Eva Olivia Sarmiento Flores
Expediente 512/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 5 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 512/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 16/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Eva Olivia Sarmiento Flores
- Fiscal Cuarta de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Distrito Judicial Xalapa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Agréguese el oficio número 7576, signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, al que adjunta testimonio de la resolución dictada con motivo del recurso de queja número 143/2018, interpuesto por ******************** misma que resolvió en los siguientes términos: "ÚNICO.- Es infundado el recurso de queja, interpuesto por ******************** conforme las consideraciones apuntadas en el último considerando de esta ejecutoria." En consecuencia, acúsese el recibo de estilo correspondiente; asimismo, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno; y archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracciones II y III, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente es susceptible de destrucción, al haberse confirmado el auto por el cual se desechó de plano la demanda de amparo, por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá a la destrucción del mismo; lo anterior, con posterioridad al DIECISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. De conformidad con lo establecido en el capítulo tercero, punto décimo, fracción I, del acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al DIECISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado.
- Principal
Xalapa, Veracruz, doce de julio de dos mil dieciocho. Agréguese para que obre como corresponda el oficio de cuenta, signado por el Secretario de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, mediante el cual informa que se admitió el recurso de queja interpuesto por la quejosa Eva Olivia Sarmiento Flores, en contra del proveído de veintidós de junio de dos mil dieciocho, en el que se desechó la demanda de amparo. Lo anterior para los efectos legales procedentes. Notifíquese por lista de acuerdos.
- Principal
Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales procedentes, el escrito signado por la quejosa ******, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del proveído de veintidós de junio de dos mil dieciocho, en el que se desechó de plano la demanda de amparo interpuesta; por tanto, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 101, de la Ley de Amparo, ríndase informe en relación con el aludido medio de impugnación, aceptándose el acto reclamado por el recurrente, cuya legalidad se sostiene por sus propios fundamentos y consideraciones. En ese orden de ideas, remítase copias debidamente certificadas de todas las actuaciones que integran el presente juicio de amparo a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz...
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA LO SIGUIENTE: Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintidós de junio de dos mil dieciocho. Vista la diligencia actuarial de la que se advierte que Eva Olivia Sarmiento Flores, compareció ante este juzgado, a ratificar el contenido y firma el escrito presentado en oficialía de partes de este juzgado el quince de junio de dos mil dieciocho, registrado bajo el número 9254, con el cual desahogó la prevención de uno de junio de dos mil dieciocho. Al respecto se acuerda: Ahora bien, antes de proveer lo conducente respecto a la admisión resulta indispensable analizar la procedencia de la demanda de amparo, respecto de los siguientes actos: PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Lo constituyen los siguientes: -La omisión del Fiscal Cuarto de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Distrito Judicial de Xalapa, residente en esta ciudad, de incluir en el requerimiento formulado al Director de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Xalapa, los medios de apremio previstos en el artículo 104 del Código Nacional de Procedimientos Penales. -La omisión del Fiscal General del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, de cumplir con sus atribuciones de vigilancia dentro de la carpeta de investigación 155/2015, del índice de la Fiscalía Cuarta de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Distrito Judicial de Xalapa. -La omisión del Director de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Xalapa, en rendir el informe solicitado mediante oficio 2061, de quince de enero de dos mil dieciocho. FACULTAD DE DESECHAR LA DEMANDA ANTE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA El artículo 113 de la Ley de Amparo, que a letra dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El dispositivo transcrito establece que el juez de amparo tiene la obligación de estudiar la demanda de garantías y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del ocurso, y lo indudable, resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, del rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." INTERPRETACIÓN DE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA Sentado lo anterior, el suscrito advierte que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 20, apartado C, fracción VII de la Carta Magna, por los motivos que a continuación se expondrán: El numeral 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." El anterior precepto legal establece la improcedencia del juicio de amparo en los demás casos en que la causa resulte de alguna disposición de la Constitución Federal o de la propia Ley de Amparo; es decir, se contempla la posibilidad de que la improcedencia del juicio tenga apoyo en alguna disposición de la Carta Magna. En ese orden de ideas, es necesario destacar lo establecido en el numeral 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que preceptúa: "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. C. De los derechos de la víctima o del ofendido: [.] VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño." El citado precepto constitucional, guarda estrecha relación con el artículo 109, fracción XXI del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece lo siguiente: "Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido. En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: [.] XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables;[.]" De lo transcrito, se aprecia claramente la intención del legislador federal de dotar a las víctimas y ofendidos del delito, de la prerrogativa constitucional de impugnar ante autoridad judicial las omisiones en las que incurra el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones investigadoras; en otras palabras, la parte ofendida o víctima del delito tiene legitimación para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente e instarlo, para que en caso de ser procedente, ordene a la autoridad ministerial, subsane las irregularidades u omisiones que existan en la investigación de los delitos. Por tanto, se advierte que tanto la Constitución Federal como la norma ordinaria, establecieron que las omisiones en las que incurra el Ministerio Público durante la etapa de investigación del delito, deben impugnarse ante el Juez de Control. Lo anterior, implica que a diferencia del sistema tradicional o inquisitivo, en el sistema procesal penal actual, se amplió el marco de actuación de la autoridad jurisdiccional a una etapa antes del comienzo del proceso penal, es decir, anteriormente la autoridad ministerial realizaba toda la investigación sin intervención ni regulación de autoridad jurisdiccional, y posteriormente, consignaba el asunto a un Juez; sin embargo, actualmente la autoridad jurisdiccional tiene facultades para intervenir desde la etapa de investigación. Así, la etapa de investigación se judicializó con la incorporación de la figura del Juez de Control, con la intención de que, entre otras cosas, supervise los actos realizados por el Ministerio Público en la etapa de investigación, a fin de que no se transgredan en perjuicio de la víctima, ofendido o imputado, las garantías o derechos previstos constitucionalmente a su favor. Por tanto, se puede concluir que las omisiones en que incurra el Ministerio Público, dentro de las carpetas de investigación creadas de conformidad con el sistema procesal penal acusatorio, deben reclamarse ante la autoridad jurisdiccional, que en el caso resulta ser el Juez de Control; como se explica a continuación. Los artículos 3, fracción VII, 211 y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen: "Artículo 3o. Glosario Para los efectos de este Código, según corresponda, se entenderá por: [.] VII. Juez de control: El Órgano jurisdiccional del fuero federal o del fuero común que interviene desde el principio del procedimiento y hasta el dictado del auto de apertura a juicio, ya sea local o federal; [.] Artículo 211. Etapas del procedimiento penal El procedimiento penal comprende las siguientes etapas: I. La de investigación, que comprende las siguientes fases: a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación, e b) Investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación; II. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio, y III. La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de enjuiciamiento. [.] Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." De los preceptos legales transcritos, resulta patente que el Juez de Control es la autoridad jurisdiccional que interviene desde el inicio del procedimiento penal hasta el auto de apertura a juicio, así como que el procedimiento penal comienza desde la etapa de la investigación (que a su vez inicia con la presentación de la denuncia ante el ministerio público) y culmina con la etapa de juicio. Además, el artículo 258 citado, prevé que la víctima u ofendido tiene la posibilidad de impugnar las determinaciones que afectan o impiden lograr su pretensión durante la investigación inicial, tales como la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, las que por similitud en sus efectos, son equiparables a la afectación que sufren sus pretensiones cuando el agente investigador es omiso o negligente en dar seguimiento a la investigación puesta ante su conocimiento. Por tanto, si en el presente asunto se señala como actos reclamados, las omisiones por parte del Fiscal Cuarto de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Distrito Judicial de Xalapa, de incluir en el requerimiento formulado al Director de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Xalapa, los medios de apremio previstos en el artículo 104 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dentro de la carpeta de investigación 155/2015, así como la del Fiscal General del Estado de Veracruz, de cumplir con sus atribuciones de vigilancia dentro de dicha carpeta de investigación; resulta incuestionable que conforme lo previsto en el artículo 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Federal, en relación con los artículos 109, fracción XXI, y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el accionante debe acudir ante el Juez de Control competente e impugnar las omisiones o actos que a su criterio han cometido los referidos Fiscales responsables, para que así, el órgano jurisdiccional de considerarlo procedente, esté en condiciones de exigir al Ministerio Público la debida diligencia en la investigación de los posibles ilícitos, y agotado lo anterior, en caso de obtener una respuesta negativa o desfavorable a sus intereses, entonces ya estaría en condiciones de acudir a instar este medio de control constitucional. En efecto, si tanto en la norma fundamental, como en la ordinaria, se establece que la víctima u ofendido debe acudir primeramente ante el Juez de Control para que de ser procedente conmine al agente del Ministerio Público para que realice las diligencias necesarias para la investigación de los hechos delictivos puestos a su consideración, resulta claro que se actualiza la causal de improcedencia en comento, ya que previo a instar el presente juicio de amparo, el promovente debió comparecer ante el Juez de Control correspondiente a impugnar las omisiones en que a su consideración incurrieron los Fiscales responsables. Lo anterior, es acorde a la naturaleza de la nueva figura del Juez de Control, pues como se vio, en el sistema procesal penal acusatorio que impera actualmente en el Estado Mexicano, se introdujo ese órgano jurisdiccional con la finalidad de salvaguardar desde la etapa de investigación, las garantías y derechos previstos a favor de la víctima, ofendido e imputado; situación contraria al anterior sistema procesal penal, donde los actos que realizaba el Ministerio Público en investigación de delitos, no se encontraban sujetos a revisión de ningún órgano jurisdiccional, al menos en esa etapa investigativa. Además, sostener lo contrario implicaría que cada vez en que el Ministerio Público incurra en una omisión o retraso en determinada carpeta de investigación, el ofendido o víctima se encuentre en oportunidad de acudir al juicio de amparo a hacer valer dichas cuestiones de mera legalidad, y por consiguiente, el juicio de amparo sustituiría al medio ordinario de defensa, aunado a que el Juez de Distrito realizaría funciones que originalmente se encuentran instituidas constitucionalmente a favor del Juez de Control. La anterior determinación encuentra mayor sustento en las tesis jurisprudenciales 27/2018 (10a) y 28/2018 (10a), sustentadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las fueron aprobadas en sesión privada de veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, y que se encuentran pendientes de ser publicadas en el Semanario Judicial de la Federación, mismas que a letra versan de la siguiente manera: "TESIS JURISPRUDENCIAL 27/2018 (10a.) SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el juez de control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos." "TESIS JURISPRUDENCIAL 28/2018 (10a.) SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINTIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el juez de control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad." Tesis jurisprudenciales que pese a que no han sido publicadas en el Semanario Judicial de la Federación, pueden ser observadas por el suscrito para fortalecer sus determinaciones desde el momento mismo de su aprobación, lo que en el caso aconteció el veintitrés de mayo pasado; por lo que resulta procedente invocarlas como hecho notorio, de conformidad con lo establecido en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Resulta aplicable Jurisprudencia 2a./J. 139/2015 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 391, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro 25, Tomo I, diciembre de 2015, Décima Época, que dice: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. LA OBLIGATORIEDAD DE SU APLICACIÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 217 DE LA LEY DE AMPARO, SURGE A PARTIR DE SU PUBLICACIÓN EN EL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. El análisis sistemático e integrador de los artículos 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 215 a 230 de la Ley de Amparo, 178 y 179 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como del Acuerdo General 19/2013 (*) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, permite establecer que la jurisprudencia es de aplicación obligatoria a partir del lunes hábil siguiente al día en que la tesis respectiva sea ingresada al Semanario Judicial de la Federación, en la inteligencia de que si el lunes respectivo es inhábil, será de aplicación obligatoria a partir del día hábil siguiente. Tal conclusión atiende a un principio de certeza y seguridad jurídica en tanto reconoce que es hasta la publicación de la jurisprudencia en dicho medio, cuando se tiene un grado de certeza aceptable respecto a su existencia. Lo anterior, sin menoscabo de que las partes puedan invocarla tomando en cuenta lo previsto en la parte final del artículo 221 de la Ley de Amparo, hipótesis ante la cual el tribunal de amparo deberá verificar su existencia y a partir de ello, bajo los principios de buena fe y confianza legítima, ponderar su aplicación, caso por caso, atendiendo a las características particulares del asunto y tomando en cuenta que la fuerza normativa de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación proviene de la autoridad otorgada por el Constituyente al máximo y último intérprete de la Constitución." En otro orden de ideas, es importante destacar que no se pasa por alto el contenido del artículo 107 fracción VII de la Ley de Amparo, que establece la procedencia del juicio de amparo indirecto contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal, o por suspensión de procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño; sin embargo, a criterio del suscrito no por ello debe soslayarse lo establecido en la propia Constitución Federal en su artículo 20, apartado C, fracción VII, por lo que se considera que antes de promover el juicio de amparo indirecto debe acudirse a la autoridad jurisdiccional competente, y en caso de subsistir esas omisiones o resoluciones, entonces estará en aptitud de promover el juicio de amparo que corresponda. Similar razonamiento aplica respecto de la omisión del Director de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Xalapa, de rendir su informe solicitado mediante oficio 2061, de quince de enero de dos mil dieciocho. Ello es así, ya que dicha conducta es consecuencia directa del requerimiento que le hizo el Fiscal Cuarto de la Unidad de Procuración de Justicia del Distrito Judicial de Xalapa, mediante oficio 2061, de quince de enero de dos mil dieciocho, dentro de la carpeta de investigación 155/2015; por lo que, el acto que pretende reclamar al referido Director, por sí mismo, no se encuentra desvinculado de las actuaciones emitidas dentro de la referida carpeta. En las relatadas circunstancias, es patente que en el caso se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia, en términos de lo establecido por el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Consecuentemente, por lo expuesto en líneas precedentes y al actualizarse la causa de improcedencia analizada, con apoyo en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda interpuesta por Eva Olivia Sarmiento Flores. SE TIENE COMO DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA para oír y recibir todo tipo de notificaciones, se tiene el que señala en el escrito que se provee y por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados Rogerio Arturo Ostos Cruz, Ricardo Hernández Escandón, Tania Galindo Hernández, Teodora Vázquez Juárez, Levi David Monzalvo Bautista y Loida Flores González quienes acorde a los lineamientos trazados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, que establece el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, cuentan con los registros número 100693, 22917, 92581, 125547, 152294 y 112816 respectivamente, y por autorizados con las restricciones que impone el citado precepto a Jessica González Hernández, Víctor Alejandro Espejo Salinas, José Alfredo Ruiz León, Nancy Angélica Juan Huesca y Mayra Basurto Barrios, toda vez que no existe registro correspondiente amén de que tampoco acreditaron contar con dicho documento. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. DEPURACIÓN. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales en términos del capítulo primero, punto segundo, fracción dieciocho del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se requiere a la parte oferente del mismo para que se presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin el presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del Capítulo Quinto, último párrafo del punto Vigésimo del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al Secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos; sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que hay sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaria o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó el ciudadano licenciado Jorge Holder Gómez, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, quien firma ante el licenciado Carlos Armando Robles Jiménez, secretario de acuerdos con quien actúa. Doy fe.
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