Eva María Arroyo Castellano
Expediente 1211/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 1 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1211/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 01/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Eva María Arroyo Castellano
Actuaciones
- Principal
Téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por Febronia Esther Reyez Naranjo en su carácter de autorizada de la parte quejosa; en atención a su contendido, como lo solicita y con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídasele copia certificada de la resolución de catorce de febrero del año en curso, emitida en la queja número 282/2018, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, y hágasele entrega de la misma, previa identificación y razón que por su recibo deje en autos para debida constancia.
- Principal
Téngase por recibido el oficio número 68/2019-C, signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, al que adjunta testimonio de la queja 282/2018, de su índice, misma que se resolvió en los siguientes términos: "ÚNICO. Se declara INFUNDADO el presente recurso de queja interpuesto por EVA MARÍA ARROYO CASTELLANOS, en representación de su menor hijo, por conducto de su autorizada Febronia Esther Reyez Naranjo, contra el auto de treinta de noviembre de dos mil dieciocho, dictado por el Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, en los autos del juicio de amparo indirecto número 1211/2018, promovido por la propia recurrente, en el que se desechó de plano la demanda de garantías" En consecuencia, acúsese el recibo de estilo correspondiente; háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno y archívese este expediente como asunto concluido. Por otra parte, en cumplimiento al Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, ya que se desechó la demanda que dio origen al presente juicio de amparo, por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá a la destrucción del mismo, con posterioridad al VEINTIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTICUATRO. De conformidad con lo establecido en el capítulo tercero, punto décimo, fracción I, del acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al VEINTIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado.
- Principal
Téngase por recibido el oficio de cuenta, remitido por Febronia Esther Reyez Naranjo, autorizada de la parte quejosa Eva María Arroyo Castellanos, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del acuerdo de treinta de noviembre de dos mil dieciocho, mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo intentada; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 101, de la Ley de Amparo, se rinde informe con justificación en relación a la materia de la queja, acepándose como cierto el acto reclamado, cuya legalidad se sostiene por sus propios fundamentos y consideraciones. Para acreditar lo anterior, se remiten copias debidamente certificadas de todas las actuaciones que integran el juicio de amparo número 1211/2018 a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, juntamente con el escrito original de agravios, y la copia correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a dicho Tribunal Colegiado.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA LO SIGUIENTE: Xalapa-Enríquez, Veracruz, treinta de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por Eva María Arroyo Castellanos, en presentación de su menor hijo de identidad reservada J.G.Z.A., contra actos reclamados a la Juez Décimo Segunda de Primera Instancia Especializada en Materia de Familia, con sede en esta ciudad. FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE en el Libro de Gobierno correspondiente bajo el número 1211/2018. Al respecto, se acuerda: ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA. Al analizar íntegramente la demanda que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 74 de la Ley de Amparo, tal como lo establece la jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al rubro: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD; y la tesis al rubro: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO; que si bien se refieren a la fijación clara y precisa del acto reclamado en la sentencia, también resultan aplicables al pronunciarse sobre la demanda de amparo; se advierte que el solicitante de amparo expuso hechos bajo protesta de decir verdad, lo que presupone su certeza, conforme al criterio sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y contenidos siguientes: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA. El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado". PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La quejosa de duele de lo siguiente: El acuerdo de veintisiete de noviembre del año en curso, por el que se radicó el expediente 746/2018, del índice del Juzgado Décimo Segundo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en esta ciudad, en el que se determinó que por el momento no fijaba alimentos provisionales para el menor de identidad reservada J.G.Z.A, en virtud de que de la documental que exhibió se desprendió que recibía alimentos del progenitor del menor de edad, por el descuento judicial ordenado en el diverso expediente 951/2016, del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia de este Distrito Judicial. FACULTAD DE DESECHAR LA DEMANDA ANTE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 113 de la Ley de Amparo, que a letra dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El dispositivo transcrito establece que el juez de amparo tiene la obligación de estudiar la demanda de amparo y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del ocurso y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, del rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." INTERPRETACIÓN DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. El suscrito estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, que en lo conducente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:(.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.) Conforme al precepto legal antes citado, el juicio de amparo es improcedente cuando la ley que sirvió de fundamento para emitir el acto reclamado, contempla algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, por lo que al no agotarse el recurso ordinario que contempla la ley de donde emana el acto reclamado, se incumple el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Al efecto cabe mencionar que el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, en su artículo 210, dispone lo siguiente: "Artículo 210. Presentada la demanda con los documentos y copias prevenidas, se correrá traslado de ella a la persona o personas contra quienes se proponga, y se les emplazará para que contesten dentro de nueve días. En los casos en que se reclamen alimentos, el juez podrá en el auto en que dé entrada a la demanda, a petición de parte y atendiendo a las circunstancias, fijar una pensión alimenticia provisional y decretar su aseguramiento, cuando los acreedores justifiquen, con las correspondientes copias certificadas de las actas del estado civil, el vínculo matrimonial o su parentesco con el deudor alimentista, o tratándose de concubinato, con algún medio de prueba que acredite tal hecho, sin perjuicio de lo que se resuelva en la sentencia definitiva. Cualquier reclamación sobre la medida indicada en el párrafo que antecede, se podrá formular dentro del escrito de contestación a la demanda, y previa vista que se dé a la parte contraria de la reclamante, el juez la resolverá dentro del término de tres días, tomando en cuenta los documentos que se hubieren aportado. Contra esta resolución no procede recurso ordinario. En materia de Derecho Familiar, los jueces deberán suplir la deficiencia de la queja únicamente para los menores, incapaces y para el acreedor alimentario." El citado precepto legal, prevé la reclamación, la cual procede en contra de la fijación de una pensión alimenticia provisional y su aseguramiento, la cual se substanciará ante el juez natural, cuya finalidad será que la medida controvertida de ilegal sea susceptible de ser modificada. Ahora, los medios de impugnación configuran los instrumentos jurídicos consagrados por las leyes procesales para corregir, revocar o anular los actos y las resoluciones judiciales, cuando adolecen de deficiencias, errores o ilegalidad. En cuanto a este punto, se puede decir que la distinción de éstos se da, porque los medios de impugnación resultan el género y los recursos la especie, esto es, todos los recursos son medios de impugnación, mas no así, todos los medios de impugnación son recursos. En ese sentido, los recursos siempre van a estar contenidos en el capítulo establecido para los mismos dentro de las legislaciones procesales y, por su parte, los medios de impugnación pueden estar ubicados en cualquier parte de las leyes que rigen a la materia. Dentro de las diversas clasificaciones que ha dado la doctrina a los medios de impugnación, éstos se han clasificado en tres sectores: remedios procesales, recursos y procesos impugnativos. En los remedios procesales, se encuentran los de impugnación que pretenden la corrección de los actos y resoluciones judiciales ante el mismo Juez que los ha dictado, es decir, resulta un medio de defensa intraprocesal, pues se da dentro del proceso. Por cuanto hace a los recursos, resultan los instrumentos que se pueden interponer dentro del mismo procedimiento, pero ante un órgano judicial superior, por violaciones cometidas tanto en el propio procedimiento, como en las resoluciones judiciales respectivas. Los procesos impugnativos, son aquellos en los cuales se combaten actos o resoluciones de una autoridad a través de un proceso autónomo, en el cual se inicia una relación jurídico-procesal diversa. En ese contexto, la medida cautelar establecida en el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, tiene como presupuesto básico para su otorgamiento, que la persona que pretende obtenerla debe probar la necesidad de la medida y el derecho para que se le conceda, la cual es de naturaleza accesoria y sumaria, por lo que no constituye un fin en sí misma, se tramita en plazo breve y su objetivo es suplir internamente la falta de una resolución sobre el fondo de la controversia, asegurando la eficacia de la sentencia y previniendo los peligros de la dilación, al estar destinada a cubrir necesidades impostergables de personas que se encuentran en situación de desamparo, las cuales son una prioridad de orden público, de naturaleza urgente e inaplazable, con el fin de asegurar la subsistencia de quienes los demandan mientras se resuelve el juicio respectivo. Por lo que, la reclamación el medio de defensa adecuado, por ser rápido, sencillo y eficaz, para impugnar el auto que prevé sobre la pensión alimenticia provisional en el auto de inicio, es la reclamación prevista en el citado artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz. Lo anterior, si se parte de que tal medida prevista en dicho precepto, al ser accesoria y sumaria, requiere entonces de un medio de defensa sencillo, como lo es la reclamación, dado que su trámite se desarrolla con un escrito de cada una de las partes, teniendo mayor oportunidad para impugnar, pues el término es más amplio, idéntico con el que cuenta el demandado para contestar la demanda -9 días-, además de que lo resuelve la misma autoridad que conoce del asunto, lo que da seguridad jurídica, al permitir al juzgador contar con los elementos para pronunciarse acerca de los intereses alimentarios tanto del acreedor como del deudor, con todas las consecuencias que implica, provisionalmente, tal determinación, tanto para quien los solicita, como para quien está obligado a proporcionarlos y así atender al interés general de la sociedad de dotar de certeza al procedimiento en el cual se solicitan alimentos. Y si bien, el tercer párrafo del artículo 210 del código adjetivo civil textualmente dispone que cualquier reclamación en contra de dicha medida "se podrá formular dentro del escrito de contestación a la demanda"; interpretando