Evangelina Mancera Carranco

Expediente 693/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
693/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
17/03/2021

Partes del expediente

  • Evangelina Mancera Carranco

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y toda vez que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la quejosa **, interpusiera recurso de queja contra el auto ocho de diciembre de dos mil veinte, por el cual se desechó la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria, se declara que dicho auto, queda FIRME para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Valoración de archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En cumplimiento al artículo 21, inciso d) del acuerdo en cita, el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN en un plazo de tres años, una vez que transcurran y contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que, sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo signada por xxxxxxx, contra de actos del juez Único Menor Civil de Cortázar, Guanajuato, por considerarlos violatorios de sus derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14 y 16 Constitucionales. Fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), bajo el registro número 693/2020-VI. ? Desechamiento. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, suscrito tiene la obligación de analizar la demanda de amparo y si encontrare un motivo de improcedencia, debe desecharla de plano; de ahí que deban analizarse de manera preferente las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 814, visible en la página 553, tomo VI, Parte Tribunales Colegiados de Circuito, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, cuyo rubro y texto es: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Por lo que resulta oportuno señalar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Asimismo, el citado artículo señala que las causales de improcedencia deben ser manifiestas e indudables, se entiende por lo primero, lo que se da a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se apoya para que de forma contundente se determine la causa de improcedencia, que se actualiza y por lo segundo, aquello que es evidente, lo que no se puede poner en duda. Luego, se procede a realizar el estudio integral de la demanda de amparo, de la cual se desprende que los actos reclamados consistenten en lo siguiente: 1. Diligencia de embargo de bienes muebles, llevada a cabo el once de febrero de dos mil veinte. 2. Auto de tres de diciembre de dos mil veinte, en el cual, el juez Único Menor de lo Civil de Cortazar, requiere la entrega de los bienes embargados en la diligencia de once de febrero de dos mil veinte. Ambos actos dictados en el juicio ejecutivo mercantil M799/2019. A) Análisis de la causa de improcedencia consistente en la extemporaneidad de la demanda, por lo que hace al acto precisado en el inciso 1). De la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa manifestó, bajo protesta de decir verdad, que tuvo conocimiento del embargo de los bienes muebles que reclama desde el once de febrero de dos mil veinte, fecha en que se llevó a cabo la diligencia reclamada. Lo que se corrobora, de la copia que anexa de la diligencia de embargo, en la cual se hizo constar que se encontraba presente la hoy quejosa. Lo anterior, pues de dicha constancia se desprende lo siguiente: "En la ciudad de Cortazar, Guanajuato siendo las doce horas con cero minutos del once de febrero de dos mil veinte (.) acudiendo ante mi presencia una persona del sexo femenino quien dice llamarse Evangelina Mancera Cervantes (.), la actuaria en nombre de la lyey, declaro bien y formalmente embargados los bienes señalados". Por tanto, se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo. El precepto citado establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; (.)."Del citado numeral se desprende que es improcedente el juicio de amparo en contra de actos consentidos tácitamente, esto es, en contra de aquellos en que no se promueva el juicio dentro de los plazos previstos. Sobre los plazos, los artículos 17 y 18 de la ley de la materia, disponen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Los preceptos legales transcritos establecen lo siguiente: a. Por regla general, el término para la promoción del juicio de amparo es de quince días, excepto cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, cuando se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. b. El término de quince días para la presentación de la demanda de amparo que se menciona en el párrafo anterior, se computará a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o la resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo 17 de la Ley de Amparo en que se computará a partir del día de su entrada en vigor. En el caso, los actos que se reclaman en la presente instancia constitucional no son de aquellos que se enumeran en el ordinal 17 de la ley de la materia, pues consiste en la diligencia de embargo de bienes muebles de once de febrero de dos mil veinte. En tal virtud, se desprende que la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, adujo que el once de febrero de dos mil veinte, tuvo conocimiento del acto reclamado. Por lo que, el plazo para la presentación del juicio de amparo inició el doce de febrero del presente año para