta de investigación, formándose la causa penal (...)del índice del Juzgado de Control del circuito judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca. El veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, se llevó a cabo la audiencia inicial y con los datos de prueba obtenidos por la representación social, los asesores jurídicos consideraron que también se configuraba el delito de VIOLENCIA FAMILIAR EN SU MODALIDAD DE VIOLENCIA ECONÓMICA, por lo que se comunicó al quejoso la imputación por ese delito y el de INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ALIMENTARIAS. En atención a que el imputado, aquí quejoso, se acogió a la ampliación de término constitucional, se señaló dicha audiencia para el veintiséis de diciembre de dos mil veintiuno. En la citada audiencia, la Jueza de Control vinculó a proceso al aquí quejoso por ambos delitos. Inconforme con esa determinación, el imputado interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por la Novena Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca en el toca penal (...)el doce de mayo de dos mil veintidós. Determinación que constituye el acto reclamado en este juicio. SEXTO. Causas de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal cuyo análisis debe efectuarse aun de oficio, lo aleguen o no las partes, previamente al examen de las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, así como en términos de la tesis de jurisprudencia (...) Al no existir causa de improcedencia que se haga valer o que se advierta de oficio, se procede a atender los conceptos de violación formulados. SÉPTIMO. Conceptos de violación. Los quejosos expresaron los conceptos de violación que se encuentran en la demanda de amparo, sin que sea necesario transcribirlos, pues los antecedentes del caso y los conceptos de violación que esgrime la impetrante se dan por reproducidos como si a la letra se insertaran en obvio de repeticiones innecesarias, tomando en consideración que el artículo 76 ni algún otro precepto de la Ley de Amparo, señalan que deban transcribirse, lo que también tiene sustento en la jurisprudencia (...) No obstante, en resumen, ha de señalarse que la parte quejosa, en su escrito de demanda, expone los conceptos de violación siguientes: Conceptos de violación del quejoso (...): Se vulnera en su perjuicio el artículo 14 Constitucional ya que con la resolución que se combate no se han cumplido las formalidades esenciales del procedimiento y se le vincula a proceso por un delito que no ha cometido. Se contraviene en su perjuicio el artículo 16 Constitucional, ya que la Sala responsable al confirmar el auto de vinculación a proceso, viola en su perjuicio el principio de presunción de inocencia, pues no hace una exacta aplicación del hecho que la ley señala como delito, ya que refiere que la resolución es confusa, porque en un primer término indica que no hay delito, pero confirma el auto de vinculación a proceso por el delito de incumplimiento de obligaciones alimentarias sin: Expresar con precisión el precepto legal aplicable al caso (fundamentación). Señalar con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto (motivación). Existir adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables (relación entre la fundamentación y la motivación). Se vulnera el derecho tutelado en el artículo 17, párrafo segundo, ya que refiere que la autoridad no es imparcial, porque el quejoso refiere que ha cumplido con proporcionar alimentos a las menores de acuerdo a su capacidad económica, como refiere se encuentra acreditado con los datos de prueba exhibidos en la causa penal de origen. Conceptos de violación de la quejosa (...), en representación de las menores de identidad reservada D.C.E.M y N.E.M. Se vulneran las garantías de audiencia, legalidad, seguridad jurídica y debido proceso contenidas en los artículos 1°, 4°, 14, 16, 17, 19 y 20 apartado a), fracciones II, IV, c) fracción II de la Constitución Federal, artículos 1°, 3 y 5 apartado a) de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer y el artículo 8° de la Convención de Belem Do Para, y artículos 18 y 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño; al revocar la resolución de primera instancia y resolver no vincular a proceso a Evi (...), por el delito de violencia familiar en su variante de violencia económica ya que los datos de prueba ofrecidos fueron idóneos para acreditar ese ilícito. Ello, pues refiere que al considerar la sala responsable que el quejoso no tenía la intención de dominar, someter, controlar o agredir de manera económica a las menores de