Evencio Enrique Luna Masegosa
Expediente 395/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 395/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 07/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Evencio Enrique Luna Masegosa
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y toda vez que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del auto de dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, por el cual se desechó de plano la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria, se declara que dicho auto, ha causado estado para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo 1/2009, de veintiocho de septiembre del mismo año, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, en cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, del citado acuerdo, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir en el juicio en lo principal lo dio por concluido.
- Principal
Con fundamento en los artículos 62 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponde el exhorto número 163/2019 del índice de este juzgado, que devuelve sin diligenciar el juez Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México; como lo solicita, acúsese recibo de la comunicación que devuelve. En mérito de lo anterior, se ordena dar de baja la comunicación oficial en cita del libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes -SISE-. Ahora, de la documental de cuenta se obtiene la imposibilidad para notificar al quejoso el auto de dieciséis de mayo en curso, habida cuenta en el domicilio que dio para tal efecto no lo conoce ni reciben notificaciones a su nombre; en consecuencia, en términos del artículo 27, fracción III, inciso a), se ordena que el proveído de dieciséis de mayo de dos mil diecinueve sea notificado al promovente mediante lista que se publica en los estrados de este órgano jurisdiccional, así como las subsecuentes notificaciones, -aun las de carácter personal- hasta en tanto señale domicilio procesal en esta ciudad. En cumplimiento a lo anterior se notifica el referido auto que en lo conducente dice:Recepción de escrito de demanda. Vista la demanda de amparo promovida por *********, fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), bajo el registro número 395/2019-V. Análisis de la procedencia del juicio de amparo. Del análisis integral de la demanda, se advierte una causal de improcedencia y es menester establecer que de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano; porque, en atención al mencionado principio de impartición de justicia pronta y expedita, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tal norma, impone la obligación al juez de Distrito de examinar con todo detenimiento el escrito inicial de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que, en su caso, se acompañen. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que las partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". En ese sentido, del análisis que se efectúa al ocurso de cuenta, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de amparo, toda vez que en presente asunto no se cumplió con el principio de definitividad, como enseguida se evidenciará. El artículo 107 constitucional establece los principios fundamentales y bases generales para la procedencia del juicio de amparo, consagrando entre otros, en su fracción III, inciso b), el "principio de definitividad". El artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; [.]". Claramente se advierte en esta fracción, la improcedencia del juicio de derechos fundamentales al no agotarse por la parte quejosa los recursos ordinarios o medios de impugnación contemplados en la ley que rige el acto emitido por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo antes del promover el juicio de derechos fundamentales. Dicho dispositivo también establece los casos de excepción al citado principio, siendo estos: cuando el acto reclamado carezca de fundamentación, cuando solo se aleguen violaciones a la constitución o, cuando el recurso o medio de defensa se encuentre dentro de un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Este principio, encuentra justificación en que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede en contra de actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la Justicia Federal. Lo anterior tiene como fin el de preservar al juicio constitucional, como un medio de defensa extraordinario al que debe acudirse solo cuando ya no exista ante la potestad común la posibilidad de reparar el agravio, que se alegue, causó la actuación u omisión de la autoridad. En ese sentido, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, textualmente dispone: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." De la interpretación del numeral transcrito, se desprende que en contra de las determinaciones del Ministerio Público respecto del no ejercicio de la acción penal, resulta procedente el recurso innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, del cual conocerá el juez de control que corresponda por razón de turno. Medio de impugnación que resulta eficaz para revocar la determinación de no ejercicio de la acción penal impugnada. En el caso, el acto reclamado al agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Tramitación Común 4 de Celaya, Guanajuato, se hizo consistir en la resolución dictada el quince de abril de dos mil diecinueve y notificado al peticionario del amparo -en su calidad de víctima- el veintiséis siguiente, resolución a través de la cual se determinó el no ejercicio de la acción penal en la carpeta de investigación ***. Resolución que de conformidad con lo dispuesto por el normativo examinado, puede ser revocada a través del recurso innominado del que conocerá el juez de control correspondiente, sin que en el presente juicio de amparo el quejoso lo haya hecho