Evaristo León Galarza
Expediente 288/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 288/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 16/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Evaristo León Galarza
Actuaciones
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, dieciséis de agosto de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto que desechó la demanda promovida por Evaristo León Galarza, no fue recurrido dentro del término de cinco días, previsto en el numeral 98 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, en cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó resolución en la que únicamente se desechó la demanda de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, el cual deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que se cumpla el plazo de cinco años; o en caso de resultar procedente, en el de tres (transferencia provisional). Notifíquese.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, seis de agosto de dos mil diecinueve. Vista la comparecencia de cuenta, se advierte que el promovente Evaristo León Galarza cumple con el requerimiento formulado en proveído de treinta y uno de julio de dos mil diecinueve (fojas 19 a 21), pues al efecto ratifica la firma contenida en el escrito recibido en la oficialía de partes de este juzgado federal, el treinta de julio de dos mil diecinueve (foja 18) y al efecto se provee: Se tiene al ocursante dando cumplimiento al requerimiento formulado por este juzgado federal mediante auto de veintiséis de julio de dos mil diecinueve (fojas 11 a 14). Por otra parte, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que el Juez de Distrito tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de garantías para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Al respecto, resulta aplicable la tesis III.1o.C.7 K, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en la página 424, Tomo IV, Noviembre de 1996, Registro 200905, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo permite el desechamiento de plano de la demanda de garantías, sólo en caso de que, examinada ésta, se encuentre algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Ahora bien, la interpretación lógica y racional de tal precepto, conduce a establecer que un motivo de improcedencia tiene esas características cuando se desprende de dicho escrito y no cabe la menor posibilidad de desvirtuarlo en forma alguna. Por tanto, si mediante la aportación de pruebas es factible desvanecer la causa de improcedencia que se deduce de la citada demanda, el Juez de Distrito no debe desechar ésta, sino admitirla y seguir el trámite correspondiente, para brindar al quejoso la oportunidad de ofrecer elementos de convicción tendientes a demostrar la procedencia de su acción constitucional." Esencialmente, el citado criterio jurisprudencial interpreta que para el desechamiento de plano de la demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo como cita sea manifiesto, es decir, cuando se advierta, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Asimismo, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda, según sea el caso específico. En efecto, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente acreditado y no requiere mayor demostración, toda vez que se ha advertido en forma absoluta y patentemente clara de la lectura del escrito de demanda; además, da la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata, es operante al caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran allegar las partes, y considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de manera que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que se hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Sentado lo anterior se tiene que, respecto del acto que aquí reclama el promovente del amparo: consiste en: "IV.- ACTO RECLAMADO: DE LA AUTORIDAD ORDENADORA RECLAMAO LA sentencia interlocutoria de fecha 8 de julio del 2019, dictada dentro del juicio ejecutivo mercantil 721/2018 del juzgado primera (sic) civil de esta ciudad de Valles S.L.P." En tales condiciones, por lo que ve al acto que se reclama descrito con antelación, se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, este aplicado a contrario sensu, así como el artículo 170 y 172, fracción XII, todos de la Ley de Amparo. Los artículos y fracciones en comento disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo." "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles agrarios o del trabajo, se consideraran violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando. XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo." En este orden de ideas, se evidencia que existen otro tipo de actos dentro del juicio que afectan derechos meramente adjetivos o procesales, pero no de imposible reparación que hagan procedente el amparo indirecto en su contra de modo inmediato, los cuales, por ende, deben reservarse para ser reclamados junto con la resolución definitiva en amparo directo. En efecto, conforme a las disposiciones contenidas en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, como actos de imposible reparación deben entenderse aquellos que afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. Actualmente el Pleno de nuestro Máximo Órgano Jurisdiccional, interpretó lo que debe entenderle por "actos de imposible reparación"; al respecto, adujo que esos actos para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían de ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión juridica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender el resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes juridicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de leyes adjetivas; enfatizando el Alto Tribunal que esa interpretación se deducía de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trata de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso, antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetivas. Derechos estos últimos, expresó el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia de la Nación, en los que la afectación no es actual a diferencia de los sustantivos, sino que depende de que llegue o no a trascender al desgloce del juicio o procedimiento, momento en el que sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consideraciones que encuentran su sustento en la jurisprudencia número P.J/. 