Everardo Sánchez Hernández

Expediente 31/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
31/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
06/02/2018

Partes del expediente

  • Everardo Sánchez Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, seis de febrero de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto que desechó la demanda promovida por Everardo Sánchez Hernández, no fue recurrido dentro del término de cinco días, previsto en el numeral 98 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, en cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó resolución en la que únicamente se desechó la demanda de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, los cuales deberán transferirse al Centro de Documentación y Análisis del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que se cumpla el plazo de cinco años; o en caso de resultar procedente, en el de tres (transferencia provisional). Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, a veinticuatro de enero de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta, se provee: téngase por recibida la demanda de amparo que promueve Everardo Sánchez Hernández, contra actos de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad; que considera violatorios en su perjuicio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Atento a lo anterior, se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número 31/2018-III. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que el Juez de Distrito tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia número 747, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 503, Tomo VI, Apéndice 1995-2000, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo." Esencialmente, el citado criterio jurisprudencial interpreta que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo como cita sea manifiesto, es decir, cuando se advierta, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Asimismo, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda, según sea el caso específico. En efecto, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente acreditado y no requiere mayor demostración, toda vez que se ha advertido en forma absoluta y patentemente clara de la lectura del escrito de demanda; además, da la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata, es operante al caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran allegar las partes, y considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de manera que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que se hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Sentado lo anterior se tiene que, respecto del acto que aquí reclama el promovente del amparo, consiste en la omisión de dictar el laudo en el expediente laboral 2000/16, promovido por el aquí compareciente, en contra de Francisco Méndez Pérez y Luz Celina García Santaella, ante la Junta Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. En tales condiciones, por lo que ve al acto destacado con antelación, se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción X del artículo 61, de la Ley de Amparo. El numeral y fracción en comento disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "(...) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios;." De lo que se colige que para que se actualice la causal de improcedencia aludida es necesario que los juicios de amparo involucrados hayan sido promovidos por el mismo promovente, contra las mismas autoridades, por el propio acto reclamado y que uno de ellos se encuentre en trámite. Ahora bien, en términos de lo que establece el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo de conformidad con su numeral 2°, es un hecho notorio que el ahora promovente presentó el veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, una demanda de amparo que fue registrada bajo el número 398/2017-IV, del índice de este Juzgado, en la que de manera esencial, señaló como acto reclamado la omisión de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, de dictar el laudo dentro del término de ley, en los autos del juicio laboral en el expediente 02000/2016/JE1-1, que promueve el ahora peticionario de amparo, en contra de Francisco Méndez Pérez y Luz Celina García Santaella; el cual mediante proveído de veintiséis del octubre de dos mil diecisiete, se admitió la demanda de amparo a trámite. En suma, de las demandas de amparo aludidas, coexisten los mismos elementos, igual promovente, misma autoridad responsable y acto reclamado; además de que el juicio de amparo 398/2017-IV, se resolvió el dieciséis del presente mes y año, concediéndole el amparo al peticionario de garantías, por tanto, como ya se dijo en párrafos anteriores, es de desecharse la presente demanda por notoriamente improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis XIX.2o.12 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, publicado en la página 312, del tomo III, Enero de 1996, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "LITISPENDENCIA EN MATERIA DE AMPARO. Por imperativo de la fracción III, del artículo 73, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, debe entenderse que la litispendencia en materia de amparo es formal y no material; de ahí, que resulta irrelevante el hecho de que en las demandas de amparo se pudieran haber planteado violaciones constitucionales diferentes, ya que ello no impide la configuración de la causal de improcedencia prevista en la fracción y precepto inicialmente citados, la cual sólo amerita la valoración de la identidad de los elementos formales: quejoso, acto reclamado y autoridad responsable". De igual manera, tiene aplicación la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en la página 57, Tomo XVI, Tercera Parte, Materia Común, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSAL DE, POR EXISTENCIA DE OTRO JUICIO DE AMPARO. SATISFECHOS LOS PRESUPUESTOS DE LA FRACCIÓN III DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, NO IMPORTA QUE NO SE ENCUENTRE DEMOSTRADA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO EN EL OTRO AMPARO.