Eutimio Manuel Mendoza
Expediente 98/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 98/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 18/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Eutimio Manuel Mendoza
Actuaciones
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, dieciocho de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que el quejoso ****, hubiese interpuesto recurso de queja contra del acuerdo de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, en el que se desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos del precepto 2, se declara que ha causado estado. Anotaciones. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Archivo del expediente. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en el artículo 21, inciso A), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de conformidad a lo establecido en los ordinales 22, 23 y 24, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Se destaca que en este expediente no se concedió suspensión de plano del acto reclamado; además, no existe documento considerado como original por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General, esto es, que contiene un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro. Destino. Además, al tratarse de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo, de conformidad a lo previsto en el artículo 21, inciso A, del citado acuerdo, este expediente es destruible. En tal virtud, con fundamento en el citado artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, una vez transcurridos tres años, a partir de la fecha en que se emite este auto, procédase a su destrucción, por lo que cumplido ese plazo, previo acuerdo de desincorporación de las constancias a que alude el citado numeral, deberá solicitarse la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Archivo del incidente de suspensión. Se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión y no se tramitó incidente de suspensión provisional. Ley de Transparencia. Finalmente, hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, dieciocho de febrero de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por ****, por derecho propio, presentada vía electrónica mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), de la que se advierte conforme a la certificación secretarial que antecede que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o la firma electrónica "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), no corresponde a la del promovente sino a Tobías Eric Rodriguez Carreño. ANOTACIONES Fórmese expediente, anótese en el Libro de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 98/2021-I-B. DESECHAMIENTO Previo a acordar lo conducente, es necesario examinar el escrito inicial a fin de determinar si colma los requisitos indispensables para su procedencia, o bien si se actualiza algún motivo manifiesto e indudable para estimar lo contrario, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, del tenor siguiente: ***** INTERPRETACIÓN DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Resulta oportuno analizar la demanda de amparo, la que, por los motivos que más adelante se precisarán y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el 6, de la misma legislación, que establecen: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. (.)." "ARTÍCULO 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5º de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta ley lo permita." A efecto de evidenciar lo anterior, resulta conveniente traer a colación los artículos 3 de la Ley de Amparo; el 3, 5, 6 y 10 del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como el 10, 16, 17, 42 y 45 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órgano jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que disponen lo siguiente: LEY DE AMPARO. "Artículo 3. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley, dejándose constancia de lo esencial. Es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente. Las copias certificadas que se expidan para la substanciación del juicio de amparo no causarán contribución alguna. Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. En cualquier caso, sea que las partes promuevan en forma impresa o electrónica, los órganos jurisdiccionales están obligados a que el expediente electrónico e impreso coincidan íntegramente para la consulta de las partes. El Consejo de la Judicatura Federal, mediante reglas y acuerdos generales, determinará la forma en que se deberá integrar, en su caso, el expediente impreso. ***** ACUERDO GENERAL CONJUNTO 1/2013: "Artículo 3. Se establece la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) como el instrumento a través del cual se ingresa al Sistema Electrónico para presentar medios de impugnación (demandas), enviar promociones y/o documentos, recibir comunicaciones, notificaciones y/o documentos oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados, la cual producirá los mismos efectos que la firma autógrafa, tomando en cuenta lo previsto en el artículo 3o. de la Ley de Amparo o en las disposiciones generales aplicables a los demás asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados. (.)" "Artículo 5. Todas las demandas, promociones, recursos y cualquier escrito u oficio que envíen las partes en un juicio de amparo o en un diverso juicio de la competencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación deberán ir firmados mediante el uso de la FIREL. Para tal fin también podrá utilizarse un certificado digital de firma electrónica que hubiere emitido otro órgano del Estado, siempre y cuando el Poder Judicial de la Federación, a través de la Unidad, haya celebrado convenio de