Eva Maricela Santa Ana Florean

Expediente 211/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
211/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
15/06/2017

Partes del expediente

  • Eva Maricela Santa Ana Florean

Actuaciones

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, a quince de junio de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, de los que se advierte que ha transcurrido el término legal de cinco días, que establece el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiere el recurso de queja en contra del acuerdo de cinco de junio del año en curso, en el que se desechó de plano la demanda de garantías; con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en los términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicho proveído para los efectos legales procedentes; y con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo, del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de destrucción, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Hágase del conocimiento de las partes que el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión. LEY DE TRANSPARENCIA. Hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General e Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública, de las sentencias ejecutoriadas y las resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese. II-B AMPARO

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, cinco de junio de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que la parte quejosa no dio cumplimiento al requerimiento formulado en proveído diecisiete de mayo del año en curso, en el sentido de que sí ampliaba su demanda de amparo contra el acuerdo de veintiuno de abril de dos mil diecisiete, en el que se resolvió el recurso de revocación interpuesto contra el auto de quince de abril de dos mil diecisiete, dictado en la causa penal 285/2016; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento ahí decretado, por lo que este órgano jurisdiccional procese a resolver respecto de la demanda de amparo. En ese sentido, se tiene a Eva Maricela Santa Ana Florean, por su propio derecho, solicitando amparo contra actos del Juez de Control en Materia Penal, con residencia en San Pedro Pochutla, Oaxaca, Titular de la Unidad de Recursos Humanos de la Defensoría Pública y Secretaria de Finanzas, ambos con residencia en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, que, sustancialmente, hizo consistir el auto de quince de abril de dos mil diecisiete, dictado en la causa penal 285/2016. Sin embargo, la impetrante del amparo, bajo protesta de decir verdad refirió que contra dicho acuerdo (15 de abril de 2017) interpuso recurso de revocación mismo que el veintiuno de abril del año en curso, el Juez responsable declaró improcedente, manifestación que constituye una confesión expresa que tiene pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues, válidamente puede decirse que la frase "bajo protesta de decir verdad", que debe contener el escrito de la demanda de garantías, es un requisito que tiene como objetivo responsabilizar al particular, en el sentido de que deberá conducirse con veracidad en la narración de los hechos que apoyan la demanda de amparo y que tal declaración, como ya se dijo, equivale a su confesión. Manifestación que se corrobora con las documentales que adjuntó las que tienen valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos del precepto 2°, por tratarse de documentos públicos expedidos por una autoridad en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley. En ese tenor, se tiene que en la especie, como ya se dijo, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo vigente, que a la letra establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Lo anterior, es así, puesto que el acuerdo combatido de quince de abril dos mil dieciséis, dictado en la causa penal 285/2016, dejó de tener vigencia y ejecutividad, al haberse sustituido procesalmente por el diverso de veintiuno de abril del año en curso, que resolvió el recurso de revocación planteado por la impetrante del amparo contra el primer acuerdo citado, por lo que es este último el que ahora está vigente. De ahí que, ha cesado en sus efectos el primer acuerdo que por esta vía combate la parte quejosa, al haberse emitido la diversa resolución de veintiuno de abril del año en curso, razón por la cual resulta evidente que el acto del que se duele la impetrante de amparo, ha sido sustituido procesalmente por la determinación que recayó al citado recurso que la misma impetrante promovió en contra de aquél, por lo que, se insiste, el primero ha cesado en sus efectos y aunque no logró conseguir la reparación del derecho que aduce violado, es claro que la resolución del recurso sustituyó procesalmente a la determinación primaria, no obstante que pudiese subsistir la violación de derechos que dice la impetrante de amparo, pues el primer acto ya no puede ser materia de examen en el presente juicio de amparo biinstancial sino que es la resolución dictada con motivo del recurso de revocación que la quejosa interpuso en su contra; de ahí que se actualice la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, y lo que origina desechar de plano la demanda de amparo, conforme a lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo la jurisprudencia III.2o.C. J/22, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la página 1579, tomo XXIII, Febrero de 2006, Novena Época, Registro 176051, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." Asimismo, tiene aplicación la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Registro 199560, Enero de 1997, página 410, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. LA NUEVA DETERMINACIÓN QUE PRONUNCIA LA AUTORIDAD RESPECTIVA CON MOTIVO DE LA RESOLUCIÓN DE UN RECURSO, SUSTITUYE A LA ANTERIOR, SIENDO POR ELLO ÉSTA Y NO AQUÉLLA LA QUE DEBE SER MATERIA DE EXAMEN EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. Si en un juicio civil, una vez agotado el recurso correspondiente, no se logra conseguir la reparación del derecho conculcado (los promoventes interpusieron apelación contra el auto de exequendo), es claro que, contrariamente a lo que sostienen, la resolución del ad quem que decidió ese medio de defensa sustituyó procesalmente a la determinación primaria, motivo por el que ésta cesa en sus efectos no obstante que subsista la respectiva violación de garantías, habida cuenta del que como los efectos del embargo se concretan a la situación jurídica del despojo creada mediante la ejecución mientras el ilegalmente embargado continúe desposeído, ciertamente no puede decirse que ha concluido la transgresión a sus derechos fundamentales, mas ésta proviene de la nueva resolución que pronunció el ad quem al decidir la alzada, mediante la que reiteró la posición que se tenía respecto de la cuestión debatida. Así, aunque es verdad que solamente podría estimarse que cesaría en sus efectos el acto reclamado cuando desaparecieran totalmente las transgresiones que éste produce, esa situación es completamente diferente a la que se analiza, ya que se refiere al caso en que la autoridad responsable, mediante el recurso o medio ordinario de defensa, revoca la determinación respectiva, es decir, cesación de los efectos de una resolución procesal, pero no en la hipótesis en que, se insiste, la nueva decisión que se tome al resolver el recurso reitere la situación jurídica que prevalecía en la determinación primaria; de ahí que ésta ya no puede ser materia de examen en un juicio de garantías biinstancial sino el veredicto que vino a sustituirla procesalmente". Hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública, de las sentencias ejecutoriadas y las resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese por lista a la parte quejosa. II-B AMAPARO

