Fabian Gallegos Aparicio

Expediente 20/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 7 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
20/2018
Año
2018
Actuaciones
7
Última actuación
15/03/2018

Partes del expediente

  • Fabian Gallegos Aparicio

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, quince de marzo de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta, se provee: toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso d), de la ley en comento, contra del proveído de veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, en la que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que HA CAUSADO ESTADO el mismo, para todos los efectos legales. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. No obsta a lo anterior, el hecho de que este juzgado no haya realizado el computo a efecto de saber si ya transcurrió el término a la autoridad responsable y al tercero interesado, para la interposición del recurso de revisión que prevé el citado numeral 86 de la Ley de la Materia, lo anterior, en atención a que se determinó sobreseer fuera de audiencia el presente juicio; por tanto, dicha resolución no les irroga perjuicio alguno. Ahora bien, tomando en consideración el sentido de la determinación final dictada en autos del juicio de amparo en que se actúa, en cumplimiento al punto vigésimo primero fracciones I, II y III del acuerdo en cita, se estima que el expediente en que se actúa es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula de dicho expediente, el cual deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que se cumpla el plazo de cinco años; o en caso de resultar procedente, en el de tres (transferencia provisional). Finalmente, devuélvanse a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, las constancias que se sirvió acompañar a su informe justificado consistentes en el duplicado del expediente laboral 1239/2014/JE1-3, de su índice, en un tomo; solicitando el acuse respectivo. Notifíquese. Lo proveyó y firma Luis Fernando Arreola Villa, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, asistido de Luis Ignacio Arredondo Veytia, Secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    AVISO.- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA LA DETERMINACIÓN DE VEINTISÉIS DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, QUE DICE: Ciudad Valles, San Luis Potosí, a veintiséis de febrero de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el oficio y anexo de cuenta, signado por el Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de San Luis Potosí, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, remite el convenio en modalidad de cumplimiento de laudo celebrado por las partes actora y demandada el veintidós de febrero de dos mil dieciocho, dentro de los autos del expediente laboral ****. Documentales que se tienen desahogadas por su propia y especial naturaleza de conformidad con el artículo 119, de la Ley de Amparo. Ahora, del estado procesal que guardan los presentes autos, en específico de la lectura integra de la demanda de amparo se advierte que el acto que reclama el quejoso Fabián Gallegos Aparicio es: La resolución de trece de diciembre de dos mil diecisiete, mediante el cual la Junta responsable determinó improcedente la liquidación de intereses en términos del escrito de dieciséis de octubre de dos mil diecisiete y de la plantilla que señala como actualización del aguinaldo y prima vacacional promovida por el aquí quejoso. En estas condiciones, del examen íntegro de las actuaciones del presente sumario constitucional evidencian una causa manifiesta, notoria e indudable que impone necesariamente sobreseer el presente juicio fuera de audiencia; ello en virtud de que, como se evidencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo; por tanto, no existe razón para que se continúe con el trámite del juicio. Se afirma lo anterior, porque se aprecia que el motivo de improcedencia del juicio constitucional que se invocará a continuación, es decir, la situación de hecho o de derecho que hace imposible o innecesario realizar el estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, es manifiesto, debido a que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de las constancias que integran este sumario constitucional; e indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Es aplicable al respecto la tesis de jurisprudencia número 2a./J.10/2003, integrada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Tomo XVII, marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que al tenor literal establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículo 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Luego, cuando la causal de improcedencia que opera en un determinado asunto sea notoria, manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Lo anterior es así, ya que a nada práctico conduciría que se celebrara la audiencia constitucional en los términos que refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, para darle la oportunidad a la parte quejosa de ofrecer y desahogar las pruebas conducentes a demostrar la existencia o inconstitucionalidad del acto reclamado, porque la causal de improcedencia subsistiría y el sentido del fallo correspondiente sería el mismo, puesto que, al ser manifiesta e indudable, no es posible que con los elementos de prueba que en su caso llegare a aportar, sea desvirtuada la causal aludida. Asimismo, resulta improcedente la ampliación de la demanda de amparo en contra del auto acuerdo que tuvo celebrado el convenio en la modalidad de cumplimiento de laudo porque no podría estudiarse el acto originalmente reclamado sin afectar la nueva situación jurídica del actor. Además, sería ocioso admitir dicha ampliación, cuando procede el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, por la obligación que la ley impone al juzgador de decretarlo inmediatamente que aparezca una causal de improcedencia. En ese tenor, se tiene que en la especie, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que a la letra establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica." La interpretación del mencionado dispositivo, muestra que el juicio de amparo es improcedente contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas, por no poderse decidir en el procedimiento respectivo, sin afectar la nueva situación jurídica. En efecto, en el caso que nos ocupa, la hipótesis anterior se actualiza plenamente, en razón de que el quejoso reclamó la resolución de trece de diciembre de dos mil diecisiete, mediante el cual la Junta responsable determinó improcedente la liquidación de intereses en términos del escrito de dieciséis de octubre de dos mil diecisiete y de la planilla que señala como actualización del aguinaldo y prima vacacional promovida por el aquí quejoso; sin embargo, de las constancias que remite el Presidente de la Junta responsable, consistente en copia certificada del acuerdo de veintidós de febrero de dos mil dieciocho, dictado dentro de los autos del expediente laboral *** (foja 35), se advierte que en la citada fecha, se celebró entre las partes actora -aquí quejoso- y demandada -tercero interesado-, un convenio en modalidad de cumplimiento de laudo, ordenándose en dicho proveído el archivo de dicho sumario como asunto totalmente concluido. Por consiguiente, es obvio que la situación jurídica del acto reclamado por el quejoso Fabián Gallegos Aparicio ha cambiado, en virtud de que la resolución aquí reclamada se sustituye jurídica y procesalmente por el indicado convenio; provocándose con dicho cambio de situación jurídica que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas a la resolución reclamada y, por ende, no puede analizarse su constitucionalidad sin afectar el convenio celebrado, pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de aquélla para dejarla sin efectos, se soslayaría la nueva situación jurídica del quejoso; consecuentemente, debe estimarse plenamente actualizada la causa de improcedencia prevista en el transcrito artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo. En razón de lo anteriormente expuesto, de acuerdo a lo establecido por el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia constitucional el presente juicio de amparo por operar de manera notoria, plena e indubitable el cambio de situación jurídica del acto reclamado, que no podría ser desvirtuada ni aun en la audiencia de ley. Debe señalarse que lo anterior no impide que la parte quejosa, si así lo considera conducente, promueva demanda de amparo contra el nuevo acto, cumpliendo con las formalidades que la ley de la materia señala para tal efecto. En tales condiciones, déjese sin efectos la fecha señalada para celebrar la audiencia constitucional (diez horas con diez minutos del trece de marzo de dos mil dieciocho). Notifíquese personalmente