concluir el tres de marzo de dos mil veinte, con exclusión de los días: ? Quince, dieciséis, veintidós, veintitrés y veintinueve de febrero, uno de marzo, todos del dos mil veinte, por ser inhábiles. De ahí que, si la demanda de amparo fue presentada hasta el cuatro de diciembre de dos mil veinte, debe considerarse que se presentó de forma extemporánea, por no estar dentro del plazo de quince días hábiles que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo, sin que en el caso nos encontremos en alguna de las excepciones que contempla dicho numeral; por lo que, resulta manifiesto que se actualiza en forma notoria e indudable la causa de improcedencia prevista por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo; por ende, el acto reclamado fue consentido tácitamente por la quejosa. Apoya lo anterior lo establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 115/2010, novena época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo XXXIII, enero de dos mil once, página 5, cuyo rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, y conforme lo dispuesto en el numeral 113 de la citada Ley, se desecha de plano la demanda de amparo, por lo que hace a la diligencia de embargo de bienes muebles. B) Análisis de la causa de improcedencia consistente acto derivado de otro consentido, por lo que hace al acto precisado en el inciso 2). En ese orden, de la demanda se desprende que la parte quejosa reclama el auto de tres de diciembre de dos mil veinte, en el cual, el juez Único Menor de lo Civil de Cortazar, requiere la entrega de los bienes embargados en la diligencia de once de febrero de dos mil veinte. Al respecto, se estima que se actualiza la hipótesis de improcedencia que deriva de la adminiculación de las fracciones XIII, XIV y XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, la que consiste en que el juicio constitucional es improcedente en caso de que el acto reclamado sea una consecuencia de otro acto precedente que se repute consentido por la parte peticionaria del amparo, por no haberlo controvertido. El artículo 61, fracciones XIII, XIV y XXIII, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." De lo anterior, se colige que el juicio de amparo resulta improcedente cuando se endereza contra actos derivados de otros consentidos; y que los supuestos para que opere la causal de que se trata, son la existencia de un acto anterior consentido y la existencia de un acto posterior que sea una consecuencia directa de aquel. Es aplicable al caso, el criterio aislado emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1 , de rubro y 1 Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 217 - 228, primera parte, página 9. texto siguientes: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. SUPUESTOS PARA QUE OPERE ESA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. De acuerdo con la jurisprudencia número 19 contenida en la página 38 de la Octava Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, los supuestos para que opere la causal de improcedencia cuando el amparo se endereza contra actos derivados de otros consentidos son, la existencia de un acto anterior consentido y la existencia de un acto posterior que sea una consecuencia directa y necesaria de aquél". En la inteligencia de que, para establecer la actualización de la causal de improcedencia de que se trata, no es obstáculo que haya necesidad de fijar los alcances del acto que se estima consentido a fin de determinar si el acto reclamado es o no consecuencia del mismo, puesto que supone la existencia de una relación necesaria de causa a efecto entre dos o más actos de autoridad y, lógico es que siempre que se plantee en un juicio de amparo, deban analizarse dichos actos en cuanto a su contenido y alcance jurídico, para estar en posibilidad de determinar si los reclamados son o no consecuencia de los que se estiman consentidos, ya que de lo contrario, nunca operaría la referida causal de improcedencia. Es de exacta aplicación a los razonamientos de previa exposición, el criterio aislado emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación2 , que sobre el particular establece: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. Las causas que determinan la improcedencia del juicio de amparo deben estudiarse previamente, por ser de orden público, y no importa que en el caso haya necesidad de fijar los alcances del acto que se estima consentido a fin de determinar si los actos reclamados son o no consecuencia del mismo, pues la causal de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo 73 de la Ley de Amparo, supone la existencia de una relación necesaria de causa a efecto entre dos o más actos de autoridad, y lógico es que siempre que se plantee en un juicio de garantías, deban 2 Sexta Época, del Semanario Judicial de la Federación, tomo CXXXI, tercera parte, página 11. analizarse dichos actos en cuanto a su contenido y alcance jurídico, para estar en posibilidad de determinar si los reclamados son o no consecuencia de los que se estiman consentidos. De lo contrario, nunca operaría la referida causal de improcedencia". Sentado lo anterior, debe decirse que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que para tener por consentido un acto de autoridad, es necesario que dicho acto exista, que le produzca un agravio al gobernado en su esfera jurídica y que