  3. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, a diecisiete de mayo de dos mil diecisiete. Vista la demanda de garantías promovida por Eva Maricela Santa Ana Florean, por propio derecho, contra actos del Juez de Control en Materia Penal, con residencia en San Pedro Pochutla, Oaxaca, Titular de la Unidad de Recursos Humanos de la Defensoría Pública y Secretaria de Finanzas, ambos con residencia en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, que hace consistir en lo siguiente: IV. ACTOS U OMISIONES RECLAMADAS: A.- DE LAS AUTORIDAD ORDENADORA: Licenciado JAVIER GARCÍA PÉREZ, Juez de Control en Materia Penal de San Pedro Pochutla, Oaxaca, reclamo: 1.- El ilegal e inconstitucional acuerdo dictado con fecha quince de Abril dos mil dieciséis, dentro de la causa pernal 285/2016, a través del cual ordena se me hagan efectivas dos multas equivalentes a veinte días de salario mínimo vigente a razón de ochenta pesos con cuatro centavos siendo un total de tres mil doscientos un peso con sesenta centavos por concepto de multa impuesta mediante acuerdo de fecha quince de abril de dos mil diecisiete, derivado del apercibimiento realizado en acuerdo de fecha cuatro del mismo mes y año, a la Defensora Pública Licenciada Eva Maricela Santa Ana Florean; 2).- El cobro de la cantidad de tres mil doscientos un peso con sesenta centavos equivalente a cuarenta salarios mínimos vigentes, por concepto de multa impuestas mediante acuerdo del quince de abril del presente año, derivado del apercibimiento decretado del cuatro del mismo mes y año, a la Defensora Pública Licenciada Eva Maricela Santa Ana Florean. Apercibida que de no exhibir las fichas de depósito por la cantidad antes mencionada a favor del Fondo de Administración de Justicia del Consejo de la Judicatura del Estado de Oaxaca se me iniciara el procedimiento económico coactivo. B) DE LA AUTORIDAD EJECUTORA.- reclamo ambas: 1).- El descuento que se me pretende hacer, de mi sueldo como Defensora de Oficio, Adscrita a la Defensoría Pública de San Pedro Pochutla, Oaxaca. 2.- El cobro coactivo que me pretende hacer la Secretaria de finanzas correspondiente a los 40 días de Salario que me fue impuesto por la autoridad ordenadora. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 211/2017. Ahora bien, tomando en consideración que la parte quejosa reclama de manera destacada el acuerdo de quince de abril dos mil dieciséis, dictado en la causa pernal 285/2016, sin embargo, bajo protesta de decir verdad refirió que contra dicho acuerdo interpuso recurso de revocación mismo que por auto de veintiuno de abril del año en curso, se declaró improcedente, circunstancia que se corrobora con las documentales que adjuntó; en consecuencia, a efecto de no hacer nugatorio los derechos de la impetrante de amparo, con fundamento en los artículos 114, fracciones I, y 108, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, requiérase a la promovente para que dentro del plazo de cinco días, hábiles contados a partir del en que sea legalmente notificada de este proveído, por escrito, manifieste si amplía su demanda de amparo contra el acuerdo de veintiuno de abril del año en curso, dictado por el Juez de Control, con residencia en San Pedro Pochutla, Oaxaca y, en caso, de ser así deberá de reunir con todos los requisitos previsto en el artículo 108 de la Ley de Amparo. Apercibida que de no hacer manifestación al respecto, este órgano jurisdiccional proveerá lo que en derecho corresponda respecto de la demanda de amparo de cuenta. Por último, toda vez que la peticionaria no señaló domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, notifíquesele este acuerdo, así como los subsecuentes mediante lista que se fije en este Juzgado, hasta en tanto señale domicilio en esta ciudad para tales efectos, así mismo téngase únicamente para oír y recibir notificaciones a Alma Delia Gregorio Mendoza y Yadira Miguel Morales, en virtud de que en el Registro de Consulta de Cédulas Profesionales de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, no existen registradas cédulas profesionales a sus nombres, además, por tratarse de un asunto en materia penal, sin perjuicio de que una vez que acrediten lo anterior con prueba idónea, se le tenga autorizado en términos del citado artículo 12 de la ley de la materia, de igual forma téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su ocurso. Notifíquese por lista a la parte quejosa. IIB-A

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