coordinación para el reconocimiento de certificados digitales homologados en términos de lo previsto en la legislación aplicable, en la inteligencia de que para acceder al Sistema Electrónico será necesaria la verificación en línea de la vigencia de los certificados correspondientes, sin que las fallas en el sistema del órgano emisor del certificado respectivo puedan encuadrar en las referidas en el artículo 30, fracción III, de la Ley de Amparo o en las disposiciones generales aplicables a los demás asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados. Los acuerdos, determinaciones, proveídos, resoluciones, sentencias, oficios y comunicaciones oficiales deberán ingresarse al Sistema Electrónico mediante el uso de la FIREL y deberán estar firmados electrónicamente por el servidor público que corresponda en términos de la normativa aplicable." "Artículo 6. Las personas físicas legitimadas en términos de la legislación procesal aplicable, podrán utilizar la FIREL para promover, por su propio derecho, cualquier asunto. En el caso de las personas morales públicas o privadas, el certificado digital de firma electrónica para promover dichos juicios deberá corresponder a la persona física que legalmente las represente. Las personas que no promuevan por su propio derecho podrán actuar dentro de los asuntos respectivos mediante el uso del certificado digital de firma electrónica que les fue asignado, siempre y cuando, mediante proveído judicial dictado en el expediente respectivo, previamente se les haya reconocido capacidad procesal para tal fin. Cuando mediante resolución judicial se tenga por revocado el acto del que derive la capacidad procesal de las personas indicadas en el párrafo segundo de este punto, el Sistema Electrónico no les permitirá ingresar con su certificado digital de firma electrónica al expediente electrónico respectivo. (.)" "Artículo 10. Los certificados digitales expedidos por las Unidades de Certificación, son el equivalente electrónico tanto de un documento de identidad como de una firma autógrafa que permite la identificación del usuario o del autor del documento en los sistemas electrónicos del Poder Judicial de la Federación y además son intransferibles, irrepetibles, personales y únicos, además de que su uso es responsabilidad exclusiva de la persona que los solicita y se le otorgan." ACUERDO GENERAL 12/2020 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL: "Artículo 10. Las disposiciones contenidas en este Capítulo son aplicables a todos los asuntos que tramiten los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito, Centros de Justicia Penal Federal y en los órganos jurisdiccionales federales del nuevo modelo de justicia laboral, con independencia de que en los Capítulos finales del presente Acuerdo se precisan algunos alcances para cada materia, de acuerdo con la legislación adjetiva que la rige. En todos los servicios en línea que presta el CJF se utilizará la Firma Electrónica, salvo para la promoción de demandas electrónicas en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Artículo 16. Para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el PJF a través de la Unidad en términos de lo establecido en el último párrafo del artículo 14 del presente Acuerdo General y se registren en el sistema. Para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (i) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (ii) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (iii) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo. El registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. Artículo 17. El registro en el Portal no es obligatorio tratándose de demandas de amparo en los que se señalen como reclamados actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. En este caso, tampoco se exigirá que el archivo que contenga la demanda de amparo sea firmado electrónicamente. Sin embargo, para la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas, será necesario que las personas usuarias se registren en el Portal. Artículo 42. El Portal contará con una opción para presentar demandas de amparo electrónicas en los que se señalen como reclamados actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Para ello, se deberá ingresar el nombre de la parte quejosa, una cuenta de correo electrónico en caso de contar con ella, y seleccionar la OCC de los órganos jurisdiccionales a los que se solicite el amparo o, en caso de que no exista, la Oficialía de Partes del órgano jurisdiccional. Además, se optará por adjuntar el archivo electrónico que contenga la demanda de amparo, utilizar el formato predeterminado o llenar el cuadro de texto en blanco que se encontrará a su disposición, tras lo cual se capturará un código de seguridad y se enviará el escrito de demanda. En cualquier opción, se podrán enviar los archivos que contengan documentos anexos al escrito de demanda. Artículo 45. Para la presentación de solicitudes, demandas y otros escritos iniciales de manera electrónica, con excepción de las señaladas en la sección previa, las personas usuarias ya registradas deberán ingresar al Portal, señalando el "Nombre de Usuario y Contraseña" que generaron al momento de registrarse conforme al artículo 16 del presente Acuerdo General, o bien, lo harán con su Firma Electrónica vigente. Hecho lo anterior, ingresarán al módulo para presentar demandas, solicitudes y escritos iniciales, y elegirán el apartado para presentar escritos de demanda, donde señalarán el nombre del quejoso, una cuenta de correo electrónico en caso de contar con ella, y seleccionarán la OCC de los órganos jurisdiccionales a los que se solicite el amparo o, en caso de que no exista, la Oficialía de Partes del