este se haya conformado expresamente con él o lo haya admitido por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. En la inteligencia de que el consentimiento puede ser expreso o tácito, según las siguientes proposiciones: 1) Hay consentimiento expreso del acto, cuando directamente se exterioriza que se está de acuerdo o conforme con dicho acto; 2) Hay consentimiento expreso, también del acto, cuando media una manifestación de voluntad que entrañe ese consentimiento; y 3) Hay consentimiento tácito del acto cuando no se impugna a través de la acción constitucional y dentro de los términos que se conceden para ello. Por otra parte, las condiciones necesarias para reputar a un acto como derivado de otro consentido, son precisamente, la existencia de un acto anterior consentido y la existencia de un acto posterior que sea una consecuencia directa y necesaria de aquel. Es aplicable al caso, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación3 , que dice: "ACTO CONSENTIDO. CONDICIONES PARA QUE SE LE TENGA POR TAL. La H. Segunda Sala de este Alto Tribunal ha sustentado el criterio que este Pleno hace suyo, en el sentido de que para que se consienta un acto de autoridad, expresa o tácitamente, se requiere que ese acto exista, que agravie al quejoso y que éste haya tenido conocimiento de él sin haber deducido dentro del término legal la acción constitucional, o que se haya conformado con el mismo, o lo haya admitido por manifestaciones de voluntad". En ese orden, de la demanda se desprende que la parte quejosa reclama el auto de tres de diciembre de dos mil veinte, en el cual, el juez Único Menor de lo Civil de Cortazar, requiere la entrega de los bienes embargados en la diligencia de once de febrero de dos mil veinte. De los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad, se observa que el once de febrero de dos mil veinte, fueron embargados diversos bienes muebles, y que posteriormente en auto de tres de diciembre de dos mil veinte, la autoridad responsable requiere a la hoy quejosa la entrega de dichos muebles. De lo anterior se obtiene, que el auto reclamado de tres de diciembre de dos mil veinte, en el cual se requiere la entrega de los muebles, es una consecuencia directa de la diligencia de embargo de once de febrero de dos mil veinte. En ese sentido, si no se promovió amparo indirecto en contra la diligencia de once de febrero de dos mil veinte, tal resolución adquiere firmeza al ser consentida tácitamente; por tanto, si con posterioridad el juez requiere la entrega de los bienes embargados, el juicio de amparo es improcedente, pues el auto que requiere la entrega de lo 3 Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, volumen 139-144, Primera Parte, página 13. embargado, es una consecuencia directa y necesaria de la diligencia de embargo. Por tanto, es evidente, que al haber consentido tácitamente la diligencia de once de febrero de dos mil veinte, lo reclamado en esta instancia constituye una consecuencia, de ahí, que se justifique la actualización de la causa de improcedencia en análisis. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, compilada con el número 174 , que señala: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos." Así como la tesis III.1o.A.11K5 , sostenida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que textualmente establece: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS, RAZÓN DE SU IMPROCEDENCIA. El artículo 73 de la Ley de Amparo, señala: 'El juicio de amparo es improcedente: ... XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley.' Ahora bien, las fracciones XI y XII del dispositivo en comento, previenen que el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos expresa o tácitamente; por ello, lógica y jurídicamente, debe estimarse improcedente la acción constitucional contra actos que sean consecuencia de otros consentidos, siendo indudable, por tanto, que la causa de mérito emerge de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales." De ahí que, debe desecharse la demanda de amparo por lo que hace al auto de tres de diciembre de dos mil veinte, al actualizarse la causa de improcedencia en análisis. 4 Quinta Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, tomo VI, parte SCJN, página 12. 5 Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo III-mayo de 1996, página 582. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XX, de septiembre de dos mil cuatro, página mil seiscientos treinta y uno, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Por tanto, al actualizarse las causas de improcedencia analizadas en el presente proveído, es evidente que debe desecharse la demanda planteada por la parte quejosa, respecto de la diligencia de embargo, así como del auto de tres de diciembre, en el que se requirió la entrega de los bienes embargados. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). ? Domicilio y autorizados Respecto al domicilio para recibir notificaciones, como el promovente señaló los estrados de este juzgado, de conformidad con el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, ésta y las posteriores notificaciones, aún las de carácter personal, hágansele por medio de lista. ? Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. ? Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.

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