37/2014 (10a.) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 39, Registro 2006589, libro 7, junio de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyo rubro y texto dicen: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aun que no lesionara derechos sustantivos, ya que con esta decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden ".los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento; la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en esos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "..aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." De igual forma, sustenta lo anterior, la Jurisprudencia, por contradicción número 891, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 995, Apéndice de 2011, Tomo II del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con número de registro 1002957, de rubro y texto siguiente: "PRUEBAS. LA FORMA EN QUE PRETENDAN RECIBIRSE O DESAHOGARSE CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN RECLAMABLE COMO REGLA GENERAL, POR EL OFERENTE DE LAS MISMAS, EN AMPARO DIRECTO. El artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley. Ahora bien, cuando la violación procedimental que se reclama no consiste en la admisión o el desechamiento de una prueba, sino en la forma en que se pretendan recibir o desahogar las pruebas al oferente de las mismas, cabe concluir que el caso se ubica en la hipótesis prevista en la fracción III del numeral citado, es decir, en el caso de que las pruebas que legalmente se hayan ofrecido no se reciban conforme a la ley procediendo, en consecuencia, reclamar tal violación en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio en términos de lo dispuesto en el numeral 161 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, toda vez que hasta el momento en que se haya dictado el fallo definitivo se podrá apreciar si con motivo de la forma en que se recibieron o desahogaron las pruebas se vulneraron las defensas del oferente de las mismas, trascendiendo tal violación al resultado de la sentencia. Sin embargo, esta regla general admite una excepción: cuando la forma en que pretende llevarse a cabo la recepción o el desahogo de la probanza relativa en sí misma, pueda tener una ejecución de imposible reparación, lo cual ocurre de acuerdo con la tesis jurisprudencial 24/1992 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, con el rubro: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.", cuando se violen derechos sustantivos contenidos en las garantías individuales consagradas en la Constitución y nunca en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales, caso en el cual la violación respectiva podrá ser reclamada en amparo indirecto." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia VI.2o.C. J/231, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1186, del Tomo XXVII, Mayo de 2003, Registro 184249, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "VIOLACIONES PROCESALES, RAZÓN DE SER DE LA IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO EN CASO DE. Al establecer los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo, que reglamentan la disposición contenida en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la posibilidad de hacer valer las violaciones a las leyes del procedimiento judicial, administrativo o del trabajo, a través del amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva, se pretende evitar una cadena interminable de juicios de garantías, esto es, que el fin que se persigue es impedir que en el trámite del juicio las partes acudan tantas veces como violaciones se cometan a demandar el amparo por la vía indirecta, lo que entorpecería el curso natural de los juicios; lo anterior no significa de manera alguna transgredir la garantía de impartición de justicia pronta y expedita, consagrada en el artículo 17 constitucional, habida cuenta que frente al interés de los particulares se encuentra el interés público de que los juicios de amparo no proliferen de manera desmedida, haciendo nugatoria, precisamente, la citada garantía, debido a la demora en la solución de los conflictos." Así pues, como se adelantó, el referido acto reclamado consistente en la resolución interlocutoria que resuelve el recurso de revocación contra el auto de veintinueve de marzo del año en curso, planteado por el quejoso Evaristo León Galarza -demandado en el expediente de origen- dentro de los autos del juicio ejecutivo mercantil número 721/2018 del índice del Juzgado Primero Civil del Sexto Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, no tiene una ejecución de imposible reparación que haga procedente el amparo indirecto en su contra de manera inmediata, toda vez que no reviste la categoría de un derecho "sustantivo", consagrado en la Constitución o en los Tratados Internacionales en los que nuestro país sea parte. Ello es así, toda vez que la afectación que provoca el mencionado acto no es actual, sino que produce solamente una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, en cuya hipótesis podrá hacer valer esa situación al inconformarse contra la resolución que resuelve en definitiva el juicio natural, y podrá hacer valer alegaciones en contra de dicho acto reclamado; incluso de resultarle adversa la citada impugnación, podrá reclamar dicha situación como violación a las leyes del procedimiento al momento de promover el juicio de amparo directo correspondiente. En efecto, como se dijo, el solicitante de amparo se duele de la resolución que recayó al recurso de revocación que interpuso en el juicio ejecutivo mercantil de génesis 721/2018 del índice del juzgado responsable, contra el auto de veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, en la que por segunda ocasión requirió al actor para que señalara perito de su parte, para llevar a cabo la prueba en grafoscopía; alegando el solicitante de amparo que dicho derecho de señalar perito ya había precluido. Sin embargo, como se ha