identidad reservada, no se actualizan los elementos del delito de violencia familiar en su variante de violencia económica, sin embargo, y debido a la etapa procesal en que se encuentra, resolver en cuanto a esa situación de manera subjetiva, violaría el derecho de las menores a una vida libre de violencia. Con los actos reclamados se afecta el interés superior de las menores de identidad reservada, el debido proceso y la administración de justicia. Aunado a que el juicio de tipicidad respecto de un delito solo es necesario juzgarlo en sentencia y no en el recurso de apelación interpuesto. En el auto de no vinculación a proceso, la responsable aduce razonamientos infundados y apreciaciones subjetivas, al referir que no se acreditan los elementos del delito, limitándose a manifestar que los datos de prueba aportados por el MINISTERIO Público, no fueron suficientes para demostrar el delito de Violencia familiar, pero sin decir las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, sin existir adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables. OCTAVO. Estudio de los conceptos de violación. El artículo 79, fracción III, de la Ley de Amparo establece la suplencia de la queja en materia penal, tratándose del indiciado y de la víctima; sin embargo, en términos del penúltimo párrafo de ese numeral, la suplencia sólo se expresará en las sentencias si la suplencia le reporta algún beneficio. Es decir, quien resuelve este juicio constitucional, únicamente está obligado a suplir la deficiencia de la queja en favor de los aquí quejosos, cuando existan causas jurídicamente válidas para preservar u otorgar algún derecho, pues de no advertir que la suplencia conduzca a esa finalidad provechosa para el quejoso, bastará que así se declare sin necesidad de realizar un estudio oficioso del asunto. Sobre la base anterior, los conceptos de violación expuestos por el quejoso (...)del amparo resultan INFUNDADOS. El acto reclamado por dicho quejoso, consiste en la resolución de doce de mayo de dos mil veintidós, que confirma el auto de vinculación a proceso decretado en su contra, en la causa penal de origen, al considerarlo probable responsable del delito de incumplimiento de obligaciones alimentarias, cometido en agravio de las menores de identidad reservada, aquí quejosas. Ilícito previsto y sancionado por el artículo 413, en relación con el 417 del Código Penal del Estado de Oaxaca, que establecen: "413. A quien incumpla con su obligación de dar alimentos a las personas que tienen derecho a recibirlos, se le impondrá de cuatro a ocho años de prisión y de doscientas a seiscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, suspensión o pérdida de los derechos de familia, y pago como reparación del daño de las cantidades no suministradas oportunamente. Los alimentos comprenderán la comida, el vestido, la habitación, la asistencia en caso de enfermedad y, en su caso, los gastos de embarazo y parto. Respecto a los menores de edad, comprende, además, los gastos necesarios para la educación básica y para proporcionarle un oficio, arte o profesión honestos y adecuados a sus capacidades, potencialidades y circunstancias personales. También comprenden las atenciones a las necesidades psíquica, afectiva y de sano esparcimiento y en su caso, los gastos de funerales. Cuando no sean comprobables el salario o los ingresos del deudor, la Jueza o el Juez determinará el pago de los alimentos o la reparación del daño, con base en la capacidad económica del deudor; el nivel de vida que el deudor y sus acreedores alimentarios hayan llevado en los dos últimos años; así como del estado de necesidad de los acreedores.". "417.- Si la omisión en el cumplimiento de las obligaciones alimentarias ocurre en incumplimiento de una resolución judicial, las sanciones se incrementarán en una mitad.". Ahora, del análisis de las videograbaciones que contienen las audiencias que tuvieron lugar en el proceso penal (...), contenidas en un disco en formato de Disco Versátil Digital, con pleno valor probatorio al tener la naturaleza de una documental pública, se advierten las audiencias de comunicación de la imputación y la segunda, relacionada con la ampliación del plazo constitucional en la que se dictó el auto de vinculación a proceso, celebrada el veintiséis de diciembre de dos mil veintiuno, y la cual fue confirmada en la parte relativa al ilícito de incumplimiento de obligaciones alimentarias, por el Tribunal de apelación. Del análisis de la resolución reclamada, se advierte que resultan INFUNDADOS los conceptos de violación del quejoso, marcados