gramaticalmente da lugar a entender que sólo el demandado puede interponerla en contra del auto que fija pensión alimenticia provisional; empero, desde un punto de vista funcional y atendiendo a los alcances de la norma adjetiva, pero sobre todo por tratarse de una medida cautelar que surge a la par del procedimiento, ambas partes estarán en igualdad de condiciones durante el proceso, por lo que la reclamación en contra del auto inicial relativo a la fijación de los alimentos provisionales, pueden formularla tanto el actor como el demandado, sean éstos concedidos o no. Sin que sea obstáculo a lo anterior, que el párrafo indicado establezca que contra la resolución que recae a la reclamación no procede recurso ordinario, pues debe entenderse que se refiere al que interponga el demandado, pues si se trata de la reclamación que haga valer el actor, es evidente que el demandado tendrá expedito su derecho de impugnarla en términos del artículo citado. Apoya a loa anterior, la jurisprudencia PC.VII.C. J/3 C (10a.), pronunciada por el Pleno en Materia Civil del Séptimo Circuito, de rubro y texto siguiente: "PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. TANTO EL ACTOR COMO EL DEMANDADO PUEDEN FORMULAR LA RECLAMACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 210, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE VERACRUZ, CONTRA EL AUTO INICIAL QUE LA FIJA. Atento a lo dispuesto por el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, la fijación de una pensión alimenticia provisional (medida cautelar surgida a la par del procedimiento) tiene como presupuesto básico que quien pretende obtenerla pruebe la necesidad de la medida y el derecho para que se le conceda, es de naturaleza accesoria y sumaria, no constituye un fin en sí misma, se tramita en plazo breve y su objetivo es suplir internamente la falta de una resolución sobre el fondo de la controversia, asegurando la eficacia de la sentencia y previniendo los peligros de la dilación; y está destinada a cubrir necesidades impostergables de quienes se encuentran en situación de desamparo, las cuales son una prioridad de orden público, así como de naturaleza urgente e inaplazable, con el fin de asegurar su subsistencia mientras el juicio respectivo se resuelve. Ahora bien, la fijación de la pensión alimenticia provisional en el auto de inicio puede impugnarse a través de la reclamación prevista en el citado artículo 210, toda vez que su trámite se desarrolla con un escrito de cada una de las partes, teniendo mayor oportunidad para impugnar, pues el término es más amplio, idéntico a aquel con que cuenta el demandado para contestar la demanda -9 días-, además de que lo resuelve la misma autoridad que conoce del asunto, lo que da seguridad jurídica, al permitir al juzgador contar con los elementos para pronunciarse acerca de los intereses alimentarios tanto del acreedor como del deudor. Y si bien el tercer párrafo del artículo 210 aludido dispone que cualquier reclamación contra dicha medida se podrá formular dentro del escrito de contestación a la demanda, lo que interpretado gramaticalmente da lugar a entender que sólo el demandado puede interponerla, desde un punto de vista funcional, y atendiendo a los alcances de la norma adjetiva, pero sobre todo por tratarse de una medida cautelar que surge a la par del procedimiento, se concluye que ambas partes están en igualdad de condiciones durante el proceso, por lo que la reclamación contra el auto inicial relativo a la fijación de los alimentos provisionales pueden formularla tanto el actor como el demandado, sean éstos concedidos o no. Sin que sea obstáculo a lo anterior que el párrafo indicado establezca que contra la resolución que recae a la reclamación no procede recurso ordinario, pues debe entenderse que se refiere al que interponga el demandado, pues si se trata de la que haga valer el actor, es evidente que el demandado tendrá expedito su derecho para impugnarla en términos del artículo citado." (Lo subrayado es propio). Lo anterior, pone de relieve lo manifiesto de la causa de improcedencia del presente juicio constitucional, tomando primordialmente el auto inicial relativo a la fijación de los alimentos provisionales, en el que no se hayan concedido éstos, debe ser impugnado a través del recurso de reclamación, el cual debió agotar la parte quejosa, ya que dicho medio de defensa ordinario es susceptible de modificar el acto que se reclama en la demanda de amparo -que resulta ser la pretensión de la promovente- y, por ende, pronunciarse sobre los alimentos provisionales en favor del menor que representa. Entonces, de lo antes expuesto se concluye que la promovente, antes de acudir a esta instancia, debió agotar el recurso de reclamación que prevé el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, contra el auto de veintisiete de noviembre del año en curso, emitido en los autos del expediente 746/2018, del índice del Juzgado Décimo Segundo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en esta ciudad, en el cual se determinó no fijar alimentos provisionales para el menor de identidad reservada J.G.Z.A. Así las cosas, si en el auto del que se duele el promovente, el A quo no fijó alimentos provisionales para el menor de identidad reservada J.G.Z.A., y lo que pretende es que establezca un porcentaje por dicho concepto, además de ser parte activa en el procedimiento de origen, deviene irrefutable que la parte quejosa estuvo en aptitud de interponer la reclamación en contra del auto de veintisiete de los actuales, que es el que refiere que le causa perjuicio, y si no lo hizo así, es patente que no observó el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, por ello lo que procede es desechar la demanda de amparo en cuestión Sirve de apoyo a la anterior determinación, por identidad de razón, la Jurisprudencia PC.X. J/5 C (10a.), sostenida por el Pleno del Décimo Circuito, que establece: "PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL, COMO MEDIDA DE PROTECCIÓN A CARGO DEL PRESUNTO PROGENITOR Y A FAVOR DEL PRETENDIDO