Eva Tzitzihua Silvestre

Expediente 203/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 7 actuaciones registradas, la última del 13 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
203/2020
Año
2020
Actuaciones
7
Última actuación
13/04/2021

Partes del expediente

  • Eva Tzitzihua Silvestre

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Córdoba, Veracruz, trece de abril de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el telegrama de cuenta enviado por la Secretaria de Acuerdos de la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa; atento a su contenido, se le tiene acusando recibo del oficio número 8209/2021 mediante el cual se le notificó el auto de veintitrés de marzo del año en curso. Cúmplase.

  2. Principal

    Córdoba, Veracruz, veintitrés de marzo de dos mil veintiuno. El artículo 107, fracción XVI, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo, sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. Por su parte, el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que la ejecutoria se tendrá por cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos y, si en esos términos se declara cumplida, se ordenará el archivo del expediente. Precisado lo anterior, cabe destacar que en sentencia autorizada el treinta de noviembre de dos mil veinte, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados por la quejosa. en los términos siguientes. De lo que se infiere que la autoridad responsable, Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, en cumplimiento a dicha ejecutoria de amparo debía. En acato a ello, mediante oficio número 265/2021, de cuatro de febrero de dos mil veintiuno, la autoridad responsable, Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede Xalapa, remitió diversas constancias con las que consideró dar cumplimiento al fallo protector; y en auto de diez de febrero siguiente, se dio vista a las partes por el término de tres días, para que manifestaran lo que a su interés conviniera. En esa tesitura, con apoyo en las constancias de autos, datos aportados por la autoridad responsable y considerando las partes quejosa y tercero interesada no desahogaron la vista en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, se procede a analizar si la misma se encuentra o no cumplida. Así, de la confrontación de los efectos de la concesión del amparo y del cumplimiento dado por la responsable, se estima que la ejecutoria se encuentra cumplida en su totalidad. Se afirma lo anterior, pues del análisis de las constancias remitidas por la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, se advierte que mediante resolución de cuatro de febrero de dos mil veintiuno, en primer lugar, dejó insubsistente el acto reclamado, esto es, la resolución de dieciocho de febrero de dos mil veinte, dictada en el toca número. de su índice administrativo. Posteriormente, en esa misma fecha, al resolver nuevamente el recurso de apelación interpuesto por. contra el fallo dictado en el incidente de rectificación promovido en el juicio ordinario civil. del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia, con residencia en Orizaba, Veracruz, acató los lineamientos trazados en el fallo protector, pues de la lectura de dicha determinación -que en obvio de repeticiones innecesarias no es transcrita- se desprende -en lo que trasciende- que dejó intocado lo que no fue materia de concesión, esto es, reiteró que la vía incidental intentada por la citada promovente. resultaba improcedente, por las razones ahí expuestas; y, en consecuencia, dejó a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y forma que legalmente proceda. En consecuencia, dado que la responsable cumplió con los lineamientos fijados en la sentencia amparadora, pues ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce y disfrute del derecho violado; se tiene por cumplida la ejecutoria en mención, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el juicio principal y el cuaderno original del incidente de suspensión deberán transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se precisa que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de depuración, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho ordenamiento, en razón de que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados; en el entendido que deberán conservarse la demanda, y la sentencia emitida en este asunto.

  3. Principal

    Córdoba, Veracruz, diez de febrero de dos mil veintiuno. Agréguense a los autos los oficios y el telegrama remitidos por la Secretaria de Acuerdos de la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, y anexo que al primero acompaña; en atención a su contenido, se le tiene remitiendo las constancias relativas al cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por tanto, con apoyo en lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 196 de la Ley de Amparo, con copia certificada de las constancias remitidas por la citada autoridad, dese vista a las partes por el plazo de tres días, computado legalmente, para que manifiesten lo que a su interés convenga; apercibidas que de no hacerlo este Juzgado proveerá lo que en derecho corresponda respecto del cumplimiento del fallo protector. Asimismo, se tiene a la autoridad oficiante acusando recibo del oficio número 1634/2021 por el cual se le remitió el original del toca 127/2020 de su índice y