órgano jurisdiccional. Posteriormente, deberán ingresar el archivo electrónico que contenga la demanda, utilizarán el formato predeterminado o llenarán el cuadro de texto en blanco que se encontrará a su disposición. Finalmente, agregarán a la solicitud o escrito de demanda su Firma Electrónica vigente, capturarán un código de seguridad y lo enviarán. Asimismo, podrán enviar los archivos electrónicos que contengan documentos anexos al escrito de demanda." Ahora bien, del escrito de demanda de amparo se advierte que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o firma electrónica "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL") con la que se envió la demanda de amparo, no corresponde a la referida persona física como lo disponen los artículos 3 de la Ley de Amparo, 3, 5, 6 y 10 del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como el 10, 16, 17, 42 y 45 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órgano jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en virtud de que se presentó en el Portal de Servicios del Poder Judicial de la Federación. Por tanto, como se advierte que no contiene firma electrónica del promovente, sino de la diversa persona Tobías Eric Rodríguez Carreño, que resulta ser a quien designa como autorizado, por ende, no existe instancia de parte agraviada, pues no se aprecia la voluntad para instar el juicio constitucional al no expresar mediante dicha firma su voluntad con la que lleve inmerso que se hace responsable de su contenido, en términos del artículo 204 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, toda vez que conforme a lo establecido en los numerales 107, fracción I, de la Constitución Federal y 6 de la Ley de Amparo, sólo puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto, omisión o la ley que se reclame, esto es, por quien el acto de autoridad le ocasione un agravio personal y directo, lo cual le otorga legitimación para incoar la instancia constitucional. Sin que se esté en alguno de los supuestos establecidos en los artículos 17 y 42 del acuerdo mencionado en segundo término. Aunado a que el acto que se reclama (auto de vinculación a proceso, dictado el veintiséis de enero de dos mil veintiuno en la causa penal 33/2021, por el delito de Tentativa de Homicidio en perjuicio de la adolescente Eltelia Manuel Franco), no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas por el citado numeral 15 de la ley reglamentaria, ya que no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales, supuestos que son los únicos en los que en términos del precepto 3, último párrafo de la Ley de Amparo, no se requiere Firma Electrónica; supuestos que son los únicos en los que la norma autoriza a cualquier persona a promover en favor de un tercero, por lo que no está facultado para firmar la demanda por la vía electrónica a favor o en representación del impetrante. En ese orden de ideas, es importante destacar, que los sistemas tecnológicos implementados por el Consejo de la Judicatura Federal, en el caso, el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, no implicaron soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" contenido en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6 de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvieron como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia, al otorgar validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas. Sin embargo, cuando se presenta una demanda de amparo en el Portal indicado, que carezca de firma electrónica del quejoso (FIREL o FIEL), no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el numeral 108 de la Ley de Amparo que dé lugar a requerir o prevenir al impetrante para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues al no contener su firma electrónica no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte y, consecuentemente, el Juez de Distrito está facultado para desecharla de plano. Por lo anterior, como ya se dijo, al presentarse en línea ésta, resulta un requisito sine qua non que lo haga mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando su firma electrónica (FIREL o FIEL). ***** A mayor abundamiento, se tiene que al resolver la contradicción de tesis 47/2018, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que, acorde con lo establecido en el artículo 3 de la Ley de Amparo, resulta ser una "opción" para el promovente el presentar su escrito de demanda en forma impresa o electrónicamente (como facilidad procesal), pero si decide hacerlo electrónicamente, es un requisito indispensable que lo haga mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando su firma electrónica (FIREL) o bien la de quien legalmente lo represente. Por lo que en caso de que el quejoso y/o quien legalmente la represente, no cuenten con dicha firma electrónica debidamente registrada en el sistema de registro correspondiente, ello no obstaculiza irreparablemente su acceso a la justicia, pues aún existe la posibilidad de presentar la demanda por escrito y en el mismo ocurso solicitar el acceso a los servicios tecnológicos autorizando para ello, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los profesionales del derecho que cuenten con firma electrónica registrada en el sistema para que puedan continuar por esa vía con la tramitación del juicio de amparo y sus recursos, cuya solicitud puede válidamente revocarla en el momento que así lo decida. ***** Partiendo de lo anterior, se tiene que del estudio integral de la demanda no se advierte que el quejoso ***, se encuentre imposibilitado para firmar autógrafamente la demanda o en una situación tal que indefectiblemente haga necesario que una tercera persona actúe en su nombre; aunado a que el