con los puntos 1 y 3, relativos a que no se cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento y se le vincula a proceso por un delito que no cometió. Y que se vulnera el derecho tutelado en el artículo 17, párrafo segundo, ya que refiere que la autoridad no es imparcial, porque el quejoso considera que ha cumplido con proporcionar alimentos a las menores de acuerdo a su capacidad económica, como refiere se encuentra acreditado con los datos de prueba exhibidos en la causa penal de origen. Ahora, en el escrito de apelación interpuesto por el quejoso y su defensor, hicieron valer los agravios relativos a: La inexacta aplicación de la norma. Se le está sancionando dos veces la misma conducta. No se logra establecer el dolo, la intención de causar lesión al bien jurídico tutelado. La Jueza consideró no estar en aptitudes de valorar la capacidad económica del imputado. Para sustentar un auto de vinculación a proceso, deben existir datos de prueba suficientes, siguiendo los parámetros para su valoración. Y en la resolución, recurrida, se advierte que en el considerando tercero, la Sala responsable hizo un análisis en cuanto a que la Jueza de Control cumplió con las formalidades esenciales del procedimiento, el cual también precisó en el considerando octavo de la determinación reclamada. Lo que se corrobora con las audiencias de imputación y de término constitucional, en las que se desprende que efectivamente la Jueza de Control responsable, cumplió con las formalidades contenidas en los artículos 307, y 311 al 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al respetar los principios que rigen al sistema acusatorio. Asimismo, se respetó el principio de igualdad ante la ley, consagrado en el artículo 10 del citado ordenamiento y reiteró que la Jueza de control, cumplió con las formalidades esenciales del procedimiento porque en la audiencia inicial, se hizo del conocimiento del imputado cuál es el hecho por el que se le investiga, las circunstancias de modo, lugar y tiempo que mediaron en la comisión del ilícito, la persona que depuso en su contra, la calificación jurídica preliminar a juicio de la autoridad ministerial, así como de manera oral el contenido de todos y cada uno de los datos de prueba aportados por la autoridad ministerial en presencia de autoridad judicial competente, en compañía de su defensor. De igual forma, que se le hicieron saber los derechos que consagra la Constitución a su favor, a rendir una declaración y a combatir la imputación recaída en su persona, de modo que no se vulneró su derecho de acceso a la justicia y debido proceso, ni se advierte que los datos de prueba fueron obtenidos de forma ilícita. Ahora, en cuanto a la parte relativa a que se le vincula a proceso por un delito que no cometió, cabe precisar que conforme al artículo 19 de la Constitución Federal y los numerales 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para la emisión de un auto de vinculación a proceso, se deben cumplir los siguientes requisitos: Que se comunique la imputación al indiciado. Se indique el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución Se le otorgue la oportunidad de declarar y Que tal resolución sea dictada dentro del plazo de setenta y dos horas o su ampliación -ciento cuarenta y cuatro horas-, a partir de que el indiciado es puesto a disposición del juez de control. De los antecedentes de investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se cometió un hecho delictivo y Que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o exluyente del delito. Sin embargo, atendiendo a los conceptos de violación del quejoso, ya que como se precisó en líneas que anteceden, se cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento. En el caso, únicamente es necesario verificar si con los datos de prueba existentes, se acreditó la probable participación del aquí quejoso en la comisión del ilícito de incumplimiento de obligaciones alimentarias que se le atribuye, ya que no se encuentra a discusión el cumplimiento de los requisitos restantes para la emisión del auto de vinculación cuya confirmación se reclama. Bajo ese contexto, se tiene que los datos de prueba ofrecidos por las partes en la causa penal de origen fueron: Agente del Ministerio Público, en la audiencia de imputación de veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno: Denuncia por escrito de (...), el trece de enero de dos mil veinte. Atestado del registro civil con número de folio 0001088, número de acta certificada 731 a favor de la menor de edad de iniciales N.E.M. Atestado del registro civil con