HIJO, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 289 TER DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ. CUANDO SE IMPUGNE LA RESOLUCIÓN QUE LA FIJA DEBE INTERPONERSE EL RECURSO DE RECLAMACIÓN CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 210 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA ESA ENTIDAD, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO. En los juicios del orden civil en el Estado de Veracruz, en los que se reclama como acción principal el reconocimiento de paternidad, debe interponerse el recurso de reclamación establecido en el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles en la entidad, cuando se impugna la resolución que fija la pensión alimenticia provisional, como medida de protección a favor del pretendido hijo y a cargo del presunto progenitor, este último debe agotar el recurso de reclamación establecido en el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles para dicha Entidad Federativa, antes de acudir al juicio de amparo, a fin de cumplir con el principio de definitividad que lo rige, pues si bien es verdad que dicho numeral no se refiere expresamente a la fijación provisional de alimentos en los juicios de paternidad, también lo es que se está en presencia de idénticas razones que aplican en las hipótesis que señala, pues su única diferencia es que en los juicios de paternidad se fijan los alimentos una vez generada la presunción de la filiación entre el presunto progenitor y el pretendido hijo, mientras que en los de alimentos se establece cuando los acreedores justifiquen, con las copias certificadas de las actas del estado civil, el vínculo matrimonial o su parentesco con el deudor alimentista; sin embargo, su característica común es que en ambos se trata de una medida provisional de alimentos de carácter especialísimo, destinada a cubrir necesidades impostergables de orden público y de naturaleza urgente e inaplazable, cuyo fin es asegurar la subsistencia de los demandantes, mientras se resuelve el juicio. Además, es necesario puntualizar que no se actualiza ninguna de las excepciones previstas en los incisos a), b), c) y d) del artículo 61 fracción XVIII de la Ley de Amparo, pues dichas excepciones están orientadas al amparo en materia penal; salvo la contemplada en el inciso c) relativa a las personas extrañas al procedimiento, la cual se estima que no se actualiza en razón de que como se estableció anteriormente, la aquí promovente refiere bajo protesta de decir verdad que es parte del juicio natural, ya que demandó los alimentos en favor de su menor hijo a quien en esta vía representa, radicándose el expediente 746/2018, de donde emana el acto reclamado, razón por la cual está en aptitud de promover lo que a su interés convenga dentro del juicio en cuestión. Asimismo, la procedencia del recurso o medio de defensa no está sujeta a interpretación adicional ni su fundamento legal es insuficiente para determinarla, pues desde el punto de vista funcional, el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, se entiende que la reclamación procede en contra del auto inicial relativo a la fijación de los alimentos provisionales, y si el acto que la quejosa pretende reclamar es el de veintisiete de los cursantes, en el que se determinó no fijar alimentos provisionales, por consiguiente, el fundamento legal que prevé tal recurso no se puede considerar insuficiente para determinar su procedencia. En otro aspecto, cabe precisar que no se pasa por alto que el acto reclamado es de imposible reparación, sin embargo, ello no exime a la parte quejosa de observar el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, pues tal circunstancia no se encuentra dentro de las excepciones que prevé la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido siguiente: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." Consecuentemente, por lo expuesto en líneas precedentes, y con apoyo en el artículo 113, en relación con el diverso 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo intentada. COMO DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA para oír y recibir todo tipo de notificaciones, se tiene el que señala en el escrito que se provee y por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Febronia Esther Reyez Naranjo quien acorde a los lineamientos trazados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, que establece el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, cuenta con el registro número 130671. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte promovente, por si o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso de scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro medio electrónico similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito juez federal, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el actuario de juzgado, así como la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de que documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a disponibilidad del expediente y que este en trámite en este juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. DEPURACIÓN. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales en términos del capítulo primero, punto segundo, fracción dieciocho del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se requiere a la parte oferente del mismo para que se presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin el presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del Capítulo Quinto, último párrafo del punto Vigésimo del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al Secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos; sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que hay sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaria o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.Así lo acordó el ciudadano licenciado Jorge Holder Gómez, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, quien firma ante el licenciado Uriel Curti Espinosa, secretario de acuerdos con quien actúa. Doy fe.
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