Eustorgio Morales Duran
Expediente 886/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 886/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Eustorgio Morales Duran
- Juez Primero de Distrito, Xalapa, Veracruz
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que la parte a quien pudiera causarle perjuicio, no interpuso el recurso de queja en contra del auto de dos de octubre del presente año, en el que se desechó la demanda; consecuentemente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno; archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracciones II y III, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al haberse desechado la demanda de amparo por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá a la destrucción del mismo, ello con posterioridad al DIECISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO. De conformidad con lo establecido en el capítulo tercero, punto décimo, fracción I, del acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al DIECISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado.
- Principal
Xalapa, Veracruz, dos de octubre de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por Eustorgio Morales Duran, María Griselda Mora Fernández, Cristina Viveros Montero y Javier Castillo Viveros, contra el acto que reclama al Juez Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad y otra autoridad. FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE en el Libro de Gobierno correspondiente bajo el número 886/2019-IV-A. Al respecto, se acuerda: PRECISIÓN Y NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO. En esa tesitura, conviene precisar que de la lectura integral del escrito de demanda de amparo, en el capítulo de acto reclamado, los quejosos señalaron el siguiente: ".la orden que giraron respecto al cobro ilegal de multas de manera individual a cada uno de nosotros, que origine la DETENCIÓN y/o ORDENES DE PRESENTACIÓN de sus servidores, al parecer ordenada por el Juez Primero de Distrito en el Juicio de Amparo 574/2013 -IV-A, toda vez que se trata de un asunto de manera Institucional, que depende del H. Ayuntamiento de Alto Lucero, Veracruz y no de sus servidores de manera particular, por lo que de manera infundada e inmotivada se nos hace cobro de multa de manera personal de un acto u omisión que no hemos cometido, de manera personal, en agravio de persona alguna, giradas en nuestra contra, de manera ilegal; de las Autoridades señaladas como Ejecutoras, la INMINENTE EJECUCIÓN del cobro ilegal de multas de manera individual a cada uno de nosotros, así como la DETENCIÓN y/o ORDENES DE PRESENTACIÓN giradas en nuestra contra, toda vez que por lo que de manera infundada e inmotivada se nos hace cobro e multa de manera personal de un acto u omisión que no hemos cometido infracción que este regulada por la ley fiscal, de manera personal, en agravio de persona alguna, así como todas sus consecuencias legales." De lo que se desprende que la intención de los mismos es que se tenga como acto reclamado: - LA MULTA QUE LES FUE IMPUESTA POR LA JUEZ PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ, CON SEDE EN ESTA CIUDAD, DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO 574/2013 -IV- Y SU EJECUCIÓN. Acto que atribuye a la Juez Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad (autoridad ordenadora) y a la Administradora Desconcentrada de Recaudación de Veracruz dependiente de la Secretaría de Hacienda Federal (autoridad ejecutora). Ahora bien, previo a pronunciarse sobre la admisión, desechamiento o en su caso incompetencia de la demanda, es importante destacar la siguiente tesis, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 199, tomo VIII, noviembre de 1991, Semanario Judicial de la Federación, octava época, del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, EXAMEN DE LA. EL JUZGADOR DEBE ATENDER PREFERENTEMENTE A LO QUE SE QUISO DECIR EN ELLA. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 17 constitucional, la administración de justicia será impartida por los tribunales expeditos al efecto, en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo resoluciones de manera pronta, completa y expedita. Armónicamente con esta garantía constitucional, el artículo 79 de la Ley de Amparo establece, entre otras hipótesis, que la Suprema Corte de Justicia de la nación, los Tribunales Colegiados de Circuito y los jueces de Distrito, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, podrán examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, así como los demás razonamientos de las partes, pero sin cambiar los hechos expuestos en la demanda. De esta manera, puede concluirse que con el propósito de otorgar una recta administración de justicia, el juzgador al examinar una demanda de amparo, sea uniinstancial o biinstancial, deberá atender preferentemente a lo que se quiso decir en ella, armonizando los datos que conforman la demanda, atendiendo desde luego a los requisitos que se prevén en los artículos 116 y 166 de la Ley de Amparo." DETERMINACIÓN SOBRE LA DEMANDA DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Lo anterior establece que el juez de amparo tiene la obligación de estudiar la demanda de garantías y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, sin suspender el acto reclamado, por lo que, en acatamiento a dicho precepto se procede a analizar el escrito que dio origen al presente juicio de amparo, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA. Al analizar íntegramente la demanda que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 74 de la Ley de Amparo, tal como lo establece la jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al rubro: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD; y la tesis al rubro: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO; que si bien se refieren a la fijación clara y precisa del acto reclamado en la sentencia, también resultan aplicables al pronunciarse sobre la demanda de amparo; se advierte que la solicitante de amparo expuso hechos, bajo protesta de decir verdad, lo que presupone su certeza, conforme al criterio sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y contenidos siguientes: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA.- El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado". INTERPRETACIÓN DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Lo cual, no significa en modo alguno que se cambie la cuestión efectivamente planteada en la litis, sobre todo cuando corresponde al juzgador de amparo apreciar lo que quisieron decir las inconformes en su demanda y no únicamente lo que en apariencia dijeron, a fin de resolver en forma congruente al dictar sentencia. Ahora bien, toda vez que el suscrito se encuentra facultado a desechar de plano una demanda de amparo, cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de la materia, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo. Cabe precisar que de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, Editorial Espasa, Vigésima Primera Edición, Tomo II, página 1309, por manifiesto debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es, es decir, que aun y cuando se admitiera la demanda fuera posible desvirtuar con probanzas la causal de improcedencia advertida desde el auto de desechamiento. Apoya lo anterior, los lineamientos indicados en la tesis I.3o.C.90 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página un mil novecientos diez, tomo XXX, Julio de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO EN LA VÍA INDIRECTA. LA RESOLUCIÓN INICIAL DEBE SUJETARSE A UNA ESTRUCTURA LÓGICA Y JURÍDICA DE ESTUDIO POR EL JUEZ DE DISTRITO." Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En este orden de ideas, en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX de la Ley de Amparo: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas; RAZONES POR LAS QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA.: De la interpretación teleológica del articulo trascrito, se infiere que el juicio de garantías es improcedente contra resoluciones dictadas en otros juicios de amparo o en ejecución de las mismas, toda vez que a los jueces de amparo compete ejercer la facultad de control constitucional a través de dicho juicio, por lo que, de proceder la acción de amparo contra actos o resoluciones dictadas en otro juicio de derechos fundamentales, implicaría ejercer un control constitucional sobre otro control constitucional, lo que es notoriamente improcedente. Aunado a lo anterior, si los jueces de amparo al tramitar o resolver un juicio de derechos fundamentales incurren en irregularidades, éstas constituyen violaciones a las disposiciones que regulan el procedimiento del juicio constitucional, las cuales, de ser el caso, deben ser impugnadas a través de los recursos correspondientes que prevé la Ley de Amparo y no mediante el juicio de amparo. En la especie, como se precisó, los quejosos acuden a esta instancia constitucional a reclamar la multa que les fue impuesta por Juez Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, dentro del juicio de amparo 574/2013 -IV- y su ejecución que atribuye a la Juez Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad (autoridad ordenadora) y a la Administradora Desconcentrada de Recaudación de Veracruz dependiente de la Secretaría de Hacienda Federal (autoridad ejecutora). En esa tesitura, se hace patente que se actualiza la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que torna notoriamente improcedente el presente juicio de amparo, debido a que se reclama una resolución de imposición de multa emitida por una juez de control constitucional dentro de un juicio de amparo y su ejecución, por lo que, este juzgado de amparo no puede ejercer control constitucional sobre las determinación emitidas dentro de otro juicio de amparo por un juez homologo. Además, en la especie, si el justiciable estima que le irroga perjuicio la determinación por la cual la juez homologa le impuso una multa dentro del juicio de amparo, debe combatirla a través de los medios legales que prevé la propia Ley de Amparo y no así, por medio del juicio de amparo, que como se expuso es notoriamente improcedente, dado que es una resolución que está sujeta únicamente al sistema de recursos regulado en la ley de la materia. Resulta aplicable por identidad jurídica la tesis de jurisprudencia XII.1o.4 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, visible en la página 305, tomo III, Enero de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, vigente conforme al artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, y que resulta aplicable de manera temática, del rubro y texto siguiente: "JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS EMITIDOS EN OTRO JUICIO DE GARANTIAS, AUNQUE SEA INTERPUESTO POR UNA PERSONA QUE NO ES PARTE EN ESTE ÚLTIMO. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, el juicio de garantías es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas. De la lectura del precepto legal citado se advierte que establece la improcedencia del juicio de amparo en contra de actos emitidos en otro de la misma naturaleza, independientemente de que quien lo promueva sea o no parte en el juicio de donde provenga el acto o resolución reclamada, lo cual resulta explicable tomando en cuenta que a los jueces de Distrito compete ejercer la facultad de control constitucional a través del juicio de garantías; y de proceder dicho medio de impugnación en contra de actos o resoluciones dictadas en otro juicio de amparo, implicaría ejercer un control sobre otro control constitucional; pues en todo caso, si los jueces federales al tramitar o resolver un juicio de garantías incurren en irregularidades, éstas