valer; por tanto, el acto reclamado no es definitivo y no es apto para su estudio constitucional. En ese orden de ideas, es evidente que antes de promover el presente juicio en contra del acto reclamado, el quejoso tuvo la carga de agotar el recurso innominado, ante el juez de control en turno de esta ciudad y, al no haberlo hecho, no observó el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, por lo que este resulta improcedente. En efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de dieciocho de abril de dos mil dieciocho, al resolver la contradicción de tesis 233/2017, se pronunció sobre la procedencia del recurso a favor de la víctima y el principio de definitividad en tratándose de omisiones o decisiones ministeriales emitidas durante la fase de investigación inicial; al respecto sostuvo, entre otras cuestiones y en lo que ahora interesa: -Que de conformidad con lo dispuesto por los numerales 16, párrafo decimocuarto, 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracciones XIV, XV, y XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido de un delito tienen derecho a impugnar por sí o por medio de su representante, las actuaciones del Ministerio Público en sus funciones de investigación. Que el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. -Que el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, que deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho. -Que de una interpretación sistemática, funcional y extensiva de los preceptos citados, se desprende que las determinaciones de la Representación Social en el desempeño de su labor investigadora deben sujetarse a control judicial, las cuales no deben circunscribirse de manera taxativa a las hipótesis antes descritas (abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal), pues debe considerarse que se trata de cualquier incidencia o negligencia cometida por el Ministerio Público que a la postre defina el curso de una investigación. La ejecutoria en comentó dio lugar a las siguientes jurisprudencias por contradicción 27/2018 (10a.) y 28/2018 (10a.), de rubro y contenido siguientes: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el juez de control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos." "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINTIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el juez de control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad." Lo que antecede, hace patente que a través del recurso previsto en el referido artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es factible impugnar la determinación relativa al no ejercicio de la acción penal -entre otros actos-. Por lo tanto, se reitera, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, el peticionario debe agotar el medio de defensa ordinario previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en observancia al principio de definitividad. Además, debe ponerse de relieve que sobre el acto que se combate no se actualiza alguno de los supuestos de excepción previstos en la fracción XX del invocado dispositivo 61 de la ley reglamentaria, ya que: El acto reclamado no carece de fundamentación, pues con independencia de que los artículos invocados por la fiscalía sean o no correctos y aplicables, sí existen por parte de la responsable una serie de preceptos en los que basa la determinación que constituye el acto reclamado, a saber, los numerales 131 fracción XIII, 255 y 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales; No se alegan solamente violaciones a la Constitución, pues también se invocan cuestiones de la ilegalidad de la resolución aquí combatida, relacionadas con las facultades del Ministerio Publico; y, El recurso no se encuentre dentro de un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia, pues como se destacó, el Código Nacional de Procedimientos Penales lo prevé en su artículo 258. De ahí que en el particular, al reclamarse en forma destacada como acto reclamado el no ejercicio de la acción penal y toda vez que dentro del procedimiento no se agotó el medio de impugnación que resulta eficaz para revocar esa determinación, se actualiza la causal de improcedencia que deviene de relacionar el 61, fracción XX, de la Ley de Amparo; por lo que acorde a lo dispuesto en el ordinal 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Ahora bien, toda vez que la parte quejosa señaló como domicilio para recibir notificaciones, el ubicado en calle *****; por tanto, acorde a lo previsto en el artículo 27, fracción II, de la ley reglamentaria en cita, gírese atento exhorto al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, para que ordene al actuario de su adscripción que se constituya en el domicilio supraindicado y notifique de forma personal el presente proveído al quejoso **********; de igual forma, requerirlo para que dentro del plazo de tres días a partir de la notificación de este auto, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, apercibiéndolo que de no hacerlo, las ulteriores, aún las de carácter personal, se le practicarán por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado de Distrito, incluso sin ulterior acuerdo. Autorizados para recibir notificaciones. Ahora, dado que no proporcionó dato alguno con el que se acredite que las personas que autoriza, tienen facultades para ejercer la profesión de licenciado en derecho como lo exige el artículo 12 de la Ley de Amparo (el número de registro de la cédula profesional en el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito); se les tiene como autorizadas únicamente en términos restringidos del citado numeral, hasta en tanto se salve dicha situación. Habilitación de días y horas para realizar notificaciones. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa, a cualquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.