  4. Principal

    Córdoba, Veracruz, cuatro de diciembre de dos mil veinte. Vista la razón actuarial con que se da cuenta, mediante la cual el fedatario judicial adscrito a este órgano de control constitucional, hace constar que no le fue posible notificar personalmente a la parte quejosa. la sentencia de treinta de noviembre del año en curso; por la razón expuesta en la misma. En tales condiciones, ante la manifiesta imposibilidad del actuario de poder llevar a cabo la notificación encomendada, hágase por lista la notificación de dicha sentencia, y del presente proveído, así como las subsecuentes, aún las de carácter personal, de conformidad por lo dispuesto en el artículo 27, fracción II de la Ley de Amparo, hasta en tanto la parte quejosa señale nuevo domicilio en esta ciudad, donde oír y recibir notificaciones. LA SENTENCIA DE TREINTA DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO RESOLVIO. Vistos, para dictar sentencia, los autos del juicio de amparo número 203/2020, promovido por. contra un acto de la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, que consideró violatorio en perjuicio de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos. PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el trece de marzo de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba. solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto y la autoridad que a continuación se precisan. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA Y TRÁMITE DEL JUICIO. Por auto de diecisiete de marzo de dos mil veinte, este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado, con residencia en Córdoba, registró y admitió la demanda bajo el número 203/2020; en consecuencia, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, ordenó emplazar a la tercera interesada y, finalmente, citó a las partes a la audiencia constitucional. TERCERO. EMPLAZAMIENTO DE LA TERCERA INTERESADA. Por acuerdo de tres de septiembre de dos mil veinte, se tuvo por emplazada a juicio a la tercera interesada. CUARTO. CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Seguido que fue el trámite, se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos. debido a que el acto reclamado tiene ejecución dentro de la jurisdicción territorial asignada a este Juzgado Federal, según el Acuerdo General. del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Previo a determinar la existencia o no del acto reclamado en esta vía constitucional, se estima necesario precisarlo, esto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo. de la Ley de Amparo; y de la lectura integral de la demanda se advierte que la quejosa reclama. De la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa: La resolución de dieciocho de febrero de dos mil veinte, dictada en el toca. formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por. contra el fallo dictado en el incidente de rectificación promovido en el juicio ordinario civil. del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia, con residencia en Orizaba, Veracruz; determinación de alzada en la que revocó la resolución impugnada, para el efecto de reponer el procedimiento a fin de que el a quo determinara unilateralmente la procedencia de la petición solicitada por la citada promovente. Tal noción nos ayuda a determinar la existencia o no del acto reclamado en esta vía constitucional. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado de la autoridad responsable, Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, precisado en el considerando anterior, así lo manifestó al rendir su informe justificado. Lo que, además, se corrobora con las copias certificadas de las constancias relativas al toca de apelación. y del juicio ordinario civil. remitidas por la citada responsable en apoyo a su informe, las cuales tienen pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos. del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo que dispone esta ley, en su ordinal. que se trata de documentos públicos expedidospor funcionario en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley. CUARTO. OPORTUNIDAD DE LA DEMANDA. La demanda de amparo fue promovida en tiempo, porque el acto reclamado se notificó por lista a la parte quejosa el dieciocho de febrero de dos mil veinte. por lo que de conformidad con el artículo 78 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, dicha notificación surtió sus efectos al día hábil siguiente, esto es, el diecinueve , y el lapso de quince días para promover la demanda de amparo previsto en el artículo 17, de la Ley de la Materia, inició el veinte de febrero y concluyó el diecisiete de marzo de dos mil veinte, sin contar los días veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco y veintinueve de febrero, uno, siete, ocho, nueve, catorce, quince y dieciséis de marzo, por ser inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo, de la Circular. signada por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y de la Circular 3 emitida por el Consejo de la Judicatura del Estado de Veracruz. respectivamente. Luego, si la demanda de amparo fue presentada el trece de marzo de dos mil veinte; entonces, resulta oportuna. QUINTO. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. Para mejor comprensión del asunto, resulta pertinente reseñar algunos antecedentes del acto reclamado, que se desprenden de las constancias remitidas por la autoridad responsable en vía de informe, relativas al toca de apelación. y del juicio ordinario civil. las cuales cuentan con el valor probatorio antes precisado, a saber. Mediante escrito presentado el dos de abril de dos mil cuatro. en la Secretaría de Acuerdos del Juzgado Segundo de Primera Instancia, con residencia en Orizaba, Veracruz. en la vía ordinaria civil, de Pascual Bravo Fuentes, las siguientes prestaciones. Como consecuencia de lo anterior, le reclamo el otorgamiento de escritura pública que se impone. Por auto de seis de abril de dos mil cuatro. el Juez Segundo de Primera Instancia, con residencia en Orizaba, Veracruz, radicó y admitió la demanda bajo el número. por lo que, entre otras cosas, ordenó emplazar al demandado. Una vez emplazado el demandado, dio contestación a la demanda y, seguida que fue la secuela procesal, el diecinueve de octubre de dos mil cinco se dictó sentencia al tenor de los resolutivos que se transcriben a continuación. Inconforme con dicha sentencia, la actora interpuso recurso de apelación, del cual tocó conocer a la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa; órgano que mediante sentencia de diecisiete de enero de dos mil seis, dictada en el toca. determinó revocar la sentencia recurrida en los siguientes términos. Por auto de treinta de agosto de dos mil seis. se abrió la correspondiente sección de ejecución. Mediante escrito presentado el trece de marzo de dos mil diecinueve. la actora. promovió incidente de rectificación de medidas y colindancias en cuanto a la orientación geográfica del bien inmueble de mi propiedad, y en cuanto a la superficie total en metros cuadrados con que real y físicamente cuenta, ubicado en lo que es hoy. el cual en su momento fue objeto del juicio civil número. de este índice, que se instó en contra del propietario y ahora extinto. de quien ahora resulta actual propietaria y vecina inmediata la. como cónyuge supérstite, única heredera y albacea del de cujus de referencia. Por auto de ocho de abril de dos mil diecinueve. se ordenó dar trámite al incidente de referencia y emplazar a la demandada incidental. para que manifestara lo que a su interés conviniera. Una vez emplazada la citada demandada, dio contestación a la demanda y, seguido el trámite incidental, el diecisiete de octubre de dos mil diecinueve se resolvió. Inconforme con dicha determinación, la actora. interpuso recurso de apelación, del cual tocó conocer a la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa; órgano que mediante sentencia de dieciocho de febrero de dos mil veinte. dictada en el toca. determinó revocar la resolución impugnada, para el efecto de reponer el procedimiento a fin de que el a quo determinara la procedencia de la petición solicitada por la citada promovente, en los términos ahí indicados. Resolución que constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. SEXTO. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador -aun de oficio- antes de examinar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo; sin embargo, en el caso no se hizo valer ni se advierte de oficio la actualización de causa de improcedencia alguna en relación con el acto reclamado. SÉPTIMO. S CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. No se transcriben los conceptos de violación formulados en obvio de repetición innecesaria y atento al contenido de la jurisprudencia. OCTAVO. ANÁLISIS DE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO. En uno de los argumentos contenidos en la demanda de amparo, la quejosa sostiene grosso modo que la resolución reclamada es incongruente y viola en su perjuicio lo dispuesto en el artículo 57 del Código de Procedimientos Civiles de la Entidad, en razón de que la responsable señala que la vía elegida por la promovente de a incidencia. no es la legalmente procedente; empero, luego ordena al a quo reponer el procedimiento; lo que, dice, es contrario a derecho, pues la improcedencia de la vía trae como consecuencia que se dejen a salvo los derechos de las partes, sin entrar al estudio del fondo del negocio. Lo expuesto a ese respecto, resulta sustancialmente fundado y suficiente para conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados; y para justificar dicha postura, resulta pertinente citar el contenido del citado artículo 57 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que dispone. La interpretación teleológica del precepto en estudio permite corroborar que contiene en su esencia el principio que la doctrina jurídica denomina de congruencia, que en su acepción más genérica exige que las resoluciones se ajusten a la litis planteada; esto es, debe existir una relación de concordancia entre lo solicitado por las partes y lo resuelto por el juzgador, al tenor de los elementos probatorios exhibidos por cada uno de los contendientes, pero además que no contenga consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos. En relación con dicho principio, la doctrina jurídica identifica