Eva Rosalba Martínez Martínez

Expediente 6/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
6/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
10/11/2020

Partes del expediente

  • Eva Rosalba Martínez Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    Córdoba, Veracruz, diez de noviembre de dos mil veinte. Vista la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86, inciso d), de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido el auto de veinte de octubre de dos mil veinte, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2 de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el original del incidente de suspensión deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DESTRUCCIÓN, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho ordenamiento, por haberse POR HABERSE SOBRESEÍDO FUERA DE AUDIENCIA EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. Por otro lado, tomando en consideración que se encuentran glosados a este expediente documentos originales de la parte quejosa, cuya devolución solicitó mediante escrito registrado con el número 11297, con fundamento en lo dispuesto en el segundo párrafo, del artículo 18, del referido Acuerdo General, se le requiere a efecto de que comparezca ante este juzgado a recibir aquéllos en el término de NOVENTA DÍAS a partir de la legal notificación de este proveído, con el apercibimiento que de no comparecer en el término concedido, los referidos documentos correrán la misma suerte que este expediente

  2. Principal

    Córdoba, Veracruz, nueve de noviembre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el escrito de **************, autorizada de la parte quejosa, atento a su contenido, una vez que quede firme el auto de veinte de octubre de dos mil veinte, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, se acordará lo conducente respecto a la devolución de los documentos que indica.

  3. Principal

    Córdoba, Veracruz, veinte de octubre de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guardan las presentes actuaciones, se advierte que se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia en relación con los actos reclamados, lo que da lugar a sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio. Se explica. Del análisis de la demanda y de las constancias allegadas a este sumario se advierte que la quejosa reclama: - El oficio 3202016716700/1465/19, de dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, firmado por el Encargado del Departamento de Pensiones, Subdelegación Córdoba, Delegación Regional Veracruz Sur, del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, en el que se decretó la suspensión del trámite de la solicitud de pensión por viudez formulado por la peticionaria, ******; y, consecuentemente, la negativa del otorgamiento de dicha prestación de seguridad social que ello implica. En ese entendido, de oficio se advierte que se actualiza la causa de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, con los numerales 1 y 5, fracción II, y 108, fracción III, todos de la Ley de Amparo, del tenor siguiente: 'Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; .". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; (.)". De la interpretación sistemática de dichos preceptos legales, se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos que no provengan de autoridad. Ahora, es importante precisar que autoridad responsable, de conformidad con el artículo 5, fracción II, de la ley de la materia, es la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Así, los elementos necesarios para la conformación de un acto emitido por una autoridad para efectos del juicio de amparo, son los siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 164/2011 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1089, Novena Época, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." En el caso, como se ha precisado, el acto reclamado al que se contrae este acápite consiste en la suspensión del trámite de la solicitud de pensión por viudez formulado por la peticionaria, ****** ostentándose como beneficiaria de quien en vida respondiera al nombre de ****** lo que fue decretado mediante oficio 3202016716700/1465/19. Determinación que no es un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, por dos razones: - Tratándose de prestaciones de seguridad social otorgadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social, no se satisface la nota distintiva precisada en el inciso a), porque si bien dicho instituto está facultado para determinar respecto del otorgamiento de ese tipo de prestaciones, no está investido de facultades de imperio que caracterizan a las autoridades, pues la relación entre el ente asegurador y sus asegurados o beneficiarios es de coordinación y no de supra a subordinación. - Porque de conformidad con el artículo 295 de la Ley del Seguro Social, en su redacción aplicable al caso (anterior a la reforma de uno de mayo de dos mil diecinueve), las controversias entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y los asegurados o sus beneficiarios deben resolverse por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje; juicio en el que el citado instituto no acude como autoridad, sino en un plano de igualdad. Derivado de ello se tiene que la determinación del Instituto Mexicano del Seguro Social de suspender el trámite de la solicitud de pensión por viudez formulado por la quejosa, no es un auto de autoridad para efectos del juicio de amparo Sirve de apoyo a lo anterior, por el razonamiento contenido, la jurisprudencia por contradicción 2a./J. 134/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1511, del Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "SEGURO SOCIAL. EL INSTITUTO RELATIVO NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, AL RESOLVER EL RECURSO DE INCONFORMIDAD EN EL QUE SE RECLAMAN PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, BASTANDO ESE MOTIVO PARA LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL. El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un doble carácter: a) De organismo fiscal autónomo cuando actúa frente a patrones y sujetos obligados, ejerciendo sus facultades de recaudación, administración, determinación y liquidación de las cuotas obrero patronales; y, b) De ente asegurador, cuando lo hace frente a los asegurados y sus beneficiarios, respecto de las prestaciones en especie y en dinero otorgadas por la Ley del Seguro Social. Bajo esas premisas, la resolución emitida por el Instituto, al decidir el recurso de inconformidad interpuesto, optativamente, por los asegurados o por sus beneficiarios, respecto de las prestaciones de seguridad social otorgadas por la citada Ley, no tiene el carácter de acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, por una parte, porque si bien dicho Instituto puede determinar sobre la procedencia de las prestaciones solicitadas no está investido de facultades de imperio que caracterizan a las autoridades, porque la relación entre ambos es de igualdad (coordinación), y al resolver sólo verifica el cumplimiento de los requisitos para otorgar una prestación; y, por otra, debido a que el artículo 295 de la Ley del Seguro Social prevé que las controversias entre el Instituto y los asegurados o sus beneficiarios serán resueltas por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, juicio en el que el Instituto no acude como autoridad. En consecuencia, si no se está en presencia de un acto de autoridad el juicio de amparo promovido contra la referida resolución resulta improcedente, lo que hace inconducente examinar si se agotaron con anterioridad recursos, juicios o medios de defensa ordinarios, porque basta que quede evidenciada la señalada causa de improcedencia". De ahí que se actualice la causa de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, con los numerales 1 y 5, fracción II, y 108, fracción III, todos de la Ley de Amparo. Por tanto, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, con fundamento en lo dispuesto en la fracción V, del artículo 63, de la citada ley. En el entendido de que procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia al ser notoria, manifiesta e indudable la causa improcedencia actualizada, de manera que no existe elemento de prueba alguno con el que pueda desvirtuarse. Ante ello, es innecesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, la jurisprudencia por contradicción 2a./J. 10/2003, consultable en la página 386, del Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En mérito de lo anterior, se dejan sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en este asunto.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · 4,334 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano