Eusebio Guzman Amaro

Expediente 342/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
342/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
28/04/2023

Partes del expediente

  • Eusebio Guzman Amaro
  • Richard Hernandez Aleman

Actuaciones

  1. Principal

    Puebla, Puebla, veintiocho de abril de dos mil veintitrés. Homólogo acepta competencia. Se agrega al cuaderno de antecedentes el oficio de la secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Coahuila, con residencia en Saltillo. En éste, comunica el proveído de veintiséis de abril de dos mil veintitrés, donde el titular de dicho juzgado radicó el juicio de amparo */2023 y aceptó la competencia declinada por esta autoridad. Además, acusa recibo del anexo remitido (original del presente asunto). De lo que se toma conocimiento para los efectos legales procedentes. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realice las anotaciones correspondientes a la aceptación de competencia. Vinculación de expediente electrónico. Toda vez que el homólogo federal asumió la competencia para continuar con la sustanciación del presente asunto, se instruye a la oficial judicial "A" adscrita a este órgano, para que haga disponible el expediente electrónico relativo a este juicio, a fin de que pueda ser vinculado al juzgado oficiante (con el juicio de amparo 485/2023 de su índice) y de esta manera consiga visualizar las constancias que estime necesarias. Se determina la conclusión del asunto y su valoración documental. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte- el presente expediente constituye un asunto totalmente concluido. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, previo análisis de las constancias, se estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el presente cuaderno de antecedentes es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque que si bien en el proveído inicial se decretó de oficio y de plano la suspensión del acto reclamado, lo cierto es que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso j), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se declaró incompetencia en razón del territorio. Resguardo del expediente (Archivo físico). Con fundamento en el artículo 9, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a su destrucción. Hecho lo anterior, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Lo anterior implica que en este acuerdo, se ordena el archivo del presente juicio como asunto concluido. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permite visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver a los quejosos. Inexistencia de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Carátula del expediente. Se instruye a la secretaria encargada de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. Revisión del expediente. Por último, se instruye a la secretaria que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el presente expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3, párrafo octavo de la Ley de Amparo. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo a los quejosos, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que la incompetencia declinada ha sido aceptada por el juez que se estimó competente y éste continuará con la sustanciación del asunto. Aunado a que, si desearan conocer el estado del presente asunto, podrán realizar la solicitud correspondiente y ésta será acordada como corresponda. De ahí que este proveído se les habrá de notificar por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque en el proveído inicial esta autoridad se pronunció sobre la suspensión de oficio y de plano del acto reclamado

  2. Principal

    Puebla, Puebla, veintiséis de abril de dos mil veintitrés. Exhorto diligenciado. Visto el oficio de cuenta, firmado por la secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Saltillo; se advierte que, devuelve diligenciado el exhorto 46/2023, con número de orden 118/2023, de este juzgado, a través del cual se solicitó notificar el proveído de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, a los quejosos, a través del representante común *. Ahora, de las constancias recibidas, se advierte la diligencia de notificación practicada a los quejosos, de donde se desprende que fueron notificados del acuerdo de mérito, el veintitrés de abril del año en curso. De lo cual se toma el debido conocimiento para los efectos legales conducentes. Por último, se ordena dar de baja el exhorto de mérito con la hipótesis de "diligenciado", y realizar las anotaciones correspondientes tanto en el libro de gobierno respectivo como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)

  3. Principal

    Puebla, Puebla, veintiuno de abril de dos mil veintitrés. Homólogo federal comunica. Se recibe el oficio de cuenta del secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Piedras Negras, por el cual comunica el acuerdo de veinte de abril de dos mil veintitrés, dictado en el juicio de amparo 377/2023, de su índice. De dicho proveído, se advierte que fue recibido el oficio 7128/2023, derivado del presente expediente y el cual contiene el auto de treinta y uno de marzo del año en curso, por el cual este órgano jurisdiccional se declaró incompetente para conocer de la demanda de amparo. Atento a lo anterior, refiere que en el mencionado acuerdo se declinó competencia al Juez de Distrito en turno en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Saltillo, y no al titular del órgano jurisdiccional oficiante, empero, las actuaciones originales del presente asunto, fueron remitidos a dicho juzgado de distrito. Por lo que, el juez de distrito determinó no aceptar la competencia. Pese a lo anterior, y a fin de cumplir los principios en la administración de justicia pronta y expedita, así como a lo establecido en el artículo 17 Constitucional, ordenó enviar vía mensajería acelerada (estafeta) los autos originales del presente juicio de amparo, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Coahuila, con residencia en Saltillo. De todo lo anterior, se toma el debido conocimiento para los efectos legales correspondientes y esta operadora jurídica queda a la espera de la determinación que llegue a emitir el homologo federal con residencia en Saltillo, Coahuila, que por razón de turno le toque conocer de este asunto

  4. Principal

    Puebla, Puebla, treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés. Radicación de la demanda. Se recibe el oficio de cuenta, al cual se anexó la demanda de amparo promovida por *, por propio derecho, contra actos del ".COORDINADOR GENERAL DE CENTROS FEDERALES CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO..." (sic), y otras autoridades responsables. En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese la demanda en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Representación común. La demanda de protección revela una omisión de los quejosos: no designaron representante común entre ellos. Entonces, con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común al primero de los nombrados: *. Sobre todo porque habrá de ordenarse la notificación de este proveído por exhorto, al centro donde están recluidos los quejosos. De ahí que sea necesaria la designación del representante común, para que sólo el quejoso en mención reciba la notificación. Lo anterior, con independencia de que los quejosos nombren con posterioridad un representante común distinto. Tramitación electrónica del juicio de amparo. Se hace saber a los quejosos que, de conformidad con los artículos 3 y 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente -como los acuerdos emitidos por este órgano jurisdiccional- constarán únicamente en el expediente electrónico, pues una vez que son ingresados mediante el uso de la firma electrónica, producen los mismos efectos que los físicos. Entonces, el expediente físico únicamente servirá de soporte documental para constancia de la recepción de promociones y diligencias que se hayan recibido o desahogado de esa manera, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General. Juicio en línea. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta a los quejosos a que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, por medio de su defensor o personas autorizadas. Digitalización de la demanda de amparo. El escrito de demanda de amparo fue recibido de manera física por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla. Por tanto, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se ordena la digitalización de dicho documento y su incorporación al expediente electrónico a través del uso de la firma electrónica. Se descarta la tramitación urgente. Antes de proveer lo relativo a la demanda recibida (con prevención, admisión o desechamiento), es necesario examinar la urgencia aludida por los quejosos en los actos que reclaman, que son: ".LOS TRATOS DISCRIMINATORIOS HACIA LOS SUSCRITOS Y LA OMISIÓN DE OTORGARNOS LA ATENCIÓN MÉDICA, ATENCIÓN PSIQUIATRICA, ATENCION EN OCTOMETRIA (sic) Y ORTOPEDIA PARA TRATAR NUESTROS PADECIMIENTOS, YA QUE DESDE NUESTRO INGRESO A ESTE "CEFERESO-18-COAHUILA" NO SE NOS HA OTORGADO NINGUN SERVICIO MEDICO PONIENDO EN GRAVE RIESGO NUESTRA SALUD Y NUESTRA VIDA...". Como puede verse, los promoventes señalan que se les ha negado atención médica, en específico el personal del centro donde se encuentran recluidos: "CEFERESO-18-COAHUILA". Sin embargo, de acuerdo a los artículos 1, 2, 9, 30, 34, 74, 76 a 78, 107 a 115 y 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de su libertad, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, tienen a su alcance un procedimiento administrativo de peticiones, mediante el cual pueden hacer valer sus derechos atinentes a las condiciones de internamiento, como en este caso la falta de atención médica. En efecto, del contenido del artículo 1 de la Ley Nacional de Ejecución Penal1, se advierte que su objeto es establecer las normas que deben de observarse durante el internamiento por prisión preventiva, ejecución de la pena y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial. Parte de su finalidad radica en implementar los mecanismos necesarios a través de los cuales, en un marco irrestricto de derechos humanos, se resuelvan las controversias que surjan con motivo de la prisión preventiva, la ejecución de la sentencia penal o sujeta a medidas de seguridad por delitos del orden común o federal. Además, del contenido del artículo 2 de la Ley Nacional de Ejecución Penal2, se aprecia que las disposiciones de la ley son de orden público y de observancia general en la Federación y las entidades federativas, respecto del internamiento por prisión preventiva, así como en la ejecución de penas y medidas de seguridad por delitos que sean competencia de los tribunales de fuero federal y local, según corresponda. Entonces, de la interpretación sistemática, en la parte conducente, de los artículos 3, fracciones XVII y XXV3 ; 9, fracciones I, II4 , III, VI y VII; 10, fracciones II, IV y V5 ; y 306 , todos de la Ley Nacional de Ejecución Penal, es posible establecer que una condición de internamiento es cualquier medio u acto que garantice una vida digna y segura a la persona privada de su libertad dentro del centro de reinserción social, siendo, entre otros, el suministro de agua corriente y potable, alimentos, prestación de servicio médico o asistencia médica, ropa, colchones y ropa de cama, artículos de aseo personal y de limpieza, libros y útiles escolares, así como los instrumentos de trabajo, y artículos para el deporte y la recreación. De ahí que, conforme a lo dispuesto en el artículo 107 de la ley en comento,7 las personas privadas de la libertad podrán formular peticiones administrativas ante la Autoridad Penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento. Incluso, cuando las peticiones respecto de las condiciones de internamiento constituyan un acto urgente, como en el caso lo mencionan los quejosos en la demanda de amparo, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución, quien de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva; además, tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución establecerá las acciones que deberá realizar la autoridad penitenciaria; así lo dispone el