constituyen una violación a las disposiciones que regulan el procedimiento del juicio constitucional, impugnables a través de los recursos que la Ley de Amparo establece, los que pueden ser interpuestos por el afectado aunque no sea parte en el juicio respectivo." Al igual apoya por identidad jurídica la tesis de jurisprudencia VII.2o.T.17 K (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, visible en la página 2921, Libro 40, Marzo de 2017, Tomo IV, Décima Época, del rubro y texto siguiente: "RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN I, INCISO E), DE LA LEY DE AMPARO. PROCEDE CONTRA EL AUTO DEL JUEZ DE DISTRITO QUE DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL AMPARO INDIRECTO IMPONE UNA MULTA A UNA ENTIDAD GUBERNAMENTAL QUE NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE. Contra el auto del Juez de Distrito que durante la tramitación del juicio de amparo impone una multa a una autoridad que no tiene el carácter de responsable procede el recurso de queja, previsto en el artículo 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, pues reúne las características precisadas en él, ya que contra tal determinación no cabe el recurso de revisión, al no encontrarse en alguna de las hipótesis del diverso 81 de la misma ley y, por su naturaleza, causa un perjuicio trascendental y grave a la entidad gubernamental que no figura como parte en el juicio, en virtud de que la multa impuesta afectará directamente el patrimonio del titular de ese órgano, lo que no podrá ser reparado en la sentencia que se dicte en la audiencia constitucional, porque conforme al precepto 74 de la aludida ley, solamente se ocupará del análisis de los actos reclamados y de los conceptos de violación planteados en la demanda, no de un auto autónomo o desvinculado emitido durante el trámite del juicio de amparo indirecto; de ahí que no existe la posibilidad de que la mencionada sanción económica sea examinada con posterioridad en la resolución que decide el fondo del asunto, por lo que quedaría sin estudiarse irremisiblemente su legalidad." En esas condiciones, se concluye que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en numeral 113 del citado ordenamiento legal, lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda por los motivos expuestos en párrafos que anteceden. Por otro lado, cabe precisar que el análisis de las causales de improcedencia previstas por el artículo 61 de la Ley de Amparo, no constituye una denegación de justicia. En efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que para que exista un recurso efectivo, debe ser idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y establecer lo conducente para remediarlo; pero en el derecho interno existen condiciones que deben observarse para garantizarlos, como criterios de admisibilidad del recurso o relativos al estudio de fondo del mismo, porque por seguridad jurídica, es dable establecerlos para una correcta y funcional administración de justicia y consecuente protección de derechos; sin que ello implique una violación al derecho de acceso a un recurso judicial efectivo. Lo anterior es acorde, con la jurisprudencia 1a./J. 22/2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I, visible en la página 325, del tenor: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental." Por tanto, el incumplimiento de las condiciones necesarias para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes, no constituye, en sí mismo, una denegación de justicia, máxime que permitir el acceso en todo momento al juicio de amparo, generaría inseguridad jurídica en detrimento del propio derecho fundamental de acceso a la justicia. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. En consecuencia, resulta notoria e indudable la causa de improcedencia que se menciona; por ende, de acuerdo con lo que dispone el artículo 61, fracción IX de la Ley de Amparo, se desecha la presente demanda de amparo, con el objeto de que el parte promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte promovente, por si o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso de scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro medio electrónico similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito juez federal, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el actuario de juzgado, así como la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante el fedatario correspondiente, para que se precise de que documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a disponibilidad del expediente y que este en trámite en este juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. COMO DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA Para oír y recibir todo tipo de notificaciones, se tiene el que señala en el escrito que se provee y por autorizado con las restricciones que impone el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Manuel Hernandez Hernandez, toda vez que dentro de la base de datos del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, no se encontró registro alguno de la citada persona, amén de que tampoco acreditó contar con dicho documento y a Jesús Henoc Galván Simón y/o Ismael J. Moncayo Martínez, con las mismas restricciones por así haberlo solicitado los quejosos. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. DEPURACIÓN En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales en términos del capítulo primero, punto segundo, fracción dieciocho del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se requiere a la parte oferente del mismo para que se presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin el presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del Capítulo Quinto, último párrafo del punto Vigésimo del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al Secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos; sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que hay sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaria o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. TRANSPARENCIA Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado y, ello dar pauta a que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente sumario, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Samuel René Cruz Torres. Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de Blanca Ofelia Prieto Vega, secretaria que autoriza y da fe. La Suscrita Secretaria hace constar que el presente proveído se encuentra debidamente digitalizado y vinculado. Doy fe cca*
- Principal
Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, notifico por lista de acuerdos al quejoso, la determinación que dice: Vista la demanda de amparo promovida por los quejosos, contra el acto que reclama al Juez Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad y otra autoridad. FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE en el Libro de Gobierno correspondiente bajo el número 886/2019-IV-A. Al respecto, se acuerda: PRECISIÓN Y NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO. En esa tesitura, conviene precisar que de la lectura integral del escrito de demanda de amparo, en el capítulo de acto reclamado, los quejosos señalaron el siguiente: ".la orden que giraron respecto al cobro ilegal de multas de manera individual a cada uno de nosotros, que origine la DETENCIÓN y/o ORDENES DE PRESENTACIÓN de sus servidores, al parecer ordenada por el Juez Primero de Distrito en el Juicio de Amparo 574/2013 -IV-A, toda vez que se trata de un asunto de manera Institucional, que depende del H. Ayuntamiento de Alto Lucero, Veracruz y no de sus servidores de manera particular, por lo que de manera infundada e inmotivada se nos hace cobro de multa de manera personal de un acto u omisión que no hemos cometido, de manera personal, en agravio de persona alguna, giradas en nuestra contra, de manera ilegal; de las Autoridades señaladas como Ejecutoras, la INMINENTE EJECUCIÓN del cobro ilegal de multas de manera individual a cada uno de nosotros, así como la DETENCIÓN y/o ORDENES DE PRESENTACIÓN giradas en nuestra contra, toda vez que por lo que de manera infundada e inmotivada se nos hace cobro e multa de manera personal de un acto u omisión que no hemos cometido infracción que este regulada por la ley fiscal, de manera personal, en agravio de persona alguna, así como todas sus consecuencias legales." De lo que se desprende que la intención de los mismos es que se tenga como acto reclamado: - LA MULTA QUE LES FUE IMPUESTA POR LA JUEZ PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ, CON SEDE EN ESTA CIUDAD, DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO 574/2013 -IV- Y SU EJECUCIÓN. Acto que atribuye a la Juez Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad (autoridad ordenadora) y a la Administradora Desconcentrada de Recaudación de Veracruz dependiente de la Secretaría de Hacienda Federal (autoridad ejecutora). Ahora bien, previo a pronunciarse sobre la admisión, desechamiento o en su caso incompetencia de la demanda, es importante destacar la siguiente tesis, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 199, tomo VIII, noviembre de 1991, Semanario Judicial de la Federación, octava época, del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, EXAMEN DE LA. EL JUZGADOR DEBE ATENDER PREFERENTEMENTE A LO QUE SE QUISO DECIR EN ELLA. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 17 constitucional, la administración de justicia será impartida por los tribunales expeditos al efecto, en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo resoluciones de manera pronta, completa y expedita. Armónicamente con esta garantía constitucional, el artículo 79 de la Ley de Amparo establece, entre otras hipótesis, que la Suprema Corte de Justicia de la nación, los Tribunales Colegiados de Circuito y los jueces de Distrito, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, podrán examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, así como los demás razonamientos de las partes, pero sin cambiar los hechos expuestos en la demanda. De esta manera, puede concluirse que con el propósito de otorgar una recta administración de justicia, el juzgador al examinar una demanda de amparo, sea uniinstancial o biinstancial, deberá atender preferentemente a lo que se quiso decir en ella, armonizando los datos que conforman la demanda, atendiendo desde luego a los requisitos que se prevén en los artículos 116 y 166 de la Ley de Amparo." DETERMINACIÓN SOBRE LA DEMANDA DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Lo anterior establece que el juez de amparo tiene la obligación de estudiar la demanda de garantías y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, sin suspender el acto reclamado, por lo que, en acatamiento a dicho precepto se procede a analizar el escrito que dio origen al presente juicio de amparo, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA. Al analizar íntegramente la demanda que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 74 de la Ley de Amparo, tal como lo establece la jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al rubro: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD; y la tesis al rubro: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO; que si bien se refieren a la fijación clara y precisa del acto reclamado en la sentencia, también resultan aplicables al pronunciarse sobre la demanda de amparo; se advierte que la solicitante de amparo expuso hechos, bajo protesta de decir verdad, lo que presupone su certeza, conforme al criterio sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y contenidos siguientes: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA.- El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado". INTERPRETACIÓN DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Lo cual, no significa en modo alguno que se cambie la cuestión efectivamente planteada en la litis, sobre todo cuando corresponde al juzgador de amparo apreciar lo que quisieron decir las inconformes en su demanda y no únicamente lo que en apariencia dijeron, a fin de resolver en forma congruente al dictar sentencia. Ahora bien, toda vez que el suscrito se encuentra facultado a desechar de plano una demanda de amparo, cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de la materia, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo. Cabe precisar que de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, Editorial Espasa, Vigésima Primera Edición, Tomo II, página 1309, por manifiesto debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es, es decir, que aun y cuando se admitiera la demanda fuera posible desvirtuar con probanzas la causal de improcedencia advertida desde el auto de desechamiento. Apoya lo anterior, los lineamientos indicados en la tesis I.3o.C.90 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página un mil novecientos diez, tomo XXX, Julio de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO EN LA VÍA INDIRECTA. LA RESOLUCIÓN INICIAL DEBE SUJETARSE A UNA ESTRUCTURA LÓGICA Y JURÍDICA DE ESTUDIO POR EL JUEZ DE DISTRITO." Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En este orden de ideas, en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX de la Ley de Amparo: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas; RAZONES POR LAS QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA.: De la interpretación teleológica del articulo trascrito, se infiere que el juicio de garantías es improcedente contra resoluciones dictadas en otros juicios de amparo o en ejecución de las mismas, toda vez que a los jueces de amparo compete ejercer la facultad de control constitucional a través de dicho juicio, por lo que, de proceder la acción de amparo contra actos o resoluciones dictadas en otro juicio de derechos fundamentales, implicaría ejercer un control constitucional sobre otro control constitucional, lo que es notoriamente improcedente. Aunado a lo anterior, si los jueces de amparo al tramitar o resolver un juicio de derechos fundamentales incurren en irregularidades, éstas constituyen violaciones a las disposiciones que regulan el procedimiento del juicio constitucional, las cuales, de ser el caso, deben ser impugnadas a través de los recursos correspondientes que prevé la Ley de Amparo y no mediante el juicio de amparo. En la especie, como se precisó, los quejosos acuden a esta instancia constitucional a reclamar la multa que les fue impuesta por Juez Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, dentro del juicio de amparo 574/2013 -IV- y su ejecución que atribuye a la Juez Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad (autoridad ordenadora) y a la Administradora Desconcentrada de Recaudación de Veracruz dependiente de la Secretaría de Hacienda Federal (autoridad ejecutora). En esa tesitura, se hace patente que se actualiza la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que torna notoriamente improcedente el presente juicio de amparo, debido a que se reclama una resolución de imposición de multa emitida por una juez de control constitucional dentro de un juicio de amparo y su ejecución, por lo que, este juzgado de amparo no puede ejercer control constitucional sobre las determinación emitidas dentro de otro juicio de amparo por un juez homologo. Además, en la especie, si el justiciable estima que le irroga perjuicio la determinación por la cual la juez homologa le impuso una multa dentro del juicio de amparo, debe combatirla a través de los medios legales que prevé la propia Ley de Amparo y no así, por medio del juicio de amparo, que como se expuso es notoriamente improcedente, dado que es una resolución que está sujeta únicamente al sistema de recursos regulado en la ley de la materia. Resulta aplicable por identidad jurídica la tesis de jurisprudencia XII.1o.4 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, visible en la página 305, tomo III, Enero de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, vigente conforme al artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, y que resulta aplicable de manera temática, del rubro y texto siguiente: "JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS EMITIDOS EN OTRO JUICIO DE GARANTIAS, AUNQUE SEA INTERPUESTO POR UNA PERSONA QUE NO ES PARTE EN ESTE ÚLTIMO. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, el juicio de garantías es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas. De la lectura del precepto legal citado se advierte que establece la improcedencia del juicio de amparo en contra de actos emitidos en otro de la misma naturaleza, independientemente de que quien lo promueva sea o no parte en el juicio de donde provenga el acto o resolución reclamada, lo cual resulta explicable tomando en cuenta que a los jueces de Distrito compete ejercer la facultad de control constitucional a través del juicio de garantías; y de proceder dicho medio de impugnación en contra de actos o resoluciones dictadas en otro juicio de amparo, implicaría ejercer un control sobre otro control constitucional; pues en todo caso, si los jueces federales al tramitar o resolver un juicio de garantías incurren en irregularidades, éstas constituyen una violación a las disposiciones que regulan el procedimiento del juicio constitucional, impugnables a través de los recursos que la Ley de Amparo establece, los que pueden ser interpuestos por el afectado aunque no sea parte en el juicio respectivo." Al igual apoya por identidad jurídica la tesis de jurisprudencia VII.2o.T.17 K (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, visible en la página 2921, Libro 40, Marzo de 2017, Tomo IV, Décima Época, del rubro y texto siguiente: "RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN I, INCISO E), DE LA LEY DE AMPARO. PROCEDE CONTRA EL AUTO DEL JUEZ DE DISTRITO QUE DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL AMPARO INDIRECTO IMPONE UNA MULTA A UNA ENTIDAD GUBERNAMENTAL QUE NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE. Contra el auto del Juez de Distrito que durante la tramitación del juicio de amparo impone una multa a una autoridad que no tiene el carácter de responsable procede el recurso de queja, previsto en el artículo 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, pues reúne las características precisadas en él, ya que contra tal determinación no cabe el recurso de revisión, al no encontrarse en alguna de las hipótesis del diverso 81 de la misma ley y, por su naturaleza, causa un perjuicio trascendental y grave a la entidad gubernamental que no figura como parte en el juicio, en virtud de que la multa impuesta afectará directamente el patrimonio del titular de ese órgano, lo que no podrá ser reparado en la sentencia que se dicte en la audiencia constitucional, porque conforme al precepto 74 de la aludida ley, solamente se ocupará del análisis de los actos reclamados y de los conceptos de violación planteados en la demanda, no de un auto autónomo o desvinculado emitido durante el trámite del juicio de amparo indirecto; de ahí que no existe la posibilidad de que la mencionada sanción económica sea examinada con posterioridad en la resolución que decide el fondo del asunto, por lo que quedaría sin estudiarse irremisiblemente su legalidad." En esas condiciones, se concluye que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en numeral 113 del citado ordenamiento legal, lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda por los motivos expuestos en párrafos que anteceden. Por otro lado, cabe precisar que el análisis de las causales de improcedencia previstas por el artículo 61 de la Ley de Amparo, no constituye una denegación de justicia. En efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que para que exista un recurso efectivo, debe ser idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y establecer lo conducente para remediarlo; pero en el derecho interno existen condiciones que deben observarse para garantizarlos, como criterios de admisibilidad del recurso o relativos al estudio de fondo del mismo, porque por seguridad jurídica, es dable establecerlos para una correcta y funcional administración de justicia y consecuente protección de derechos; sin que ello implique una violación al derecho de acceso a un recurso judicial efectivo. Lo anterior es acorde, con la jurisprudencia 1a./J. 22/2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I, visible en la página 325, del tenor: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental." Por tanto, el incumplimiento de las condiciones necesarias para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes, no constituye, en sí mismo, una denegación de justicia, máxime que permitir el acceso en todo momento al juicio de amparo, generaría inseguridad jurídica en detrimento del propio derecho fundamental de acceso a la justicia. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. En consecuencia, resulta notoria e indudable la causa de improcedencia que se menciona; por ende, de acuerdo con lo que dispone el artículo 61, fracción IX de la Ley de Amparo, se desecha la presente demanda de amparo, con el objeto de que el parte promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte promovente, por si o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso de scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro medio electrónico similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito juez federal, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el actuario de juzgado, así como la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante el fedatario correspondiente, para que se precise de que documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a disponibilidad del expediente y que este en trámite en este juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. COMO DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA Para oír y recibir todo tipo de notificaciones, se tiene el que señala en el escrito que se provee y por autorizado con las restricciones que impone el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Manuel Hernandez Hernandez, toda vez que dentro de la base de datos del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, no se encontró registro alguno de la citada persona, amén de que tampoco acreditó contar con dicho documento y a Jesús Henoc Galván Simón y/o Ismael J. Moncayo Martínez, con las mismas restricciones por así haberlo solicitado los quejosos. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. DEPURACIÓN En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales en términos del capítulo primero, punto segundo, fracción dieciocho del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se requiere a la parte oferente del mismo para que se presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin el presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del Capítulo Quinto, último párrafo del punto Vigésimo del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al Secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos; sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que hay sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaria o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. TRANSPARENCIA Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado y, ello dar pauta a que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente sumario, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos.
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