dicho, el señalamiento de perito de la parte actora en el juicio de origen (aquí tercero interesado), no trasgrede en forma sustancial algún derecho fundamental del peticionario de amparo, incluso aún si señala perito de su parte, puede que no tenga la fuerza de convicción suficiente para que la sentencia que resuelva el fondo del controvertido mercantil de origen, no salga de acuerdo a las pretensiones del demandado (aquí promovente); y en caso contrario dicha sentencia podría ser recurrida y señalar en el recurso la transgresión procesal aquí apuntada, o promover el juicio de amparo directo de no ser apelable. En efecto, la interlocutoria reclamada no constituye un acto procesal de ejecución irreparable que vulnere los derechos fundamentales del promovente, dado que sus efectos son meramente formales y pueden desaparecer si el peticionario de amparo obtiene sentencia favorable, de modo que el derecho reclamado es de naturaleza adjetiva o procesal y de no ser así, esto es que la sentencia no le favorezca puede impugnarlo mediante juicio de amparo directo que se promueva en su contra, pero no mediante el juicio de amparo indirecto que intenta el promovente, por lo que no se puede ubicar en la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo, para la procedencia del amparo indirecto. Resulta aplicable la Jurisprudencia número IV.2o.C. J/2 (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, página 1539, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 2006338, que dice: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera." Máxime, que no queda desprotegida la continuación del trámite del juicio de origen ni conlleva la posibilidad de evitar el desarrollo ocioso e incensario del procedimiento. Sirve como criterio orientador, la Jurisprudencia IV.2o. J/13, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, página 538, Tomo III, Junio de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 202290, cuyo rubro es del tenor siguiente: "AMPARO INDIRECTO, IMPROCEDENCIA DEL. CUANDO SE ALEGAN VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO, SU FUNDAMENTO NO RADICA EN QUE PUDIERAN SER MATERIA DE AMPARO DIRECTO, SINO EN QUE NO CONSTITUYEN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACION. Cuando en la demanda de amparo indirecto se reclamen violaciones procesales, el fundamento de su improcedencia no radica en la posibilidad de plantearse como tales en el amparo directo, en los términos del artículo 159 de la Ley de Amparo, sino en el evento de que no se traten de actos dentro del juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, como lo previene el diverso artículo 114, en su fracción IV, del mismo ordenamiento, al contemplar precisamente los supuestos de procedencia del juicio bi-instancial." En razón de lo anterior, y toda vez que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos artículos 107, fracción V, este aplicado a contrario sensu, así como el 170 y 172, fracción XII, todos de la Ley de Amparo, procede el desechamiento de la demanda por su notoria e indudable improcedencia. Sin que la presente determinación pueda estimarse como nugatoria del derecho de acceso a la justicia, pues, justamente, el cumplimiento de los presupuestos procesales y requisitos legales tiene por objeto no generar un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, pues se desconocería la forma de proceder de esos órganos, además de trastocarse las condiciones procesales de las partes en el juicio, así como, preservar la subgarantías de prontitud, eficacia y expedites previstas en el segundo párrafo artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve de apoyo la jurisprudencia número 2a./J. 98/2014 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 909, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2007621, que a la letra dice: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de observar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, pues se desconocería la forma de proceder de esos órganos, además de trastocarse las condiciones procesales de las partes en el juicio." Aunado a lo anterior, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha considerado que del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes. Sirve de apoyo al caso la jurisprudencia número 1a./J. 104/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2, en la página 906 de la Décima Época, que dice: "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.", reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes." Notifíquese personalmente al promovente.
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Ciudad Valles, San Luis Potosí, treinta y uno de julio de dos mil diecinueve. Visto el ocurso de cuenta, ....requiérase al promovente para que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, se presente en día y hora hábil en este juzgado, debidamente identificado con documento oficial vigente
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintiséis de julio de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta, se provee: téngase por recibida la demanda de amparo que promueve Evaristo León Galarza, contra actos del Juez Primero Civil del Sexto Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad; que considera violatorios en su perjuicio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 4, 5, 14, 16, 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Atento a lo anterior, se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número 288/2019-I. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora, antes de proveer sobre su admisión, con fundamento en los artículos 108, fracción V y 114, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se requiere al promovente, para que en el término de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, y consciente de las sanciones previstas por el numeral 261 del ordenamiento legal invocado para quienes al formular su demanda afirman hechos falsos u omitan los que les consten en relación con el amparo que se promueve, con copias suficientes de su escrito aclaratorio para correr traslado a las partes, aclare su demanda ...
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