Evangelina Hernández Miguel
Expediente 202/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 202/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 06/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Evangelina Hernández Miguel
Actuaciones
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, seis de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que el quejoso Alberto Jorge García España interpusiera recurso de queja contra del acuerdo de veintidós de marzo de dos mil veintidós, en el que se desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su artículo 2, se declara que ha causado estado dicho proveído. Archivo del expediente. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de conformidad a lo establecido en los ordinales 22, 23 y 24, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Se destaca que en este expediente no se concedió suspensión de plano del acto reclamado, ni existe documento considerado como original por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General, esto es, que contiene un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (con excepción de la demanda). Destino. Además, al tratarse de un asunto desechado, de conformidad a lo previsto en el artículo 21, inciso b), este expediente es destruible. En tal virtud, con fundamento en el citado artículo 21 de dicho Acuerdo General, una vez transcurridos tres años, a partir de la fecha en que se emite este auto, procédase a su destrucción, por lo que una vez cumplido ese plazo, previo acuerdo de desincorporación de las constancias a que alude el citado numeral, deberá solicitarse la trasferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Archivo del incidente de suspensión. Se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión y no se tramitó incidente de suspensión. Ley de Transparencia. Finalmente, hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veintidós de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta signado Evangelina Hernández Miguel, apoderada legal del directo quejoso; en su atención, téngasele cumpliendo en tiempo y forma con lo ordenado en proveído de siete de marzo del año en curso, precisando bajo protesta de decir verdad, los hechos que constituyen los antecedentes del acto reclamado. DATOS DE LA DEMANDA Vista la demanda y escrito de desahogo promovidos por Alberto Jorge García España a través de su apoderada legal Evangelina Hernández Miguel, contra actos del Juez Primero Civil de Primera Instancia de Matías Romero Avendaño, Oaxaca y otra autoridad, que hace consistir literalmente en: DESECHAMIENTO Ahora, antes de admitir a trámite la demanda de amparo, conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, es pertinente examinar si existe alguna causa de improcedencia que, por ser manifiesta e indudable, haga improcedente la instancia constitucional, tal como lo ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo, que al efecto señala: Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Por su parte, el artículo 18 de la Ley de Amparo dispone que los plazos a que se refiere el diverso 17 de la misma ley se computarán a partir del día siguiente a aquél en que: 1.- Surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame. 2.- Haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. En efecto, del escrito de desahogo se advierte que el acto reclamado se hace consistir en la falta de emplazamiento al juicio 18/2021 del índice del Juzgado Primero Civil de Primera Instancia de Matías Romero, Oaxaca, respecto del cual se actualiza la citada causal de improcedencia, pues de la demanda de amparo, en relación con el diverso de desahogo se advierte que Alberto Jorge García España tuvo conocimiento del mismo el dos de diciembre de dos mil veintiuno, manifestado que recibió una llamada telefónica en el que un familiar le informó que tenía una demanda, ante el Juzgado Civil de Matías Romero Avendaño, Oaxaca; posteriormente, el siete de diciembre de ese mismo año, el quejoso promovió incidente de nulidad de actuaciones contra la diligencia de emplazamiento de diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, en el cual señaló que no se le pudo haber emplazado con motivo de que radica en Estados Unidos. Luego, el veinticinco de febrero de dos mil veintidós se les notificó a sus abogados la resolución de diez de enero del presente año en el que desecharon dicha nulidad; manifestaciones que fueron formuladas bajo protesta de decir verdad, las cuales constituyen una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que tiene pleno valor probatorio en contra de quién la asevera, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 95, 96, 197, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Como apoyo a lo anterior, se cita el criterio sustentado por la tesis I.15o.A.28 K, con registro 171389, sustentada por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, bajo el rubro y texto siguientes: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA. El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado." Luego, tomando como referencia lo anterior, se obtiene que el plazo para interponer la demanda comenzó a partir del día siguiente en que tuvo conocimiento del acto reclamado, es decir, el tres de diciembre de dos mil veintiuno; por tanto, el término de quince días transcurrió del siete al veintisiete de diciembre del año próximo pasado, sin que en dicho cómputo se tomen en consideración el once, doce, dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintiséis del citado mes y año, al ser inhábiles o corresponder a sábados y domingos, conforme a lo establecido en el artículo 19 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En ese orden de ideas, si el plazo para interponer la demanda transcurrió del siete al veintisiete de diciembre del año próximo pasado, mientras que el escrito inicial de demanda se presentó hasta el cuatro de marzo de dos mil veintidós, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta ciudad, es inconcuso que la temporalidad para promover la demanda contra el acto por el que promueve su demanda transcurrió en exceso. Es aplicable al caso, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 71, Tomo 193-198, Primera Parte, Materia Común, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo epígrafe y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACION EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACION DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías será de quince días que se computará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan "que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día", como esa confesión hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; de ello se sigue que si el Juez de Distrito con base en dicha manifestación, realiza el cómputo del término de la presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal determinación es correcta, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del acto reclamado para efectuar el cómputo del término respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa respecto a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado." Tomando en consideración lo previsto en el artículo 61, fracción XIV, segundo párrafo, de la propia ley, es dable concluir que si no se actualiza de manera expresa el supuesto de procedencia, entonces el juicio de amparo resultará improcedente. En ese sentido, en el numeral 107, fracción I, de la Ley de Amparo, se establece la procedencia del juicio de amparo contra todo tipo de normas de observancia general, con motivo del primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Así, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61, de la Ley de Amparo, con apoyo en el diverso 113 de dicha legislación, se desecha la demanda de amparo. Notifíquese personalmente.