  3. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, a veintiséis de febrero de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el oficio y anexo de cuenta, signado por el Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de San Luis Potosí, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, remite el convenio en modalidad de cumplimiento de laudo celebrado por las partes actora y demandada el veintidós de febrero de dos mil dieciocho, dentro de los autos del expediente laboral ****. Documentales que se tienen desahogadas por su propia y especial naturaleza de conformidad con el artículo 119, de la Ley de Amparo. Ahora, del estado procesal que guardan los presentes autos, en específico de la lectura integra de la demanda de amparo se advierte que el acto que reclama el quejoso Fabián Gallegos Aparicio es: La resolución de trece de diciembre de dos mil diecisiete, mediante el cual la Junta responsable determinó improcedente la liquidación de intereses en términos del escrito de dieciséis de octubre de dos mil diecisiete y de la plantilla que señala como actualización del aguinaldo y prima vacacional promovida por el aquí quejoso. En estas condiciones, del examen íntegro de las actuaciones del presente sumario constitucional evidencian una causa manifiesta, notoria e indudable que impone necesariamente sobreseer el presente juicio fuera de audiencia; ello en virtud de que, como se evidencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo; por tanto, no existe razón para que se continúe con el trámite del juicio. Se afirma lo anterior, porque se aprecia que el motivo de improcedencia del juicio constitucional que se invocará a continuación, es decir, la situación de hecho o de derecho que hace imposible o innecesario realizar el estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, es manifiesto, debido a que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de las constancias que integran este sumario constitucional; e indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Es aplicable al respecto la tesis de jurisprudencia número 2a./J.10/2003, integrada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Tomo XVII, marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que al tenor literal establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículo 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Luego, cuando la causal de improcedencia que opera en un determinado asunto sea notoria, manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Lo anterior es así, ya que a nada práctico conduciría que se celebrara la audiencia constitucional en los términos que refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, para darle la oportunidad a la parte quejosa de ofrecer y desahogar las pruebas conducentes a demostrar la existencia o inconstitucionalidad del acto reclamado, porque la causal de improcedencia subsistiría y el sentido del fallo correspondiente sería el mismo, puesto que, al ser manifiesta e indudable, no es posible que con los elementos de prueba que en su caso llegare a aportar, sea desvirtuada la causal aludida. Asimismo, resulta improcedente la ampliación de la demanda de amparo en contra del auto acuerdo que tuvo celebrado el convenio en la modalidad de cumplimiento de laudo porque no podría estudiarse el acto originalmente reclamado sin afectar la nueva situación jurídica del actor. Además, sería ocioso admitir dicha ampliación, cuando procede el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, por la obligación que la ley impone al juzgador de decretarlo inmediatamente que aparezca una causal de improcedencia. En ese tenor, se tiene que en la especie, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que a la letra establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica." La interpretación del mencionado dispositivo, muestra que el juicio de amparo es improcedente contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas, por no poderse decidir en el procedimiento respectivo, sin afectar la nueva situación jurídica. En efecto, en el caso que nos ocupa, la hipótesis anterior se actualiza plenamente, en razón de que el quejoso reclamó la resolución de trece de diciembre de dos mil diecisiete, mediante el cual la Junta responsable determinó improcedente la liquidación de intereses en términos del escrito de dieciséis de octubre de dos mil diecisiete y de la planilla que señala como actualización del aguinaldo y prima vacacional promovida por el aquí quejoso; sin embargo, de las constancias que remite el Presidente de la Junta responsable, consistente en copia certificada del acuerdo de veintidós de febrero de dos mil dieciocho, dictado dentro de los autos del expediente laboral *** (foja 35), se advierte que en la citada fecha, se celebró entre las partes actora -aquí quejoso- y demandada -tercero interesado-, un convenio en modalidad de cumplimiento de laudo, ordenándose en dicho proveído el archivo de dicho sumario como asunto totalmente concluido. Por consiguiente, es obvio que la situación jurídica del acto reclamado por el quejoso Fabián Gallegos Aparicio ha cambiado, en virtud de que la resolución aquí reclamada se sustituye jurídica y procesalmente por el indicado convenio; provocándose con dicho cambio de situación jurídica que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas a la resolución reclamada y, por ende, no puede analizarse su constitucionalidad sin afectar el convenio celebrado, pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de aquélla para dejarla sin efectos, se soslayaría la nueva situación jurídica del quejoso; consecuentemente, debe estimarse plenamente actualizada la causa de improcedencia prevista en el transcrito artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo. En razón de lo anteriormente expuesto, de acuerdo a lo establecido por el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia constitucional el presente juicio de amparo por operar de manera notoria, plena e indubitable el cambio de situación jurídica del acto reclamado, que no podría ser desvirtuada ni aun en la audiencia de ley. Debe señalarse que lo anterior no impide que la parte quejosa, si así lo considera conducente, promueva demanda de amparo contra el nuevo acto, cumpliendo con las formalidades que la ley de la materia señala para tal efecto. En tales condiciones, déjese sin efectos la fecha señalada para celebrar la audiencia constitucional (diez horas con diez minutos del trece de marzo de dos mil dieciocho). Notifíquese personalmente. Lo proveyó y firma Luis Fernando Arreola Villa, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, asistido de Luis Ignacio Arredondo Veytia, Secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, quince de febrero de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos, se desprende que la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de San Luis Potosí, con residencia en esta ciudad; no rindió su informe con justificación, dentro del término previsto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, esto es, con ocho días de anticipación por lo menos, a la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional, para el efecto de que se diera vista a las partes con su contenido. Por tanto, para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL TRECE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO, para su desahogo. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia número 2a./J. 21/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Página 151, tomo XXVII, Marzo de 2008, del Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO: En el caso de que el informe justificado se presente en forma extemporánea, procede que el Juez de Distrito difiera la audiencia constitucional para otorgar a las partes el plazo de 8 días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo vigente, y en este tenor, el citado plazo debe transcurrir, en su integridad, entre la fecha en que se difiere la audiencia constitucional y la nueva señalada por ese motivo, por ser la única forma en que se cumple con la finalidad de que las partes se impongan del informe y estén en aptitud de desvirtuar los razonamientos expresados por la autoridad responsable y, de considerarlo conveniente, preparar las pruebas conducentes, dándose viabilidad al plazo a que se refiere el artículo 151 de la ley en cita, para la preparación y desahogo de las pruebas pericial, testimonial y de inspección judicial.". Notifíquese.

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