número de folio 0001089, número de acta 8, a favor de la menor de edad de iniciales D.C.E.M. Comparecencia de la representante legal de las víctimas, de fecha diecinueve de marzo de dos mil veinte. Cuadernillo compuesto de cincuenta y cuatro fojas útiles, de copias certificadas por la Secretaría de Acuerdos del Juzgado Cuarto Familiar del distrito judicial del Centro, relativas al expediente familiar (...). Acuerdo de ocho de julio de dos mil quince, mediante el cual la Jueza Cuarto de lo Familiar del distrito judicial del Centro, Oaxaca, aprueba las cláusulas de un convenio celebrado entre (...). Cuerdo de nueve de enero de dos mil nueve, donde se da cuenta de promociones realizadas por (...). Requerimiento de la autoridad judicial a (...). Acuerdo de diecisiete de marzo de dos mil veinte, donde consta la solicitud del aquí quejoso de modificación del convenio. Acuerdo de diecisiete de marzo de dos mil veinte, donde se hace constar el incidente de incumplimiento de convenio, promovido por la aquí quejosa. Actuaciones que remite la Agente Estatal de Investigaciones (...), de trece de mayo de dos mil veintiuno. Dictamen contable de seis de julio de dos mil veintiuno, emitido por la licenciada en contaduría pública (...). La defensa, en la audiencia de ampliación de término constitucional de veintiséis de diciembre de dos mil veintiuno, ofreció los siguientes datos de prueba: Impresión simple del carnet de citas a favor de las adolescentes de identidad reservada. Oficio (...)de seis de febrero de dos mil veintiuno. Memorandum (...)de ocho de febrero de dos mil veintiuno. Oficio (...)de ocho de febrero de dos mil veintiuno. Oficio número (...). Oficio (...)de fecha diecinueve de abril de dos mil veintiuno, con anexo del oficio (...)de veintidós de abril de dos mil veintiuno. Acuerdo de diecisiete de marzo de dos mil veinte. Escrito de cuatro de marzo de dos mil veinte. Constancia de percepción y deducciones, emitidas por la Jefa del Departamento de Control y Seguimiento de pago del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. Acta de nacimiento de la menor de edad de iniciales F.I.E.A. Convenio de trece de diciembre de dos mil diecisiete. Convenio de veintitrés de marzo de dos mil quince. Con tales datos de prueba, la Sala responsable determinó que fue correcto el auto de vinculación a proceso dictado por el Juez de Control por el delito de incumplimiento de obligaciones alimentarias y lo confirmó. Ello, porque de los datos de prueba aportados, se advertía el cumplimiento parcial al convenio en el que el imputado se comprometió a pagar una cantidad de seis mil quinientos pesos, cero centavos moneda nacional (...), por concepto de pensión alimenticia, además de cubrir los gastos escolares de las menores de identidad reservada. De modo que al no acreditar haber proporcionado a las menores de identidad reservada, la cantidad total a la que se obligó en el convenio derivado del expediente civil, esa circunstancia no equivalía a la inexistencia del delito. Consideración de la autoridad responsable que se determina apegada a derecho, pues como refiere la Sala en la determinación recurrida, el cumplimiento parcial que aduce el imputado, es contario a la finalidad de prevención y conservación de la integridad de los acreedores, de modo que no puede quedar al arbitrio del deudor alimentario, suministrar los alimentos en las cantidades y tiempos que el mismo considere. Por lo que esa circunstancia no es una excluyente o causa de justificación para incumplir con la obligación de suministrar alimentos. Sin que en los datos de prueba aportados, se advierta una determinación de la autoridad judicial civil, tendente a justificar ese incumplimiento. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis (...) Asimismo, orienta lo anterior la tesis (...)Cabe precisar que este Juzgador no puede sustituir a la autoridad responsable en la ponderación de los datos de prueba incorporados, sino únicamente analizar la constitucionalidad del ejercicio de ponderación realizado por la Sala responsable, para corroborar si se ajustó a los principios que rigen el debido proceso penal y constatar que no se alteren hechos, ni infracción a las reglas fundamentales de la lógica, a los conocimientos científicos y a las máximas de la experiencia. Sin que la acreditación exacta de los elementos del delito, sea impedimento para dictar el auto de vinculación, ya que éste, no requiere de pruebas ni se exige comprobar que ocurrió un hecho ilícito, ya que el juicio de tipicidad solo es exigible en la sentencia, en la que el juez decidirá si se