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, siete de marzo de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por ***a través de su apoderada legal Evangelina Hernández Miguel, personalidad que acredita con el instrumento público dieciséis mil veinticuatro, acto notarial quinientos siete, libro ciento veintiocho de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno; contra actos del Juez Primero Civil de Primera Instancia de Matías Romero Avendaño, Oaxaca y otra autoridad, que hacen consistir en: ******* ANOTACIONES Fórmese expediente, anótese en el Libro de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 202/2022 I-A. PREVENCIÓN A efecto de proveer sobre su admisión, con fundamento en lo previsto por los artículos 108 fracción III y V, en relación con el diverso 114, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa, para que dentro del término de CINCO DÍAS contado a partir de la legal notificación del presente proveído, y bajo protesta de decir verdad, para los efectos del numeral 261 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos." Desahogue los siguientes requerimientos: PRIMERO. Precise cuál es el acto que en esta vía reclama, ya que del escrito de demanda en una parte se aprecia que señaló que promovió un incidente, el cual fue desechado el diez de enero del año en curso, mientras que en el apartado relativo al acto reclamado expuso que lo era la falta de emplazamiento al juicio 18/2021 del índice del Juzgado Civil de Matías Romero Avendaño, Oaxaca; circunstancia que genera incertidumbre al no existir certeza sobre cuál es el acto que le causa perjuicio, dada la relatoría de los antecedentes. SEGUNDO. Deberá precisar cuál es el motivo por el que promovió el incidente en cita y la razón por la que le fue desechado. Hágase del conocimiento de la parte promovente que deberá ser ella quien desahogue las irregularidades anotadas, toda vez que la manifestación "bajo protesta de decir verdad" requerida en la fracción V del artículo 108 de la Ley de Amparo, constituye un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien promueva la demanda, por referirse a hechos o circunstancias de conocimiento personal del quejoso o mandatario, y dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse. En efecto, el requisito de la protesta de decir verdad que exige el numeral 108, fracción V, de la citada ley únicamente compete cumplirlo al quejoso -como persona física, o al representante legal, en tratándose de una persona moral-, precisamente, por referirse a hechos o abstenciones de conocimiento personal del quejoso o mandatario que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia número 2a./J. 88/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 348, tomo XXIV, Julio de 2006, Novena Época del Semanario 1 Visible en la página 1079, libro 3, febrero de 2014, tomo II, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 174,745, que es del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA." TERCERO. En términos del artículo 110 de la Ley de Amparo, dígasele que su escrito aclaratorio lo deberá presentar con el número indicado de copias que resultan necesarias para ser distribuidas de la siguiente manera: una por cada una de las autoridades señaladas como responsables (hasta el momento se tienen señaladas dos), otra para dar legal intervención al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción y dos más para la tramitación del incidente de suspensión. No obstante, en caso de presentar el escrito de desahogo por la vía electrónica, el requisito relativo al acompañamiento de copias, no será exigido cuando se hagan uso de las tecnologías de la información a las que se refiere el artículo 3 de la ley de la materia. Acude en apoyo de lo anterior, la jurisprudencia número P./J.36/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, abril de 2001, página 79, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO." En el entendido que sólo la parte quejosa o su representante legal se encuentran facultados para desahogar el auto de prevención que ahora se formula, sin que dicha facultad pueda ser depositada a sus autorizados, aun aquellos señalados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, pues éstos únicamente se encuentran facultados para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de garantías, su aclaración, o, en su caso ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado e influyan en la configuración de la litis constitucional, al sujetarse dicho desahogo al señalamiento de nuevas autoridades responsables, actos reclamados y en su caso, formulación de conceptos de violación. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia número 1a./37/2011, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, tomo XXXIII, junio de dos mil once, página 68 de rubro siguiente: "AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA." Se apercibe a la parte promovente que de no acatar los requerimientos en el plazo señalado se tendrá por no presentada la demanda de amparo de conformidad con el artículo 114 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Por otra parte, téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda; y, asimismo en términos de la segunda parte del artículo 12 de la Ley de Amparo, a la persona que menciona; asimismo, conforme al citado ordenamiento los serán las diversas persona que cito para ese efecto. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución; con fundamento en el precepto 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en éste, se habilitan días y horas que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción puedan efectuar tales diligencias, en relación con lo previsto en el numeral 2, fracción XII, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece que durante la vigencia de dicho acuerdo, se puede realizar tal habilitación. FEDATARIOS DE LA ADSCRIPCIÓN Ahora bien, se hace mención a los fedatarios de la adscripción que las notificaciones dirigidas a las partes y que tengan que realizar de manera personal en los domicilios señalados para tal efecto, deberán hacerlas en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar su integridad y salud, así como la de aquéllos, en términos de lo previsto en la fracción XIV del artículo 2 del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con la fracción I del numeral 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito Juez de Distrito, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Secretario del Juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo del dos mil nueve, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE DIGITAL O ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3, párrafos sexto, séptimo y octavo de la Ley de Amparo, fórmese el expediente digital o electrónico correspondiente y dese cumplimiento a lo ordenado en el invocado precepto legal, para lo cual, es obligación del secretario certificar y hacer constar que coincide en su integridad con el expediente físico en el que se actúa. DISPOSICIÓN ESPECIAL Se autoriza al Secretario del juzgado a firmar los oficios que se giren en el presente juicio. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, por tanto, de no hacer manifestación alguna al respecto hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconformes con la divulgación de dicha información. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Luis Anselmo Félix Rodríguez, Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, autorizado en sesión de nueve de agosto de dos mil veintiuno, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, para desempeñar las funciones de Juez de Distrito, conforme a lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, notificado por oficio CCJ/ST/2773/2021, firmado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial; ante el Secretario que autoriza y da fe Michelle Jesús Peralta Rodríguez.
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