Evangelina Sánchez Ramírez
Expediente 13/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 18 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 13/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 28/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Evangelina Sánchez Ramírez
- Juez del Juzgado Mixto de Primera Instancia, del Distrito Judicial de Zongolica, Veracruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Vistos, para dictar sentencia, los autos del juicio de amparo número 13/2023, promovido por*** contra un acto del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zongolica, Veracruz, que consideró violatorio en perjuicio de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 1°, 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*** QUINTO. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Las causas que generan la improcedencia del juicio de amparo son de orden público y de estudio preferente, con independencia de que las invoquen o no las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, porque aunque formalmente subsiste la resolución reclamada, ya no puede surtir efecto legal alguno, por haber dejado de existir la materia del mismo. En efecto, tal precepto dispone*** El precepto transcrito prevé una situación específica en la que el juicio de amparo resulta improcedente, que consiste en aquellos casos en los que aún subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. Para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia, es pertinente tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejados determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado, y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, al ser el juicio de amparo un medio de control de la constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas; el legislador ordinario ha establecido diversos requisitos de procedencia del juicio de amparo, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse, pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio, se encuentra la prevista en la fracción XXII, antes transcrita, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, sin embargo, por virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho humano que se estime violado o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien, por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de amparo. En el asunto que nos ocupa, el acto reclamado consiste en: la resolución de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, dictada por el juez responsable en los autos del juicio ordinario civil número*** que declaró fundado el recurso de revocación interpuesto por la tercera interesada, contra el auto de diez de octubre de ese año, en el que como medida precautoria se ordenó suspender la ejecución del diverso juicio*** hasta en tanto se dictara sentencia en aquel asunto. En tal sentido, la materia del recurso de revocación que culminó con el dictado de la resolución que aquí se reclama, consistió en determinar si la medida precautoria decretada en el citado juicio natural, se encontraba ajustada a derecho. Sin embargo, de las constancias que remitió el juez responsable en vía de informe y en alcance a éste relativas al citado juicio civil*** las cuales cuentan con valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se advierte que el nueve de diciembre de dos mil veintidós, 15 se dictó sentencia en el sentido de absolver a la demandada de las prestaciones que le fueron reclamadas por la actora y, en consecuencia, se dejó sin efectos . la providencia precautoria solicitada por la actora.; resolución que fue confirmada en sentencia de veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, emitida por los Magistrados que integran la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, en el toca de apelación*** causó estado por ministerio de ley. Con base en lo anterior, se concluye que aunque el acto reclamado, consistente en la resolución de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, formalmente subsiste en el mundo jurídico; su materia consistente en el análisis de la medida precautoria decretada en el expediente*** dejó de existir, toda vez que, como se vio, en dicho sumario se dictó sentencia absolutoria y se dejó sin efectos . la providencia precautoria solicitada por la actora.; y dicha medida tenia vida jurídica hasta en tanto se emitiera la sentencia en el juicio de origen. En otras palabras, se ha actualizado una modificación del entorno dentro del cual se emitió el acto que se reclama, que implica que aun en el supuesto de que tal acto se considerara inconstitucional, ningún efecto práctico tendría la respectiva sentencia concesoria, debido a que, por las razones previamente expuestas, tal modificación impide que los efectos del acto combatido se concreten. Por tanto, como se adelantó, el acto reclamado, a pesar de subsistir formalmente, no puede continuar surtiendo efectos jurídicos en la esfera de la impetrante, toda vez que ha dejado de existir la materia de su emisión. De ahí que se actualice la causa de improcedencia en mención. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, con fundamento en la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio, lo que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado. No pasan inadvertidas las manifestaciones formuladas por la tercero interesada a título de alegatos; sin embargo, resulta innecesario su análisis, pues en nada variaría el sentido adoptado en el presente fallo; además de que, según criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no existe obligación de entrar al estudio de los razonamientos expresados por las partes en vía de alegatos. SEXTO. FORMA DE PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA. En el auto admisorio del presente controvertido, se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos, con la prevención en el sentido de que si no hacían manifestación alguna se les tendría por inconformes con la divulgación de dicha información. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes, en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tiene por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto y fundado, se*** ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por*** contra el acto reclamado de la autoridad responsable, Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zongolica, Veracruz, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando quinto de esta resolución. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa y por lista de acuerdos a la tercero interesada.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL CELEBRADA
- Principal
Córdoba, Veracruz, a veintiocho de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos, para los efectos legales a que haya lugar, el oficio firmado por la secretaria de acuerdos de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en Xalapa, Veracruz; en atención a su contenido, se le tiene dando cumplimiento a lo solicitado en proveído de veinticinco de julio de dos mil veintitrés, pues remite copia certificada del auto en que admitió la apelación en el toca*** de su índice y de la resolución emitida en éste; por tanto, dese vista a las partes por el término de ocho días contado a partir de la legal notificación del presente proveído, con fundamento en lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 117 de la Ley de Amparo vigente. En cuanto al oficio firmado por la Juez Mixto de Primera Instancia, del Distrito Judicial de Zongolica, Veracruz, agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda, toda vez que en el párrafo que antecede se tuvo por recibida la resolución dictada en el referido toca. Notifíquese.
- Principal
Córdoba, Veracruz, a diez de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese el telegrama remitido por la secretaria de acuerdos de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en Xalapa, Veracruz; atento a su contenido, se le tiene informando las gestiones realizadas a fin de dar cumplimiento al requerimiento formulado el veinticinco de julio de dos mil veintitrés. Notifíquese.
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