cometió o no el delito, de modo que en el auto de vinculación únicamente basta que se encuadre la conducta a la norma penal, independientemente de la metodología que se adopte para identificar el tipo penal aplicable y poder continuar con la investigación en su fase judicializada. De modo que en el caso, se cumplen con los requisitos de fundamentación y motivación porque se encuadró la conducta a la norma penal (delito de incumplimiento de obligaciones alimentarias previsto en el artículo 413, en relación con el 417 del Código Penal del Estado de Oaxaca), consistente en dejar de suministrar los alimentos (parcialmente) a los que el imputado se obligó mediante convenio celebrado ante autoridad judicial sin causa justificada. Y de la resolución reclamada se advierten las razones que llevan a la Sala a determinar el tipo penal aplicable pues consideró que con los datos de prueba se acreditó que la autoridad judicial civil lo requirió en diversas ocasiones para cumplir con dicho convenio sin obtener éxito y el cumplimiento parcial de la obligación, no lo exime de ese delito. Sin que se ofreciera un dato de prueba que justificara -mediante resolución judicial- tal circunstancia. De ahí que fue correcto que la Sala concluyera razonable que existen datos que indican la probable responsabilidad del imputado en el ilícito que se le atribuye, pues se reitera, para el dictado del auto de vinculación, no es necesario acreditar el cuerpo del delito sino únicamente que se cometió el hecho delictivo y una probabilidad de que el imputado participó en su comisión. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis (...) Además, los efectos que genera el auto de vinculación a proceso se verifican precisamente en la continuación de la investigación Ministerial, pero ya en su fase judicializada; por ello es que contrario a las afirmaciones de la parte quejosa, a partir de los datos de prueba, si fue posible encuadrar la conducta realizada con el tipo penal aplicable, aunque existan elementos que ameriten mayor investigación. De igual forma, resulta INFUNDADO el concepto de violación marcado con el punto 2, consistente en que la Sala responsable no funda ni motiva la resolución y contraviene el principio de presunción de inocencia. Y que la resolución es confusa en cuanto a que en primer término, indica que no hay delito y después confirma el auto de vinculación a proceso por el incumplimiento de obligaciones alimentarias. Ello, porque la Sala responsable en el considerando octavo, en la parte relativa a la confirmación del auto de vinculación a proceso por el incumplimiento de obligaciones alimentarias, no refiere que no hay delito, sino que el cumplimiento de la obligación fue parcial, lo que no equivale a la inexistencia del delito. Y el delito que refiere que no se acredita -y que fue materia de revocación en la determinación reclamada- es el de violencia familiar en su variante de violencia económica. De modo que como se expuso con antelación, en la determinación reclamada, la Sala responsable hizo referencia a los preceptos legales en que apoyó su determinación (fundar), y dio las razones del por qué dichos preceptos eran aplicables al caso (motivar). Apoya lo anterior la jurisprudencia (...) Tampoco existe vulneración al principio de presunción de inocencia, dado que aquella presunción no logra derrotar las conclusiones lógicas de la Sala para sostener el auto de vinculación a proceso. Es así pues, los efectos que genera el auto de vinculación a proceso se verifican precisamente en la continuación de la investigación, pero ya en su fase judicializada; por ello se insiste, a partir de los datos de prueba aportados y precisados por la Sala responsable, fue posible encuadrar la conducta realizada con el tipo penal aplicable, aunque existan elementos que ameriten mayor investigación. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis (...). En atención a lo anterior y al resultar infundados los conceptos de violación hechos valer por el quejoso, lo procedente es negar el amparo y protección a la Justicia Federal solicitado. Por otra parte, en relación a los conceptos de violación de la quejosa (...), en representación de las menores de identidad reservada D.C.E.M y N.E.M, éstos también resultan INFUNDADOS. En el caso, la quejosa reclama la resolución de doce de mayo de dos mil veintidós en la parte relativa a la revocación de auto de vinculación a proceso en favor del aquí quejoso por el ilícito de violencia familiar en su variante económica. El cual se encuentra previsto en los artículos 404, en relación con el 404 Bis, fracción IV y sancionado por el numeral 405 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca, que disponen: "404.