presentarla físicamente ante el órgano jurisdiccional no implica necesariamente que él deba desplazarse ante las instalaciones, sino que ya debidamente firmada puede ser presentada por un tercero; además de que el privilegiar el trabajo a distancia no implica soslayar los requisitos legales para promover la instancia constitucional. No se inadvierte que en la demanda de amparo al pie obran signos gráficos como firma del quejoso; sin embargo, no se trata de su original, pues se aprecia que es un documento en copia simple que no sustituye la obligación de dicha firma electrónica al decidir presentarla por esta vía. Conviene precisar, que al considerar procedente desechar de plano la demanda de amparo, por actualizarse una causal de improcedencia manifiesta y notoria, no se le restringe al impetrante del amparo un efectivo acceso a la justicia tutelado en el artículo 17 de la Constitución Federal, ni el diverso numeral 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues de su interpretación se advierte que garantizan el derecho fundamental a favor de los gobernados relativo al acceso efectivo a la justicia, que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas. En ese sentido, el acceso a la justicia no se encuentra mermado por la circunstancia de que las leyes ordinarias establezcan requisitos de procedencia y plazos para ejercer un derecho, porque tales disposiciones refieren que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente; sin embargo, ese derecho es limitado, pues para que pueda ser ejercido es necesario cumplir con los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia para ese tipo de acciones, lo cual, además, brinda certeza jurídica. De ahí que, si el quejoso no cumple con uno de los requisitos formales de admisibilidad establecidos en la propia Ley de Amparo, como en el caso, ello no se traduce en una violación a su derecho de acceso a la justicia, pues éste debe cumplir con los requisitos de procedencia que prevé la citada ley. Además, con la reforma al artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de diez de junio de dos mil once, implica la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el numeral 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el Juez deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en la Ley de Amparo para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente. **** En consecuencia, al actualizarse el motivo manifiesto e indudable de improcedencia previsto en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de esa legislación. En el entendido de que el presente desechamiento, no hace inejercitable nuevamente la acción constitucional contra el acto que en este caso se reclama, por lo que podrá presentarla nuevamente siempre y cuando se cumpla con los requisitos formales para su admisibilidad, como el atiente a la firma, desde luego dentro del plazo que establece el artículo 17 de la ley de la materia según el acto que se reclama. **** NOTIFICACIONES ELECTRÓNICA. Como lo solicita la parte quejosa, no obstante que señaló un domicilio para oír y recibir notificaciones, de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en su numeral 55, para que en términos del 26, fracción IV de la legislación de la materia al usuario "EricRodriguez", vinculado con la dirección del correo electrónico "eric_rodriguez_101@hotmail.com", se realicen las notificaciones de manera electrónica de todas las resoluciones derivadas del presente asunto. Por tanto, se instruye a la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrita a este Juzgado Federal, para que haga las diligencias necesarias a efecto de dar lugar a lo anterior, y como consecuencia el Actuario Judicial de la Adscripción tenga a bien notificar por tal medio dichas resoluciones sin ulterior pronunciamiento. ***** Lo anterior, sin perjuicio de que en términos del artículo 5 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo se establecen formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones, se tenga como tal, siempre que no sean de aquellas comunicaciones procesales, como lo son las notificaciones que le correspondan, ello a efecto de salvaguardar su propia seguridad jurídica en este juicio respecto de plazos y apercibimientos que se le llegaran a formular. De igual forma, como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Tobías Eric Rodríguez Carreño, quien tiene registrada su cédula profesional en el Registro de Consulta de Cédulas Profesionales de abogados postulantes acreditado ante el Poder Judicial de la Federación, que lo autoriza a ejercer legalmente la profesión de licenciado en derecho. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución; con fundamento en el precepto 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en éste, se habilitan días y horas que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción puedan efectuar tales diligencias, en relación con lo previsto en el numeral 2, fracción XII, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece que durante la vigencia de dicho acuerdo, se puede realizar tal habilitación. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE DIGITAL O ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3, párrafos sexto, séptimo y octavo de la Ley de Amparo, fórmese el expediente digital o electrónico correspondiente y dese cumplimiento a lo ordenado en el invocado precepto legal. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, por tanto, de no hacer manifestación alguna al respecto hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconformes con la divulgación de dicha información. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.
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