Evangelina Mancera Carranco

Expediente 439/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
439/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
15/07/2021

Partes del expediente

  • Evangelina Mancera Carranco

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y toda vez que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la quejosa ***********, interpusiera recurso de queja contra el auto dos de julio de dos mil veintiuno, por el cual se DESECHÓ la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria, se declara que dicho auto queda FIRME para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Valoración de archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En cumplimiento al artículo 21, inciso b) del acuerdo en cita, el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN en un plazo de tres años, una vez que transcurran y contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que, sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión.

  2. Principal

    Recepción y registro de la demanda. Por recibida la demanda de amparo a nombre de ***********, contra de actos del juez Único Menor Civil de Cortázar, Guanajuato, por considerarlos violatorios de sus derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14 y 16 Constitucionales. Fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), bajo el registro número 439/2021-6. Desechamiento De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, suscrito tiene la obligación de analizar la demanda de amparo y si encontrare un motivo de improcedencia, debe desecharla de plano; de ahí que deban analizarse de manera preferente las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 814, visible en la página 553, tomo VI, Parte Tribunales Colegiados de Circuito, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, cuyo rubro y texto es: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Por lo que resulta oportuno señalar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Asimismo, el citado artículo señala que las causales de improcedencia deben ser manifiestas e indudables, se entiende por lo primero, lo que se da a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se apoya para que de forma contundente se determine la causa de improcedencia, que se actualiza y por lo segundo, aquello que es evidente, lo que no se puede poner en duda. Luego, se procede a realizar el estudio integral de la demanda de amparo, de la cual se desprende que el acto reclamado consistente en: La adjudicación de bienes muebles que dice la quejosa son de su propiedad, embargados el once de febrero de dos mil veinte dentro del juicio ejecutivo mercantil número *********** del índice del Juzgado Único Menor Civil de Cortázar, Guanajuato. Cabe destacar que es un hecho notorio para este órgano jurisdiccional, que en el diverso juicio de amparo 693/2020, se desechó una diversa demanda intentada por la aquí quejosa en contra del citado embargo de bienes y de la orden de entrega de los bienes; el cual se desechó por cuanto al primero por extemporánea y el segundo por ser un acto derivado de consentido de aquel; juicio del que se ordena agregar copia certificada al presente asunto. Al respecto, en cuanto al aquí reclamado en esta oportunidad, se estima que se actualiza la hipótesis de improcedencia que deriva de la adminiculación de las fracciones XIII, XIV y XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, la que consiste en que el juicio constitucional es improcedente en caso de que el acto reclamado sea una consecuencia de otro acto precedente que se repute consentido por la parte peticionaria del amparo, por no haberlo controvertido. El artículo 61, fracciones XIII, XIV y XXIII, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." De lo anterior, se colige que el juicio de amparo resulta improcedente cuando se endereza contra actos derivados de otros consentidos; y que los supuestos para que opere la causal de que se trata, son la existencia de un acto anterior consentido y la existencia de un acto posterior que sea una consecuencia directa de aquel. Es aplicable al caso, el criterio aislado emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. SUPUESTOS PARA QUE OPERE ESA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. De acuerdo con la jurisprudencia número 19 contenida en la página 38 de la Octava Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, los supuestos para que opere la causal de improcedencia cuando el amparo se endereza contra actos derivados de otros consentidos son, la existencia de un acto anterior consentido y la existencia de un acto posterior que sea una consecuencia directa y necesaria de aquél". En la inteligencia de que, para establecer la actualización de la causal de improcedencia de que se trata, no es obstáculo que haya necesidad de fijar los alcances del acto que se estima consentido a fin de determinar si el acto reclamado es o no consecuencia del mismo, puesto que supone la existencia de una relación necesaria de causa a efecto entre dos o más actos de autoridad y, lógico es que siempre que se plantee en un juicio de amparo, deban analizarse dichos actos en cuanto a su contenido y alcance jurídico, para estar en posibilidad de determinar si los reclamados son o no consecuencia de los que se estiman consentidos, ya que de lo contrario, nunca operaría la referida causal de improcedencia. Es de exacta aplicación a los razonamientos de previa exposición, el criterio aislado emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que sobre el particular establece: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. Las causas que determinan la improcedencia del juicio de amparo deben estudiarse previamente, por ser de orden público, y no importa que en el caso haya necesidad de fijar los alcances del acto que se estima consentido a fin de determinar si los actos reclamados son o no consecuencia del mismo, pues la causal de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo 73 de la Ley de Amparo, supone la existencia de una relación necesaria de causa a efecto entre dos o más actos de autoridad, y lógico es que siempre que se plantee en un juicio de garantías, deban analizarse dichos actos en cuanto a su contenido y alcance jurídico, para estar en posibilidad de determinar si los reclamados son o no consecuencia de los que se estiman consentidos. De lo contrario, nunca operaría la referida causal de improcedencia". Sentado lo anterior, debe decirse que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que para tener por consentido un acto de autoridad, es necesario que dicho acto exista, que le produzca un agravio al gobernado en su esfera jurídica y que este se haya conformado expresamente con él o lo haya admitido por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. En la inteligencia de que el consentimiento puede ser expreso o tácito, según las siguientes proposiciones: 1) Hay consentimiento expreso del acto, cuando directamente se exterioriza que se está de acuerdo o conforme con dicho acto; 2) Hay