- Violencia familiar, es toda acción u omisión, dirigida a dominar, someter, controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica, sexual, o contra los derechos reproductivos, dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo activo tenga o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad, afinidad, legal, concubinato, noviazgo, relaciones de convivencia o mantenga o haya mantenido una relación similar con la víctima. 404 Bis.- Para los efectos del presente capítulo los tipos de violencia familiar son los siguientes: IV. Violencia económica.- Privación intencionada y no justificada legalmente de los recursos financieros para el bienestar físico y psicológico de los receptores de la violencia familiar o de algún miembro de la familia, cuyas formas de expresión pueden representar el incumplimiento de las responsabilidades alimentarias, para el sostenimiento familiar, o las limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de las percepciones económicas o la discriminación en la disposición de los recursos compartidos; 405.- A quien cometa el delito de violencia familiar se le impondrá de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a ciento cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, pérdida de los derechos que tenga respecto de la víctima incluidos los de carácter sucesorio, patria potestad, tutela y alimentos, y se decretarán las medidas de protección conforme a lo establecido por la legislación en la materia; además se sujetará a tratamiento especializado en el Centro de Reeducación para Hombres que Ejercen Violencia contra las Mujeres, que para personas agresoras de violencia familiar establece la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género. De la resolución reclamada, se advierte que la Sala responsable, revocó el auto de vinculación a proceso de origen, por el delito de violencia familiar en su variante económica, al considerar esencialmente que: Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, y concatenado con lo que dispone el artículo 5° del Código Penal del Estado de Oaxaca, que refiere que cuando la misma materia esté regulada por disposiciones penales diversas, la de mayor entidad progresiva absorberá a la de menor entidad, de modo que los delitos de incumplimiento de obligaciones alimentarias y violencia familiar en su vertiente económica, no pueden coexistir, pues se estaría sancionando al imputado dos veces por el mismo hecho con apariencia de delito. El bien jurídico protegido de las menores quejosas es que se cumpla a su favor la obligación alimentaria en apego al principio del interés superior del menor. Ese bien jurídico es ampliamente protegido por el tipo penal de incumplimiento de obligaciones alimentarias, mientras que el tipo penal de violencia familiar, en su variante económica protege un bien jurídico diferente, que es el derecho a una vida libre de violencia. En el caso, las menores no se encuentran sometidas a violencia familiar ya que no se actualizan los elementos de ese delito, porque con los datos de prueba no se desprende que el imputado haya tenido como fin, dominar, someter, controlar o agredir de manera económica a sus hijas, causándoles una pérdida o menoscabo físico o mental o bien, controlarlas o someterlas, es decir, ejercitar su poder económico, para tener sobre ellas el control de sus acciones porque con los datos de prueba se actualiza un cumplimiento parcial del pago de la pensión alimenticia. Por lo que al no acreditarse el primer elemento del delito de violencia familiar, en su variante económica, resulta ocioso entrar al estudio de los restantes elementos, por lo que se actualiza una excluyente del delito. Del análisis de la resolución reclamada, se advierte que resultan INFUNDADOS los conceptos de violación de la quejosa, marcados con los puntos 1 y 4, relativos a que se vulneran las garantías de audiencia, legalidad, seguridad jurídica y debido proceso, ya que considera que los datos de prueba ofrecidos fueron idóneos para acreditar el ilícito de violencia familiar económica, en perjuicio de las menores de identidad reservada. Y que los razonamientos de la Sala responsable, se basan en apreciaciones subjetivas, al referir que no se acreditan los elementos del delito, limitándose a manifestar que los datos de prueba aportados por el Ministerio Público, no fueron suficientes para demostrar el delito de Violencia familiar, pero sin decir las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, sin existir adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables. Aunado que se viola el derecho de las menores a una vida libre de violencia. Lo anterior, porque contrario a lo afirmado por la quejosa, es correcta la determinación de la Sala responsable, en cuanto a que no existen datos de prueba para acreditar la probabilidad de que el imputado participó en la comisión del ilícito de violencia familiar en su variante económica, de modo que se actualiza una excluyente del delito relativa a la inexistencia de alguno de los elementos del delito. Y en consecuencia, no se cumple con uno de los requisitos que prevé el artículo 19 de la Constitución Federal y los numerales 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para la emisión de un auto de vinculación a proceso, relativo a que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Pues válidamente, la Sala responsable precisa que se actualiza la causa de excluyente del delito prevista en el artículo 14, apartado A, fracción II, del Código Penal del Estado de Oaxaca, relativa a que falte alguno de los elementos que integran la descripción del delito de que se trate -es decir el de dominar, someter, controlar o agredir de forma económica a las menores-. Ya que para que se actualice el delito de violencia familiar en su variante económica, se requieren de los siguientes elementos: Acción u omisión dirigida a dominar, someter controlar o agredir de manera (económica). Dentro o fuera del domicilio familiar. Cuando el activo tenga una relación de parentesco por consanguinidad con la víctima. Sin que de los datos de prueba, se advierta una probable conducta del imputado tendente a controlar el ingreso de las percepciones económicas de las menores de identidad reservada, o bien asumir una posición de mando o sometimiento sobre ellas, al privarlas o restringirlas de tales percepciones. Y que indiciariamente hagan presumir que la finalidad de incumplir con la obligación alimentaria, fue la de agredir a las menores económicamente, causándoles una pérdida o menoscabo físico o mental, o bien controlarlas o someterlas ejerciendo un poder económico sobre ellas o controlar sus acciones. Pues de tales datos de prueba, solo se advierte que el imputado fue omiso a los requerimientos realizados por el Juez Civil a fin de que cumpliera el convenio en que se obligó a pagar a favor de las menores una cantidad específica de dinero y cubrir sus gastos escolares, y únicamente realizó un cumplimiento parcial de dicho convenio. Lo que configura el ilícito de incumplimiento de obligaciones alimentarias y no así el de violencia familiar en su variante económica. Orienta lo anterior la tesis (...) También resulta infundado el concepto de violación marcado con el punto 3, relativo a que el juicio de tipicidad respecto de un delito solo es necesario juzgarlo en sentencia y no en el recurso de apelación interpuesto. Pues si bien, para el dictado del auto de vinculación a proceso, no se requiere de la acreditación exacta de los elementos del delito, tampoco de pruebas ni se exige comprobar que ocurrió un hecho ilícito, ya que el juicio de tipicidad solo es exigible en la sentencia, en la que el juez decidirá si se cometió o no el delito, de modo que en el auto de vinculación únicamente basta que se encuadre la conducta a la norma penal, independientemente de la metodología que se adopte para identificar el tipo penal aplicable y poder continuar con la investigación en su fase judicializada. Sin embargo, si es un requisito necesario para dictar el auto de vinculación a proceso, acreditar un hecho delictivo y una probabilidad de que el imputado participó en su comisión, pues lo contrario implicaría una excluyente del delito. Y se reitera, de los datos de prueba aportados por las partes, no se advierte la forma en que las menores de identidad reservada sufrieron esa violencia económica. Es decir, algún dato indicativo de las conductas desplegadas por el progenitor de las menores, para condicionar el pago de alimentos y que indiciariamente hagan presumir que cometió el ilícito de violencia familiar en su variante económica, o bien que se advierta la descripción del contexto de violencia de las menores por esa situación, en cuanto a las relaciones de poder ejercidas por el imputado en su contra. Apoya lo anterior la tesis (...) Por ende, al no haber datos que permitan presumir una conducta tendente a la comisión de la violencia familiar en su variante económica, en perjuicio de las menores, tampoco se transgrede en su perjuicio el derecho a una vida libre de violencia. De