- Principal
Con fundamento en los artículos 62 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio que remite el juez Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en Ciudad de México, mediante el cual acusa recibo del exhorto 163/219 del índice de este juzgado, por el que se ordenó la notificación del quejoso********. Consecuentemente, estese a la espera de que el juez exhortado devuelva la comunicación de mérito.
- Principal
Recepción de escrito de demanda. Vista la demanda de amparo promovida por *********, fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), bajo el registro número 395/2019-V. Análisis de la procedencia del juicio de amparo. Del análisis integral de la demanda, se advierte una causal de improcedencia y es menester establecer que de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano; porque, en atención al mencionado principio de impartición de justicia pronta y expedita, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tal norma, impone la obligación al juez de Distrito de examinar con todo detenimiento el escrito inicial de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que, en su caso, se acompañen. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que las partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". En ese sentido, del análisis que se efectúa al ocurso de cuenta, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de amparo, toda vez que en presente asunto no se cumplió con el principio de definitividad, como enseguida se evidenciará. El artículo 107 constitucional establece los principios fundamentales y bases generales para la procedencia del juicio de amparo, consagrando entre otros, en su fracción III, inciso b), el "principio de definitividad". El artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; [.]". Claramente se advierte en esta fracción, la improcedencia del juicio de derechos fundamentales al no agotarse por la parte quejosa los recursos ordinarios o medios de impugnación contemplados en la ley que rige el acto emitido por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo antes del promover el juicio de derechos fundamentales. Dicho dispositivo también establece los casos de excepción al citado principio, siendo estos: cuando el acto reclamado carezca de fundamentación, cuando solo se aleguen violaciones a la constitución o, cuando el recurso o medio de defensa se encuentre dentro de un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Este principio, encuentra justificación en que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede en contra de actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la Justicia Federal. Lo anterior tiene como fin el de preservar al juicio constitucional, como un medio de defensa extraordinario al que debe acudirse solo cuando ya no exista ante la potestad común la posibilidad de reparar el agravio, que se alegue, causó la actuación u omisión de la autoridad. En ese sentido, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, textualmente dispone: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." De la interpretación del numeral transcrito, se desprende que en contra de las determinaciones del Ministerio Público respecto del no ejercicio de la acción penal, resulta procedente el recurso innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, del cual conocerá el juez de control que corresponda por razón de turno. Medio de impugnación que resulta eficaz para revocar la determinación de no ejercicio de la acción penal impugnada. En el caso, el acto reclamado al agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Tramitación Común 4 de Celaya, Guanajuato, se hizo consistir en la resolución dictada el quince de abril de dos mil diecinueve y notificado al peticionario del amparo -en su calidad de víctima- el veintiséis siguiente, resolución a través de la cual se determinó el no ejercicio de la acción penal en la carpeta de investigación ***. Resolución que de conformidad con lo dispuesto por el normativo examinado, puede ser revocada a través del recurso innominado del que conocerá el juez de control correspondiente, sin que en el presente juicio de amparo el quejoso lo haya hecho valer; por tanto, el acto reclamado no es definitivo y no es apto para su estudio constitucional. En ese orden de ideas, es evidente que antes de promover el presente juicio en contra del acto reclamado, el quejoso tuvo la carga de agotar el recurso innominado, ante el juez de control en turno de esta ciudad y, al no haberlo hecho, no observó el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, por lo que este resulta improcedente. En efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de dieciocho de abril de dos mil dieciocho, al resolver la contradicción de tesis 233/2017, se pronunció sobre la procedencia del recurso a favor de la víctima y el principio de definitividad en tratándose de omisiones o decisiones ministeriales emitidas durante la fase de investigación inicial; al respecto sostuvo, entre otras cuestiones y en lo que