artículo 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal8. Lo anterior encuentra apoyo en las consideraciones vertidas por los Ministros integrantes de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 57/2018, que dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a.) publicada a página 230, del Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, Materia: Común, Penal, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro digital 2018548 con el rubro: Bajo este contexto, es válido afirmar que por sí misma, la falta o negativa de atención médica no constituye, en automático, un acto prohibido por el artículo 22, de la constitución federal, ya que no se puede establecer que esa falta o negativa de atención médica sea, en todos los casos, un acto que implique una pena de muerte, una mutilación o una infamia, ni una marca o un azote, ni tormento de cualquier especie, desde luego, salvo que en algún caso muy particular, se ponga en evidencia una situación de esa naturaleza, supuesto en el cual, la procedencia del amparo no sería, en sí, por la falta o negativa de atención médica, sino porque se actualiza alguna de las hipótesis prohibidas por el artículo 22 constitucional. Luego, en la especie, los actos reclamados por los promoventes no corresponden a un acto de los prohibidos por el artículo 22, de la constitución federal, ni los referidos en el artículo 15, de la Ley de Amparo, y, por ende, deberán ser objeto de estudio en las "peticiones administrativas" que establecen los artículos 107 y 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. De ahí que se descarte tramitar la presente demanda como urgente. Incompetencia legal. La lectura integral de la demanda, permitió detectar que ninguna autoridad responsable fue señalada en la residencia de este juzgado federal, pues se involucró al Director Técnico del CEFERESO número 18, de Coahuila "CPS-18-COAHUILA" (sic), ubicado en Ramos Arizpe, Estado de Coahuila de Zaragoza, y otras autoridades de ese centro penitenciario. Por lo que esta juzgadora declara la actualización de la incompetencia legal por territorio, conforme a la tesis jurisprudencial de rubro: * Entonces, se declara la incompetencia legal de este juzgado para continuar el trámite del juicio de protección de derechos, promovido por los quejosos. Sobre todo porque cuatro de las autoridades responsables señaladas en la demanda, tienen su residencia en el Estado de Coahuila de Zaragoza, lugar donde los actos reclamados deben ser propuestos (falta de atención médica general). Lo cual obliga a declinar el conocimiento del asunto al Juez de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Saltillo, en turno, dado que tendrá los elementos idóneos para recabar pruebas de manera eficaz, por compartir la misma residencia de la autoridad responsable señalada en la demanda. Por tanto, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, relacionados con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, entre otros temas: Se declina la competencia legal por territorio al Juez de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, residente en Saltillo, en turno. En consecuencia, se ordena remitir el expediente formado con la demanda de amparo, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Coahuila, para que lo turne al Juzgado de Distrito que corresponda. Se solicita al Juez de Distrito que reciba el presente asunto, informe si aceptó la competencia legal declinada; y de ser así, remita el acuse de recibo. Anotaciones internas. Se ordena a la Analista Jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y a la oficial administrativa que se encarga de los libros de gobierno, realicen las anotaciones correspondientes a la declinación de competencia legal por territorio. Además, se hace notar que la declaración de incompetencia legal representa un egreso, motivo por el cual deberá realizarse la baja del asunto en la estadística; y en su oportunidad deberá archivarse este juicio como definitivamente concluido -si se acepta la competencia legal declinada-. Notificación a los quejosos. Los quejosos señalaron como domicilio para oír y recibir notificaciones, el Centro Federal de Readaptación Social número 18 "CPS-18-COAHUILA" ubicado en Ramos Arizpe, Estado de Coahuila de Zaragoza, motivo por el cual se provee: Con fundamento en el artículo 27 fracción II, párrafo primero de la Ley de Amparo, 297, fracción II, 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, y en términos del artículo 79 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, líbrese atento exhorto en línea, al Juez de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, residente en Saltillo, en turno, para que en auxilio de este órgano constitucional ordene a quien corresponda, se constituya en el citado centro donde se encuentran recluidos los quejosos. Una vez constituido el actuario judicial en el referido centro, le notifique este proveído al quejoso *, por sí y como representante común de los demás quejosos: * y *. Para ese efecto, se envía copia autorizada de este proveído. Se hace notar al juez exhortado que está facultado para autorizar días y horas inhábiles a fin de realizar lo encomendado, así como para que acuerde promociones y provea todas las diligencias que sean necesarias para cumplir lo solicitado. Por lo que se pide en forma atenta que devuelva la comunicación oficial por el sistema en línea, es decir, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), cuando se realice la diligencia con el citado quejoso. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a los quejosos que desde este momento se autoriza la toma de fotografías de las actuaciones que obren en el expediente, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a los quejosos el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. Por último, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias

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