igual forma, deviene infundado el concepto de violación de la quejosa marcado con el punto número dos, relativo a que con los actos reclamados se afecta el interés superior de las menores de identidad reservada, el debido proceso y la administración de justicia. Ya que no se afecta el interés superior de las menores de identidad reservada porque al no haber un delito tipificado o datos de prueba que permitan identificar esa conducta delictiva y lo que se acredita es la probable responsabilidad del imputado en el incumplimiento de su responsabilidad alimentaria. El bien jurídico a garantizar de las menores, es precisamente que reciban la totalidad de los alimentos a que tienen derecho por parte de su progenitor. Por lo que al confirmar el auto de vinculación a proceso respecto del ilícito de incumplimiento de obligaciones alimentarias, la Sala responsable no transgrede en perjuicio de las menores de identidad reservada el interés superior del menor. Orienta lo anterior el criterio (...) Así como el criterio jurisprudencial (...). Aunado a que si bien, la clasificación de los ilícitos de incumplimiento de obligaciones alimentarias y violencia familiar en su variante económica, es similar, vincular a proceso al imputado por el ilícito de violencia familiar en su variante económica con los datos de prueba aportados, implicaría atribuirle dos ilícitos por un solo hecho (el de incumplir con su responsabilidad alimentaria); pues como se dijo , y se contravendría el principio de non bis ídem, como válidamente lo afirmó la Sala Penal en la resolución reclamada. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio jurisprudencial (...) En virtud de lo anteriormente expuesto, también resulta infundado el último concepto de violación de la quejosa marcado con el punto número 4, relativo a que en el auto de no vinculación a proceso, la responsable aduce razonamientos infundados y apreciaciones subjetivas, al referir que no se acreditan los elementos del delito, limitándose a manifestar que los datos de prueba aportados por el Ministerio Público, no fueron suficientes para demostrar el delito de Violencia familiar, pero sin decir las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, sin existir adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables. Ya que como se mencionó con antelación, la determinación de la Sala no es una apreciación subjetiva, pues la Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen que para vincular a proceso se requiere acreditar la probable responsabilidad del imputado en relación con los datos de prueba. Y en el caso, de los datos de prueba aportados, únicamente se infiere una conducta de incumplimiento en la responsabilidad de dar alimentos a las menores. Sin que se adviertan datos que conduzcan razonablemente a presumir la violencia económica; es decir la intención del progenitor de las menores de agredirlas económicamente o someterlas, como por ejemplo, que el dinero proporcionado o limitado estaba condicionado a la realización de determinada circunstancia. Por lo que se concluye que la determinación de la Sala responsable se encuentra fundada y motivada, porque hizo referencia a los preceptos legales en que apoyó su determinación (fundar), y dio las razones del por qué dichos preceptos eran aplicables al caso (motivar). En consecuencia, al no existir violación a los derechos humanos de los quejosos, contenidos en los artículos 1°, 4°, 14, 16, 17, 19 y 20 apartado a), fracciones II y IV; así como apartado c) fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, procede NEGAR EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL a (...)en representación de las menores de identidad reservada N.E.M y D.C.E.M, contra actos de la Titular de la Novena Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado y del Juez de Control del Circuito judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por (...), contra actos del Notificador adscrito al Juzgado del circuito judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, por las razones apuntadas en el considerando tercero de esta resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a (...) en representación de las menores de identidad reservada N.E.M y D.C.E.M, contra actos del Titular de la Novena Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado y del Juez de Control del Circuito judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, por las razones expuestas en el último considerando de esta resolución. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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