dos clases de congruencia; a saber: la interna y la externa. La primera consiste en que la sentencia no contenga determinaciones ni afirmaciones que se contradigan entre sí o con los puntos resolutivos; mientras que la segunda, en cambio, exige que la sentencia resulte acorde con los términos de la litis, lo que se traduce en un imperativo para los órganos jurisdiccionales, quienes al resolver la controversia deben atender a lo planteado por las partes, sin omitir ni añadir cuestiones no hechas valer por los contendientes También encuentra apoyo lo anterior, en la tesis sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, publicada en la página. De lo anterior se advierte que los razonamientos torales que rigen el sentido de la resolución reclamada son los relativos a que de la lectura integral del escrito de demanda incidental se desprende que lo que la promovente. pretendía obtener era, en primer lugar, una interpretación conforme de la sentencia dictada en el juicio natural y, en segundo término, que dicha determinación se remitiera al Registro Público de la Propiedad; empero, que la vía incidental elegida por la accionante no era la idónea, pues dicha petición debió hacerse de manera unilateral ante el Juez primario, sin necesidad de dar vista a la contraparte; y que lo procedente era revocar la resolución impugnada y ordenar reponer el procedimiento para que el único efecto de que el a quo determinara sin necesidad de sustanciar incidente alguno la procedencia de petición formulada por la promovente. Luego, ante tales razonamientos, como lo alega la peticionaria de amparo, resulta incongruente que, por una parte la responsable determinara que la vía intentada por la promovente. resultaba improcedente y, por otra que, ordenara reponer el procedimiento para que el efecto de que el Juez de origen decretara en un solo acto la procedencia de su petición; pues en atención al citado principio de congruencia lo procedente era que si declaró la improcedencia de la acción intentada. las prestaciones reclamadas y, por ende, dejara a salvo los derechos de la accionante para reclamarlos en la vía legal procedente. Un criterio contrario implicaría aceptar el estudio de las acciones intentadas, a pesar de que la vía escogida por el actor es improcedente, lo cual constituye un presupuesto procesal que el Juzgador debe analizar previo a aquello, porque de otra manera se vulnerarían las garantías de legalidad y seguridad jurídicas establecidas en la Carta Magna. En ese entendido, es evidente que la resolución reclamada contraviene el principio de congruencia interna, previsto en el artículo 57 del Código de Procedimientos Civiles de la Entidad, al contener consideraciones contradictorias entre sí. De ahí que resulte fundado el motivo de disenso en análisis. En consecuencia, al haberse demostrado la inconstitucionalidad del acto reclamado, se impone conceder a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. Deje insubsistente la resolución de dieciocho de febrero de dos mil veinte, dictada en el toca. Emita una nueva en la que, dejando intocado lo que no fue materia de protección constitucional, se abstenga de ordenar reponer el procedimiento para el efecto de que el a quo declare la procedencia de la petición solicitada por la promovente. en consecuencia, deje a salvo los derechos de la accionante para reclamarlos en la vía legal procedente. Por lo anterior, resulta innecesario emprender el análisis de los restantes conceptos de violación formulados, ya que por el momento no se advierte que el estudio de alguno de ellos reporte un mayor beneficio que el alcanzado con la ponderación del motivo de disenso que resulta fundado; además de que las transgresiones alegadas en ellos podrían quedar superadas con el dictado de la nueva resolución que deberá emitir la responsable en acatamiento a este sentencia, una vez que quede firme. . No pasan inadvertidas las manifestaciones formuladas por la tercera interesada, a título de alegatos; sin embargo, resulta innecesario analizarlas, pues en nada variaría el sentido adoptado en el presente fallo; además de que, según criterio obligatorio definido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no existe obligación de entrar al estudio de los razonamientos expresados por las partes en vía de alegatos. Sirve de apoyo a lo anterior, en términos del sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia. NOVENO. FORMA DE PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA. Cabe precisar que en el auto admisorio del presente controvertido, se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no se hacía manifestación alguna se les tendría por inconformes con la divulgación de dicha información. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tiene por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto y fundado, se. ÚNICO. La justicia de la unión AMPARA a. contra el acto reclamado de la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, por los motivos y para los efectos precisados en el considerando octavo de la presente resolución. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo.

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