ahora interesa: -Que de conformidad con lo dispuesto por los numerales 16, párrafo decimocuarto, 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracciones XIV, XV, y XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido de un delito tienen derecho a impugnar por sí o por medio de su representante, las actuaciones del Ministerio Público en sus funciones de investigación. Que el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. -Que el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, que deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho. -Que de una interpretación sistemática, funcional y extensiva de los preceptos citados, se desprende que las determinaciones de la Representación Social en el desempeño de su labor investigadora deben sujetarse a control judicial, las cuales no deben circunscribirse de manera taxativa a las hipótesis antes descritas (abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal), pues debe considerarse que se trata de cualquier incidencia o negligencia cometida por el Ministerio Público que a la postre defina el curso de una investigación. La ejecutoria en comentó dio lugar a las siguientes jurisprudencias por contradicción 27/2018 (10a.) y 28/2018 (10a.), de rubro y contenido siguientes: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el juez de control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos." "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINTIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el juez de control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad." Lo que antecede, hace patente que a través del recurso previsto en el referido artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es factible impugnar la determinación relativa al no ejercicio de la acción penal -entre otros actos-. Por lo tanto, se reitera, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, el peticionario debe agotar el medio de defensa ordinario previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en observancia al principio de definitividad. Además, debe ponerse de relieve que sobre el acto que se combate no se actualiza alguno de los supuestos de excepción previstos en la fracción XX del invocado dispositivo 61 de la ley reglamentaria, ya que: El acto reclamado no carece de fundamentación, pues con independencia de que los artículos invocados por la fiscalía sean o no correctos y aplicables, sí existen por parte de la responsable una serie de preceptos en los que basa la determinación que constituye el acto reclamado, a saber, los numerales 131 fracción XIII, 255 y 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales; No se alegan solamente violaciones a la Constitución, pues también se invocan cuestiones de la ilegalidad de la resolución aquí combatida, relacionadas con las facultades del Ministerio Publico; y, El recurso no se encuentre dentro de un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia, pues como se destacó, el Código Nacional de Procedimientos Penales lo prevé en su artículo 258. De ahí que en el particular, al reclamarse en forma destacada como acto reclamado el no ejercicio de la acción penal y toda vez que dentro del procedimiento no se agotó el medio de impugnación que resulta eficaz para revocar esa determinación, se actualiza la causal de improcedencia que deviene de relacionar el 61, fracción XX, de la Ley de Amparo; por lo que acorde a lo dispuesto en el ordinal 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Ahora bien, toda vez que la parte quejosa señaló como domicilio para recibir notificaciones, el ubicado en calle *****; por tanto, acorde a lo previsto en el artículo 27, fracción II, de la ley reglamentaria en cita, gírese atento exhorto al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, para que ordene al actuario de su adscripción que se constituya en el domicilio supraindicado y notifique de forma personal el presente proveído al quejoso **********; de igual forma, requerirlo para que dentro del plazo de tres días a partir de la notificación de este auto, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, apercibiéndolo que de no hacerlo, las ulteriores, aún las de carácter personal, se le practicarán por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado de Distrito, incluso sin ulterior acuerdo. Autorizados para recibir notificaciones. Ahora, dado que no proporcionó dato alguno con el que se acredite que las personas que autoriza, tienen facultades para ejercer la profesión de licenciado en derecho como lo exige el artículo 12 de la Ley de Amparo (el número de registro de la cédula profesional en el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito); se les tiene como autorizadas únicamente en términos restringidos del citado numeral, hasta en tanto se salve dicha situación. Habilitación de días y horas para realizar notificaciones. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa, a cualquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.
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