- No es óbice para que sea operante en el juicio de garantías la causal de improcedencia que consiste en la existencia de otro amparo, prevista por la fracción III del artículo 73 de la Ley de Amparo, el que los agraviados afirmen que en el amparo precedente no aparece que exista el acto reclamado, ya que, en primer lugar, la causal de improcedencia señalada no se condiciona a que existan los actos combatidos en el primer amparo sino únicamente a que la ley o acto que se reclamen sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución y que ese juicio esté promovido por el mismo quejoso o quejosos, contra las mismas autoridades responsables, y en segundo, no podría exigirse el requisito de que los actos reclamados sean ciertos, ya que la apreciación de las pruebas para tener o no por demostrada la existencia de los actos combatidos, se lleva a cabo hasta la sentencia, en los términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, y el artículo 73, fracción III, del ordenamiento citado, parte precisamente del supuesto de que dicha resolución no se ha dictado, esto es, que existe litispendencia". Consecuentemente, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto deben tomarse en consideración los elementos ya descritos y se llegue a la conclusión de que en el caso se actualiza la hipótesis de la improcedencia señalada. Sin que pase inadvertido a este órgano jurisdiccional, que todo lo anterior se advierte, al traer a la vista como hecho notorio, la información capturada respecto del expediente 398/2017-IV del índice de este órgano jurisdiccional, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0) publicada en la red intranet del Poder Judicial de la Federación, acorde con lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y atento a la tesis de jurisprudencia XX.I.3o. J/7, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, del rubro y texto siguientes: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN PARA LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO LAS RESOLUCIONES QUE SE PUBLICAN EN LA RED INTRANET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. Las publicaciones en la red intranet de las resoluciones que emiten los diversos órganos del Poder Judicial de la Federación constituyen hecho notorio, en términos de lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, porque la citada red es un medio electrónico que forma parte de la infraestructura de comunicación del Poder Judicial de la Federación, creada para interconectar computadoras del Máximo Tribunal y todos los Tribunales y Juzgados Federales del país, permitiendo realizar consultas de jurisprudencia, legislación y de la base de datos que administra los asuntos que ingresan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que es válido que los Magistrados de Tribunales de Circuito y Jueces de Distrito invoquen de oficio las resoluciones que se publiquen en ese medio para resolver un asunto en particular, sin que se haya ofrecido ni alegado por las partes y aun cuando no se tenga a la vista de manera física el testimonio autorizado de tales resoluciones." Lo anterior debido a que la información obtenida de dicha fuente, en términos de los puntos primero, segundo -segundo párrafo- y tercero del Acuerdo General 29/2007, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que determina el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, puede ser utilizada para responder a las consultas que sean formuladas por los órganos competentes del Poder Judicial de la Federación. Ahora bien, teniendo en cuenta que una de las finalidades de la causal de improcedencia por litispendencia es impedir que los Jueces de Distrito se pronuncien en dos ocasiones sobre el mismo problema jurídico; habida cuenta, que con la admisión del juicio de amparo 398/2017-IV de referencia, el aquí promovente conserva la oportunidad de defenderse del acto de autoridad que hizo valer a través de la presentación de su primer demanda, que como ya se mencionó es coincidente con la de cuenta y el acto que en esta se reclama es el mismo que el reclamado en la ulterior, de modo que no se le deja en estado de indefensión, puesto que la primera se encuentra pendiente de causar ejecutoria; por tanto, como ya se dijo en párrafos anteriores, es de desecharse la presente demanda por notoriamente improcedente. En consecuencia, toda vez que se advierte de forma patente y absolutamente clara que opera la causal de improcedencia en estudio prevista por el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, además de que se cuenta con todos los elementos para llegar a esa determinación; con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha por notoriamente improcedente la presente demanda de amparo. Por otra parte, téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Abasolo número 411 Interior Altos, de la zona Centro, Ciudad Valles, San Luis Potosí. Del mismo modo, se tiene como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Margarito Nájera Martínez, toda vez que cuenta con cédula profesional de licenciado en derecho registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados y Juzgados de Distrito. Ahora, por lo que hace a José Mario Hernández Guerrero y Juan Lorenzo Galván de la Rosa, se les tiene como autorizados en términos de la parte final del segundo párrafo, del citado numeral, toda vez que no cuentan con el anterior registro. Hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional en uso de las facultades conferidas por el numeral 20, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, respecto a la protección de datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, cualquier uso no autorizado en los términos previstos en dicho ordenamiento legal, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. De igual forma, con apoyo en los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 25, 28 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia a la información pública, protección de datos personales y archivo, publicado en seis de febrero de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales y de identificación de las partes, por no existir consentimiento inequívoco y expreso para ello. Notifíquese personalmente a la parte promovente.

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