consentimiento expreso, también del acto, cuando media una manifestación de voluntad que entrañe ese consentimiento; y 3) Hay consentimiento tácito del acto cuando no se impugna a través de la acción constitucional y dentro de los términos que se conceden para ello. Por otra parte, las condiciones necesarias para reputar a un acto como derivado de otro consentido, son precisamente, la existencia de un acto anterior consentido y la existencia de un acto posterior que sea una consecuencia directa y necesaria de aquel. Es aplicable al caso, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "ACTO CONSENTIDO. CONDICIONES PARA QUE SE LE TENGA POR TAL. La H. Segunda Sala de este Alto Tribunal ha sustentado el criterio que este Pleno hace suyo, en el sentido de que para que se consienta un acto de autoridad, expresa o tácitamente, se requiere que ese acto exista, que agravie al quejoso y que éste haya tenido conocimiento de él sin haber deducido dentro del término legal la acción constitucional, o que se haya conformado con el mismo, o lo haya admitido por manifestaciones de voluntad". En ese orden, se reitera que de la demanda se desprende que la parte quejosa reclama la adjudicación de bienes muebles, que dice, son de su propiedad, embargados el once de febrero de dos mil veinte dentro del juicio ejecutivo mercantil número ********* del índice del Juzgado Único Menor Civil de Cortázar, Guanajuato. Así, del antecedente narrado bajo protesta de decir verdad tanto en la demanda que se atiende como en la diversa radicada bajo el número 693/2020 (la que se invoca como hecho notorio) se observa que desde el once de febrero de dos mil veinte, fueron embargados diversos bienes muebles y que posteriormente en auto de tres de diciembre de dos mil veinte, la autoridad responsable requirió a la hoy quejosa la entrega de dichos muebles. De lo anterior se obtiene, que la adjudicación reclamada es una consecuencia directa de la diligencia de embargo de once de febrero de dos mil veinte. En ese sentido, si no se promovió oportunamente amparo indirecto en contra la diligencia de once de febrero de dos mil veinte, tal resolución adquiere firmeza al ser consentida tácitamente; por tanto, si con posterioridad el juez emite la adjudicación de los mismos, este debe sobreseerse, pues es una consecuencia directa y necesaria de la diligencia de embargo. Por tanto, es evidente, que al haber consentido tácitamente la diligencia de once de febrero de dos mil veinte, lo reclamado en esta instancia constituye una consecuencia, de ahí, que se justifique la actualización de la causa de improcedencia en análisis. Sirve de apoyo a lo anterior tesis sustentada por el Semanario Judicial de la Federación, de la segunda sala Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 266338, Sexta Época, Volumen LXXXII, Tercera Parte, página 17, que señala: "EMBARGO Y ADJUDICACION COMO CONSECUENCIA DE ACTOS CONSENTIDOS. Si la recurrente manifiesta en su escrito de revisión que no fue notificada del requerimiento de pago, porque en la fecha del mismo no se encontraba en la ciudad de México; pero esta aseveración contradice lo expuesto en la demanda de garantías, en la que, al referirse a los hechos, manifiesta que anteriormente al embargo se le requirió para que, en un plazo de diez días, garantizara el crédito que se reclama por lo que la quejosa se opuso y se dirigió al procurador fiscal de la Federación, a fin de hacer constar que no tuvo participación alguna en las infracciones que se le atribuyen, o sea, que la quejosa admite que sí fue requerida del pago de la cantidad por la que posteriormente se le embargó, es correcta la aplicación de la tesis jurisprudencial relativa a que el embargo y demás procedimientos ejecutorios no son sino consecuencia de actos consentidos." De igual modo el criterio aislado de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justifica de la nación con registro digital IUS 346364 de rubro y texto: "EMBARGO Y ADJUDICACION COMO CONSECUENCIA DE ACTOS CONSENTIDOS. Si la recurrente manifiesta en su escrito de revisión que no fue notificada del requerimiento de pago, porque en la fecha del mismo no se encontraba en la ciudad de México; pero esta aseveración contradice lo expuesto en la demanda de garantías, en la que, al referirse a los hechos, manifiesta que anteriormente al embargo se le requirió para que, en un plazo de diez días, garantizara el crédito que se reclama por lo que la quejosa se opuso y se dirigió al procurador fiscal de la Federación, a fin de hacer constar que no tuvo participación alguna en las infracciones que se le atribuyen, o sea, que la quejosa admite que sí fue requerida del pago de la cantidad por la que posteriormente se le embargó, es correcta la aplicación de la tesis jurisprudencial relativa a que el embargo y demás procedimientos ejecutorios no son sino consecuencia de actos consentidos." Así como la diversa sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, compilada con el número 17, que señala: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos." Y la tesis III.1o.A.11K, sostenida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que textualmente establece: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS, RAZÓN DE SU IMPROCEDENCIA. El artículo 73 de la Ley de Amparo, señala: 'El juicio de amparo es improcedente: ... XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley.' Ahora bien, las fracciones XI y XII del dispositivo en comento, previenen que el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos expresa o tácitamente; por ello, lógica y jurídicamente, debe estimarse improcedente la acción constitucional contra actos que sean consecuencia de otros consentidos, siendo indudable, por tanto, que la causa de mérito emerge de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales." Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia analizadas en el presente proveído, es evidente que debe desecharse la demanda planteada por la parte quejosa, respecto de la diligencia de embargo, así como del auto de tres de diciembre, en el que se requirió la entrega de los bienes embargados. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Domicilio y autorizados Respecto al domicilio para recibir notificaciones, como la promovente señaló los estrados de este juzgado, de conformidad con el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, ésta y las posteriores notificaciones, aún las de carácter personal, hágansele por medio de lista. Sin que haya lugar a tener como domicilio para oír y recibir notificaciones el correo electrónico que manifiesta, toda vez que de conformidad con el párrafo quinto del artículo 3º de la Ley de Amparo, solo puede autorizarse a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. Se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado *********** quien -como se advierte de la certificación de cuenta- tiene inscrita su Cédula Profesional Federal, en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · 8,427 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano